Entre el cruce de sables e intereses políticos que abundan en los medios nacionales, la entrevista de Jaime de Althaus a Francisco Tudela nos muestra con objetividad cómo debemos apreciar los intereses del Perú en relación a la CIDH y demuestra que detrás de sus pergaminos hay más política que derecho.

Francisco Tudela, Ex canciller de la República: “La CIDH está haciendo política como si fuera derecho”

Precisa que el delito de lesa humanidad no figura en la sentencia de extradición de Chile y por tanto no era legal juzgar a Alberto Fujimori por ello

Entrevista a Francisco Tudela
Por Jaime de Althaus
El Comercio
08 de enero de 2018

Francisco Tudela, ex ministro de Relaciones Exteriores y ex vicepresidente del gobierno de Alberto Fujimori, analiza en esta entrevista el indulto concedido por Pedro Pablo Kuczynski y las medidas que se podrían adoptar en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

— El gobierno está muy entrampado y depende, en alguna medida, de lo que haga Fuerza Popular, pero Fuerza Popular también está entrampada en su lío interno. ¿Esto tiene salida? 

Yo creo que la salida es dejar que los procesos judiciales prosigan su camino sin interrupción, pero evidentemente la fractura de Fuerza Popular es mala para el país y su recomposición es un imponderable; la situación del presidente estando investigado tanto por el Ministerio Público como por la Comisión Lava Jato es, también, un imponderable. Mientras tanto, creo yo que no hay que contribuir a este proceso de desintegración tan fuerte que está viviendo el país. Siendo la coyuntura económica internacional positiva para el Perú, el riesgo-país se ha incrementado sustancialmente porque hay una percepción muy grande de inestabilidad, el no poder predecir quién va a ser el sucesor del presidente Kuczynski. Yo debo decir con franqueza que nunca he visto una situación como esta.

— Bueno, el presidente puede ser investigado pero no acusado durante su mandato, pero nuevos temas que aparezcan podrían provocar nuevos pedidos de vacancia, no puede conseguir ministros. ¿Debería renunciar? 

Creo que es una opción que recae enteramente sobre él. Es él quien tiene que decidir, porque es él quien aprecia mejor que nadie cuál es su verdadera situación. La renuncia no es un escenario ideal, pero un escenario de renuncia respetando el orden establecido en la Constitución en el cual el primer vicepresidente asume la Presidencia de la República y todo sigue hasta el 2021 no es un escenario catastrófico. El escenario catastrófico hubiera sido aquel que el presidente impuso al país en su discurso a la nación antes de ir a defenderse al Congreso: que él renunciaba y forzaba a los dos vicepresidentes a renunciar, lanzándonos al garete, al mar abierto con enormes incertidumbres.

— Parte importante del problema político del presidente tiene que ver con el indulto, que ha enajenado a todos sus aliados. ¿Es válido el indulto dado a Alberto Fujimori?
Yo creo que sí. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no está haciendo una evaluación jurídica desde mi punto de vista. Está haciendo política como si fuera derecho. En el fondo lo que está diciendo es que el indulto implica impunidad, y en ese sentido creo yo que la comisión está equivocada. La comisión en su texto invoca la proporcionalidad entre el perdón de la pena y la gravedad de los delitos de lesa humanidad. Pero el delito de lesa humanidad no está en la sentencia de extradición chilena. De acuerdo al Código Bustamante, tratado que rige internacionalmente la extradición y del cual Chile y el Perú son firmantes, nadie puede ser juzgado por delitos que no estén contenidos o imputados en la sentencia de extradición y esa es la razón por la cual, arbitrariamente, los juzgadores del ex presidente Fujimori colocan lesa humanidad en la sentencia, pero tienen que hacerlo con efectos solo declarativos, sin efectos penales, porque no está en la sentencia de extradición y, por tanto, era ilegal juzgarlo por lesa humanidad. Más aun, el Ministerio Público peruano aprecia correctamente esta situación y cuando presenta cargos contra el ex presidente no coloca el cargo de lesa humanidad. En cuanto al Caso Pativilca, aún no iniciado, la Corte Suprema de Chile sí considera entre los delitos por los cuales se amplía la extradición el crimen de lesa humanidad, pero especular sobre ese posible proceso y su conclusión es prematuro en este momento. Así pues, el comunicado de la CIDH apela a una suposición que no se desprende de las sentencias existentes.

— ¿Es justa la condena a 25 años sin que haya habido prueba directa de que Fujimori ordenara o autorizara los crímenes?

La sentencia de extradición sí contiene el concepto de autoría mediata –de ahí fue sacado–, que implica que el presidente Fujimori, como era el jefe del Estado, se presupone que debía saber. O sea, no es una orden directa en la cual él dice que maten a sus enemigos. Y no ha sido probado que él autorizara o conociera. Esa autorización, esa orden, no ha sido demostrada en el proceso. Además, la propia calificación de lesa humanidad fue mal establecida.

— ¿Por qué?

En Nuremberg no había derecho existente para juzgar a los nazis, y entonces se los juzga de acuerdo al derecho natural. La primera sistematización de los crímenes contra la humanidad se da con el estatuto de Roma, que el Perú aprueba en el 2001 y luego lo ratifica. Yo era el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, yo hice el dictamen para la aprobación del estatuto de Roma. El artículo séptimo del estatuto de Roma dice: “A los efectos del presente estatuto se entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”, y luego, a efectos del párrafo primero, dice el estatuto de Roma: “Por ataque contra una población civil se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo primero contra una población civil de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer este ataque o para promover esa política”. Esto se refiere al genocidio, a la limpieza étnica, al ataque contra las minorías étnicas. Lo que está ocurriendo ahora en Myanmar con los rohingyas, la persecución de los judíos por parte de los nazis, por ejemplo. No se puede decir que la lucha contra el terrorismo haya sido un crimen de lesa humanidad, porque no fue un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, y no cumple el requisito del inciso 2 del artículo 7… Siempre cabrá la duda de si el presidente sabía o no de estos actos, pero lo que hacen unos subordinados en Barrios Altos y La Cantuta no formaba parte de la estrategia general antisubversiva…

— ¿A partir de los 90 te refieres?

Así es. Primero, porque se decidió armar a las comunidades campesinas, permitir la autodefensa, porque quien sí cometía un crimen de lesa humanidad era Sendero Luminoso, que en su sueño afiebrado ideológico suponía que el campesinado se iba a plegar a su asonada revolucionaria, y como las comunidades campesinas no querían a Sendero Luminoso, este se vengó exterminando a comunidades campesinas enteras. Lo mismo hicieron con los asháninkas en la vertiente oriental de los Andes. Allí sí estamos hablando de un ataque sistemático y generalizado contra una población civil.

— Pero en los 80 el Ejército también reaccionó contra esas matanzas arrasando comunidades.
Porque no tenía órdenes. Al Ejército se lo puso en el campo, pero los dos gobiernos, tanto el de Fernando Belaunde como el de Alan García, no diseñaron una estrategia y no asumieron la responsabilidad de la conducción de la lucha contra el terrorismo. Pero eso es un tema anterior a la presidencia del presidente Fujimori, y por lo tanto, no cae dentro del análisis que estamos haciendo. A partir de los 90 sí hubo una estrategia clarísima antisubversiva que llevó a la captura con vida y sin daños corporales de todas las cúpulas terroristas y con un significativo descenso en el número de bajas, porque más bien se armó y asistió a las comunidades. Y se dio una ley de arrepentimiento a la cual se acogieron cerca de tres mil miembros de las organizaciones terroristas que no habrían cometido delitos de sangre y que denunciaron a sus jefes. Entonces, hablar de una política generalizada y sistemática contra una población civil, que es el caso de lesa humanidad, no se aplica a la lucha del Estado Peruano contra una organización criminal. Cuando la CIDH saca este comunicado en el que habla categóricamente del delito de lesa humanidad por el cual Fujimori no ha sido condenado, está haciendo pasar política por derecho.

— ¿Hay una suerte de logia político-ideológica que maneja estos temas?

Bueno, da la impresión de que la comisión y la corte son organismos cuyos miembros cooptan a otras personas para que ingresen al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y hay ciertos requisitos de afinidad político-ideológica.

— ¿El Estado Peruano puede ganar el tema del indulto en la corte?

No lo sé, depende del alegato que haga el Estado Peruano.

— ¿Aceptaría ser el abogado del Perú en ese alegato? 

No lo sé. Es una propuesta etérea.

— ¿La Corte Interamericana puede revocar el indulto?

No creo que pueda revocar el indulto, y si lo revocara o lo cuestionara, pues el Perú tiene que considerar detenidamente si va a acatar esa sentencia.

— ¿Puede el Perú no acatarla?

Estamos, claro, obligados por el tratado a cumplir lo que se nos diga, pero si no lo cumpliésemos, como por ejemplo ocurre con la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el Caso Filipinas-China, en el cual China no cumple la sentencia en el proceso que Filipinas ha ganado contra ella, respecto al mar territorial, pues la corte no tiene ningún elemento coactivo contra China. La Corte Interamericana tampoco tiene elementos coactivos contra el Perú. Claro, es un incumplimiento del Perú, pero digamos que a consideraciones políticas extremas de la corte y de la CIDH caben consideraciones igualmente políticas por parte del Estado Peruano.

ANTECEDENTES Y OPCIONES

-Los posibles escenarios ante la corte y CIDH-

— ¿Le ha sido útil al Perú la pertenencia a la Corte Interamericana? ¿Tendría sentido retirarse en los temas vinculados a terrorismo?

La verdad es que hemos perdido todos los casos sin excepción, sin apelación, pero independientemente de eso hay que comprender las dimensiones de esto. La política de derechos humanos a nivel internacional fue diseñada por el presidente Carter, y luego por el presidente Reagan y se inicia con los acuerdos de Helsinki de 1975 y se convierte en el punto de partida de la disolución del Estado soviético con las acciones de Sájarov, Solzhenitsyn y los disidentes. Fue la respuesta de Estados Unidos a la guerra ideológica después de haber perdido la guerra de Vietnam, un invento genial de Zbigniew Brzezinski. En la Primavera Árabe tuvo consecuencias nefastas, pues derrocó a los gobiernos seculares nacionalistas árabes y a cambio estableció, por ejemplo en el caso de Libia, la anarquía absoluta. Cuando el Perú se retiró parcialmente de la jurisdicción de la corte en 1999, la condena de Estados Unidos fue total, lo que resultaba irónico, porque Estados Unidos no ha ratificado la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, claro, es el profesor Ciruela, que te obliga a hacer lo que él no hace. Al margen de eso, la reacción norteamericana sería la misma hoy, porque la política de derechos humanos sigue siendo la misma, es el eje de la política exterior norteamericana en el mundo.

— Pero es posible denunciarla para ciertos aspectos…

Podríamos denunciar la convención, es perfectamente legal, pero trae enormes problemas políticos. Se denuncia, pero los términos de la convención siguen rigiendo para el país que denuncia. Y tampoco uno puede salirse cuando hay un hecho en discusión, suponiendo que ese hecho en discusión se va a esfumar si uno se sale de la corte. O sea para aquellos que proponen salirse de la jurisdicción de la corte yo les sugeriría que esperen a que se resuelva el tema del indulto primero, porque la denuncia de la convención no puede ser una vía de escape a lo que está en proceso.

— ¿Revocar un indulto no sería intervenir en la soberanía política de un Estado para resolver sus problemas políticos internos?

Claro, porque mientras el Perú opere dentro de su orden constitucional y legal, tiene que gozar de la soberanía y la independencia absolutas. La soberanía y la independencia absolutas son cuestionadas por el Sistema Interamericano cuando se ataca la democracia, cuando se violan los derechos humanos: allí sí no hay soberanía ni independencia en función de los tratados de los cuales formamos parte en realidad desde 1948. No podemos sustraernos a lo que mandan estos tratados, escondiéndonos detrás de los conceptos de independencia y soberanía, pero si estamos obrando de buena fe, de acuerdo a la Constitución, las leyes y los reglamentos, la vigencia de esa soberanía y de esa independencia tiene obligatoriamente que ser respetada por la CIDH y por la Corte IDH. No pueden vulnerar la carta de la OEA interviniendo en los asuntos internos del Perú cuando esos asuntos han sido resueltos de acuerdo a ley. Lampadia

El acoso al que está sometida la economía peruana por parte de grupos anti-mineros y, últimamente, por grupos que pretenden parar el desarrollo turístico, está dándose con un grado de impunidad alarmante, con una sensación de desapego del gobierno y con un grado de ignorancia por parte de los medios, que nos hacen temer que tenemos por delante un largo período en el que no se podrá recuperar el ritmo necesario de inversión privada, que nos permita crecer y generar recursos fiscales para afrontar un mínimo programa de gobierno que movilice el desarrollo de las infraestructuras sociales y económicas, además, por supuesto, de las reformas institucionales que requieren de un gobierno con liderazgo, que mire hacia delante y no un conjunto de ‘bomberos sin mangueras’ que todavía no identifican el origen del incendio.

Fuente:  www.pulsoregional.pe

En Lampadia venimos difundiendo análisis concienzudos sobre la conflictividad y hemos creado una biblioteca virtual: Recursos Naturales y Desarrollo, que presenta un conjunto de materiales que permiten juzgar la situación que se ha venido creando durante los últimos años, situación que se ha agravado sustancialmente desde el inicio del gobierno de PPK.

El nuevo gobierno inició su gestión con una economía estancada, con una persistente caída de la inversión privada, muy bajo nivel de demanda interna y un creciente déficit fiscal. En el corto plazo, el ajuste fiscal del MEF enfría la economía, corta el impulso de inversión pública y da una señal de aguantarse al sector privado. En el mediano y largo plazos, los conflictos sociales desalientan la recuperación de la inversión privada y reducen la futura disponibilidad de recursos fiscales para la  gestión del gobierno que estaba llamado a orientarse a reactivar la economía.

 

Lamentablemente, en los medios hay mucho cinismo y caras que se ponen de costado para juzgar la conflictividad anti-inversión. Si a esto le sumamos un gobierno que no llega a establecer una avenida de comunicación con la población, en la que puedan alertar al país sobre estas afrentas, es posible que nos estemos encaminando a perder años cruciales para nuestro desarrollo.

Desde acá hacemos un llamado a la reflexión y a la acción. Hoy se inicia un nuevo CADE, que es un espacio adecuado para hacerlo. No perdamos más tiempo. 

Ver la segunda entrega sobre las herramientas anti-mineras:

Herramientas Anti-Mineras II

El impacto de los documentales Anti-Mineros

Camilo Ferreira y Franco Olcese
Centro Wiñaq
Para Lampadia

“Hija de la Laguna[1]”, “Tambogrande: Mangos, Muerte, Minera”, “Operación Diablo”, “A Tajo Abierto”, “Choropampa: El Precio del Oro”, “La Batalla del Cobre[2]”, “Luz de Agosto” Son nombres que no resuenan entre los filmes más vistos por las mayorías nacionales. Son títulos de largometrajes documentales con un claro sesgo ideológico hostil a la inversión minera. A estas filmaciones se le agregan decenas de cortos documentales con el mismo sesgo.

Este tipo de producción no es exclusiva del Perú, la conflictividad anti-extractiva ha resultado ser un rico rubro de producción en Argentina, México, Colombia, Costa Rica, Chile y Ecuador.

A causa de la poca difusión pública de estos documentales se podría considerar que más allá de generar satisfacción emocional entre activistas ideologizados no podría tener efectos sobre la dinámica política de la conflictividad social ligada al sector extractivo.

Sin embargo, como explicaremos en el presente artículo, algunos mecanismos de los documentales terminan siendo instrumentos con capacidad de incidir sobre las dinámicas políticas presentes en los conflictos sociales.

Características y Uso

Los documentales anti-mineros tienen un conjunto de particularidades que los diferencian de los documentales con preocupaciones ambientales. El documental anti-minero se dedica a impulsar una agenda ideológica concreta y no hace esfuerzos por brindar afirmaciones con fundamento empírico o técnico. Lo importante en el documental anti-minero no son los hechos sino la narrativa. Los hechos que presenta están filtrados y moldeados en función de alimentar la narrativa, en el más claro sentido de la propaganda.

Los documentales anti-mineros tienden a cumplir la siguiente narrativa:

En primer en lugar se da una descripción idílica del estilo de vida rural al que se le presenta  amenazado por la actividad extractiva. Se sustenta la imagen de una población que vive en un entorno hermoso y llevando una vida que, sin ser materialmente prospera, expresa los ideales del “buen vivir”. 

Posteriormente se muestra que esta “pobreza feliz” se ve amenazada por las grandes empresas extractivas que destruirán el “buen vivir” en estos territorios. Para fundamentar esta amenaza se menciona lo nocivas que son las sustancias involucradas en un proceso minero, sin hacer mención a cuál es el nivel de riesgo efectivamente enfrentado por la población en caso se dé un proyecto extractivo. También se muestran impactos ambientales de empresas mineras en otras localidades de mundo sin importar si este impacto se dio con la aplicación de tecnologías ya anticuadas o radicalmente distintas a las que se aplicarían en el proyecto a ser atacado.

La fundamentación de estas amenazas se da mediante testimonios de pobladores de la zona y de expertos presentados como neutrales pero que, por lo general, son activistas hostiles a la minería.

La lucha contra el proyecto es otro de los aspectos a ser relatados en estos documentales. Esta debe representar a una población que se enfrenta a una poderosa empresa que tiene de su lado al poder del Estado. Los intereses políticos o de extracción de rentas por parte de los movilizados durante el conflicto social, son cuidadosamente ocultados. El significado moral del conflicto es importante: este se caracteriza como un acto de resistencia ante el abuso y el maltrato, una lucha desigual del débil en contra el fuerte. Los líderes de los movilizados son presentados como motivados por sentimientos altruistas y por movidas preocupaciones por las poblaciones locales.

El mensaje que busca transmitir es el de un enfrentamiento épico entre los desposeídos y los todopoderosos en el que se desnuda en toda su plenitud como la policía, la prensa y los políticos se someten al poder de las grandes empresas extractivas. La hostilidad a las actividades extractivas es mostrada como una lucha guiada por valores éticos que merece ser apoyada.

Implicancias Estratégicas

A pesar de la baja exposición pública, estos documentales cumplen un conjunto de roles importantes en la dinámica de los conflictos sociales, especialmente para ciertos públicos estratégicos hacia los cuales se dirige.

Sobre los donantes: Existe competencia entre las diversas ONGs respecto al acceso a donaciones por parte de la cooperación internacional. En buena medida, este acceso se verá afectado por la fuerza con la cual “la causa” que se pretende defender sea vista como relevante en los círculos de donantes del “primer mundo”. Los documentales anti-mineros son vistos en estos círculos y sirven para poder posicionar un conflicto en su mente. Los ayuda a identificar oportunidades interesantes de donación y de captación de fondos. Esa decisión de los donantes lleva a una mayor canalización de recursos hacia las ONGs involucradas en estos conflictos.

Sobre los voceros y periodistas: Estos documentales sirven para “municionar” con mitos e ideas a periodistas y líderes de opinión, tanto en el Perú como en el exterior, propensos a la  hostilidad hacia la minería. Por sus simpatías y afinidades ideológicas, esas personas están dispuestos a asistir y a creer en estos documentales.

Los documentales brindan una narrativa coherente que es fácilmente absorbible por quienes los ven. Los argumentos que se emiten son posteriormente repetidos por estas personas, como voceros y periodistas, en sus apariciones mediáticas con lo que se despliegan los mensajes provistos en estos documentales en múltiples plataformas y llegan a un publico amplio. Ellos operan como reproductores de los mensajes ante otros públicos objetivo.

Sobre los activistas: Entre las personas con simpatía por la narrativa anti-minera, la exposición a esta clase de documentales tiene un significado emocional y de identificación que propicia una mayor dedicación de tiempo y esfuerzo al activismo anti-minero. Ellos se sienten útiles trabajando por una causa que les parece noble. El documental les ayuda a construir esa ilusión.

Existen múltiples espacios potenciales para dedicarse a la política entre las personas con profunda insatisfacción hacia el actual modelo de desarrollo. Entre estos individuos, los documentales brindan el inicio de un marco interpretativo post extractivista que puede inspirar su acción inmediata y su formación política futura. Son instrumentos importantes de captación de nueva militancia política anti-minera y anti-sistema.

 Efectividad de la Herramienta

El efecto de esta herramienta sobre estos públicos depende de múltiples factores. La difusión del documental es el más obvio de estos factores, conforme más personas vean el documental o los derivados mediáticos del mismo mayor será el impacto. Entre los derivados mediáticos se encuentran los tráileres del documental, las notas periodísticas, y las entrevistas en medios de comunicación a sus actores y realizadores.

La imagen de independencia política e ideológica es otra condición. Múltiples públicos rechazarían un producto considerado como radical o adscrito a una ideología. Por ello, los mensajes son canalizados mediante casos que puedan ser percibidos como reales, y con personajes locales, que de preferencia se evidencien en declaraciones como las del realizador de “Hija de la Laguna” en las que declara que el suyo: “No es un documental anti-minero sino en favor del agua”[3]. La caracterización de un documental de este tipo como anti-minero radical reduce la capacidad de incidencia de este producto sobre los públicos no radicales.

La resonancia con los públicos externos es otro factor, ello se ve afectado por la medida en la que instituciones internacionales tales como OXFAM, Amnistía Internacional y la CIDH le hayan brindado relevancia al tema. Esta resonancia afecta de manera especial el efecto del documental sobre las ONGs internacionales en especial sobre su acceso a recursos.

La credibilidad pública del documental también es importante. Si seconsidera que las informaciones vertidas en el mismo son sesgadas o inexactas el mismo pierde efectividad como herramienta de difusión de la narrativa anti-minera. En especial menos medios de comunicación se encontrarán dispuestos a dar relevancia al documental realizando, y emitirán menos notas periodistas elogiosas o entrevistas a sus realizadores. Por ello, esos documentales siempre buscan brindar elementos que aparenten base factual para la historia que cuentan.

Lampadia

En la historia reciente hay tres icónicos rescates de rehenes, uno fallido y dos exitosos. El rescate fallido fue el de los atletas israelitas durante los Juegos Olímpicos de Múnich, conocido como la Masacre de Múnich u Operación Ikrit y Biraam en Alemania en 1972, en el que lamentablemente, fallecieron todos los rehenes (asesinados) y un oficial de la policía de Alemania Occidental, además de cinco de los ocho miembros de Septiembre Negro por acción de la policía durante el intento de rescate. Posteriormente, se dio el exitoso rescate de los 248 pasajeros del avión de Air France, en la Operación Entebbe, en Kampala, Uganda. La misión de rescate se llevó a cabo por las Fuerzas de Defensa de Israel, luego de que los secuestradores,  del Frente Popular para la Liberación de Palestina retuvieran a los pasajeros judíos en el Aeropuerto de Entebbe en 1976. 

En el Perú, en abril de 1997, se dio la operación de rescate más exitosa de la historia con la Operación Chavín de Huántar. Como recordamos todos los peruanos, el 17 de diciembre de 1996, catorce terroristas del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), tomaron la residencia del embajador japonés y capturaron como rehenes a más de quinientas personalidades (diplomáticos, ministros, altos funcionarios, jueces, empresarios, políticos y otros) que asistían a un coctel por el 63 aniversario del nacimiento del Emperador Akihito de Japón. 

 

 

Los terroristas fueron liberando rehenes que no tenían “peso político”, a petición del Comité Internacional de la Cruz Roja. Entre ellos liberaron a la madre del Presidente de la República, Alberto Fujimori. Los terroristas pedían la liberación de 400 miembros del MRTA que cumplian penas por delitos de terrorismo. Posteriormente, también liberaron a Javier Diez Canseco (connotado dirigente de izquierda) y a Alejandro Toledo (posteriormente presidente del Perú), que al salir ofreció interceder por un arreglo con el gobierno y volver a la Embajada a acompañar a los rehenes no liberados, cosa que no hizo.

Durante meses, se construyó una réplica exacta de la embajada japonesa para el planeamiento de la operación y con la participación de mineros traídos de distintas partes del país, expertos en la construcción de túneles, excavaron cuidadosamente una serie de galerías subterráneas que llegaban a la residencia del embajador. Mientras tanto, se lograron introducir en la embajada, una serie de micrófonos que permitieron obtener información de los movimientos y rutinas de los emerretistas.

Casi cuatro meses después, luego de varios fracasos en las negociaciones, el Gobierno tomó la decisión de rescatar a los rehenes que permanecían en la Embajada con la operación del llamado Comando Chavín de Huántar. Todos los rehenes fueron rescatados con vida, entre ellos el Canciller Tudela y el Embajador del Japón, excepto el magistrado Magistrado Carlos Giusti, que falleció como resultado de la acción. También murieron dos comandos,  el teniente coronel Juan Valer Sandoval y el teniente Raúl Jiménez Chávez. Todos los terroristas fueron abatidos.

Buena parte de las negociaciones durante el cautiverio fueron encabezadas por el Cardenal Juan Luis Cipriani, que cumplió encomiables acciones humanitarias, espirituales y de apaciguamiento, que fueron muy importantes para la vida y tranquilidad de los rehenes.

La operación fue un éxito rotundo y una proeza militar que es orgullo nacional. Este rescate ha sido sin lugar a dudas una operación extraordinaria, sobre todo teniendo en cuenta sus dificultades, ya que la Embajada de Japón se encontraba en medio de la ciudad y que algunos medios, como el diario La República, hacían de conocimiento público la información de los preparativos del rescate por parte del gobierno peruano.

Sin embargo, desde entonces los comandos peruanos han vivido un verdadero vía crucis. Han sido injustamente acusados de la supuesta ejecución extrajudicial de un terrorista autodenominado ‘Tito’ y han sido denunciados, una y otra vez, en tribunales nacionales e internacionales.

Semanas a atrás, 18 años después del rescate, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un fallo por el caso Chavín de Huántar que determina que el Estado peruano deberá continuar las investigaciones que se realizan en tribunales nacionales por la acusación de la supuesta ejecución extrajudicial indicada, sobre la base de la denuncia de un oficial de la Embajada japonesa, de militancia izquierdista, que habría mantenido relaciones cercanas con los terroristas durante el encierro.

Como bien ha señalado el ex presidente de la Sala Penal Antiterrorista Marcos Ibazeta Marino en el diario Expreso: “La Corte se ha pronunciado en el sentido de que hubo ejecución extrajudicial respecto a “Tito” y señala a los involucrados en hechos, en la línea de mando y ejecución, por lo que aquí el acatamiento implica ubicar a los responsables de una desaparición forzada y una ejecución extrajudicial que la Corte dice que existió. Han logrado su propósito político de manchar la operación de rescate más exitosa del mundo”.

En ese sentido como sugiere Ibazeta, la CIDH “ha seguido en la línea de las ONG que denunciaron al Estado peruano años atrás, que querían dejar mal parada la exitosa operación y, de paso, a nuestros militares”.

De esta forma, los valerosos comandos que ofrendaron sus vidas para liberar, no solo a los rehenes de la residencia del Embajador de Japón, sino a todo el Perú de la insania terrorista, siguen siendo denigrados y maltratados.

El Perú debe resistirse a la aplicación de esta sentencia de la CIDH. Ya es hora de parar  esta persecución y de darle a los Comandos Chavín de Huándar el sitial que les corresponde en la historia del Perú como Héroes de la Patria. Héroes que debemos honrar en vida, como pocas veces hemos tenido oportunidad de hacer. Lampadia