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Gobierno, empresarios, académicos y ciudadanos se unen para enfrentar la pobreza

Chile nos da otro ejemplo de convergencia en pro del desarrollo integral

Bajo la conducción de Sebastián Piñera, Chile se dirige a recuperar el tiempo perdido y a enrumbarse al desarrollo.

Hace unos días, el Presidente chileno presentó el programa “Compromiso País”, una alianza que busca solucionar las carencias y necesidades de los distintos grupos vulnerables, para lo cual el gobierno creó una alianza interesante y convocó a representantes del sector empresarial, del mundo académico y de organizaciones civiles, para conformar las mesas de trabajo, cada una presidida por un ministro.

Lo que se busca con estas alianzas multidisciplinarias es que las mesas diseñen propuestas de políticas públicas que impacten a la población en situación de pobreza multidimensional. El plan será liderado por Alfredo Moreno, Ministro de Desarrollo Social, ex presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), la ejecución contempla 16 mesas de trabajo con la participación representantes del sector privado, la sociedad civil y la academia. De este modo, se está creando una alianza estratégica entre el sector privado y el público.

Fuente: LASEGUNDA.COM

“Lo que ha cambiado es que hay un ministro, que tuvo la idea, y un Presidente que tomó la decisión de convocar a gente muy diversa y sacar adelante distintos temas”.
Bernardo Matte, presidente Bice

Esto es especialmente importante de recalcar porque están haciendo lo que en Lampadia hemos venido pidiendo constantemente: las mejores prácticas de gobierno funcionan si saben integrarse con un sector privado moderno y con la clase dirigente y la academia, que nos permitan consolidar un país que tenga un Estado muy eficiente y crear un excelente clima de inversión.

Con esta alianza entre las autoridades con la elite empresarial del país, diversas organizaciones sociales y personalidades del mundo académico, el programa chileno ha identificado a 16 grupos de alta vulnerabilidad a partir de un ‘Mapa de la Vulnerabilidad’ elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social, que considera carencias materiales, la oferta de programas sociales y el trabajo con organizaciones de la sociedad civil. “Elaboramos el ‘Mapa de la Vulnerabilidad’, complementario al Mapa de la Pobreza, que busca identificar a todos esos chilenos y chilenas que, por distintas razones, requieren ser vistos y apoyados en forma muy especial para que puedan ser parte de este gran proyecto de un Chile desarrollado y sin pobreza”, afirmó Piñera.

Antonio Moreno recalco que: “Convocamos al sector privado, a los académicos, a las principales universidades del país, a la sociedad civil y fundaciones que trabajan en muchos de estos problemas, a los representantes de los afectados, en fin, a trabajar todos juntos. Son 10 ministerios que estarán a cargo de estos 16 problemas”.

Los 16 grupos vulnerables identificados son (según la web Compromiso País):

Este programa nace con el objetivo de solucionar las carencias y necesidades de los distintos grupos vulnerables, ya que según el CASEN, el 8.6% de la población se encuentra actualmente en situación de pobreza, es decir, tiene carencias graves en la satisfacción de sus necesidades básicas. En este programa, además, se amplió el concepto de pobreza a uno que abarcara condiciones de educación, salud, seguridad social, vivienda y entorno, redes y cohesión social (conocida como pobreza multidimensional), alcanzando a un 20% de la población.

Hay que recalcar la importancia esta alianza con el fin de lograr superar la pobreza multidimensional para que Chile logre salir de la línea de la pobreza, juntos en un compromiso de todos los chilenos para generar alianzas público-privadas en pro del país.

“El ministro [Moreno] entiende el valor de los empresarios en la solución de los problemas sociales”.
Juan Carlos Eichholz, Universidad Adolfo Ibáñez

En Lampadia queremos compartir con nuestros lectores programas e iniciativas como esta, que muestren la necesidad de enrumbarnos en un esfuerzo colectivo tanto del Estado como del sector privado para lograr mejoras en nuestro país.

En el caso del Perú, un factor determinante en nuestra falta de progreso es la debilidad o inexistencia de partidos políticos nacionales que sean dignos de representar a la mayoría de los ciudadanos y la ausencia de la clase dirigente en los grandes temas nacionales.

Por eso hemos planteado tantas veces un gobierno meritocrático que cuente con funcionarios orientados hacia un manejo racional de las políticas públicas, con una mentalidad práctica, iluminados de las mejores prácticas de los más eficientes funcionarios del sector privado y que tengan muy claro, que el desarrollo integral y duradero del país dependerá, fundamentalmente, de la fortaleza del sector privado que alienten y promuevan.

Todavía podemos retomar la senda del crecimiento. Tenemos todo para avanzar hacia el bienestar común de todos los peruanos, los recursos, la posición macroeconómica y gente trabajadora. Solo falta que pongamos como prioridad el bienestar de nuestro país y dejemos nuestras diferencias para buscar una alianza que traiga mejoras y desarrollo a nuestro país. Lampadia

Fuente: Nuestro análisis recoge varios elementos de las publicaciones de la Segunda de Chile y EMOL.




Cortemos la parálisis del Perú

Cortemos la parálisis del Perú

Después de un gobierno muy mediocre (2011 – 2016), que nos llevó a un menor estadío de crecimiento, desde el segundo semestre del año pasado el Perú se ha ido paralizando paulatina y sostenidamente. Veamos:

La paralización de los proyectos mineros

Empezó con el nombramiento de Rolando Luque en la PCM, como encargado de los conflictos sociales, con lo cual, para un analista medianamente avispado y para los inversionistas, siempre inquietos con el clima de inversión, quedaba claro que el gobierno estaba optando por un enfoque de resistencia y cruce de dedos para convivir con los conflictos anti-mineros. En otras palabras, el país se quedaría sin recibir una buena explicación de parte de sus nuevos líderes sobre la naturaleza de los conflictos y la necesidad de enfrentarlos ideas claras, acciones efectivas de desarrollo y, cuando corresponda, el peso de la ley.

El resultado es que hasta ahora no se mueve ningún proyecto, varios han sido atacados vilmente (las zanjas del ingreso a las Bambas se quedaron abiertas durante seis meses).

Fuente: marioviaro.blogspot

Algo aún peor, la mejor idea del gobierno para enfrentar los conflictos, el ‘adelanto social’, fue malograda por el propio gobierno (Ministro de Energía y Minas) al apurar desembolsos y ofrecimientos sin concordancia con el desarrollo de los proyectos mineros. La idea era que el Estado pudiera acompañar la inversión de los proyectos mineros con inversiones paralelas en programas de impacto social para las poblaciones cercanas a los proyectos, ya sea en infraestructuras sociales o programas productivos.

Para ello, una vez definida la viabilidad de un proyecto, tanto económica, ambiental como socialmente, e iniciada la inversión, el Estado podría crear un fideicomiso para financiar el ‘adelanto social’, por un monto que representara una fracción importante del estimado del valor presente del canon que generaría el proyecto, digamos el 30%. Gran concepto. Pero el gobierno empezó a entregar dinero en Cajamarca sin ninguna relación con una inversión específica en nombre del ‘adelanto social’, y peor aún, hasta ahora no ha podido definir la naturaleza del mismo, como lo hemos definido nosotros líneas arriba. Así, el gobierno está desperdiciando la oportunidad de crear un importante incentivo para que el proceso de evaluación de los proyectos mineros, se hagan con mayor objetividad, contrarrestando las interferencias políticas y disminuyendo la posibilidad de arriesgar todo, tanto el futuro de la inversión privada en el proyecto, como pública en el ‘adelanto social’, pues ambas correrían la misma suerte, o se dan en conjunto, o ambas se frustran.

La paralización de la demanda interna

No terminado aún el año 2016, el Ministro de Economía y Finanzas paralizó el crecimiento de la demanda interna, al cortar el gasto público y dar una pésima señal al sector privado. El resultado fue una caída pronunciada de las fuerzas internas de la economía, la devaluación de las esperanzas en el nuevo gobierno y un impacto negativo adicional en el crecimiento de la economía.

La paralización de las inversiones en los proyectos de infraestructuras

La lucha contra la ‘tramitología’ era una de las más populares e importantes ofertas de gobierno. Se daba por hecho que sería una de las prioridades del gobierno (a pesar de no poder ejecutar la ‘ley del ocaso’’, planteada por Fuerza popular). Lamentablemente, los avances en desregulación fueron muy tímidos e inefectivos, con la excepción de los desarrollados en el Ministerio de la Producción. El ministro que tenía más responsabilidades y retos en este tema era el de Transporte y Comunicaciones, Martín Vizcarra, quién ni siquiera pudo destrabar el proyecto de la Línea 2 del Metro. Por su lado, el Ministro de Economía, Alfredo Thorne, declaró que “Efectivamente, durante la campaña nosotros quizás fuimos optimistas y dijimos que íbamos a destrabar gran parte de estos proyectos, pero estos 18 mil millones de dólares que nosotros nos propusimos destrabar la verdad, con toda sinceridad, están muy trabados”.

La paralización por el escándalo de Odebrecht

Ya hemos explicado que el desastre del destape de corrupción que nos abruma, fue diseñado por el ‘padrino’ de todas las izquierdas latinoamericanas, el socio de Fidel Castro en el Foro de Sao Paulo, Lula da Silva, dueño del Partido de los Trabajadores (PT) y sus brazos empresariales, las constructoras brasileñas, con las que pretendía penetrar política y económicamente toda la región. (Ver en Lampadia: La peor Red de corrupción latinoamericana).

Lamentablemente, cuando estalló el escándalo, el gobierno no pudo establecer una estrategia clara para enfrentarlo y dejó que poco a poco, se fueran generando diversas reacciones, tanto en la opinión pública, como en los medios de comunicación, los funcionarios públicos, el sistema financiero y el Estado.

Empecemos por el Estado. El vacío de dirección permitió que las entidades vinculadas a la justicia y administración del Estado, el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, la Contraloría, los Procuradores (autónomos) y la Sunat; desarrollaran acciones descoordinadas e inspiradas en su buen entender y también, en algunos casos, por razones de lucimiento político. Ésta cadena de acciones creó un verdadero caos y desorientación, exacerbando las reacciones de los medios y la opinión pública, con lo cual se generó un proceso de retroalimentación de más acciones ‘punitivas’ y una imparable cacería de brujas.

Lógicamente, todo esto propició la parálisis de las empresas y proyectos de inversión vinculados a los brazos empresariales de Lula (Odebrecht), arrastrando en el mismo proceso a los trabajadores, proveedores, contratistas y socios locales. Además, los funcionarios públicos de varios ministerios asumieron la actitud de no firmar ningún documento que pudiera vincularlos con la cacería de brujas. Los bancos empezaron a alterar sus flujos crediticios, en un ambiente en el que el crédito ya venía ralentizándose. Así, se empezaron a acumular cuentas impagas de planillas, proveedores y contratistas, corriendo el terrible riesgo del corte de la cadena de pagos.

En Lampadia, el 19 de enero, 2017 (A grandes males, grandes remedios (sin matar al paciente), aconsejamos oportunamente, que el Estado ‘interviniera’ las empresas y proyectos manejados por los brazos empresariales de Lula. Esto hubiera dado una imagen de fuerza y liderazgo al gobierno y, mediante la presencia de cada interventor en las empresas y proyectos, se podría haber evitado la salida de caja hacia los accionistas brasileños. Pero además, se hubiera marcado la línea de acción del Estado, dando tiempo a la Fiscalía y al Poder Judicial, para hacer las necesarias investigaciones sin interferir en la vida de las empresas y proyectos, debidamente cautelados por los interventores.

El vacío de liderazgo ha ido multiplicando los impactos del escándalo y se ha llegado hasta afectar a las empresas peruanas que tenían asociaciones con Odebrecht, sin separar las eventuales responsabilidades delictivas de algunos de sus dirigentes, de la suerte de las empresas, llenas de miles de trabajadores muy eficientes y honestos, que no tienen ninguna vinculación con procederes inadecuados. El caso más notorio es el de Graña y Montero (GyM), pero también están en el mismo predicamento, otras importantes empresas peruanas.

GyM inclusive ha cambiado su directorio para separar las eventuales responsabilidades personales de sus anteriores dirigentes de la suerte de la empresa. Y ahora que el Perú tiene que enfrentar de la mejor manera posible la ‘reconstrucción con cambios’, se pretende evitar que estas empresas puedan participar en las obras. El primero en caer en el error de apreciación fue el ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra. El Primer Ministro tuvo que aclarar que la ley no impedía contratar a esas empresas. Pero más tarde, una procuradora Katherine Ampuero, y el nuevo director del programa de reconstrucción, Pablo de la Flor, insistieron en excluir a las mismas empresas. Finalmente, el Primer Ministro, Fernando Zavala, se ha visto en la necesidad de invocar a estas empresas que se inhiban de participar en la reconstrucción, por decisión propia, ya que la ley no lo impide.

Para esto, en el Congreso de la República, corre un Proyecto de Ley (1410-2017), que modificaría al Decreto de Urgencia (DU 003-2017), para que las personas jurídicas, empresas, que tengan alguna vinculación con aquellas directamente vinculadas en actos de corrupción (llámese Odebrecht), sean excluidas de toda futura relación con el Estado.

Veamos qué implica esto:

  • Dejar sin operar a una buena parte de las empresas constructoras peruanas, pues con la inversión privada paralizada y la inversión pública paralizada, excepto por lo que se vaya a desarrollar en relación a la ‘reconstrucción con cambios’ (RCC), no tendrían trabajo.
  • Se aduce, por ejemplo, que el portafolio de GyM, tiene menos del 10% de contratos con el Estado, pero marginalmente, a partir de ahora, sin inversión privada en el país, la RCC podría ser su mayor, y tal vez única, ocupación.
  • Castigar a trabajadores peruanos que se quedarían sin trabajo
  • Se castigaría indirectamente a otras múltiples empresas y a sus trabajadores en varios sectores de la economía, llegando seguramente a afectar más de un millón de empleos
  • Se agravaría sustancialmente el riesgo del ‘corte de la cadena de pagos, un riesgo que no podemos correr, pues nos llevaría a una larga recesión
  • Se debilitaría aún más el crecimiento de la economía
  • Se dejaría sin operar a buena parte de las mejores empresas constructoras del país, cuando más se les necesita
  • Abriríamos las puertas a aventureros de cualquier lugar, que el país se vería obligado a contratar para la RCC, pues no se tendría otra alternativa

El Perú no puede seguir a la deriva. El gobierno central, el ejecutivo, tiene que marcar la pauta y el Congreso debe dejar de apurar normas precipitadas. Está claro que el estilo de gobierno del Presidente de la República es muy democrático y deja que las distintas fuerzas políticas, incluso en su propio entorno, vayan balanceándose y compensándose hasta llegar a eventuales planos de acción o inacción común. Pero, en un momento como el actual, que a pesar de su gravedad, no se hace evidente a todos. Por lo tanto, es indispensable que el Primer Ministro, Fernando Zavala, ejerza un liderazgo firme, ilustrado e inspirador.

Le toca a Zavala tocar las campanas a rebato, parar las contradicciones internas del equipo de gobierno y convocar a un diálogo serio a Fuerza Popular. La suerte de los peruanos llama a sus mejores hombres a estar a la altura de las circunstancias. Lampadia




Para un Estado efectivo y probo, requerimos otro Contralor

Para un Estado efectivo y probo, requerimos otro Contralor

Se suponía que los peruanos habíamos entendido que era indispensable terminar con la tramitología y que para eso se necesitaba iniciar un profundo proceso de desregulación que libere a los ciudadanos y empresas de la maraña legislativa que obstaculiza el desarrollo del país. Como hemos comentado antes (Ver en Lampadia: El Perú sucumbe a la ‘urdimbre regulatoria’), el Estado sufre de los mismos males, sin embargo, parece que el nuevo Contralor General de la República, Edgar Alarcón, considera necesario establecer más controles y procedimientos, que solo terminarían por paralizar la ya mediocre acción del Estado.

El 21 y 22 de julio pasado, Alarcón, en sendas entrevistas del diario Gestión, declaró que piensa implementar nuevos procesos de control previo para los megaproyectos, para los que instalará una OCI (Oficina de Control Institucional) en cada proyecto y; requerimientos de nuevas exigencias de información para la Contraloría, sobre los funcionarios públicos que ganen más de una UIT (600,000 trabajadores), pero “se podría extender a los trabajadores que ganen menos de una UIT”.

Publicaciones de las propuestas de Edgar Alarcón en Gestión

Ambas propuestas muestran un grado de desenfoque que solo puede ser calificado de patético, pues ante la proverbial incapacidad de la Contraloría para evitar la corrupción vinculada a los recursos del Estado, se pretende crear más controles, con los cuales, típicamente, se malogra el trabajo de los buenos funcionarios, que son la gran mayoría, sin que se eviten las fechorías de los corruptos. Es cierto que si paraliza la inversión pública, no podría haber corrupción, pero eso no es control, es pura y llanamente, un disfraz populista y efectista que hace más daño del que pretende evitar.

La primera propuesta es nefasta para el desarrollo de las infraestructuras. En palabras del mismo contralor, “Nosotros tenemos en la estructura de la Contraloría oficinas de control institucional (OCI) que a nivel nacional son 800. De estas 300 son pagadas por la Contraloría y 500 no las paga la Contraloría. Pero hablando de las 800, tenemos órganos desconcentrados de la Contraloría en municipios que mueven al año S/25 o S/20 millones, pero hemos decidido que vamos a colocar una OCI especializada en [cada uno de] los grandes proyectos.”

La segunda propuesta pretende que todos los funcionarios públicos que ganen más de S/. 3,950 (una UIT) estén obligados a presentar una declaración de ingresos y rentas ante la Contraloría. Para simplificar la información, de aprobase esta norma, a los actuales 35,000 trabajadores del Estado que declaran sus ingresos se tendrían que sumar al menos 600,000 funcionarios públicos adicionales.

En otras palabras, una comisión permanente de auditoría que va a llevar adelante todo el proceso de fiscalización de cada uno de los megaproyectos, comenzando con Línea 2 del Metro, gasoducto sur, Línea Amarilla, aeropuerto de Chinchero y la refinería de Talara.

Justamente el principal obstáculo  para el crecimiento de la economía es la desaceleración de la inversión privada causada por el deterioro de la confianza, las expectativas y el clima de inversión en el país. Para esto se debe facilitar el impulso de grandes proyectos, atrayendo a los inversionistas para desarrollar su potencial. A diferencia de lo propuesto por el contralor, se tienen que eliminar o acortar el número de normas y permisos que enfrentan los proyectos de infraestructuras, así como la actividad minera. Ver en Lampadia: Sobre cómo financiar e invertir US$ 80,000 millones y Destrabemos la construcción de nuestro futuro.

Además, estas medidas van completamente en contra de las metas propuestas por el anterior Contralor, el jefe de Alarcón, quién en febrero pasado anuncio su interés por simplificar la tramitología para impulsar las inversiones. Con este fin publicaron el informe, denominado “Mejora regulatoria y simplificación de procedimientos administrativos que afectan la inversión”, el cual detecta nueve trámites claves que deben ser simplificados: las certificaciones ambientales, la consulta previa, las autorizaciones y permisos de uso del recurso hídrico, las servidumbres, las licencias y permisos municipales, las autorizaciones para el uso de combustibles y explosivos, las expropiaciones, las interferencias y la instalación de antenas.

Parece que Alarcón está cometiendo el mismo error que los nuevos congresistas, quienes también se olvidaron del ánimo desregulatorio y ya comenzaron a plantear propuestas de nuevas leyes para los próximos cinco años. ¿Qué deberían estar haciendo estos congresistas? Aprovechar el nuevo mandato político para avanzar en las reformas y en la desregulación o superación de la tragedia de la tramitología. Ver en Lampadia: Desregulemos antes de pensar en nuevas leyes .

Dicho sea de paso, el nombramiento de Alarcón como Contralor se hizo de forma apurada en los últimos días de la legislatura de uno de los peores Congresos de nuestra historia. No solo eso, se nombró al segundo de la Contraloría (Alarcón) de un gobierno (saliente) acusado de eventos de corrupción mayores vinculados a las inversiones del Estado. Y por si eso fuera poco, Alarcón estaba cuestionado por una operación inmobiliaria que debía ser plenamente aclarada antes de ningún nombramiento. Pero el habilidoso Edgar Alarcón, se las ingenió para recibir la bendición de PPK, tras una corta visita a su domicilio.

Como dicen los proverbios, ‘no solo hay que ser, también hay que parecer’. Pero incluso más allá de pareceres, acá tenemos un caso claro de incapacidad para una función vital que debe ejercerse con las mejores técnicas de control, con criterios que van mucho más allá de la contabilidad tradicional.

¿Qué debemos hacer?

Entre otras cosas, un buen contralor debería preocuparse por que se establezcan procedimientos transparentes para las adquisiciones, contrataciones y asociaciones del Estado. Ese es el primer proceso de control previo que se necesita. 

Esta situación debe ser corregida a la brevedad posible. Para ello hay dos alternativas, que el Congreso revoque el nombramiento, o que el señor Alarcón renuncie en un acto de dignidad.

Lampadia




Las inversiones requieren un mayor nivel de confianza

Las inversiones requieren un mayor nivel de confianza

En el recientemente publicado 14to Barómetro de la Confianza para la Inversión de EY y  conducido por el Economist Intelligence Unit (EIU), basado en una encuesta a 1,700 ejecutivos de todo el mundo, se presentaron las perspectivas de altos ejecutivos de empresas de diversos sectores respecto de sus estrategias de crecimiento, de fusiones y adquisiciones, acceso a capital y su visión sobre la situación macroeconómica.

La importancia de este informe es que uno de los principales motivos de la desaceleración de la inversión privada ha sido el deterioro de la confianza, las expectativas y el clima de inversión, y esto trajo como consecuencia una menor reducción de la pobreza, menor capacidad del Estado para la inversión social y menores incentivos a ciudadanos y empresarios para apostar por el futuro. Ver en Lampadia: Otra vez La Parada (esta vez en la inversión)

La confianza de los agentes económicos, ciudadanos y empresarios, es fundamental para apostar por inversiones de buena calidad, aquellas orientadas al largo plazo. Estas difieren de las inversiones especulativas y de corto plazo, típicas de economías precarias, donde la mano del gobernante es arbitraria y la sensación de futuro se basa en las conexiones políticas.

El 14to Barómetro de la Confianza para la Inversión publicado en este año electoral es clave para re-enrumbar al país por la senda del crecimiento. Según EY, la mayoría de los encuestados peruanos ve la economía doméstica estable o mejorando, debido a los constantes esfuerzos de recuperación económica, tanto del sector privado como público.

Sin embargo, tanto a nivel global como nacional, el aumento de la inestabilidad política mundial y regional, es el mayor riesgo para muchos negocios. En segundo lugar, el aumento de la volatilidad de las materias primas y de las divisas, lo cual afecta la capacidad de las empresas para planificar en el corto plazo.

Por otro lado, las empresas siguen revisando sus carteras de proyectos y se enfocan tanto en el lugar donde se desarrolla su operación como en lo que están haciendo. Si bien el mercado nacional se mantendrá como el mercado principal de operaciones de inversión, las adquisiciones en el extranjero tienen una mayor tendencia creciente.

Este cambio muestra que los destinos de inversión han pasado de ser regionales (países vecinos) a nuevos en el extranjero, como Canadá. Se ve un crecimiento más fuerte en el Reino Unido y Estados Unidos. Además, a nivel mundial, China e India también siguen siendo destinos atractivos para los inversores.

Por otro lado, es importante ver que mientras que el crecimiento se mantiene como la prioridad de las empresas, hoy en día existe un mayor enfoque en la mejora de operaciones y procesos, así como en potencializar el uso de la tecnología para poder acceder a tal crecimiento.

En Lampadia nos alegra que por fin esté aumentando el interés y la relevancia de la tecnología en nuestra economía ya que, como hemos indicado en varios de nuestros análisis sobre la nueva revolución tecnológica y la cuarta revolución industrial, su proceso es imparable y trae grandes oportunidades y riesgos. 

En Lampadia creemos que esta revolución es muy importante para el futuro de nuestras vidas y por lo tanto debemos prepararnos para afrontarla y aprovecharla. En un país marcado por brechas muy grandes en educación, salud, infraestructuras y tecnología, la revolución tecnológica debiera causar un mayor sentido de urgencia y una mayor convergencia de nuestros postulados de acción colectiva y política.

Lo que enfrentaremos los próximos cinco años supera en imprevisibilidad y complejidad, a cualquier período anterior. Recordemos la advertencia del historiador israelita Noah Yuval Harari: “Esta vez, quienes pierdan el tren [de la nueva revolución] no tendrán una segunda oportunidad. Hoy en día, si un país, un grupo de personas, se queda descolgado, no tendrá una segunda oportunidad, en particular porque la mano de obra barata no tendrá ninguna relevancia”.

El peligro de perder la confianza

Este mayor interés en los mercados internacionales y la opción por el desarrollo de la tecnología en las empresas ayudarán a reactivar la economía y mejorar la confianza en la inversión. Como lo han venido señalando economistas como Roberto Abusada, Hugo Santa María, Carlos Adrianzén y Luis Carranza, el principal factor que está golpeando a la economía es el deterioro de la confianza y las expectativas. Tal situación se debería a fallas sistémicas del Gobierno a la hora de dar mensajes claros a la población, la falta de liderazgo del gobierno, las debilidades de nuestra burocracia para impulsar los grandes proyectos y por supuesto las ya prácticamente insuperables trampas regulatorias.

Debemos cuidar la confianza en las inversiones en el Perú. Es muy fácil destruirla, pero muy difícil construirla y recuperarla. 

Lampadia




Hacia una minería más (in)sostenible económicamente

Hacia una minería más (in)sostenible económicamente

La semana pasada fue aprobado el Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero, mediante Decreto Supremo No. 040-2014-EM. Esto tendría como objetivo establecer mejores condiciones para fomentar las inversiones privadas de manera sostenible y garantizaría la protección y conservación del medio ambiente. Sin embargo, las medidas conseguirían todo lo contrario a lo que se proponen. Como ha señalado la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo “en lugar de simplificar los trámites y contribuir a las inversiones (manteniendo el nivel de exigencia de las normas ambientales), lo que hacen es generar más problemas al administrado”. 

Este reglamento ambiental para la actividad minera actualizaría el marco legal del sector después de 20 años. Establece varios cambios en el proceso de certificación ambiental, como la introducción de nuevos criterios e instrumentos ambientales y sociales, y agrega una serie de informes anuales con objetivos de informar y mantener la transparencia.

Al analizar a detenimiento y evaluar su desempeño, se comprueba que habrá un aumento de certificaciones que generará  más trabas burocráticas y desincentivará la inversión minera, yendo en contra de los objetivos del reglamento.

Por ejemplo,  para que el Senace apruebe un Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d), se tendría que incluir opiniones técnicas vinculantes de varias instituciones públicas y, de no conseguir dichas opiniones en el plazo de 50 días, se archivaría todo el expediente de solicitud de aprobación. La viabilidad de un proyecto dependería quedaría en juego. Como afirma la SNMP: “Es decir, el administrado sería castigado con la conclusión de su procedimiento porque una institución/funcionario no cumplió con su función de evaluación en el tiempo estipulado”.

Asimismo, también se establece la obligación de presentar un Sistema Integrado de Certificación en el marco de la ventanilla única de certificación ambiental, en el cual se puede optar por entregar un expediente de EIA-d que incluya solicitudes de permisos obligatorios que requieren la emisión de informes técnicos favorables por parte de las entidades a cargo de emitirlos. Sin embargo, si el Senace no obtiene dichos informes de las instituciones públicas involucradas, en el plazo dado, excluye el permiso y tocará al administrado presentar, ahora en forma independiente, aquellas solicitudes que inicialmente integró.

Cabe recordar que el principal obstáculo es la desaceleración de la inversión privada causada por el deterioro de la confianza, las expectativas y el clima de inversión. Para esto se debe facilitar el impulso de grandes proyectos, atrayendo a los inversionistas para desarrollar su potencial. Actualmente ya se tiene una gran cantidad de trámites en el sector: Enexploración (6), explotación (84), ambiente (47), agua (10), tributos (9) y cierre de minas (13), llegando a un total de 180 normas que hoy regulan la minería en 130 instancias distintas. Ver en Lampadia (L): Destrabemos la construcción de nuestro futuro.

Se tienen que eliminar o acortar el número de normas y permisos que enfrenta la actividad minera y los proyectos de infraestructuras, no aumentarlo.  En las palabras del gran reformador Neranda Modi, Primer Ministro de la India, lo que se necesita es: “No red tape, only red carpet for investors”. (Ver en LLa visión de país y reformas que el Perú necesita).

Las principales disposiciones de este nuevo reglamento serían:

1. Cambios en el proceso de certificación ambiental

Se establece la obligación de informar el inicio de elaboración de un estudio ambiental. De esta manera, el MINEM supervisará que dicho proceso siga las normas de Línea Base Ambiental, Evaluación de Impactos, Estrategia de Manejo y Participación Ciudadana.

Además, se uniformaría el contenido de los estándares ambientales mediante los Términos de Referencia Comunes y se obligaría a presentar en versión digital y en internet los resultados del estudio. La versión digital tendría como objetivo agilizar los trámites y evitar trabas.

2. Divide en dos categorías los estudios ambientales

Las actividades de labor general, transporte o almacenamiento de minerales y/o concentrados, serán consideradas como categoría II (Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado). Por otro lado, los proyectos que involucren actividades de explotación y/o beneficio minero serán considerados como categoría III (Estudio de Impacto Ambiental Detallado).

Este último incluiría los ya mencionados informes y opiniones de distintas instituciones y su rapidez y viabilidad dependería de las instituciones públicas involucradas. Si no se son entregadas en el plazo de 50 días, se declararía archivado todo el estudio, anulándolo.

3. Proyectos que requieren la previa aprobación de Términos de Referencia Específicos

Se plantea estandarizar los proyectos de explotación, beneficio, labor general, transporte y/o almacenamiento de mineras, con el objetivo de optimizar la elaboración y evaluación de los instrumentos ambientales. Sin embargo, existirían excepciones que requerirían de una serie de estudios de evaluación y previa aprobación de Términos de Referencia Específicos, anulando la eficiencia del sistema y creando más trabas. Esto sucedería:

i. Cuando se localicen en ecosistemas frágiles o áreas vulnerables declaradas por autoridad competente.

ii. Impliquen el drenado o trasvase de lagunas.

iii. Impliquen la explotación de minerales radioactivos.

iv. Impliquen el reasentamiento, desplazamiento o reubicación involuntaria de una población.

v. Impliquen procesos de fundición y/o sinterización que emitan dióxido de azufre.

vi. A requerimiento del titular del proyecto o la Autoridad Ambiental Competente, antes de la presentación del estudio.

4. Elaboración de los Estudios Ambientales

Deberán incluir todas las actividades que puedan causar impactos ambientales negativos significativos. Además, deben considerar la recopilación de información durante un tiempo determinado, que permita la adecuada y representativa caracterización de los efectos de las distintas variaciones estacionales.

5. Presentación del informe de cumplimiento de la Estrategia de Manejo Ambiental

Se crea la obligación de presentar de manera anual un informe de cumplimiento de la Estrategia de Manejo Ambiental junto con la presentación de la Declaración Anual Consolidada (DAC). Esto implicaría un informe más a la ya creciente cantidad de documentos presentados a lo largo del proceso y de la supervisión constante del MINEM.

6. Presentación del reporte público de sostenibilidad ambiental

Además, se deberá presentar anualmente un reporte de sostenibilidad ambiental, que contenga información del desempeño social y ambiental de su actividad en el ejercicio anterior, el cual deberá ser presentado al MINEM y al OEFA. Esto sería un informe casi repetitivo e innecesario al que se deberá someterse.

7. Monitoreo

Se dispone que los registros de monitoreo deben conservarse por un período de cinco años, los cuales deben ser remitidos al OEFA y estar a disposición de las autoridades en caso lo soliciten.

8. Vencimiento de Gestión

Se establece una vigencia de la certificación ambiental de 3 años, ampliable a 2 años adicionales de proyectos mineros que no inicien actividades. Vencido estos plazos debería presentarse otro estudio a evaluación, porque se considera que habrían cambiado las condiciones ambientales del proyecto original aprobado. En un sistema con tantas variables y trámites, con plazos difíciles de cumplir y posibilidad de tener que empezar nuevamente cualquiera de los antes mencionados estudios, esto generaría más incertidumbre en la viabilidad de los proyectos.

 

Es importante destacar que la minería representa alrededor de dos tercios de las exportaciones del Perú, teniendo proyectos de inversión que llegarían a más de US$ 68 mil millones. Por lo tanto es fundamental que no sean trabados aún más y, sobretodo, que se tomen medidas para incentivar su desarrollo y así se viabilicen los proyectos productivos y de infraestructuras, públicos y privados, para poder reactivar rápidamente la economía del país. (Ver en L: 7 equipos que aseguren el desarrollo de 7 proyectos).

Este nuevo reglamento crea muchas barreras y no permitirá que nuevas inversiones lleguen al país y que estás puedan, en los plazos establecidos, empezar operar. La contracción del PBI se debe primordialmente a la fuerte ralentización de la inversión minera, que representa casi el 25% del total de la inversión privada. Este reglamento es un paso atrás en la tarea de atraer nuevas inversiones mineras y prender los motores del crecimiento.  Lampadia




Los puntos sobre las íes

Los puntos sobre las íes

En el presente artículo Lampadia expresa su opinión sobre los injustificados ataques y sobrerreacciones al Comunicado de Confiep. Un comunicado que está más que justificado dada la coyuntura actual. Sus críticos olvidan, obvian u ocultan que el índice de confianza empresarial ha caído 10 puntos en el 2013 afectando, así, el nivel de inversiones del país. 

Una cuestión de CONFIANZA: Necesitamos creer en la posibilidad un futuro mejor

El comunicado de CONFIEP aparecido el domingo último ha generado una desmedida reacción tanto de algunos funcionarios del gobierno como en cierta prensa. Lo curioso es que las críticas no van al fondo de los señalamientos que realiza el gremio empresarial, sino a otros aspectos: “que no se han cuidado las formas”, que es “inoportuno” e incluso “contraproducente”. Algunos columnistas, incluso, han obviado el análisis y la ecuanimidad para llenarlo de calificativos, como el de “brulote”, por ejemplo.

Veamos. El comunicado se expresa en términos correctos. De hecho, no exige nada, se emplea la palabra “invocar” y solicita una “reflexión” y “rectificación” de algunos hechos y actitudes que, desde el punto de vista empresarial y el de muchos peruanos, están poniendo en riesgo el clima de inversiones en el país.

Lampadia comparte las preocupaciones expresadas en el comunicado de Confiep. Como hemos indicado recientemente: “El Presidente de la República tiene temas más importantes en su agenda, la de todos los peruanos, que el inmiscuirse en la controversia surgida por la supuesta ´concentración´ de medios. En esa misma línea, consideramos inaceptable que se nos pretenda imponer una ley universitaria al caballazo, y se mantengan las erradas políticas del sector pesquero. También coincidimos en la necesidad de lograr mayor efectividad en la culminación de los proyectos de inversión, para lo cual se requiere valentía política y eficacia en el Estado”.

Estamos convencidos que es necesaria una rectificación en dichos temas, porque efectivamente el clima de inversión se ha afectado. Una muestra de ello, y estos son datos concretos, no simples conjeturas como las que fácilmente realizan ciertos columnistas y editorializa La República, es la constatación de que el ritmo de crecimiento de la inversión viene cayendo (Ver artículo de Lamapadia).

Hemos pasado de una tasa de crecimiento de 26% entre 2006-2008 a un estancamiento de 10%  entre 2011-2012, y lo que es realmente alarmante es que en el 2013 se registró un promedio de crecimiento de 7%. Por ello, el llamado de reflexión de la clase empresarial es más que oportuno. Dada esta situación se debería comenzar por implementar medidas para recuperar un mejor nivel de inversión. Es decir, debemos mejorar las expectativas del sector privado, golpeadas según el índice de confianza empresarial, que ha caído 10 puntos en el 2013.

En paralelo a esta situación, lamentablemente, se sigue deteriorando la confianza en las instituciones del Estado. Estas son realidades objetivas y es obvio entonces que este gremio tenga que pronunciarse solicitando se rectifiquen actitudes que nos permitan a todos los ciudadanos, no solo a los empresarios, recuperar los niveles de confianza en el futuro que teníamos hasta hace poco tiempo.

¿Es acaso un disparate que se solicite, por ejemplo, que se detenga el sistemático e injustificado enfrentamiento entre las autoridades y la industria pesquera? Los resultados de este sector el año pasado, así lo ameritan. Para muestra un botón: las medidas buscaban incrementar la pesca para consumo humano. ¿Cuál ha sido el resultado? Una disminución de la pesca para consumo directo de 2.4% y de 19,6% para indirecto. Asimismo, la producción de recursos hidrobiológicos para consumo directo cayó un 5.4%, mientras la producción para consumo indirecto un 55.8%. Un desastre.

Por eso, sorprende que en un momento en que se debiera reflexionar sobre las medidas que eviten que la economía nacional se enfríe, se busque el enfrentamiento con el sector privado, que puede hacer que sigamos en la senda de progreso.  Lampadia




Las regiones campeonan en creación de empleo

Las regiones campeonan en creación de empleo

Las cifras macroeconómicas del Perú son destacadas por diversos organismos internacionales. Gracias a ellas, es probable que en 2014 volvamos a ser la estrella del crecimiento de la región. Producto de este buen desempeño económico se empieza a evidenciar otro buen síntoma de las bondades del modelo: el empleo formal crece, y lo más importante, en las regiones abiertas a la inversión privada. Con ello pronto se podrá reducir la inequidad.

Las regiones vinculadas a la agroexportación, la minería y al comercio son las que vienen registrando el mayor crecimiento del empleo formal en el país de acuerdo a las cifras recientemente publicadas por el Ministerio de  Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

En agosto último este ranking fue liderado por las regiones de Moquegua (10.1%), Piura (5.5%), Ica (4.5%) y Arequipa (4.4%). Veamos que implican estos datos.

Dichas regiones vienen elevando su competitividad aprovechando sus recursos naturales, mejorado el clima de inversión y contando con gobiernos regionales más modernos, que son parte de la receta para alcanzar el desarrollo (ver los  Los triángulos del futuro).

Arequipa e Ica tienen además en común un crecimiento promedio superior al 8% en los últimos tres años (periodo posterior a la crisis), asimismo registran un bajo número de conflictos sociales. Según los Defensoría del Pueblo a noviembre de 2013 Arequipa registraba 8 conflictos e Ica 3, versus los 30 conflictos latentes en Ancash y 13 en Cajamarca.

Las  agroexportaciones se recuperaron en 2013 y hasta octubre crecieron 7.1%, A nivel desagregado productos como las frutas elevaron sus envíos en más de 15%. Todo ello en un contexto internacional desfavorable. Esta es la cosecha de inversiones previas en el sector.

Es claro pues que los beneficios del crecimiento demandan a su vez un clima de inversión y de estabilidad social para potenciar sus beneficios. En Lampadia ya hemos manifestado que, para ello debemos apoyar la inversión privada (ver la llave maestra del presidente) para potenciar los beneficios del modelo económico, y que las regiones promuevan la inversión privada en lugar de ahuyentarla. El ejemplo de estas cuatro regiones que han sabido aprovechar sus recursos naturales demuestra que ese es el camino a seguir para generar empleo y bienestar en la población. Lampadia