Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

Con diversas maniobras políticas, el gobierno ya paró la inversión minera. Estamos en medio de un ‘putsch’ antiminero inspirado en el pos-extractivismo que profesan todas, ‘todas’, las izquierdas desde agosto del 2012.

• Se han detenido las exploraciones mineras en todo el país, la base del crecimiento futuro.

• Se han puesto contra la pared a las minas del sur de Ayacucho.

• Se ha abierto una brecha de conflicto con Antamina, hasta hace poco un caso de inversión emblemático.

• Se ha paralizado el proyecto de Tía María en Arequipa.

• Se han permitido disturbios paralizantes contra Mina Justa en Ica.

• Se ha llevado hasta el nivel de crisis la operación de Cerro Lindo en Ica.

• Se ha paralizado completamente la operación de Las Bambas en Apurímac, la mayor inversión pública y privada en la historia del Perú.

Personalmente me indigna la falta de indignación. Me rebela que nuestra clase dirigente no tenga sangre en las venas y no se vuelque a comunicar a los peruanos que tienen menos información, el impacto empobrecedor de este ataque a la minería y por ende a toda la economía del país; así como a exigir al gobierno una rectificación palmaria de semejante acto de traición a la construcción de nuestro futuro.

En cualquier otro país del mundo, si un gobierno que representa a una minoría política, como Perú Libre, paraliza la actividad económica más importante del país, se produciría una convulsión general. 

• Los medios de comunicación denunciarían con mucha fuerza la afrenta contra el futuro del país. 

• Los empresarios mineros y sus gremios denunciarían el sabotaje a la prosperidad de la nación y se movilizarían junto con sus trabajadores.

• Los académicos más serios saldrían a los medios a alertar a la opinión pública sobre la necesidad de corregir la situación de parálisis del motor más grande de la economía peruana.

• Los representantes de las miles de empresas vinculadas económicamente a la minería, pondrían el grito en el cielo y explicarían las interrelaciones del sector con todas las demás actividades económicas del país.

• Los jóvenes que ansían ser ciudadanos del mundo moderno desde el Perú, se movilizarían en las calles para evitar que el país se empobrezca y se aísle de la prosperidad.

• Los pobladores de las zonas mineras, que más allá de los discursos políticos que soportan, son testigos de los beneficios de la minería en la oferta de empleo de calidad, generación de recursos fiscales y disminución de la pobreza, saldrían por fin a llamar la atención sobre el daño generalizado que sufrirían sin una minería que invierta.

Lamentablemente, los gremios empresariales, especialmente la SNMPE y Confiep, no hicieron nada para contrarrestar la infiltración de las ideas del pos-extractivismo promovido por el uruguayo Eduardo Gudynas, teoría anti productiva que todas las izquierdas peruanas y varios centros de estudio de izquierda asumieron y presentaron al presidente Humala en agosto del 2012. 

En Lampadia descubrimos esta propuesta, llamada ‘Nueva minería exige debate nacional’. La denunciamos como un contrabando ideológico anti inversión y la pasamos a todos los gremios empresariales y partidos políticos. Increíblemente, ninguna de esas instituciones investigó el tema y menos se pronunció al respecto. Luego de un par de años, un think tank liberal recibió una oferta de financiamiento para estudiar la propuesta del pos-extractivismo, pero quince días después se le retiró el financiamiento.

Ver en Lampadia: Exigimos que se renuncie al ‘pos-extractivismo’ – La verdad sobre las izquierdas peruanas.

Así dejamos que percolen y se asienten estas ideas perversas que pretende llevarnos al llamado ‘buen vivir’, un mundo bucólico donde produzcamos lo mínimo posible, donde no exportemos alimentos, y terminemos siendo un brutal remedo de la Edad Media. Donde todos seamos siervos pobres y aislados del resto del mundo; pero eso sí, gobernados por los nuevos señores feudales, la ‘nomenklatura soviética’, la élite privilegiada del partido comunista, o por los ‘cerdos’ de la ‘Granja de Animales’ de George Orwell.

Igual sucedió cuando el congresista, ex cura Arana, del Frente Amplio (que no es frente ni amplio), manipuló a la representación nacional para legislar sobre las cabeceras de cuenca. La SNMPE no estuvo a la altura de la amenaza y la dejó pasar. Solo apareció la solitaria voz de Raúl Benavides Ganoza que denunció la norma como atentatoria contra el interés nacional. Ver en Lampadia: PPK y FP legislan contra la minería – El pos-extractivismo hecho ley.

El impacto de parar Las Bambas es brutal para el desarrollo del Perú, veamos unas láminas del Impacto económico y social de Las Bambas, según el reciente estudio de Macroconsult:

En contra de los que afirman que la minería no produce avance social, el siguiente cuadro demuestra que, con Las Bambas, Apurímac mejoró sustancialmente su PBI per cápita, multiplicándolo 2.5 veces y mejorando su ranking nacional desde el puesto 23 al 8.

Como muestra Macroconsult, la transformación de Apurímac no solo fue económica, lo mismo se produjo en el tema social.

El siguiente mapa muestra palmariamente, que, gracias a la inversión minera, la mejora social de Apurímac entre el 2009 y el 2018, fue verdaderamente incontrastable.

La misma mejora puede verse en el acceso a los servicios de agua, saneamiento, electricidad y telefonía.

La inversión de Las Bambas también explica una mejora sustancial en el aumento de ingresos, la reducción de la pobreza y la mejora del Índice de Desarrollo Humano en Apurímac.

No nos dejemos engañar con relatos falseantes. No asumamos la prédica de los enemigos de la inversión y la prosperidad. No seamos tan pasivos. Están destruyendo un país que puede brindarnos bienestar general. Es hora de indignarnos y de defender el futuro de nuestros hijos y nietos. Lampadia 

CONTROVERSIAS
Fernando Rospigliosi
Para Lampadia

Se equivocan quienes dicen que debido a la inacción del gobierno se paralizan operaciones mineras o se destruye el turismo. El gobierno de Pedro Castillo y Mirtha Vásquez está muy activo incentivando la ruina de las principales actividades económicas del Perú.

Eso, por supuesto, era perfectamente previsible durante el proceso electoral. Castillo y los que los respaldaron en la segunda vuelta no ocultaron sus ideas extremistas y anti inversión privada y, apenas instalado el gobierno, los nombramientos de los principales cargos en el Estado no hicieron más que ratificar eso.

No obstante, todo el coro caviar sigue repitiendo al unísono su último invento para justificar lo que hicieron en el proceso electoral y las expectativas que siguen vendiendo ahora, con el propósito de capturar puestos públicos: la oposición democrática es tan mala como Castillo y sus secuaces.

Es decir, por ejemplo, Luis Carranza, el exitoso ministro de Economía en el segundo gobierno de Alan García, sería tan desastroso como Pedro Francke o Rómulo Mucho sería tan anti minero como el impresentable que hoy ocupa el Minem.

En realidad, las necedades que repiten en conjunto, sin descanso, no tienen ningún asidero en la realidad, pero como tienen una influencia dominante en todos los principales medios de comunicación, sus mentiras sirven para engañar a algunos incautos.

La paralización de Cerro Lindo, de la brasilera Nexa, y de Las Bambas, de la china MMG, están causando pérdidas de cientos de millones de dólares al país, a las regiones en las que están ubicadas y a las empresas. 

Pero quizá más importante es el efecto que tiene sobre las inversiones futuras y la imagen del país. Es obvio que cualquier inversionista que observe lo que está ocurriendo en el Perú no arriesgará ni un dólar mientras siga en el gobierno una gavilla comunista, anti minera, incompetente y corrupta.

Lo mismo vale para el turismo. El bloqueo de la vía a Machu Picchu, el principal atractivo del Perú, causa un perjuicio enorme a una de las actividades más golpeadas por la pandemia. Ante la incertidumbre que se genera para visitantes, sobre todo extranjeros, que tienen itinerarios precisos, es evidente que los turistas serán disuadidos y elegirán otros destinos.

Nada de esto es casual. Lo que hizo Mirtha Vásquez cuando apoyó abiertamente a los violentistas que destruyeron Apumayo en Ayacucho y luego decidió cerrar ilegalmente cuatro minas, ha incentivado -y lo seguirá haciendo- a otros a seguir idéntico camino.

Antes había ocurrido lo mismo con Antamina, una de las minas más grandes del mundo, cuando el gobierno respaldó abiertamente a los delincuentes que obligaron a la paralización de sus actividades por primera vez en dos décadas.

En un reciente artículo en Lampadia, Jaime de Althaus demostró como el gobierno, a través del Ministerio de Energía y Minas, apoyó activamente a los extorsionadores que obligaron a paralizar otra de las minas más grandes del Perú y del mundo, las Bambas. (Ver: Delegación del Minem de sumó a la extorsión).

En suma, no cabe duda alguna, el gobierno comunista no es neutral o simplemente pasivo frente a la sistemática campaña para arruinar la minería y otras industrias. Está muy activo incitando y estimulando su destrucción.

Hemos tenido gobiernos buenos, regulares y malos en las últimas décadas, pero nada como el actual. Solo los comunistas y sus aliados caviares intentan sostenerlo para que siga destruyendo el Perú. Lampadia

Con la venia del gobierno
Jaime de Althaus
Para Lampadia

El ataque a las empresas mineras no cesa. Al incendio de Apumayo y las paralizaciones de Breapampa, La Inmaculada y Antamina hace pocas semanas, se suman el bloqueo a Las Bambas que ya lleva 27 días, la interrupción de la vía de acceso a la mina Cerro Lindo en Ica que lleva ya más de una semana y que ha determinado la suspensión de sus operaciones, y el bloqueo a Minas Justa. Lo que está ocurriendo es que, ante la inacción del gobierno, las dirigencias y activistas locales perciben que tienen luz verde de parte de las autoridades nacionales para bloquear y extorsionar a las empresas, y que eventualmente van a recibir el apoyo de los funcionarios gubernamentales. 

Eso fue lo que ocurrió en Chumbivilcas, donde, como informamos la semana pasada, los delegados del ministerio de Energía y Minas se pusieron abiertamente del lado del Frente de Defensa contra la empresa. Es decir, convalidaron el bloqueo y se sumaron a la extorsión. Por ello la PCM los retiró del escenario y envió al viceministro de Gobernanza territorial, que, sin embargo, tampoco ha resuelto el problema. Antes bien, ante la propuesta de la mina de que las comunidades, que están fuera del área de influencia y están situadas a 100 y 200 km de la operación, participaran con 14 camiones y otros servicios, han respondido que no aceptan menos de 25 camiones y otros trabajos adicionales, reiterando el chantaje de que si no se acepta esas condiciones, mantienen el bloqueo. 

Mientras tanto, el día de hoy Las Bambas entrará ya en paralización total de actividades, con grave perjuicio para las municipalidades, la población, la región y la economía nacional. La imagen de un país en el que impera la ley de la selva es aun más dañina para el futuro de todos nosotros. 

Es sorprendente como se ha institucionalizado la extorsión a las empresas. Se ha vuelto un negocio en el que prosperan políticos, asesores y ONGs. En el corredor minero no hay una demanda ambiental ni social. No se pide el cierre de brechas sociales por ejemplo. Cuando Las Bambas ofreció, a inicios de este gobierno, luego de un bloqueo, un plan integral de desarrollo productivo y servicios de salud y educación al Frente de Defensa de Chumbivilcas, la oferta fue rechazada y lo único que se pide es dinero y contratos. Es la extorsión. 

En gobiernos anteriores se exigía el levantamiento de la medida de fuerza como condición para el diálogo, o se establecía el estado de emergencia. Se desplegaba la fuerza armada y los bloqueos, que son ejecutados por muy pocas personas, se disolvían automáticamente, sin violencia de ningún tipo. Pero, en realidad, ni siquiera es necesario decretar estado de emergencia, porque basta con aplicar el decreto supremo N° 106-2017-PCM que establece que las carreteras son activos críticos que deben ser protegidos. 

Pero ahora ni los fiscales actúan, ante delitos flagrantes. Por eso, si el gobierno no es capaz de imponer el principio de autoridad y restablecer orden público, el congreso o la sociedad civil deberían denunciar por infracción constitucional al Presidente y a los ministros responsables. 

El artículo 118 de la Constitución reza: 

Artículo 118.- Atribuciones del Presidente de la República 

Corresponde al Presidente de la República:

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales.

Es claro que el presidente y los ministros competentes, particularmente el de Interior y el de Energía y Minas, no están cumpliendo su primera función constitucional: cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Al contrario, convalidan su violación. 

Para comenzar, están obligados a hacer cumplir el inciso 11 del artículo 2 de la Constitución establece como uno de los derechos fundamentales de la persona:

11. A elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional y a salir de él y entrar en él, salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería.

Además, el presidente y los ministros están obligados a cumplir y hacer cumplir el código penal, que prohíbe y castiga los bloqueos de carreteras y, además, la extorsión. El artículo 200 del Código penal establece: 

Artículo 200. – Extorsión 

El que mediante violencia, amenaza o manteniendo en rehén a una persona, obliga a ésta o a otra a otorgar al agente o a un tercero una ventaja económica indebida o de cualquier otra índole, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinte ni mayor de treinta años.

Esto es exactamente lo que ocurre en las situaciones que estamos comentando. Es hora entonces de denunciar por infracción constitucional y eventualmente por complicidad a los ministros que no cumplen con su función constitucional de cumplir y hacer cumplir las leyes. Lampadia