Jaime de Althaus
Para Lampadia

Cuando el presidente Martín Vizcarra o el Premier Cesar Villanueva reiteran su posición de votar por el NO a la bicameralidad, cabe preguntarse si no están pensando más en la aprobación popular que en el país.

Primero, porque es difícil pensar que no se percaten del daño irreparable que ocasionará a nuestra democracia y a nuestra propia gobernabilidad tener durante las próximas décadas un congreso unicameral sin reelección de congresistas. Un congreso de esa naturaleza contiene todos los peligros imaginables:

• Podríamos tener una mayoría opositora cerril conformada por personajes novatos algunos de los cuales podrían ser aventureros sin control o populistas desenfrenados. Es decir, una mayoría obstruccionista sin el contrapeso de un Senado elegido con un sistema más proporcional.
• Con un congreso de esa naturaleza será más difícil consolidar un sistema de pocos partidos políticos estables y serios (como veremos más adelante) y más complicado aún consolidar una clase política experimentada. Nos condenamos a la improvisación como sistema.
• Las leyes resultantes tenderán a ser de mala calidad, sin revisión posterior, y eventualmente muy destructivas de la estabilidad fiscal, que es una conquista histórica del pueblo peruano.

Ventajas de la bicameralidad

Por eso es que siempre ha existido el planteamiento de retornar a la bicameralidad, pero una bicameralidad mejorada en la que la Cámara de Senadores no tenga iniciativa legislativa, sino que su función sea revisar y aprobar o desaprobar los proyectos de ley aprobados en la Cámara de Diputados. A fin justamente de mejorar la calidad de las leyes y moderar los ímpetus populistas y eventualmente abusivos de la Cámara baja.

Con el añadido de que dos cámaras hacen posible que una de ellas –Diputados- pueda ser elegida en distritos electorales más pequeños –uni o binominales- para que la gente se sienta realmente representada al saber quién es su congresista, y para reducir, de paso, el número de partidos porque al elegir solo a uno o dos diputados en cada circunscripción, los partidos pequeños, sin opción a ser elegidos, buscarán unirse con partidos más grandes para tener chance de llegar al Congreso.

En cambio, la Cámara de Senadores puede ser elegida en distrito único nacional o en distritos macroregionales, lo que permitiría rescatar para la política a personas muy calificadas de los distintos sectores de la sociedad y permitiría además moderar la tendencia del sistema de distritos pequeños a sobre representar al partido más votado.

Las ventajas de la bicameralidad, como vemos, son enormes. Por eso era ya un escándalo que la clase política peruana y los sucesivos congresos unicamerales estuvieran eludiendo la necesidad de esta reforma fundamental durante lustros, y esa fue la razón por la que apareció como una gran idea y una gran oportunidad para el país que el gobierno planteara esa reforma vía el referéndum, de modo que pudiera ser aprobada como parte del conjunto de reformas y con la recomendación de un mandatario que ha conquistado credibilidad popular.

Ver en Lampadia: Un Senado es mucho más que una segunda instancia.

La cuestión de confianza

Lamentablemente el propio presidente está echando por la borda esta gran oportunidad al cambiar su respaldo a la bicameralidad por su rechazo a ella. El pretexto es el cambio que el Congreso aprobó a la institución de la cuestión de confianza, que le resta potencia como arma de contrapeso del Ejecutivo frente a posibles excesos de un Congreso opositor u obstruccionista.

Yo fui el primero en señalar –por medio de dos tuits la misma noche en que se aprobó, y de mi columna en el Comercio dos días después- que ese cambio era un grave error porque alteraba el equilibrio de poderes a favor del Congreso en un país como el Perú que más bien requiere de un Ejecutivo fuerte capaz de llevar a cabo con eficiencia las tareas de desarrollo. No solo eso. Señalé que las fuerzas políticas en el Congreso estaban actuando así acaso por reacción visceral ante la amenaza del Ejecutivo de disolver el Congreso si no se aprobaba la nueva cuestión de confianza planteada, pero sin mirar más allá de sus propias narices porque esa medida repercutiría en su contra como un boomerang si llegaban a ser gobierno el 2021 o más tarde.

El presidente reaccionó recién cinco días después, luego de que en un primer momento felicitara al Congreso por la aprobación de las cuatro reformas. Anunció que el Ejecutivo en el tema de la bicameralidad se pronunciaba por el NO. Pero en lugar de usar esa posición para buscar un diálogo con el Congreso a fin de lograr un acuerdo que permita modificar esa parte nociva del proyecto de reforma constitucional, desoyó los llamados en esa dirección que algunos congresistas empezaron a sugerir.

La oportunidad desperdiciada para un acuerdo

Por eso también es que pensamos que está poniendo su aprobación por encima de los intereses del país. Porque la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucionales las modificaciones que meses atrás el Congreso había efectuado a la ley del reglamento del Congreso en los mismos términos que luego incluyó en el proyecto de reforma constitucional, era la oportunidad de oro, si realmente pensara en el destino de la democracia peruana, para recoger esa sentencia y sobre la base de ella pedir un acuerdo con las bancadas para modificar la parte infectada de la reforma. No lo hizo. No solo eso, desoyó manifestaciones en esa línea del vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, y del vocero de su propia bancada, Gilbert Violeta.

Pero aún estamos a tiempo. La iniciativa, según lo que vemos, tiene que venir del propio Congreso. Si ya la principal bancada de oposición y la del gobierno parecen estar de acuerdo en la necesidad de enmendar esta absurda situación, sería conveniente que, sumando a otras, soliciten una reunión con el presidente para proponerle un acuerdo de modificación de los artículos cuestionados a cambio de que el presidente restablezca el Sí a la bicameralidad. Que esto no se caiga por la indolencia de la clase política.

La cuestión de confianza es menos gravitante en un congreso bicameral

Por último, los asesores del presidente deberían explicarle que aun si no se lograra ese acuerdo, la institución de la cuestión de confianza, tal como está redactada en nuestra Constitución, es más gravitante e importante frente a un congreso unicameral, que ante uno bicameral. Por la sencilla razón de que la existencia de dos cámaras ya constituye un mecanismo de autolimitación del poder del Congreso. Si la cuestión de confianza es un instrumento para contrapesar el poder del Congreso, este poder se reduce o limita a sí mismo con la bicameralidad. Entonces la cuestión de confianza, siendo importante, no lo es tanto como ante un congreso unicameral.

Y esto es así porque la Cámara de Senadores modera las extralimitaciones de la Cámara de Diputados. Y lo hace no solo porque, en general, se trata de un cuerpo de parlamentarios de más edad y mejor preparación, sino por el sistema de elección de los senadores, en distrito único nacional o en distritos macroregionales, que es mucho más proporcional de modo que, como decíamos arriba, la fuerza más votada no sobredimensiona tanto su porcentaje de parlamentarios. En otras palabras, si Diputados estuviera dominado por una fuerza opositora, lo más probable es que en Senadores esa fuerza opositora no tendría la mayoría o ésta sería muy precaria. Nuevamente, eso hace la cuestión de confianza menos decisiva.

Eso no es todo. El presidente, si quisiera, podría solicitar la aprobación de otras reformas constitucionales que contribuirían a que la cuestión de confianza aún menos necesaria. Por ejemplo, elegir el Congreso junto con o después de la segunda vuelta presidencial. Eso tenderá a darle mayoría en el Parlamento al Ejecutivo. Otra reforma en la misma línea es una que ni siquiera es constitucional, sino legal: que la insistencia del Congreso en las leyes observadas por el Ejecutivo no se apruebe por la mitad más uno del número legal de miembros del Congreso, sino con los 2/3 de dicho número, como es en todas las democracias de América Latina.

De modo que, si el presidente quisiera realmente resolver el problema planteado pensando en el futuro de la institucionalidad democrática y la gobernabilidad, tiene varios recursos a la mano y varias razones para recomendar lo que debe recomendar: el Sí a la bicameralidad. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Al ser el Estado una entidad monopólica, carece de los apremios de la competencia para mejorar sus servicios, reducir sus costos y simplificar sus procesos. Por el contrario, su tendencia es a incrementar el gasto y las regulaciones en detrimento del ciudadano, de las empresas y del contribuyente.

Las consecuencias son que atiende mal al público, atiende mal su propia demanda interna (a los alcaldes, por ejemplo), no resuelve o se demora en hacerlo y frena la iniciativa privada y estatal. Por supuesto, le cuesta mucho innovar.

Es posible que la tecnología –la digitalización- ayude a controlar estas tendencias naturales, en la medida en que simplifica la vida al usuario, ayuda a recabar y ordenar información y simplificar procesos, y permite una participación del ciudadano en sistemas de reclamaciones y denuncias. Eso requiere, por supuesto, de un Estado profesional y meritocrático, que funcione por resultados, incluso para premiar la reducción de normas y trámites de modo que estos no vuelvan a crecer luego de una simplificación.

Llamó la atención, en ese sentido, que el Premier César Villanueva mencionara algunas reformas novedosas en estos campos en el discurso de investidura en el Congreso. Anunció que se retomará la reforma del Servicio Civil con concursos transparentes y meritocráticos –algo fundamental-, se simplificará la organización absurda del Estado, se establecerá plataformas de servicios administrativos compartidos en regiones, habrá libros de reclamaciones en las dependencias públicas y se creará un sistema único de trámites virtuales para gobiernos regionales y locales para que no tengan que venir a Lima. 

Incluso planteó una reforma de la descentralización, eliminando superposiciones y delimitando mejor las funciones entre los tres niveles de Gobierno. Y agencias para la coordinación multisectorial.

Veamos qué es lo que efectivamente se está haciendo en relación a algunos de los anuncios que hizo. En qué consisten esas propuestas.

Plataformas de servicios compartidos

Dijo Villanueva: “haremos plataformas compartidas de tareas administrativas ya que el ejecutivo tiene más de 2,000 sedes administrativas fuera de Lima que se traducen en altos costos y baja articulación y coordinación”.

La secretaria de Gestión Pública de la PCM, Mayen Ugarte, nos refiere que se tuvo la iniciativa de solicitar a todos los ministerios y entidades del gobierno central que reportaran información sobre todos los locales que tienen en las regiones. Y el resultado fue ese: poseen más de 2,000 locales en el interior. Pero, además, con un patrón de ocupación irracional: mientras algunas oficinas son enormes y están casi vacías porque tienen poquísimo personal, otras están hacinadas. En Piura, por ejemplo, hay 220 oficinas del gobierno central. Mientras la Cancillería tiene una casa grande de dos pisos en la que solo laboran 5 personas, Provías, cuya presencia si se justifica, tiene un local ajustado. También existen amplios espacios destinados a almacenar trastos viejos de los que no se deshacen porque las normas lo impiden. En muchos casos duplican funciones de los gobiernos regionales o locales.

En suma, un desperdicio enorme de recursos. La solución que se ha diseñado, entonces, es la siguiente: allí donde hay un MAC (Mejor Atención al Ciudadano), que son esos locales que concentran hasta 27 servicios de atención al ciudadano -desde revalidación de licencias de conducir hasta certificados de antecedentes penales y judiciales pasando por duplicados del DNI, etc.-, y la entidad tiene trámites que los ciudadanos realizan, entonces la idea es que esa entidad vaya al MAC.

Si no hay MAC, o no hay trámites al público, entonces la idea es que oficinas saturadas se trasladen a locales relativamente vacíos de otras entidades, y compartan los gastos administrativos. Por supuesto, esto supone mejorar las normas relativas al pago de servicios compartidos, que hoy por hoy prácticamente lo impiden porque pagar algún servicio de un tercero podría ser visto como malversación. Se ha formado una Comisión para estudiar este tema y formular una política de espacios públicos que incluya también la posibilidad de fusionar oficinas administrativas.

A nuestro juicio, esta comisión debería aprovechar para hacer un análisis de inutilidad de algunas oficinas y entidades, a fin sencillamente de suprimirlas.  

Más MAC

El presidente del Consejo de Ministros también anunció: “Multiplicaremos el número de plataformas de servicios compartidos en regiones, empezando este año con la implementación de, al menos, cuatro nuevas plataformas en Arequipa, Cajamarca, Ucayali y el sur de Lima. Simplificaremos las reglas y la organización, a veces absurdas, del Estado para facilitar la vida a un ciudadano que no entiende porque tiene que ir a seis entidades públicas diferentes para resolver su problema”.

Se refiere a los MAC. En estos centros el ciudadano no tiene que movilizarse a distintas oficinas del Estado, sino que lo tiene todo concentrado en un solo local, pues se atienden hasta 27 trámites distintos de diversos sectores. El Estado, por su parte, ahorra en gastos administrativos. El MAC de Lima Norte (Los Olivos), por ejemplo, atiende 7 mil personas por día. Literalmente revienta. En la actualidad existen 5 MAC, en Callao, Ventanilla, San Juan de Lurigancho, Los Olivos y Piura. Este año habrá 4 más, en las ciudades indicadas por el Premier. La idea es que haya uno por departamento.

Pero hay una evolución ulterior: los 16 trámites más demandados en los MAC y que están digitalizados pasan al software MAC Express, que se coloca en las plataformas de atención de las municipalidades que lo soliciten, para que ellas en cada ventanilla pueden darle al vecino su certificado de antecedentes o la verificación de su título profesional por parte de Sunedu o lo que fuere. Para eso la PCM capacita al personal municipal que atiende en las ventanillas. Esto potencia enormemente la facilidad al usuario.

Ahora, es evidente que, si todos los trámites se pudieran hacer de manera virtual o digital, por internet, no se necesitaría los MAC. Mayen Ugarte nos responde que en realidad hay una proporción significativa de la población que no está conectada a internet o que le cuesta hacer trámites por esa vía, de modo que aún tiene que haber facilidades para trámites presenciales por unos 20 años más, calculan. 

El Premier anunció que se ampliará la plataforma digital gob.pe., que permite unificar las plataformas digitales de las entidades y hacer algunos trámites por internet. De eso nos ocuparemos en otro informe.

Libro de reclamaciones

El Primer Ministro también anunció que se implementará “el Libro de Reclamaciones en todas las entidades públicas como un sistema único para que se pueda supervisar cómo se da solución a las quejas y reclamos de los ciudadanos en toda dependencia del Estado”.

Así como el Indecopi tiene a su cargo la rectoría del sistema de reclamaciones ante las empresas del sector privado, esa función, para las entidades del Estado, le corresponde a la PCM, pero nunca la ejecutó. Pues bien, se ha decidido implementar efectivamente un sistema en línea de quejas y reclamos, que parte de un libro de reclamaciones en toda entidad pública enlazado a un sistema de seguimiento de los reclamos, que permita no solo informarle al usuario acerca del estado y resultado de su queja, sino mejorar el servicio o revisar el procedimiento en cuestión, o llamar la atención a la persona quejada si la queja apunta al maltrato de un servidor público.

Para ello, en tres meses se llevará a cabo un piloto en tres comisarías, dos Ugel y un hospital regional. La idea es que el sistema esté implantado en todas las entidades públicas en un año y medio. Evidentemente la aplicación de un sistema así, que facilita la participación del ciudadano, puede tener un efecto determinante en el mejoramiento de los servicios públicos.

Consulta en línea a 500 mil servidores públicos

Lo interesante es que se montará, además, un sistema de información que permita canalizar la percepción y aportes de los propios servidores públicos acerca de qué trabas encuentran ellos en el propio Estado que les impiden lograr resultados. Lo anunció también César Villanueva: “recurriremos a los servidores para identificar y resolver trabas administrativas que, finalmente, se traducen en problemas o demoras para la gente”.

La idea es organizar una encuesta y consulta pública en línea para preguntarles a 500,000 servidores públicos qué les impide trabajar bien, qué obstáculos tienen para cumplir sus funciones, cómo sortean esos obstáculos si lo hacen o si se resignan a la inacción, etc. Es decir, convertir a los servidores públicos en agentes de cambio. Se ha hecho ya el trabajo de campo con entrevistas en profundidad, definiendo tipos de perfiles de servidores por edad principalmente, para definir bien las preguntas. La encuesta se aplicará en julio y agosto.  

Manuel Maldonado, de la Secretaría de Gestión Pública, nos explica que las respuestas a las entrevistas y encuestas se procesan con inteligencia artificial. Ya tienen el software para eso. Es importante, porque una experiencia similar, pero dirigida al usuario, que fue “dimetutraba.pe”, al final fue poco efectiva porque no se pudo procesar la cantidad de información que produjo la ciudadanía. Todo esto se hace con apoyo de la GyZ alemana.

A partir de esta información, la idea es identificar “agrupaciones o clusters de problemas”, nos explica Melissa Donayre a cargo del proyecto, que lleven a simplificar las reglas con las que se funciona y eliminar controles burocráticos inútiles.

Sistema de trámites para gobernadores y alcaldes

Ahora bien, ocurre que el Estado maltrata no solo a los ciudadanos sino también a los propios alcaldes, que, según el Primer Ministro, pasan en promedio ¡168 días en Lima! en su primer año de gobierno, haciendo gestiones para su comunidad. Y no los reciben en los ministerios. Villanueva anunció entonces que “Se creará un sistema único de trámite para gobiernos regionales y locales”

La PCM encuestó a los alcaldes para ver por qué viajan tanto a Lima. Lo hacen porque no les contestan el correo, o no les aceptan el documento que envían o que traen, o para hacer seguimiento al trámite que han iniciado. Muchas veces vienen para hacer una consulta, y si tienen la suerte de ser recibidos, cuando quieren aprovechar para hacer una segunda consulta, les dicen que tienen que sacar cita nuevamente. La municipalidad, por ejemplo, puede subir por internet el perfil de un proyecto para que sea considerado en la programación presupuestal del MEF, pero para dar de baja un proyecto el alcalde o el funcionario tiene que venir a Lima. Además, tienen que ir al JNE a obtener un documento que certifique que son alcaldes.  

Lo que se va a hacer, entonces, nos explica Ugarte, es poner en marcha un sistema que permita ingresar el trámite y hacerle luego seguimiento en línea desde la localidad del alcalde, sin necesidad de venir a Lima, con plazos de respuesta.

Las reuniones Gore y Muni – Ejecutivo

Por eso –agrega Mayen Ugarte- las reuniones Gore – Ejecutivo tienen mucho éxito, porque los gobernadores regionales toman acuerdos directamente con los ministros. La consecuencia es que ahora vienen a Lima la tercera parte del tiempo que venían antes. Los Gores, como se sabe, funcionan como ruedas de negocios: los gobernadores regionales se reúnen individualmente con cada ministro. 

Ahora se ha decidido aplicar la misma lógica con los alcaldes: los Muni –Ejecutivo, que se realizan cada 15 días en una región distinta, al que asisten los ministros y todos los alcaldes de la región. Y en la Secretaría de Descentralización se les hace seguimiento a todos los acuerdos que se toma con los ministros. Según parece, los alcaldes están muy contentos con esta práctica.

Por supuesto, todas estas iniciativas son complementarias a la tarea central de la PCM, que es la simplificación de normas y procedimientos y la digitalización del Estado. Pero de eso nos ocuparemos en otro informe. Lampadia

La minería en el Perú está esencialmente parada desde el inicio del gobierno de Humala-Heredia. PPK fracasó clamorosamente en la necesidad de reposicionar a la minería como una actividad positiva para el desarrollo del país, empezando por los pueblos cercanos a los proyectos. Esperamos que el gobierno de Vizcarra logre enmendar rumbos.

Hace una semana, mientras en Chile se realizaba la Conferencia Mundial de Cobre 2018, organizada por CRU, y todos los representantes de la industria, así como de las compañías de ingeniería y maquinaría minera, compartían su entusiasmo por el potencial del sector y la disposición de Chile para desarrollar sus proyectos, en el Perú se empezaba a perfilar una inconsecuente falta de visión y valentía, por parte de los miembros del nuevo gobierno de Vizcarra con respecto a las inversiones en minería y energía, empezando por el propio primer ministro.

El primer ministro, Cesar Villanueva, con su proverbial bonhomía, hizo una declaración, festejada por el diario La República, sobre la necesidad le lograr ‘licencia social’ y como requisito previo al desarrollo de los proyectos mineros: “Tía María (…) es uno de los proyectos que (…) no tienen la aprobación de las poblaciones adyacentes al centro minero y que, además, no demuestran un respeto absoluto al tema ambiental en sus propuestas de operación deben esperar.”

Lamentablemente, en vez de asumir el reto de explicar a los ciudadanos, la necesidad de apoyar los proyectos mineros y sus beneficios para el país, el gobierno prefiere, aparentemente, jugar a la política tradicional y postergar las decisiones cruciales de gobierno, en haras de asegurar el voto de las izquierdas anti-inversión y anti-minería, para la investidura del gabinete.

Cuidado, que así es como se malogran las oportunidades de avance del país. Así sucedió,  cuando recuperamos la democracia luego de la dictadura militar, cuando el presidente Belaunde, con su tradicional bonhomía, postergó todas las decisiones que debieron corregir las barbaridades de la dictadura estatista, para cuidar la candidatura municipal de Eduardo Orrego. Salió Orrego, pero nunca se pudo enrutar al Perú, hasta diez años después, luego de mucho sufrimiento y costo de vidas.

No podemos arriesgar el destino de los peruanos, postergando las inversiones que deben disminuir la pobreza y corregir siete años de despropósitos.

Camilo Ferreira
Centro Wiñaq

Para Lampadia

El 20 de febrero pasado fue asignado el proyecto minero Michiquillay (Cajamarca) a Southern Peru Copper Corporation, este proyecto implica una inversión de US$ 1,950 millones y entraría en operaciones el año 2025. Se trata de una noticia sumamente relevante puesto que es el primer nuevo proyecto minero a ser iniciado en el Perú en muchos años.

La reacción entre los actores económicos ha sido positiva, aunque se considera que, por sí solo, Michiquillay no implicaría un cambio significativo en la trayectoria del crecimiento económico de largo plazo del país.

Como ya es común en el Perú, el riesgo principal que enfrentan proyectos de esta envergadura no proviene de aspectos económicos y/o financieros, sino de tipo socio-político. El proyecto Michiquillay no es la excepción. El mero hecho que se encuentre ubicado en la región Cajamarca lo expone abiertamente a esta posibilidad. En Cajamarca las fuerzas políticas hostiles a la minería[i] obtuvieron 51% del total de votos válidos en la última elección presidencial[ii], más específicamente se encuentra en el distrito de “La Encañada” en el que dichas fuerzas obtuvieron un agregado de 52%. Otro a dato a considerar fue el crecimiento explosivo en el número de miembros de las comunidades de Michiquillay y la Encañada (ver tabla siguiente). Esto nos señala la existencia de múltiples personas interesadas en obtener una porción de las rentas generadas por este proyecto extractivo.

Como se puede observar el proyecto se encuentra en una zona en la que la hostilidad minera puede significar un incentivo para el posicionamiento político de múltiples actores locales y sociales, alineados contra el proyecto. Tal como hicimos hace unos meses para Lampadia en el artículo “¿Tía María va?”, en el presente texto hemos identificado algunos de los riesgos sociales que enfrenta el Proyecto Michiquillay y que podrían erosionar su viabilidad:

1. Manejo del Fondo Social Michiquillay: La generación de instituciones benefactoras con recursos mineros ha sido un instrumento de legitimación social aplicado en múltiples casos. Se tiene en Cajamarca el antecedente de la ALAC la cual fue implementada por Minera Yanachocha, en Espinar se creó la Fundación Tintaya. Esas instituciones manejan importantes recursos y la disputa por el control de los mismos puede llegar ser sumamente conflictiva. En el caso de la Fundación Tintaya el 29 de mayo del 2012 el local fue incendiado por un grupo de manifestantes en medio de acusaciones respecto a que la Fundación servía para dividir a la comunidad en favor de la mina. En el caso del Proyecto Michiquillay cuando el mismo era administrado por Anglo American, a inicios de junio de 2013 el local del Fondo Social Michiquillay fue tomado por personas que reclamaban el pago a las universidades donde estudian sus hijos y que se cumplan los acuerdos de un año de trabajo para cada uno de los comuneros. Recientemente se acusa los dirigentes locales favorables a la realización del proyecto de estar comprometidos “en las irregularidades del Fondo Social Michiquillay que consta en los informes de auditoria”[iii] es acusación ha sido divulgada por el congresista post-extractivista Marco Arana.

En el caso de Fondo Social Michiquillay el mismo dispone, actualmente, del 50% del total de las contraprestaciones de la empresa hacia el Estado, el mismo que asciende a un monto cercano a los US$ 200 millones. Estamos hablando de fondos significativos a ser controlados de manera conjunta por la empresa y por representantes de comunidades sin experiencia en la gestión de fondos de dicha magnitud.

Las disputas respecto al Fondo Social pueden ser aprovechadas por los postextractivistas, ellos podrían brindar a facciones en disputa por el Fondo soporte discursivo. Es decir, una facción de la comunidad deseosa de controlar parte del fondo podría presentarse como víctima de abusos por parte de la empresa o afectada ambientalmente ello con la esperanza de legitimar socialmente acciones de presión contra el Fondo. El aparato de comunicaciones post-extractivista en múltiples ocasiones ha mostrado efectividad en convertir intereses rentistas de grupos y organizaciones en discursos en que lucen a los ojos del público como víctimas de las empresas mineras.

Por ejemplo, existen voceros y organizaciones que buscan polarizar con los representantes del Fondo Social y con los representantes de las comunidades.Una estrategia que anti-mineros han usado con anterioridad es la creación de organizaciones paralelas (Frentes de Defensa, comités, confederaciones, etc.) que se presentan y hablan en “representación de la población”.Estas organizaciones confunden a la opinión pública acerca de cuáles son los representantes legítimos de la población.El siguiente cuadro muestra declaraciones de voceros de algunas organizaciones.

Una diferencia importante con las coaliciones formadas en otros conflictos, es que los representantes de la población se han mostrado abiertamente a favor de la continuidad del proyecto, y han rechazado la presencia de elementos ajenos a la comunidad.  (“En cuanto a las protestas anunciadas por los anti-mineros, [Jesús Díaz Casahuamán, presidente de la comunidad campesina de Michiquillay] dijo que están en su derecho, sin embargo, aclaró que los comuneros no permitirán el ingreso de terceros a querer desestabilizar la ejecución del proyecto, porque todos están de acuerdo con esta oportunidad de desarrollo que representa”.  Habla Cajamarca- Radio la Beta- 13/02/2018).

2. El Anillo Externo: Un proyecto extractivo puede estar en buenas relaciones con su entorno directo y aun así ser socialmente inviable. Esto puede darse cuando el proyecto enfrenta un anillo externo que es hostil al proyecto. Un caso relevante en el que esto se dio fue en el del Proyecto Conga. En este caso las comunidades más cercanas al proyecto en múltiples ocasiones habían manifestado su apoyo a la realización del proyecto; sin embargo, la movilización en zonas más lejanas al proyecto generó una dinámica de conflicto que lo inviabilizó.

Este fenómeno del anillo externo puede verse agravado por el accionar mismo de la Empresa y sus prácticas sociales. Algunas empresas con el fin de obtener la “Licencia Social” en su entorno destinan ingentes recursos a una Área de Influencia (AI) definida con criterios técnicos sin considerar las dinámicas sociales de la zona. Esta asignación de recursos es entendida, en muchos casos, como una compensación frente a los efectos ambientales de las operaciones mineras. Esto genera una clara diferencia entre beneficiarios y excluidos de un proyecto minero, diferenciados por quien queda a un lado u otro de la ribera de un río, en una u otra ladera de un monte, o cualquier otro límite geográfico determinado por la empresa.

Un mecanismo para justificar la inclusión en el AI sería que los miembros de este “Anillo Externo” sean percibidos como perjudicados por el proyecto minero. Es en esta circunstancia que los pos-extractivistas encuentran terreno fértil para su narrativa, puesto que proveen de discurso y asesoría a los dirigentes que requieren ser percibidos como afectados ambientalmente para lograr sus objetivos. En este caso, los que se perciben como afectados son la población de Polloc y Namora, audiencia que anti-mineros locales han encontrado para inocular su narrativa. 

Una vez que empiezan a trabajar con dirigentes y líderes de opinión locales, los pos-extractivistas tienen convocatoria local para sus “Talleres Informativos” destinados a maximizar el temor entre la población local (ver en Lampadia: “Manual de formación de líderes anti-mineros”). Las movilizaciones por parte del Anillo Externo pueden devenir en actos violentos y vandálicos, cierre de carreteras, y en plataforma para el envío de mensajes hostiles a la minería. En el caso de Conga las movilizaciones de comunidades no pertenecientes a los Anillos más cercanos del proyecto fueron determinantes para generar las tensiones que paralizaron dicho proyecto. Por ello más allá del apoyo del AI, hay que estar pendiente del clima social fuera de ella y su potencial de movilización contra el proyecto. Es relevante mencionar que la ONG anti-minera Grufides ya ha empezado a visibilizar la resistencia al proyecto por parte de pobladores en insatisfechos en los alrededores del proyecto.[iv]

Por el momento, los esfuerzos por generar movilizaciones contrarias han sido infructuosos, tanto de manera contraria como favorable.(“El dirigente rondero Ydelso Hernández [candidato al congreso por el MAS, con 23,048 votos mientras Arana obtuvo 8,576] dijo que miles acudirían a la movilización en contra del proyecto Michiquillay, pero no fue así, y el político cajamarquino Miguel Rojas tampoco tuvo la convocatoria con su marcha en apoyo a las inversiones, por lo que ambas convocatorias pasaron desapercibidas”- La rotativa regional, RPP – 20/12/2018).

3. Utilización Político-Electoral del Proyecto: La polarización frente a proyectos mineros puede resultar un conveniente mecanismo de posicionamiento electoral. En Tambogrande Piura, Francisco Ojeda resultó ser electo alcalde de su distrito tras oponerse a la inversión minera como dirigente del Frente de Defensa de Tambogrande en 2003. En la provincia de Bambamarca en Cajamarca, Edy Benavides fue electo alcalde provincial tras liderar el Frente de Defensa en 2014. En Espinar Cuzco, Oscar Mollohuanca fue elegido alcalde de su provincia tras liderar el Frente de Defensa y liderar violentas protestas contra la minera Xstrata Tintaya en 2013. Finalmente, Gregorio Santos fue reelecto como gobernador de Cajamarca tras una gestión precaria en obras o servicios gracias a su polarización anti-minera. Como se pude observar en múltiples ocasiones el posicionarse como luchador frente a los supuestos abusos de las empresas mineras resulta ser políticamente rentable.

La utilidad de la polarización contra la minería ha sido reconocida por los dirigentes del MAS-Cajamarca. Cesar Aliaga[v], posiblemente el pensador más sofisticado de dicha organización, considera en su libro “La Batalla por Cajamarca”, que haber planteado las elecciones regionales como un referéndum respecto a Conga fue una de las principales causas de su victoria. De manera adicional, en un escrito interno reciente del MAS-Cajamarca el dirigente Johnny Tejada[vi] se lamenta que en este proceso electoral de octubre del 2018 no se estuviera vislumbrando una polarización anti-minera regional que impulsara la victoria del MAS.

Con la asignación del Proyecto Michiquillay a Southern, estos intereses se mantienen y se da la posibilidad de una polarización que permita que el eje de disputa de la compaña del 2018 sea uno entre “Pro-mineros versus defensores del agua” único escenario en el cual el MAS podría resultar triunfante dada su baja capacidad de gestión pública y constantes escándalos de corrupción.

Es en ese sentido, las declaraciones de Gregorio Santos respecto a Michiquillay en las que afirma que es un proyecto “Que nació muerto”, las del Gobernador Regional Porfirio Medina en las que afirma que ha sido impulsado “al caballazo” y las del líder rondero Ydelso Hernández mostrando su absoluta oposición, pueden ser entendidas como un intento de capitalizar electoralmente a partir de una potencial polarización social contra Michiquillay. Existe por ello un riesgo relevante de la instrumentalización de la oposición a Michiquillay como plataforma política por parte de ciertos actores locales. Es especialmente relevante en el caso del MAS-Cajamarca que requiere que la agenda electoral se aleje de su gestión lo más posible.  De igual manera, un posible candidato a la región como Miguel Rojas, intentó organizar una movilización favorable que serviría como plataforma política; sin embargo, no tuvo éxito.

4. Deslegitimación del Proceso de Socialización: Los activistas anti-mineros tienen procedimientos bastante estandarizados para erosionar un proyecto, paulatinamente. En un primer momento intentan movilizar a la población contra los procesos de exploración minera como se dio el caso del proyecto Cañariaco, si esto no es posible trataran de bloquear y deslegitimar el proceso de adquisición de tierras por parte de la Empresa. Los primeros ataques de Marco Arana a Yanacocha fueron con esa temática. Si esto no se logra, se tratará de descalificar el proceso de socialización del proyecto en especial a las Audiencias Públicas y el EIA. Las Audiencias Públicas son atacadas con argumentos bastante homogéneos: se afirmará que se excluyó a los sectores opuestos al proyecto, que las firmas de asistencia fueron dadas con engaños y que el supuesto consentimiento de la población al proyecto ha sido producto de amenazas y prebendas por parte de la Empresa Minera. También se tratará de descalificar el EIA con estudios alternos, como los realizados por Robert Moran.[vii], estudios de cuestionable calidad y enfocados en sembrar temores sobre los potenciales efectos ambientales.

La legitimidad del Proceso de Socialización es un componente no visible de la disputa por la viabilidad de los proyectos mineros, si bien no incluye manifestaciones públicas o tomas de carreteras, de la legitimidad de estos procesos dependerá de manera crítica la postura de las comunidades cercanas y la posición de líderes de opinión.

En el caso del conflicto alrededor del Proyecto Las Bambas, un componente de la narrativa anti-minera consistió en considerar que los mecanismos mediante los cuales se socializaron cambios en el proyecto resultaron no ser legítimos. Se afirmó que el cambio de la modalidad de traslado del mineral de un mineroducto al uso de camiones no siguió los estándares de consulta previa que hubiera sido necesario aplicar. Este discurso fue repetido en múltiples ocasiones por voceros tales como Richard Arce, Marco Arana y Marisa Glave quienes se enfocaban en atacar la socialización del proyecto más que los efectos ambientales del mismo.

En el caso de Michiquillay es necesario que el Proceso de Socialización tenga características tales que no abran flancos de vulnerabilidades que puedan ser aprovechados por los pos-extractivistas. La participación debe ser amplia, darse de manera frecuente, en términos comprensibles para la población local, y con un criterio de construcción de legitimidad social más que del mero cumplimiento de requisitos legales.

5. Correlación de Fuerzas Locales Hostiles: La inviabilidad de un proyecto minero se da como resultado de una dinámica de enfrentamiento político. Es clave para determinar el resultado de este enfrentamiento la correlación de fuerzas enfrentadas respecto a la viabilidad de un proyecto. Un proyecto como Michiquillay que implica una inversión de US$ 1,950 millones es sin duda un hecho de gran importancia económica y política para la región Cajamarca, y aún más para la provincia de Cajamarca y para el distrito de La Encañada. Ello genera una dinámica en los que diversos actores políticos y sociales locales tienen que tomar posición respecto al proyecto. El siguiente cuadro muestra la postura asumida por diversos actores frente al proyecto.​

Es importante observar el rol que ha asumido las comunidades cercanas en hacer visible su postura favorable al proyecto. Su apoyo visible es importante para disuadir a los activistas anti-mineros nacionales e internacionales de focalizar sus recursos políticos contra el proyecto, a falta de “contraparte” local. Por otro lado, golpea la narrativa anti-minera en la que se considera que la Empresa y el Estado pretenden “imponer” el proyecto. Por ello es importante la batalla por la representatividad social de la población en el entorno del proyecto. Como se menciona anteriormente, los anti-mineros ya están desplegando iniciativas de articulación de insatisfechos en el entorno del proyecto, además de tratar de maximizar el área a la que se le atribuye algún grado de afectación ambiental (Polloc, Namora, etc.). Ello con el fin de incrementar la cantidad de población “afectada” posible de ser movilizada contra el proyecto.

La correlación local no incluye únicamente la configuración social en el área de influencia del proyecto, incluye a empresarios, académicos, autoridades sub-nacionales, organizaciones de la sociedad civil, medios locales de comunicación etc. Todos estos actores pueden jugar un rol en la viabilidad de un proyecto minero la sobrestimación de la criticidad del área de influencia lleva a casos como los de Conga o Santa Ana en los que los proyectos son socialmente inviables a pesar del apoyo de la población cercana al proyecto.

Como se puede ver en la tabla anterior, el apoyo al proyecto tiene representantes en diversos estratos de la sociedad, mientras las iniciativas hostiles se concentran en periodistas y políticos principalmente.  Sin embargo, cuando vemos la diversidad de temas con las que buscan defender al proyecto, éstas están centralizadas en aspectos económicos, mientras los anti-mineros consideran fallas en el proceso institucional, el impacto ambiental, la reputación de Southern, etc.  Un proyecto puede perder su legitimidad en diferentes frentes y los movimientos hostiles a la minería han comprendido eso y lo ejecutan en sus luchas políticas. (menciones en el 2018)

Conclusiones

La legitimidad de Southern y de su operación está amenazada tanto por errores propios como por intereses políticos que ven una oportunidad en la posición hostil a la minería.  El proyecto Michiquillay tiene el potencial de relanzar la inversión minera en Cajamarca y en el norte del Perú; en donde varios otros proyectos se encuentran paralizados o sin la suficiente confianza para ser desarrollados. Para que este potencial se cumpla se hace necesario un monitoreo cercano de los riesgos sociales y políticos que enfrenta el proyecto. Es necesario implementar una visión que reconozca que los riesgos se originan no únicamente en el entorno del proyecto sino en la sociedad local en el que se haya involucrado.

También es importante considerar que el conflicto no se da únicamente durante las movilizaciones sociales, que es una consecuencia de todo un trabajo previo y de un flujo diario de mensajes en los medios de comunicación.  La disputa por la legitimidad de un proyecto se da en el día a día: entender el sistema de creencias que posee actualmente la población local (urbana y rural), comprender los agravios que los grupos hostiles a la minería intentan inocular en la población, identificar la búsqueda de rentas que ciertos grupos intereses persiguen, formar una coalición social que soporte el proyecto, implementar controles ambientales y sociales que protejan legitimidad del accionar de la empresa y sus empleados, etc.  Del resultado de esa lucha diaria dependerá si Michiquillay será una importante fuente de riqueza para el país o si será uno más de los casos de proyectos mineros paralizados en el Perú. 

Como muchos, en Lampadia tenemos observaciones importantes sobre la designación de algunos ministros y sobre otros indicadores de la orientación del gobierno de Martín Vizcarra. Pero, habiendo atravesado en las últimas semanas una profunda crisis política, luego de largos meses de desgobierno y pérdida de confianza en el futuro por parte de la población, consideramos que es muy importante apoyar, por sobre toda otra consideración, la indispensable y urgente consolidación del gobierno.

Ya habrá tiempo para analizar, criticar y proponer cambios, que, según nuestros análisis previos, asumimos que serán recibidos por gobernantes con vocación de escuchar y dialogar.   

El Perú ha superado riesgos muy graves de interrupción de la democracia y de respeto a la Constitución. Logramos que la toma de mando del Presidente Martín Vizcarra se diera respetando todos los cánones de la Carta Magna y mostrando un gran nivel de madurez y tranquilidad, tanto en el sentir popular, como en los indicadores económicos.

El gabinete presidido por Cesar Villanueva aún no cumple una semana de instalado, pero los enemigos del recién estrenado gobierno, están en campaña para desprestigiar al premier y para malograr las relaciones del Ejecutivo y al Congreso.

Efectivamente, hemos superado riesgos de gobernanza extremos, que hubieran retraído toda capacidad de recuperación de los caminos de la prosperidad.

Desde el punto de vista popular, la transferencia de mando se dio con mucha tranquilidad y con la aprobación masiva de los ciudadanos.

Asimismo, como Diego Macera tituló su última columna en El Comercio, ‘Ni pestañeó’, la economía no mostró ninguna inquietud. Más bien se recuperó la Bolsa de Valores y bajó el tipo de cambio.

Sin embargo, la prensa ideologizada como El País de España, según lo reportado por la insidiosa Jacqueline Fowks, presentó un país convulsionado.

En el equipo de PPK, el congresista Juan Sheput, su vocero, es el más belicoso contra Vizcarra y Villanueva. El se pasea por los medios sembrando un ambiente negativo alrededor del gobierno. Además, no le da la gana de entender que el Presidente Vizcarra ha anunciado el “fin de la política de odio y confrontación”. Una declaración del Presidente que estaba referida específicamente a la política del ppkausismo, de polarizar con Fuerza Popular. Pero Sheput sigue confrontando.

De igual manera, la segunda vicepresidente y congresista, Mercedes Aráoz, no ha registrado el fracaso de sus poco democráticas maniobras para sacar del juego al Primer Vicepresidente Vizcarra en los albores de la renuncia de PPK. Aráoz, sigue enfilando sus baterías contra el ahora Presidente Vizcarra y su primer ministro Villanueva, y hasta pretende imponer sus ideas al nuevo gobierno.

Aráoz niega todo …

Pero su ambición la traiciona…

Finalmente, no podemos dejar de mencionar el triste rol de varios medios de comunicación, como Canal N y RPP, donde connotados miembros de su plana periodística no pierden oportunidad para debilitar el novel gobierno, máxime en un contexto como el indicado líneas arriba. Para ellos, Fuerza Popular sigue representando una suerte de fuerza invasora extranjera a la que hay que combatir y evitar cualquier acercamiento del partido mayoritario del Congreso, con el Ejecutivo que ha determinado el fin del odio y la confrontación.

La cosa llega a tal punto, que el Ejecutivo se ve acorralado políticamente, y pisa el palito del mantenimiento de brechas políticas con Fuerza Popular, con declaraciones inconducentes a la afirmación de la política de convergencia. Si bien estas declaraciones pueden haberse originado por un error de Perú21, que reportó consultas del gobierno con el congresista Torres de FP (que no se dieron); el tono, las palabras y el mensaje de Villanueva hacen ver, los eventuales contactos con FP como algo indebido, alimentando a los enemigos internos y a los medios desestabilizadores.

En este ambiente, los medios extremistas llegan a plantear barbaridades…

En nuestra opinión, quienes promueven estas acciones de discordia y divergencias, merecen una severa llamada de atención.

La situación del país requiere responsabilidad y consecuencia con los más importantes intereses de la Nación, convergencia política, tranquilidad de la población y recuperación de la economía. Lampadia