Líneas abajo compartimos la presentación del Centro Wiñaq sobre un importante análisis de escenarios políticos, sociales y económicos, con respecto a la crisis del coronavirus.

Ellos han identificado tres escenarios en función de dos ejes, la profundización de la epidemia y la efectividad de las medidas del gobierno.

La siguiente lámina resume los cambios principales que se darían en los tres escenarios:

Consideramos que es muy importante reflexionar sobre este análisis, puesto que el devenir de los acontecimientos depende en buena medida de nuestras acciones.

Hasta el día de hoy todas las reacciones se han focalizado en el espacio de gobierno, pero creemos que la situación amerita un mayor involucramiento de la sociedad civil, y especialmente del estamento empresarial, que más allá de las importantes contribuciones monetarias que está haciendo, debe contribuir con un profundo análisis de propuestas de acción. No solo tenemos que salvar una profunda crisis sanitaria, también tenemos que evitar un colapso social producto de la parálisis económica que hemos debido crear.

Veamos la presentación del Centro Wiñaq:

https://bit.ly/2UO8j5H

Lampadia

Sebastiao Mendonça Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

A propósito de las últimas elecciones americanas el concepto de Fake News se ha puesto de moda. Sin embargo, el uso de Fake News, o noticias falsas, en español, es un recurso usado por los manipuladores desde hace muchos siglos, sólo que hoy las redes sociales y los celulares han hecho más fácil su propagación.

En 1475, en la ciudad de Trento, el cura Bernadino Feltre en un sermón acusó a la comunidad judía del asesinato de un niño desaparecido. Ello desencadenó una ola de violencia y saqueo en contra de los judíos. La ola se propagó por la región durante semanas a pesar de los esfuerzos de los gobernantes para frenarla. A lo largo de todo el medievo los rumores fueron responsables del asesinato de miles de personas acusadas por plagas, terremotos, brujerías, herejías, etc.

En la edad moderna, , o rumores insidiosos, se han vuelto importantes instrumentos de actores políticos, especialmente de los grupos anti-sistema, como un mecanismo para generar actos de protesta o descalificar a personas e instituciones. Actualmente, las Fake News son extensamente utilizadas por las fuerzas políticas que buscan movilizar a la población en base a sus sentimientos, temores y resentimientos, con el propósito de lograr objetivos que no serían posibles si la toma de decisiones de la población se diera sobre informaciones verdaderas. Pasaremos a describir un caso de la aplicación de Fake News en el contexto de las industrias extractivas en Perú.

Mercurio en los caños de Cajamarca

Después del derrame de mercurio en Choropampa (2 de junio del 2000), la población de Cajamarca quedó muy temerosa de que el problema de intoxicación ocurrido en la carretera se repitiera en la ciudad. El accidente asoció la actividad productiva de la empresa Yanacocha con el mercurio, dando la impresión (falsa) de que Minera Yanacocha utilizaría el mercurio en sus procesos productivos como lo hace la minería aurífera artesanal.[i]El razonamiento tácito que se generó a partir de esa impresión fue: Si Yanacocha utiliza agua y mercurio, entonces el agua de la ciudad puede estar contaminada con mercurio.

En los meses que siguieron al accidente de Choropampa se propagó,en la ciudad de Cajamarca y en sus alrededores,una ola de rumores acerca de aguas contaminadas por mercurio metálico: muerte de truchas en la Posada del Puruay, agua con mercurio en la cuadra 8 del Jirón José Sabogal, una profesora de la urbanización Horacio Zeballos que dijo haber encontrado mercurio en el lavadero de su cocina, un profesor universitario en la Urbanización Amauta que afirmó que el agua de su casa salía con mercurio, etc.[ii][iii]Un ex-trabajador de Yanacocha llegó a afirmar que tosía mercurio, aún sin tener idea de cómo el mercurio, en su forma metálica y líquida, podría haber llegado en su garganta.[iv]

Análisis químicos y toxicológicos posteriores negaron todos esos rumores, pero la falta de evidencias fácticas ha sido presentada por las organizaciones hostiles a la minería como prueba de la parcialización de las instituciones públicas hacia la empresa. La táctica de los promotores de noticias falsas es clara: si una institución técnica la descalifica, hay que descalificar la institución y mantener la vigencia de la insidia.

Con el tiempo, el temor fue bajando y la ola de rumores sobre hallazgos de mercurio en el agua ha ido disminuyendo.[v] Sin embargo, la idea de la contaminación ha quedado grabada en la mente de la población, y una encuesta del 2016 encontró que no menos del 60% de la población de la ciudad de Cajamarca creía que su agua estaba contaminada por la minería. El hecho que la empresa de agua de la ciudad realice un monitoreo permanente de la calidad del agua que distribuye, y asegure que no existe tal contaminación, no revierte el impacto de los rumores insidiosos de los años anteriores.

Los rumores insidiosos y su propagación

Estos rumores no son hechos aleatorios, provienen de una acción realizada con una intención expresa. Es un evento mediático creado por alguién y para algo. Estos surgen de una persona o una organización interesada en afectar la imagen de una empresa, gobierno o personalidad. Puede originarse en una mala interpretación de un hecho o ser la invención de una historia.

Sin embargo, para propagarse el rumor insidioso necesita estar en sintonía con los temores y sentimientos de la población. Para poder propagarse, tiene además que basarse en las creencias de la población, tiene que activar estereotipos preexistentes en la mente de las personas, y tiene que conectar esas creencias y estereotipos por medio de la imaginación. 

Los rumores insidiosos no necesitan pruebas, necesitan indicios que los hagan creíbles. Nadie ha confirmado que el ex-trabajador de Yanacocha tosía mercurio metálico (si se hubiera confirmado el hecho, sería algo tan excepcional que volvería noticia en las publicaciones científicas de todo el mundo), pero si alguén lo dice en primera persona ello se vuelve creíble. La clave para el éxito de un rumor no es basarse en hechos sino en tener elementos de credibilidad. Si un periódicou ONG anti-minera lo publica, se le hace aún más creíble.

Para gravarse en la memoria, el rumor insidioso necesita ser parte de una narrativa. Para que funcione, necesita contar una historia que suene conocida y creíble. Para que sea creíble que el mercurio esté saliendo por los caños de agua de la ciudad, tiene que existir, en la mente de la poblacion, una empresa minera que usa mercurio, que no se interesa por la calidad del agua de los cajamarquinos y que, por ganarse unos dólares más, estédispuesta a violar sus protocolos ambientales. Se necesita además que la empresa de agua, SEDACAJ S.A., sea produndamante incompetente y/o corrupta, incapaz de detectar el mercurio metálico en el agua, y dispuesta a falsificar la información brindada a la ciudadanía y a los órganos públicos. No se necesita mucha imaginación para inventar esas historias, si uno ingresa a los sites de las ONG anti-mineras va encontrar esta narrativa desarrollada en detalle. En realidad, ellas difunden rumores insidiosos (fake news) en sus páginas como parte de sus actividades regulares.

Para propagarse, la noticia falsa necesita replicadores, es decir, necesita medios, organizaciones, periodistas y “expertos” que lo difundan como verdadero. Esos replicadores funcionan además como fedatarios de las ‘verdades mentirosas’, de que las versiones creadas en base a la fantasía son más reales que los hechos mismos. Si esas organizaciones y personas se presentan como ambientalistas, la propagación del rumor adquiere la aparencias de seruna acción de significado ético y hasta valiente.Si además los propagadores de los rumores reciben donaciones de los grupos de la cooperación contrarios al desarrollo del Perú, la propagación de rumores se vuelve una actividad económica rentable. Muchos de los reportes técnicos y reportajes elaboradas por ONG anti-mineras buscan dar credibilidad a rumores (intoxicación con metales pesados, intoxicación por polvo de camiones, etc.). Estos replicadores generan una oferta de rumores para la sociedad.

Sin embargo, el eslabón más importante de la cadena de propagación de rumores es el público, es decir, la demanda. Para que el público propague una noticia falsa, esta tiene que apoyarse en actitudes y emociones preexsitentes en dicho publico. Los sentimientos y resentimientos acumulados son el combustible de los rumores.Si esos sentimientos y resentimientos son suficientemente fuertes, la presentación de evidencias en contra del rumor no es suficiente para revertir ni frenar su propagación.

Las noticias falsasproducidas por la anti-minería tienen dos funciones principales: inducir a la población a involucrarse en conflictos, y servir de prueba de que su narrativa contraria a la minería tiene elementos de verdad. Una tercera función, no descartable, es inducir a la población a votar por candidatos anti-mineros para que los “protejan” de las empresas mineras y la minería. Los rumores anti-mineros pueden elegir alcaldes, gobernadores y hasta congresistas. En el Perú, producir rumores insidiosos es una actividad políticamente rentable.

La neutralización de los rumores

Como los rumores se propagan en consonancia con los sentimientos, estereotipos y creencias de la población, puede ser muy difícil su neutralización. Probar que el rumor es falso no es suficiente, se requiere una reinterpretación del problema y una nueva historia.

Huang (2014),[vi] basado en la experiencia china, sugiere que las respuestas deben ser ágiles, tener evidencias vivas, ofrecer una explicación alterna y convincente y, en lo posible, basarse en una fuente independiente y creíble. Además, no deben responder solo al rumor sino también a los sentimientos, temores y prejuicios que están subyacentes al él.

Analizando el uso de Fake News en la política americana, Berinsky (2012) del MIT, confirma muchas de las ideas de Huang, pero además alerta que en algunos casos, los intentos de corregir los rumores terminan por reforzarlos. Lacoff (2015)[vii]razona en la misma línea y considera que la neutralización de una narrativa requiere una reinterpretación del problema (reframing), una forma distinta de entender el problema, y el desplazamiento de la agenda hacia otros temas. Es decir, para neutralizar un rumor no es suficiente brindar información que muestra su falsedad, es necesariosalir de la lógica del rumory desplazar el debate hacialos temas que los rumores buscan ocultar.

La capacidad de las personas para cuestionar un rumor insidioso depende mucho de la complejidad que tiene la explicación alternativa. Para que una explicación funcione ella no debe superar el nivel de complejidad que cada segmento del público esté familiarizado y debe basarse en los conocimientos e informaciones con que las personas dispongan con anterioridad. No puede basarse en muchos nuevosconocimientos, sino básicamente reinterpretar lo que la población ya conoce. En la lucha contra los rumores, las explicaciones simples y directas ganan sobre los razonamientos largos y complejos.

En el Perú, los anti-mineros ya tienen una extensa batería de rumores insidiosos que utilizan en forma sistemática para desencadenar conflictos: aparecimiento de aguas blancas en los manantiales, contaminación de aguas por metales pesados, contaminación por nitratos, muerte de truchas, muerte o enfermedad de animales, intoxicación por polvo de camiones, etc. Todos ellos se basan en algún hecho que haya ocurrido alguna vez,en cualquier contexto, en alguna actividad minera en el país, y por ello son creíbles. Los rumores contra la minería constituyen una especie de arsenal mediático que despliegan cuando las circunstancias lo permitan.

La propagación de rumores es un componente fundamental de la tecnología de conflicto de los grupos anti-mineros. En todas las zonas mineras del país, cada vez que alguien desea desgastar una empresa minera, dañar su legitimidad, o promover un conflicto echa mano de algunos de los rumores insidiosos de su batería.

Es común que, en los noticieros que cubren los conflictos mineros, escuchemos cómo, esos rumores se propalan en la forma de explicaciones de los conflictos. Hasta en libros de conocidas instituciones de investigación social encontramos la dificultad de sus autores para filtrar los rumores y trabajar solamente con hechos verificables.

No debemos subestimar el poder destructivo de los rumores insidiosos por más ridículos que puedan parecer. Tampoco debemos aceptar que la población rural sea manipulada por grupos ideologizados ni por emprendedores destructivos. Quienes realmente deseen que la minería sea uno de los motores del desarrollo regional y que la institucionalidad democrática prevalezca, necesitan conocer los rumores que están siendo propalados en sus regiones y desarrollar mecanismos ágiles y efectivos de respuesta. Lampadia

Con Sebastiao Mendonca Ferreira y su equipo del Centro Wiñaq, en Lampadia hemos venido desarrollando un análisis sistemático sobre el aprovechamiento de nuestros recursos naturales, con especial énfasis en la conflictividad socio-política que ha venido frenando las inversiones mineras, con un impacto clarísimo en la desaceleración de la economía y una menor disminución de la pobreza. Ver nuestra biblioteca virtual: Recursos Naturales y Desarrollo.

En base a este trabajo, se publicó el libro: Para Reducir la Conflictividad Minera. En esta ocasión, queremos compartir con nuestros lectores, la presentación de Mendonca en Perumin33 la semana pasada.

Presentación realizada por Sebastiao Mendonca Ferreira en la  Convención Minera, Perumin 33, en Arequipa, 2017.

La conflictividad minera, hasta ahora, ha resistido los esfuerzos de las empresas mineras y de las instituciones publica que han buscado superarla o por lo menos reducirla de manera significativa.
En nuestra forma de pensar la razón principal de ese hecho es el entendimiento limitado que se tiene del fenómeno.

Esta presentación busca desarrollar elementos de un enfoque que podría generar estrategias más efectivas en ese campo.

Introducción

Antes de ingresar al tema central consideramos necesario explicitar una hipótesis conceptual.

La permanencia de cualquier empresa o institución en una sociedad depende de su legitimidad o, dicho de otro modo, es imposible lograr la sostenibilidad sin lograr la legitimidad social. La falta de legitimidad puede llevar a la abolición de actividades económicas. Por ejemplo: algunas provincias argentinas has prohibido la minería a tajo abierta, en Costa Rica y el Salvador prohibió la minería metálica.

Lo desafiante es que la legitimidad es una percepción la población local, esta percepción es construida sobre la base de las creencias, valores y expectativas de dicha población, dichos elementos pueden ser muy distintos de aquellos de la empresa minera que está buscando legitimarse.

Entre 2005 y 2015, la minería ha entregado a las regiones mineras una cantidad extraordinaria de recursos: 40 mil millones de soles.

Una cantidad de recursos que nunca antes había fluido hacia las regiones.

Lo esperable es que una transferencia a las regiones mineras de grandes cantidades recursos creados por la minería debería generar satisfacción en la población local y una defensa de la actividad minera por dicha población.

Es común el discurso de que la minería extrae los recursos locales y no contribuye al desarrollo. Sin embargo, un estudio del BID sobre el impacto de la minería en las zonas mineras del Perú ha evidenciado que la minería sí ha traído desarrollo económico y social. Múltiples estudios muestran que la minería trae desarrollo local.

Sin embargo, el desarrollo económico y la transferencia del canon y el desarrollo económico no han sido efectivos para reducir la conflictividad.

Ello significa que la falta de progreso económico y social, repetido en esos discursos, no es la explicación para la conflictividad minera.

Durante ese mismo período, las empresas mineras han firmado varios principios voluntarios con ICMM y varios otros estándares globales, y han realizado notables mejoras en sus prácticas ambientales y sociales.

Sin embargo, la conflictividad social es el principal factor de riesgo para el sector extractivo y puede producir pérdidas de miles de millones de dólares a las empresas, al Estado y a las poblaciones locales.

Ello cuestiona que las prácticas ambientales y los aportes sociales de las empresas mineras sean los factores centrales de la actual conflictividad social.Cuestionando así el discurso de los grupos hostiles a la minería y la interpretación predominante en las publicaciones sobre el tema. Que consideran que la conflictividad se genera por la disputa de los recursos naturales y falta de beneficios locales.

Si la evidencia empírica cuestiona las explicaciones que predominan en el país entonces, ¿cuáles podrían ser las causas de los conflictos mineros?

Ello nos obliga cuestionar la narrativa tradicional y abrir nuestras mentes para otro tipo de explicaciones para la conflictividad minera.

A través de nuestros estudios en el Centro Wiñaq hemos encontrado algunas de las causas de los conflictos mineros.

Aunque los conflictos son -casi siempre- presentados como si fueran ambientales, ello no refleja la realidad de sus causas.

Es común que los promotores de conflictos busquen alarmar a la población con la cuestión ambiental pues ello genera el clima social que genera movilizaciones. Esos grupos lo hacen exagerando los hechos o simplemente inventando rumores.

La narrativa ambiental de los conflictos ocurre porque es creíble. Es decir, si un grupo dice que está luchando porque una mina los está contaminando, el periodismo, los lideres de opinión y la población en general tiende a creer que es verdad.

Sin embargo, si se investigan los antecedentes de los conflictos y las plataformas de lucha y de negociación de la mayoría de los conflictos mineros, se encuentra que las cuestiones ambientales están ausentes o tienen un papel secundario.

Ello no quiere decir que no existan problemas ambientales en algunos conflictos, pero si quiere decir que, en la mayoría de los casos, las causas principales son otras.

Los conflictos mineros son fenómenos con muchos actores y múltiples dimensiones y sus procesos son non-lineales y con saltos cualitativos (Ver teoría de la complejidad).

Ello significa que no existen balas de plata, es decir, que no existen estrategias mágicas basadas en un solo factor.

Sin embargo, existen análisis que pueden servir como radiografías que ayudan a salir de las interpretaciones ideológicas y a entender mejor algunas de sus dimensiones.

Existen muchas expectativas de que los conflictos sociales puedan tener soluciones puramente económicas: distribución de canon, proyectos de desarrollo, adelanto social, etc.

Si revisamos las plataformas de lucha de los conflictos vamos encontrar que los beneficios económicos están presentes y reciben una prioridad muy superior a los temas ambientales.Sin embargo, las expectativas económicas de la población son casi infinitas. Es decir, la atención de una expectativa económica no significa que no se presentarán otras demandas.

Lo más importante, es imaginar los incentivos que la economía genera. Es decir, lo más importante no es lo que las personas ya recibieron como beneficio en el pasado sino sus expectativas sobre los beneficios adicionales posibles de obtenerse. En especial es importante conocer las consecuencias económicas personales de liderar conflictos antimineros. Es detrás de esas expectativas que se mueven los líderes de los conflictos mineros.

El tema de los incentivos es muy descuidado, pues predominan las interpretaciones basadas en las narrativas.

Los sistemas de incentivos son percepciones de la población sobre cual es la forma de obtener el máximo provecho de una situación, de la minería en este caso.

Esos sistemas de incentivos indican a la población cual es la mejor manera de relacionarse y sacar más provecho de la minería.

La minería se desarrolla, principalmente, en zonas rurales con economías tradicionales, principalmente agrícola y de con muy baja productividad. Según el INEI, la renta per-cápita anual en la sierra rural en el 2013, era de US$ 1,250, algo más de US$ 100 mensuales.

La llegada de una mina, con productividades decenas de veces superiores a la agricultura genera una zona de economía moderna, ligada a la minería.

El surgimiento de un sector moderno en medio de una economía tradicional desencadena un cambio en las estrategias de capitalización de las familias. En una situación así, las rutas de capitalización de las familias, y sus poderes relativos, dependen en forma crítica de su relación con ese sector moderno.

Con la llegada de la minería, la cuestión de cómo beneficiarse con la minería se vuelve la preocupación estratégica dominante de la población local.

William Easterly, analizando las economías de los países emergentes, hace hincapié de que los seres humanos reaccionamos a los incentivos. También en la conflictividad minera, las personas están reaccionando al sistema de incentivos.

La minería genera tanta riqueza que abre nuevas posibilidades de ascenso social en las regiones donde opera.

Para algunos grupos de la población, la conflictividad constituye en una de esas formas ascenso social.

La población puede beneficiarse de la minería de múltiples formas. La mayoría de esas formas son constructivas.

Sin embargo, también hay formas destructivas de sacar provecho de la minería. Esas formas destructivas solo benefician a una minoría, pero puede hacer que el conflicto se vuelva una actividad rentable. Algunas de estos beneficios provienen de la posibilidad de acceder a la riqueza minera, pero otras son por el acceso a fondos públicos o de la cooperación internacional. También están presentes los incentivos políticos, es decir, la posibilidad de acceder a la notoriedad política y a cargos de autoridad.En Perú, no son pocas las personas que han logrado puestos en municipalidades, regiones e incluso en el Congreso de la República promoviendo conflictos hacia la minería.

Para incidir sobre la conflictividad es necesario entender el sistema de incentivos que predomina en las zonas mineras. ¿Qué ha aprendido la población y líderes locales sobre la conveniencia o no de armar conflictos?

¿Qué incentivos existen para buscar una relación de cooperación con la actividad minera?

¿Para los campesinos, empresarios, instituciones, autoridades y universidades es más provechoso colaborar o conflictuar con las empresas mineras?¿A quiénes premia el Estado con sus decisiones e inacciones?

El sistema de incentivos es el verdadero paisaje o contexto económico de las zonas mineras. Sin conocer el sistema de incentivos es difícil tener éxito en la superación de los conflictos.

William Baumol, ha clasificado los tres tipos de emprendedorismo: productivo, improductivo y destructivo.

En el caso de la conflictividad minera son importantes los tipos uno y tres. ¿En que medida el sistema de incentivos predominante en las zonas mineras favorece al emprendedorismo destructivo, que aumenta sus rentas por medio de la conflictividad?

La acumulación de riqueza por medio de la violencia es muy antigua. Los Vikingos crearon una institucionalidad especializada en el saqueo. Las mafias peruanas, como en zonas del norte peruano, viven de la extorsión. ¿cuánto hay de este tipo de emprendedorismo en el entorno de las operaciones mineras? Una observación objetiva de muchos conflictos mineros puede sorprender a quienes están influenciados por las explicaciones ideológicas.

La cuestión institucional es fundamental. Según Daron Acemoglu, el éxito o fracaso de los países está ligado a la calidad de sus instituciones.

La conflictividad minera también está ligada a la calidad de las instituciones en el país, especialmente en las zonas mineras.

Cuando una mina se instala en una zona rural, las instituciones locales no están listas para recibir una actividad económica de tan grande escala, ni menos para procesar las nuevas expectativas y conflictos sociales que desencadena.Esta deficiencia institucional genera impunidad e inseguridad jurídica en dichas zonas.

En el Perú, hay tres niveles del Estado de derecho.

En los barrios de clase media y alta de Lima predomina un nivel básico del imperio de la ley. No ocurren saqueos de malls, ni invasiones de oficinas de bancos, ni bloqueos de avenidas. Los conflictos, cuando ocurren, se canalizan por la vía institucional.

En el VRAE (Valle del Río Apurímac y Ene), zona de narco tráfico y terrorismo, los ciudadanos y empresas no tienen ninguna seguridad, ni jurídica ni física.

En las zonas mineras existe una situación intermedia: la ley se cumple parcialmente y predomina la impunidad para las actividades violentas contrarias a la minería: bloqueo de carreteras, invasiones de propiedad, destrucción de maquinaria, etc.

Esa impunidad incentiva las acciones violentas y las amenazas a las empresas mineras, e incluso estimula que algunos grupos busquen extorsionar a las empresas mineras. En más de una región minera se han identificado comportamientos de extorción en grupos locales.

Hasta estos momentos, la mayoría de los intentos de reducir la conflictividad social han demostrado poca efectividad. No es que las acciones de relaciones comunitarias de las empresas sean completamente inefectivas, sino que son insuficientes para bajar la conflictividad social de los doscientos casos listados por la Defensoría.

Considerando los sistemas de incentivo y las condiciones institucionales es posible iniciar un camino de reducción de la conflictividad.

Antes de sugerir algunas ideas para la reducción de la conflictividad es conveniente clarificar que esa labor desborda las posibilidades de las empresas mineras. La solución a la conflictividad social no se reduce a mejorar la relación entre las empresas mineras y las comunidades del entorno. Hay varios otros actores cuya participación es indispensable.

La reducción de la conflictividad involucra al Estado Nacional, a las autoridades políticas regionales y locales, a las instituciones públicas que operan localmente, las universidades, las instituciones civiles locales e incluso a las empresas que se benefician de la actividad minera.

Sin el adecuado involucramiento de esa constelación de actores, los esfuerzos de las empresas mineras tendrán un éxito limitado.

Como explica Acemoglu y Robinson, las instituciones resisten a los cambios. Ver su esquema de cómo se reproducen las instituciones políticas y económicas y las condiciones para que ocurran los cambios institucionales. En su artículo, él explica que para que los cambios institucionales ocurran se requieren de modificaciones en el poder político formal y de-hecho.

En un corto y mediano plazos lo más viable es modificar la operatividad de las instituciones nacionales en los temas relativos a la minería y en el contexto de las regiones mineras. Esos cambios en la operatividad pueden lograrse si existe la voluntad política de apoyar el desarrollo minero del país.

Aunque algunos de los actores de la conflictividad minera son nacionales e incluso globales, los conflictos son fenómenos principalmente locales y su evolución depende en alto grado de la configuración de las instituciones locales.

La armonización o alineamiento de las instituciones en el contexto local puede crear condiciones favorables para reducir la conflictividad.

Ese cambio en el marco institucional local puede ocurrir sin cambios radicales en el marco institucional nacional, que serían de muy difícil obtención. Es posible así reducir la inseguridad jurídica de la minería sin tener que realizar modificaciones mayores en el marco legal e institucional. Se puede generar reformas institucionales focalizadas en las áreas problemáticas para el desarrollo de la minería en el país.

Ya hemos tratado el tema del sistema de incentivos, o de los intereses. Pero, para completar el enfoque de reducción de la conflictividad hay que considerar las ideas de las personas, su forma de pensar sobre la minería y como imaginan su futuro personal y colectivo.

La influencia en la forma de pensar de la población es una prioridad para los grupos hostiles a la minería. Ellos dedican años montando los mecanismos para influenciar a la población. Sinneutralizar su narrativa es poco probable que pueda crearse un clima social local y regional duradero.

En gran medida, lo que está ocurriendo es una batalla de ideas acerca de la minería y su papel para la realización de las expectativas de progreso de las personas.

Los grupos hostiles a la minería son muy claros en ese campo. Son más claros que las empresas mineras y sus instituciones.

La conflictividad social disminuirá cuando las personas crean que su progreso personal y familiar está ligado a la actividad minera, cuando sientan alegría por el aprovechamiento de la riqueza mineral del país.

En aquellas regiones y localidades en que el ambiente social sea de temor a la contaminación o de resentimiento hacia las empresas mineras los pronósticos son reservados. El problema es que esas regiones no son pocas y parecen estar expandiendo en el Perú.

Los grupos hostiles a la minería trabajan diariamente en la generación de temores, desconfianza y resentimientos en la población de las regiones mineras del país, y sobre esa base desarrollan una narrativa hostil a la minería.

Muchas empresas mineras creen que la actitud de la población local puede ser modificada con campañas transitorias de comunicación. Ello es una ilusión.Las percepciones dependen mucho más del flujo diario de mensajes en los medios que de breves campañasde comunicaciones.

Las percepciones de la población se moldean a lo largo de muchos años. Los rumores que generan temores hacia la minería, los discursos políticos que cultivan resentimientos, las opiniones de los periodistas sobre la minería y el desarrollo, y los gestos simbólicos de los líderes, a lo largo de varios años van moldeando las creencias y percepciones de la población. Los cambios en ese sistema de creencias y en las percepciones de la población requieren mucho más que estrategias comunicacionales. Una población que está bajo cerco cognitivo difícilmente cambiará sus percepciones a causa de campañas comunicacionales de las empresas mineras.

Quienes quieran reducir la conflictividad minera necesitan entender en profundidad a la población y sus temores y expectativas en relación a la actividad minera: afectación a la calidad y cantidad del agua, daño ambiental, cambios en las posiciones sociales, etc.

¿Como piensan sobre los manantiales, sobre el agua que consumen, sobre la minería, sobre las empresas mineras, etc.? ¿En qué aspectos confían y en qué otros aspectos desconfían de las instituciones públicas ligadas a la minería?¿MINEM, ANA y OEFA? ¿Por qué? ¿Qué significa la minería en su imagen de futuro? ¿Qué opinan sobre los conflictos? ¿Creen que los conflictos son positivos o negativos para sus expectativas personales? ¿Por qué? No hay que olvidar que la legitimidad de una actividad económica se define en base al sistema de creencias y valores de la población local.

Si alguien quiere llevar adelante un proyecto minero, expandir sus operaciones o trabajar en un clima social favorable necesita crear algunas condiciones.

La más importante de todas es que la población tenga una opinión favorable sobre el proyecto y sobre la actividad minera.

Para protegerse de los rumores y campañas de los grupos hostiles a la minería es indispensable tener voceros creíbles, dotados de una narrativa pro-desarrollo y con capacidad de rebatir las falacias anti-mineras.

Para que los micro-conflictos no escalen localmente o regionalmente, es necesario contar con el apoyo político y social de personas e instituciones creíbles para la población local.

Para que la violencia no sea una característica frecuente en los conflictos mineros, es necesario que dichos actos no queden impunes. Ello requiere el Estado tenga monopolio en al uso de la fuerza y que la ley impere.

Para los recursos de los gobiernos locales se apliquen en acciones de desarrollo y evitar la práctica de los grupos anti-mineros de financiar sus actividades con el presupuesto de autoridades afines a sus intereses, el uso de los recursos públicos debe ser cuidadosamente supervisado.

La primera responsabilidad del Estado es garantizar el monopolio del uso de la fuerza y el imperio de la ley en las zonas mineras.

Sin este monopolio los anti-mineros podrán amedrentar a sus opositores, amenazar la propiedad privada e impedir el accionar de las Empresas y el Estado.

Dada las deficiencias de la institucionalidad peruana, ya señaladas, su efectividad requiere que el Estado logre un alineamiento en los tres niveles (local, regional y nacional) de las instituciones y autoridades que pueden influir en al clima social relativo a la minería y en el manejo de los conflictos sociales.

Para tranquilizar a la población y evitar la propagación de rumores de contaminación, es importante que los procesos de aprobación y socialización de los EIA sirvan para ilustrar a la población sobre la minería y esclarecer sus preocupaciones. No es suficiente que se cumpla el proceso de manera formal, es necesario que la población entienda y confíe.

La población necesita de referencias institucionales para creer que las empresas mineras están actuando bien y que el Estado está garantizando sus derechos. Para ello el Estado debe dar mucha atención en fortalecer la credibilidad de las instituciones públicas por la población. Sin fedatarios institucionales, la población se queda vulnerable a los discursos demagógicos.

El Estado, en sus tres niveles (local, regional y nacional) tiene la responsabilidad de aplicar bien los recursos públicos, especialmente el canon minero, con el propósito de generar oportunidades para todos los sectores sociales y fortalecer los incentivos para el emprendedorismo constructivo.

Las empresas mineras tienen la obligación de cumplir con altos estándares ambientales y sociales.

Sin embargo, ello no es una garantía de que no tendrán conflictos. Además de atender esos estándares, las empresas necesitan conocer como piensa la población, cuáles son sus sentimientos hacia la minería y a las empresas mineras, las autoridades locales y las instituciones públicas que operan en la zona.

Debido al carácter formativo del flujo diario de mensajes sobre las percepciones de la población, las empresas mineras conocer y saber analizar dicho flujo, especialmente los mensajes y rumores que pueden afectar su legitimidad social. Este es un tema descuidado por muchas empresas mineras en el país.

Necesitan conocer también quienes son los promotores de la conflictividad, como operan y cuáles son las comunidades que están bajo su influencia. Ello es fundamental para que las empresas mineras puedan neutralizar sus actividades antes que ellas se transformen en conflictos.

Hoy, predominan los enfoques equivocados sobre la conflictividad social y como manejarla. Las empresas mineras necesitanque sus gerentes tengan un entendimiento claro en ese campo.

Necesitan tener la capacidad de analizar el flujo de mensajes que moldean las percepciones de la población y como ello afecta su legitimidad y las perspectivas de cooperación o conflicto en la zona.

¿Cuáles son los disparadores de conflictos entre la población local: expectativas exageradas, temores, resentimientos, etc.?

¿Existen en las zonas mineras voceros pro-desarrollo con credibilidad y con capacidad para rebatir los discursos anti-mineros? ¿Tienen esos voceros acceso a los medios locales, o están aislados?

¿Cuentas las empresas con personal capaz de tranquilizar a la población y de explicar los beneficios que la minería puede traer? ¿Su narrativa está o no está influenciada por la narrativa anti-minera?

Esta es una lista incompleta de las capacidades que una empresa minera necesita construir para poder incidir sobre las dinámicas de la conflictividad social en sus zonas.

Fuentes recomendadas 

Mendonca, S. (2017) Para reducir la conflictividad minera. Lima, Perú: Lampadia.(Accesible para download en https://www.facebook.com/centrowinaq/). Ferreira, C. & Olcese, F. (2017). Como se organizan los conflictos mineros: http://www.lampadia.com/analisis/mineria/spin-explica-la-convergencia-de-fuerzas-anti-mineria/ Ferreira, C., & Mendonca, S. (2017). Herramientas anti-minería y cerco cognitivo. Lima, Perú: Wiñaq. 70 artículos sobre conflictividad minera escritos por Sebastiao Mendonca Ferreira, Camilo Ferreira Legua y Franco Olcese en Lampadia: http://www.lampadia.com/

Sobre la productividad de la minería y la agricultura: 
Mendoza, W. & Collantes, E. (2017). La economía de PPK. Promesas y resultados: La distancia que los separa. (Documento de trabajo 440). Lima, Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú.

Sobre Teoría de Juegos: 
https://www.coursera.org/learn/game-theory-1

Sobre la organización de los conflictos mineros, SPIN:
Gerlach, L. (1999) The structure of social movements: Environmental activism and its opponents. In Jo Freeman &Victoria Johnson (editors), Waves of Protests: Social movements since the sixties, chapter 9. Uploaded from: https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monograph_reports/MR1382/MR1382.ch9.pdf

Sobre el uso de la prensa:
Barrell, H. (2014). Press your case to the media: Activism and the media. Sessions 1, 2, 3, & 4. Non-Violent Conflict: https://www.youtube.com/watch?v=wMek2e_tzzs

Sobre el emprendedorismo:
Baumol, W. (1990). Entrepreneurship: Productive, Unproductive, and Destructive. Journal of Political Economy, 98 (5), 893-921. Chicago: The University of Chicago Press. http://www.jstor.org/stable/2937617.

Sobre las instituciones y el desarrollo económico y social de los países:
Acemoglu, D., & Robinson, J. (2013). Why nations fail. Crown Business.
Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. (2005). Handbook of economic growth. P. Aghion and S. Durlauf (editors), volume 1, Amsterdam, The Nederland: Elsevier B.V.

En el marco de promoción, aprovechamiento sostenible de nuestros recursos naturales, con responsabilidad social y ambiental, presentamos un extracto de la muestra fotográfica “Gestión socio ambiental en el sector minero energético” publicada por la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía hace algunas semanas, en víspera al inicio de la Convención Minera PERUMIN33, de esta semana.

Según la SNMPE, “El sector minero energético tiene la mayor regulación ambiental en el país y sus estándares de gestión se encuentran entre los más altos a nivel internacional. Las empresas mineras, de hidrocarburos y eléctricas, desarrollan una gestión empresarial en armonía con el ambiente y su entorno. Asimismo, realizan en coordinación con las comunidades vecinas, proyectos productivos, de infraestructura, educación, salud y otras líneas de intervención que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población”.

En el caso de Perú, la minería moderna es uno de esos factores que pueden dinamizar la productividad de las economías regionales. La alta productividad de la minería moderna es clave para superar la pobreza porque esa productividad se propaga en la economía regional. La alta productividad de la minería permite pagar sueldos mucho más altos y genera demandas para que se constituyan cientos de empresas modernas que comercializan productos, realizan obras y prestan servicios a la minería y al personal que trabaja en ella. Esas empresas locales, a su vez, contratan a miles de trabajadores locales, y generan demanda para empresas menores, motorizando varios niveles de las economías regionales.

Como afirmó Sebastiao Mendonca Ferreira del Centro Wiñaq en La Minería puede modernizar las regiones (escrito para Lampadia), “la diferencia de productividad por trabajador entre la agricultura nacional y la minería es de 88 veces. Ello significa que 12 trabajadores en una mina moderna producen más riqueza que 1,000 agricultores tradicionales, trabajando en una cantidad similar de hectáreas. Esa superioridad productiva de la minería puede ser bien o mal aprovechada. Hoy día en Perú, tenemos las dos modalidades, la productiva y la destructiva o conflictiva. (…) En las zonas mineras, los destinos económicos de la gran mayoría de las familias dependen de su grado de articulación con ese segmento de economía moderna creada por la minería en su entorno. Estar ligado a la minería resulta siendo, en la mayoría de los casos, la mejor ruta de capitalización de los productores y empresarios en las economías regionales, y en muchos casos, resulta siendo la única ruta realista de capitalización.”

Y es que en el Perú se ha desarrollado una campaña para difamar a la minería y llevarnos a rechazar el desarrollo del sector minero. A diferencia de lo que sucede en Canadá y Australia, seguimos hablado de primarización de la economía, de exportación de “piedras sin procesar” y de que la inversión minera no tiene futuro por las condiciones de los precios de los commodities (que siguen siendo buenos) y por la desaceleración de la China.

La minería moderna no genera ya pasivos ambientales. Más bien genera activos ambientales, como los bosques desarrollados por Antamina, los reservorios de agua de Yanacocha, o el paradero de aves en la bahía de Ite, limpiada por Southern. Como dijimos en Carta del Cobre a los peruanos:

• Solo hay actividades mineras en menos del 2% del territorio nacional.
• Consumimos el 2% del agua que se aprovecha en el Perú, que es una fracción de la que tenemos y desperdiciamos en los mares, Pacífico y Atlántico.
• Los estándares ambientales de la minería moderna, son iguales o mejores que los de la industria en los países más desarrollados y sofisticados.
• Buena parte de la producción está vinculada con grandes empresas internacionales, o empresas locales vinculadas a los mercados financieros internacionales, ambas sujetas a controles globales sumamente rigurosos.

Esperamos que estas imágenes que compartimos líneas abajo incentiven al gobierno a superar sus limitaciones en el manejo de conflictos, y esté a la altura de sus responsabilidades, permitiendo que los peruanos nos beneficiemos de los recursos que disponemos. Para ello, debe empezar por comunicar los beneficios de la minería, reenfocar el llamado ‘Adelanto Social’, y aplicando la ley en nombre de los millones de peruanos que podemos sacar de la pobreza con la minería. Lampadia

Durante el gobierno de Ollanta Humala, el país paró el desarrollo del sector minero y desquició nuestro crecimiento económico. El gobierno nacionalista se inició con la pérdida del proyecto de Conga en Cajamarca, y terminó con la parálisis del proyecto de Tía María en Arequipa, dos regiones con un inmenso potencial de desarrollo minero y de generación de recursos para dar un gran salto en el bienestar general.

Fuente: www.southernperu.com

Detrás de este proceso de pérdida estuvo el accionar de grupos de interés anti minero, la debilidad del gobierno, y la falta de apoyo gremial para ilustrar a la opinión pública. Se pretendió justificar la parálisis de la inversión minera, por la caída de los precios de los minerales y en la necesidad de diversificar la economía, cuando el Perú es, en gran medida, resiliente a la volatilidad de las cotizaciones por su eficiencia de costos de producción, de los más bajos del mundo, y por su canasta diversificada de productos mineros.

El gobierno de PPK está llamado a corregir los grandes errores del gobierno anti inversión privada del nacionalismo, para lo cual debe empezar por explicar a los ciudadanos las relaciones causa-efecto que le permitieron al Perú pasar en pocos años de ser un ‘Estado Fallido’, a ‘Estrella Internacional’ (1990-2011); y pasar de crecer 6% por año a 2 o 3% (2011-2016/7).

Para ayudar a identificar cómo viabilizar el proyecto de Tía María, presentamos un conjunto de condiciones importantes, propuesto por Camilo Ferreira de Wiñaq.

¿Tía María Va?

Camilo Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

Tía María es un proyecto minero cuprífero de Southern Peru que se encuentra en la provincia de Islay en Arequipa y que implica una inversión de 1,400 millones de dólares.  El proyecto ha enfrentado una resistencia social y política que lo ha llevado a su paralización. Recientemente se han dado declaraciones sobre el proyecto por parte de diversos actores, entre ellos Roque Benavides, presidente de la Confiep, Yamila Osorio, gobernadora de la Región Arequipa y del presidente ejecutivo de Southern Perú, Óscar González Rocha.

La empresa ha manifestado que se han dado avances en respecto a la llamada licencia social, y que se encuentran a la espera de los permisos que deben emitir las autoridades correspondientes. Por otro lado, los actores sociales hostiles a la minería han reafirmado su oposición al proyecto y su voluntad de realizar movilizaciones en contra del mismo. Y la gobernadora de Arequipa, continua sin entender el impacto positivo que puede aportar el proyecto a la región que conduce. Esto abre la posibilidad de que se reactive la resistencia a Tía María.

Entendiendo que para impulsar el proyecto, se deben superar las causas que provocaron el conflicto y su paralización, es indispensable desarrollar y fortalecer ciertas condiciones que eviten la continuación del anterior conflicto. Veamos un conjunto de condiciones que sería conveniente se dieran para darle viabilidad social y política al importante proyecto Tía María.

Para enfatizar su importancia, queremos presentarlas, más que como deseos, como realizaciones. Veamos:

• Establecimiento de la ley en la zona: El gobierno central ha identificado a los potenciales actores violentistas en el área del eventual conflicto y tiene la capacidad y los medios para tomar las medidas que resulten necesarias para garantizar el imperio de la ley y el monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado. El Estado está en la capacidad de sancionar a quienes participen y planifiquen actos violentos.

• Voceros favorables relevantes en medios: La tradicional capacidad de los antimineros para aprovechar el espacio mediático y reducir el apoyo nacional al proyecto, ha sido neutralizada. Los sectores favorables a la minería tienen voceros competentes y con llegada mediática y son capaces de defender a Tía María frente a la opinión pública. Esto se da a nivel provincial, regional y nacional.
• Generación de contenidos para información: Se han generado los contenidos y eventos necesarios para que cuando se dé el conflicto, la prensa disponga de una explicación alternativa a aquella propalada por los antimineros. Conscientes de que los ataques de los antimineros son preparados con anticipación, las fuerzas pro minería se han adelantado y han construido una narrativa positiva sustentada en la realidad local. Finalmente, las fuerzas pro minería generan estudios, documentales, cursos y seminarios que les permiten simultáneamente, desarrollar y validar una narrativa efectiva que les consolida como voceros calificados frente a líderes de opinión, la prensa y el público en general.
• Control de la malversación de fondos públicos: El gobierno central está en condiciones de impedir la canalización de fondos públicos hacia el activismo antiminero. Ya no ocurre que algunos alcaldes canalicen fondos públicos en apoyo logístico de las movilizaciones, dándole salarios públicos a activistas a tiempo completo o sosteniendo financieramente el aparato de propaganda antiminera local. El alcalde del distrito de Cocachacra en la provincia de Islay, elegido por el movimiento antiminero Tierra y Libertad, no tiene como financiar los conflictos.
• Control del entorno político hostil: Los antimineros no controlan componentes críticos de la institucionalidad rural local tal como lo son las Juntas de Usuarios. Estas instituciones ya no pueden brindar legitimidad a los dirigentes antimineros ni facilitar que tomen represalias contra quienes se les opongan (cortes de agua, violencia física, amenazas, etc.).
• Cambios y Evaluación de la opinión pública local: Se ha dado un cambio significativo en la opinión de la población local con respecto a los siguientes aspectos críticos: Temores respecto a los efectos del proyecto sobre la agricultura y la salud de la población, percepción del trato respetuoso por parte de la Empresa hacia la población local, y la credibilidad de Southern en cuanto al cumplimiento de sus compromisos.  Estos cambios han sido evaluados mediante encuestas y focus group.
• Expreso apoyo político: Existe una relevante coalición social local y regional de actores  dispuestos a pronunciarse ante las eventuales agresiones de las fuerzas anti minería y a realizar acciones destinadas a incrementar la legitimidad social del proyecto.
• Condiciones locales:Se tienen mecanismos de monitoreo detallado y periódico de las condiciones sociales en las áreas involucradas en el conflicto. Las fuerzas pro minería  disponen de un mapa de actores locales, y conocen el sistema de creencias locales, condiciones de seguridad, el accionar de los antimineros y las posturas de stakeholders críticos.

No basta la expresión de buena voluntad de la Empresa y/o la expresión de apoyo del Gobierno Central. La viabilidad de un proyecto minero es un fenómeno de enorme complejidad y va  incluso más allá del cumplimiento de las condiciones descritas. De no cumplirse ese conjunto de condiciones, el proyecto de Tía María sería muy vulnerable, y se correría  el riesgo de que el desarrollo del país, y la minería en particular, uno de sus motores de crecimiento más importantes,  vuelva sufrir otro importante revés. Lampadia

Camilo Ferreira
Centro Wiñaq
Editado por Lampadia

Contra lo que se reporta en los medios, los promotores del pos-extractivismo siguen muy activos. Por ejemplo, entre el 13 y 15 de junio pasado, la RedGE y CLAES de Uruguay, organizaron varios eventos sobre “Desarrollo y Nuevas Alternativas”, en San Marcos, la PUCP y en el local de San Isidro de la fundación alemana, Friedrich Ebert. Presentaron a académicos-activistas tales como el uruguayo Eduardo Gudynas, Francisco Rhon de Ecuador y Gladis Villa de Onamiap. El jueves15, José de Echave, Jefe de la ONG antiminera CooperAcción (Programa de Derechos Colectivos e Industrias Extractivas), explicó lo que a su entender son las “narrativas” con las que el “Modelo Extractivista” (que según ellos rige en el Perú), trata de legitimarse.

Además, participaron Javier Jahncke de la Red Muqui, Vladimir Pinto de Oxfam, Fabiola Yeckting de la UNMSM y Lucio Cuenca del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) de Chile.

Fuente: Twitter de RedGe[1]

Las tres “narrativas” que se atribuyen a los defensores del “extractivismo” son las siguientes:

1. El modelo neoliberal: con especial incidencia la inversión minera, explica el “boom” de crecimiento y reducción de pobreza.
2. La tramitología enfrentada por el sector minero es excesiva y retrae la inversión del  sector.
3. En el quinquenio anterior se perdieron ingentes inversiones mineras.

Para combatir estas “narrativas” vertieron los siguientes tres argumentos:

1. Lo que explica el reciente ciclo de crecimiento económico en el Perú ha sido la mejora en los términos de intercambio comercial[1]. El cambio del modelo económico de los años noventa, no explica el cambio en el patrón de crecimiento.
2. La tramitología no afecta de manera negativa a la inversión minera.
3. El anterior quinquenio fue de apogeo de las inversiones mineras.

Para fundamentar estos argumentos se mostró como evidencia la siguiente información:

1. Para el primer argumento, la línea de tiempo de crecimiento económico del país de manera paralela a la de los términos de intercambio con lo que se puede percibir claramente como las épocas de crecimiento económico se encuentran asociadas a mejoras en términos de intercambio y el caso inverso en caso de deterioro de dichos términos.
2. Para el segundo argumento, se mostró que la retracción en la inversión minera había sido un fenómeno global ocurrido en múltiples países con regímenes regulatorios diversos.
3. Para el tercer argumento, se brindó las cifras de inversión del quinquenio de Ollanta Humala y se evidencio que las mismas eran mayores a las de las presidencias anteriores.

Estos argumentos aparentan solidez, sin embargo, no resisten una revisión más profunda tanto por su coherencia lógica, como por la evidencia que aporta la información disponible.

En este artículo veremos laprimera narrativa de los pos-extractivistas (1 de 3), con la cual pretenden “Desmentir el Milagro Peruano”[2].

Términos de intercambio y crecimiento

(Lo que explica el reciente ciclo de crecimiento económico en el Perú ha sido la mejora en los términos de intercambio comercial^[3]. El cambio del modelo económico de los años noventa, no explica el cambio en el patrón de crecimiento).

Es indudable la existencia de una asociación entre los términos de intercambio y las fluctuaciones económicas. En el caso del Perú esta asociación es tan clara que se puede percibir gráficamente al poner en paralelo las tasas de crecimiento y la tasa de cambio en los términos de intercambio en las últimas décadas. Esto es un poderoso indicador del efecto de los precios internacionales sobre el crecimiento en un periodo dado.

Sin embargo, De Echave salta a dos conclusiones de manera aventurera:(1) los términos de intercambio son el principal determinante de las diferencias en crecimiento económico de largo plazo en una economía primario exportadora como la nuestra, y (2) el modelo económico de libre mercado no ha generado una mejora relevante en el desempeño económico de largo plazo del Perú.

Veamos la pobreza de los argumentos de De Echave.

• Entre 1980 y 1990 los términos de intercambio tanto de Perú como de Chile decayeron ambos en cerca de 54%, sin embargo, durante ese periodo el ratio entre ingreso per cápita de Chile sobre el de Perú paso de1.1 a 1.72. En el caso peruano, la exportación de minerales representaba el 47% del total, y en Chile, lo era de 54%. La gran diferencia entre ambas economías estriba en la diferencia entre los regímenes económicos de ambos países, mientras Chile mostraba un indicador de 6.85 en el Índice de Libertad Económica del FraserInstitute[4] hacia 1990, y el Perú mostraba uno de 3.87.
• En Chile había inversión privada, en el Perú brillaba por su ausencia. Los principios plasmados en el famoso “Consenso de Washington” fueron decisivos para explicar semejante diferencia en desempeño a favor de Chile. Las diferencias en las trayectorias seguidas tanto por Chile como por el Perú, dos economías primario exportadoras, se sostienen en sus respectivos modelos económicos y no en el entorno internacional, como afirma De Echave.
• En los años 80, el Perú dejó de invertir y crecer, perdiendo oportunidades que sí aprovecharon países como Chile, Australia y Canadá, que crecieron más que el Perú (que creció menos que el promedio del mundo).
• Una vez que el Perú abrió las puertas a la inversión minera, cuyos proyectos son de larga maduración, el país estuvo listo para cosechar los beneficios del súper-ciclo de los commodities. Si el Perú hubiera seguido entonces, los consejos que ahora pretenden imponer los pos-extrativistas, no hubiéramos recibido nada del boom de precios. Se habrían perdido ingresos superiores a US$ 200,000 millones. ¿Cómo habría evolucionado la pobreza?
• Entre 1998 y el 2013 los términos de intercambio de Perú y Venezuela mejoraron 62% y 399% respectivamente^[5]. Sin embargo, entre 1998 y el 2016, el PBI per cápita peruano creció 158% y el venezolano solo 15%.
• Lejos de las décadas perdidas hasta los 80’s, el modelo peruano se mostró muy superior a los modelos estatistas como el venezolano, a pesar de que se dieron  mucho mejores términos de intercambio, que desperdiciaron miserablemente.

Como se puede observar en el cuadro[6]relativo a “Precios de commodities y desempeño económico”, el Perú tuvo un crecimiento económico, bastante mayor al de otros países sudamericanos que enfrentaron mayores mejoras en los precios de materias primas Argentina y Brasil, con modelos económicos claramente más estatistas que el peruano tuvieron un crecimiento económico inferior al nuestro. El modelo económico sí importa y Perú ha mostrado un crecimiento muy superior al que se deduciría tan solo por su mejora en términos de intercambio, pues además del crecimiento mismo, logró una reducción notoria de la pobreza y de la desigualdad.

Un estudio[7] de Liliana Rojas Suarez analiza la capacidad de las economías emergentes para resistir los shocks externos, encuentra que la economía peruana tiene una mayor “resiliencia” que muchas otras. El modelo económico y las reformas estructurales claramente resultaron tener efecto positivo en la capacidad de la economía para resistir las perturbaciones económicas en el exterior. Para esta investigación se generó un indicador compuesto que agrega la vulnerabilidad de la economía a shocks externos en múltiples dimensiones financieras, fiscales, balanza de pagos y sistema financiero. Perú destaca sobre países tales como Argentina o Brasil que siguieron la ruta “progresista”.

En conclusión, hay evidencia bastante sólida de que la destacada trayectoria de la economía peruana, frente a la de otros países latinoamericanos se sostiene en un modelo de desarrollo que logra mejores indicadores de crecimiento, pobreza y desigualdad. Además, éste modelo ha permitido aprovechar mejor el entorno económico favorable y asimismo, resistir de mejor manera el embate de condiciones externas adversas. Lampadia

Sebastiao Mendonca Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

Para entender porque ocurren los conflictos mineros es necesario diferenciar dos temas: (1) las causas de los conflictos y (2) los discursos que los actores involucrados emiten para legitimar su accionar. Las causas son aquellos factores, condiciones y eventos que hacen surgir los conflictos y permiten que se sostengan. Los discursos, o narrativas, son los argumentos e historias generados para construir identidad y obtener respaldo social.

Cuando los líderes de un conflicto minero y las organizaciones que los apoyan (ONG, articulistas y partidos políticos) desarrollan su narrativa, ellos están pensando en cómo fortalecer el movimiento y como construir figuras e imágenes que ganen la simpatía de la población, y muy especialmente de los medios de comunicación.

• La narrativa tiene que reflejar un corte ‘moral’, emotiva y creíble.
• Ella puede referirse a algunas causas y no referirse a otras, si resulta o no conveniente hacerlo, o en algunos casos inventar “causas” que sean creíbles para la población y para la audiencia.
• La narrativa debe hablar de razones capaces de generar empatía con el conflicto, tales como: la defensa del agua, del medio ambiente y de la agricultura, y de un trato de respeto para las poblaciones locales.
• Para producir indignación en la población local la narrativa debe sostener también la existencia de posturas abusivas de parte de las empresas mineras y de las instituciones públicas.
• Debe además transmitir una sensación de drama y urgencia, para lograr que las personas interrumpan su vida cotidiana y asuman los costos y riesgos de participar en la protesta.

En una primera aproximación, los discursos, pancartas y consignas aparentan ser las causas de los conflictos. Ello no debe sorprender a nadie. Los líderes están afirmando que luchan por tales y cuales motivos, y es probable que así lo crean. Pero, las creencias y la realidad no siempre son lo mismo. Quien quiera entender los conflictos mineros y cómo manejarlos con efectividad necesita cernir los elementos de los discursos e identificar los factores que están realmente en su base y cuáles son solo argumentos construidos para justificar sus acciones y ganar simpatía social. Veamos un par de ejemplos.

Fuente: Youtube

Tía María

En el caso de la oposición al proyecto Tía María, el elemento central de la narrativa es el supuesto antagonismo entre la actividad minera y la agricultura en el Valle de Tambo. Sucede que ese antagonismo es falso. El proyecto no va utilizar el agua local, sino que va desalinizar el agua del mar, y canalizarla hacia la mina. Además, el proyecto es marginal al Valle de Tambo, y está ubicado en una zona desértica (La Joya). Con esa ubicación y con los actuales patrones de control ambiental exigidos en el país y suscritos por Southern Perú Corporation, los riesgos de afectación de la agricultura del valle pueden ser considerados nulos o, en el peor de los casos, efectivamente controlables.

De una reflexión preliminar, podemos decir que entre las causas reales del conflicto están los temores de la población hacia una potencial afectación ambiental de una operación minera de gran escala, que tanto la empresa como el gobierno central no han logrado explicar a los líderes locales, a las autoridades y a la población, como va operar y cual sería su impacto ambiental real. Otra causa es la acumulación de resentimientos resultados de décadas de una relación que es percibida por la población local como arrogante de parte de la empresa (que había cambiado de accionista, pasando de las manos de Asarco de EEUU, al Grupo México) y esta no fue capaz de revertir esa percepción antes de iniciar la implementación del proyecto. El tercer factor es la tradicional existencia de grupos radicales anti-sistema operando en el entorno, que encontraron en la polarización población-minería una oportunidad para desarrollarse orgánica y políticamente, siendo ese un factor político al que no se ha analizado en profundidad, ni dado un tratamiento adecuado.

La idea del antagonismo minería-agricultura, más allá de ser verdadera o no, es muy efectiva para propagar temor en una población de productores agrícolas que no entienden bien los impactos que puede tener la minería y que no confían en la empresa que lo llevaría a cabo. Además, en este caso, los agricultores más grandes de la zona, validaron los argumentos de los anti-mineros para mantener, en el valle de Tambo, los jornales bajos que ellos pagan sin la presencia del factor dinamizador de la minería.

Un efecto adicional de la narrativa hostil a la minería es un pensamiento tácito, que es inconsciente, pero que también es muy importante: si hay gente movilizándose es porque tiene un motivo, y ese motivo debe ser el que está en las pancartas y en las explicaciones de los dirigentes y de las ONG que los apoyan. Así, la población local y la audiencia nacional resultan siendo influenciadas por la narrativa y por los elementos gráficos que la representan.

Ello es inevitable para poblaciones que están bajo lo que hemos llamado en Lampadia Cerco Cognitivo y Conflictividad Minera y tienen dificultades para acceder a interpretaciones alternativas. Sin embargo, ello no debería ser así para los profesionales que se dedican a estudiar y a solucionar los conflictos mineros.

El problema de pensar con esa lógica superficial es que sometemos nuestro análisis a la narrativa de los promotores de la conflictividad y anulamos nuestra independencia para explorar las verdaderas causas del conflicto, causas que están ligadas a los temores y a los juegos de intereses de quienes ven en los conflictos mineros una oportunidad para obtener una ganancia extraordinaria sin generar riqueza, o para promover sus intereses políticos e ideológicos. Si nuestro pensamiento está sometido a la narrativa de los conflictivos, nuestra capacidad crítica se encuentra comprometida.

Conga

En el caso de Conga, anterior al de Tía María, la oposición central desarrollada por la narrativa fue: ¡Agua Sí, Mina no! Los resentimientos de la población cajamarquina hacia Yanacocha, acumulados en años  de malas relaciones, fueron el caldo de cultivo de las movilizaciones de protesta. Los temores exacerbados y movilizados también fueron parecidos. Los anti-mineros han manipulado las creencias y la imaginación local sobre el impacto que la desaparición de las lagunas de Conga podría tener sobre el ciclo del agua en los valles cercanos. Las lagunas resultaron simbólicas como reservas de agua para la agricultura en la región, y su afectación generaba un temor generalizado. Como recurso narrativo las lagunas resultaron muy efectivas. Ellas eran parte de un paisaje natural que sería afectado por la actividad minera, y operaron como “prueba irrefutable” de que el proyecto Conga iba afectar negativamente la disponibilidad de agua para los campesinos. Algunas marchas han tenido por función reforzar el lazo emocional de los campesinos con “sus lagunas”, y funcionaron muy bien como recurso narrativo. Si algo sabe hacer los grupos anti-mineros es construir narrativas que resuenan en los sistemas de creencia y temores de las poblaciones locales.

Conclusiones

Sin queremos reducir los conflictos sociales necesitamos independizar nuestro pensamiento, ver más allá de las narrativas conflictivas, y buscar las causas reales de los conflictos. Para ello, necesitamos observar los cambios económicos y políticos que desencadena una actividad moderna en una economía tradicional, los procesos de diferenciación social y los cambios en el poder político local y regional, identificar ganadores y perdedores entre esos actores, conocer el impacto simbólico y socioeconómico de una empresa moderna en una sociedad de pequeños productores y los temores que genera. Y  no pensar que las empresas mineras son fuentes de recursos de las que se puede sacar provecho sin causar daño a la sociedad. Teniendo claridad sobre esas piezas, el rompecabezas comienza a armarse. Lampadia

Contra viento y marea, el Lampadia seguimos denunciando las acciones políticas de los grupos anti-mineros que también llevan su prédica manipuladora y mentirosa fuera del Perú. Así   siembran sus mensajes en los organismos internacionales, que luego les sirven para validar sus planteamientos en los medios locales y con las ONGs extranjeras que los financian.

Estos activistas, con la careta de los derechos humanos, se despachan con falacias como:

• El Estado aplica un conjunto de medidas que propician la violación de los derechos humanos por parte de las fuerzas del orden
• En el Perú se ha privatizado la función policial a través de convenios de cooperación entre la Policía Nacional y las Empresas Mineras
• “Después de 23 años seguimos siendo el departamento [Cajamarca], más pobre, ese desarrollo nunca llegó, contaminación, enfermedades, nosotros venimos a advertir de lo que pueda ocurrir en nuestra provincia”

Fuente:  muqui.org

Se desprestigia al Estado; no se explica que la policía debe proteger la producción del país, en espacios donde los anti-mineros, atacan constante y violentamente las instalaciones productivas; y se oculta el origen del empobrecimiento de Cajamarca, que con el potencial de ser uno de los departamentos más ricos del Perú, ha transitado hacia la pobreza por las acciones políticas de los anti-mineros, con todo tipo de violencia: extorciones, amenazas, ataques, asesinatos, coerción y por supuesto campañas de medios para falsear la realidad. (Ver en Lampadia: Tía María, un paso hacia un ‘Estado Fallido’). Tampoco explican que otro departamento (Apurímac), que sí permitió el desarrollo de la mineria moderna, ha reducido la pobreza aceleradamente, desde el período de construción de una de las inversiones más importantes del país, como Las Bambas.

Pero, peor aún que las mentiras de los agentes del empobrecimiento del país, es la débil representación del Estado, con presentaciones débiles y reactivas, así como la ausencia en estos foros, del gremio minero, la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE), que está obligado a ejercer una representación proactiva y asertiva de la industria minera, una actividad fundamental para el futuro de los peruanos.

Veamos la nota de nuestros colaboradores del Centro Wiñaq:

Camilo Ferreira y Rómulo Villegas
Centro Wiñaq
Para Lampadia

El 25 de Mayo en Buenos Aires se dio la 162 sesión de Audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el tema tratado fue “Derechos Humanos e Industrias Extractivas en el Perú”.  En él se presentaron exposiciones de representantes de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CCNNDDHH), Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC) e Instituto de Defensa Legal.

Fuente:  muqui.org

Exposiciones de las ONG’s

1. Ana María Vidal de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

Para ella el Estado aplica un conjunto de medidas que propician la violación de los derechos humanos por parte de las fuerzas del orden. Entre los hechos denunciados se encuentran la aludida  existencia de Estados de Emergencia preventivos, el decreto 1095 que facilita el despliegue de Fuerzas Armadas fuera del Estado de Emergencia e impunidad de las fuerzas del orden frente a potenciales violaciones de derechos humanos (habiéndose dado tan solo una sentencia |por excesos policiales en conflictos sociales).

2. Maritza Quispe del Instituto de Defensa Legal.

Para ella, en el Perú se ha privatizado la función policial a través de convenios de cooperación entre la Policía Nacional y las Empresas Mineras. Afirmó que en dichos convenios se establece la forma de proceder frente a los conflictos sociales. En estos convenios se establecen pagos a los policías y la misma institución. Se proclamó la existencia de 112 convenios entre empresas mineras y la PNP. Para Quispe estos acuerdos fomentan un accionar violador de los derechos humanos por parte de la policía en el contexto de los conflictos ligados al sector extractivo.

3. Milton Sánchez de la PIC

El último en declarar por parte de las ONGs fue Milton Sánchez que representa a una organización protagónica de las movilizaciones contra el proyecto de Conga. Sánchez afirmo:

“Ellos plantean construir reservorios como alternativa, pero esta tecnología no ha funcionado. Hemos recibido a cambio difamación en los medios de comunicación como Perú21. Han planteado construir centrales hidroeléctricas por la energía. Nosotros estamos en una situación muy vulnerable y hemos sido víctimas de la entrada del ejército y la policía. Los casos han sido archivados, pero a nosotros los procesos judiciales avanzan. Tenemos 23 años de extracción minera, y no hay desarrollo. Después de 23 años seguimos siendo el departamento más pobre, ese desarrollo nunca llegó, contaminación, enfermedades, nosotros venimos a advertir de lo que pueda ocurrir en nuestra provincia.”

Estas son las tecnologías que Sánchez afirman “no han funcionado”. (Foto: Yanacocha.com)

En síntesis, la CIDH recibió por parte de los expositores peruanos elementos de la narrativa antiminera plenamente identificables, muchos de ellos con poca conexión con la realidad. Las afirmaciones de Milton Sánchez han sido bastante llamativas al respecto. ¿En base a qué pruebas Milton Sánchez afirma que lo reservorios son una tecnología que no ha funcionado? En Cajamarca, los reservorios Chailhuagón y San José son claras muestras de como la minería tiene el potencial de incrementar la disponibilidad de agua para la población. Por otro lado los efectos reductores de la pobreza de la minería han sido identificados en múltiples estudios estadísticos.[1]

Sánchez invisibiliza los temas de corrupción como obstáculo al desarrollo y asigna la responsabilidad exclusivamente al sector extractivo. Los gobiernos locales y regionales perciben un canon minero como parte de las rentas e ingresos para el Estado. Según CPI (2017) la población asigna a los Gobiernos Regionales un 7.4 entre 10 en temas de corrupción, siendo 10 lo más corrupto. Cabe resaltar que la corrupción implica un serio obstáculo para el desarrollo (en ámbito económico y social) y que no solo compete de las “actividades extractivas”. Además, debilita estructuras institucionales (incluyendo la policía), la gobernanza y los Derechos Humanos que a su vez debilitan las instituciones públicas. No se trata entonces de desligar responsabilidades en temas de corrupción, sino ver lo que realmente está fallando.

Se ha retratado al sector extractivo como propiciador de la violación de derechos humanos de la población local y degradadora del medio ambiente. Según estas versiones, se coopta a los organismos de seguridad del Estado mediante los Convenios de Cooperación poniendo a la policía a las órdenes de las mineras y dirigiéndolas hacia la represión violenta de la población.

Esta narrativa de la “Policía Mercenaria al Servicio de la Empresas Mineras”[2] tiene un conjunto de condiciones de las que depende su veracidad. Se asume que, al brindar las mineras soporte logístico y económico a la policía que protege sus instalaciones, los efectivos policiales se supeditarán a las órdenes de la Empresa. Parece obvio asumir que quien paga a alguien lo controla. Sin embargo lo que genera el control no es pagarle a alguien, es la capacidad de disponer del pago a libre voluntad. La Policía Nacional depende del Ministerio del Interior, y actúa en el marco de la ley. Empresa minera no puede amenazar a la policía con no renovar el contrato si no obedece sus órdenes puesto que no estaría dispuesta a amenazar sus propias condiciones de seguridad; ni puede decidir quién será el beneficiario de los pagos.

Se asume que este “control” de la policía por parte de la Empresa propiciaría la realización de abusos de derechos humanos. Según IDL, CNDH y la PIC las Empresas mineras usarían este control para fomentar que conductas abusivas hacia la población por parte de la población. Para que esta versión fuera cierta, las empresas mineras deberían considerar que la represión violenta de los manifestantes les es beneficiosa. La verdad es que si algo preocupa a las grandes trasnacionales mineras es verse involucradas en conflictos mineros con violaciones de derechos humanos y fatalidades. Las fatalidades en muchos casos anteceden a la paralización de proyectos, escalan los conflictos a mayores niveles de movilización, producen demandas judiciales o a la emisión de regulaciones más estrictas.  Es decir según los antimineros las empresas extractivas ejercerían el control -que no tienen- sobre la policía hacia un mayor abuso de la población –que les perjudica financieramente. Esta acusación tiene poco fundamento, pero forma parte del credo de gran parte de los antimineros y de múltiples líderes de opinión.

Exposición del Estado Peruano

El primero en exponer por el Estado Peruano fue Iván Bazán, Procurador Adjunto Supranacional. Él se dedicó a describir la institucionalidad ligada al mantenimiento del orden público y al cumplimiento formal de un conjunto de procedimientos legales. Afirmó que al Estado le preocupa la conflictividad social, que mantiene espacios de diálogo, y que toma medidas –que no fueron descritas–  para prevenir los abusos de derechos humanos. Afirmó que no existen 112 sino 10 convenios vigentes entre la policía y las empresas mineras.

También expuso la Fiscal Superior Luz del Carmen Ibáñez ella describió el Estado actual de varios de los casos judicializados que fueron mencionados en las exposiciones de las ONGs y afirmó que el Estado persigue los ilícitos vengan de donde vengan.

Las intervenciones del Estado Peruano tuvieron como componente principal el negar las acusaciones realizadas por las ONGs con baja solidez argumentativa, en ningún momento se denunció que la seguridad brindada a las empresas mineras obedece a los reiterados saqueos y acciones vandálicas que han sufrido las operaciones mineras, afectando gravemente la producción nacional. Los casos de Tambo Grande, Hudbay y Conga nos muestran claramente que gran parte de las manifestaciones antimineras distan de ser manifestaciones pacíficas por lo que cierto grado de control policiaco es necesaria para evitar que la violencia se desborde.

Implicancias

¿Cuál es el interés de las ONG´s frente a la Comisión? En primer lugar la participación de estas organizaciones en estas audiencias deviene en un “entregable” frente a sus donantes, estas presentaciones facilitan la obtención de fondos por parte de estas organizaciones, fondos que en parte serán dedicados a debilitar la legitimidad del sector extractivo.

Por otro lado las declaraciones, medidas cautelares, peticiones y fallos de la CIDH terminan ejerciendo presión sobre el Estado, por un lado golpeando su reputación y en el caso más extremo mediante litigios estratégicos. Recordemos que la visita la ministra Marisol Pérez Tello a Máxima Acuña se justificó en medidas cautelares solicitadas por la CIDH.

Las acciones de la CIDH terminan sirviendo de recurso discursivo a los antimineros, para darle mayor credibilidad a sus argumentos.  Luego pueden argüir que las acciones de las Empresas y del Estado Peruano están desafiando la institucionalidad internacional de derechos humanos.

Las acciones de incidencia de antimineros e indigenistas radicales frente a la CIDH no son gestos vacios, sirven para ir construyendo activos estratégicos de largo plazo en la disputa por la legitimidad del sector extractivo en el Perú. Lampadia

Datos demasiado grandes para el formato del archivo

Como explica nuestro colaborador, Sebastiao Mendonca, líneas abajo, la gesta contra la corrupción en Brasil, liderada por el juez Sergio Moro, se ha nutrido minuciosamente de la experiencia italiana de Mani Pulite (Manos Limpias) en el caso de Bettino Craxi.

Fuente:  The Economist

No ha sido fácil crear este proceso en Brasil, que incluye acusaciones directas contra Lula da Silva, uno de los presidentes más populares y poderosos de suhistoria. Ello ha requerido la acción de un conjunto de jueces y fiscales con sentido de misión y entereza de carácter.

Las 48 leyes del poder. Ley 26: MANTENGA SUS MANOS LIMPIAS. 
Fuente: elartedelaestrategia.blogspot.com

Para afrontar tremenda tarea, Moro priorizó las siguientes estrategias:

• Independencia política del sistema judicial
• Respaldo de la opinión pública
• Colaboración eficaz
• Prisión preventiva

Estas últimas dos son las que permitieron la multiplicación de  confesiones y delaciones

Muy lamentable la muerte ayer, de Teori Zavascki, un juez muy importante en el proceso que estaba a cargo de la relatoría de Lava Jato, y según Moro, ha sido un factor decisivo de los éxitos logrados hasta hoy. Esperamos que este sea solo un accidente y que no tengamos que lamentar, en Brasil, situaciones parecidas a las del juez Nisman en Argentina.

Lava Jato: ¿Por qué está funcionando?

Sebastiao Mendonca Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

Como ya expliqué en un artículo anterior sobre el Petrolão, el Brasil es un país de nivel medio de desarrollo con un nivel alto de corrupción. Es un país en que las técnicas y los hilos de la corrupción se heredaban, y todavía se heredan, en familia, empresas y grupos políticos. La tranquilidad con que los corruptos actuaban en Brasil, hasta pocos meses atrás, era total. Antes de Lava Jato, la impunidad de los criminales de cuello blanco, especialmente los políticos, era un dogma indiscutible. Pareciera que nunca les pasaría nada. Fue así, hasta que un rayo cayó en medio de cielo azul.

En solo 33 meses, Lava Jato generó un terremoto en los palacios de la corrupción. Se ha instaurado 1,434 procesos, se ha condenado a 120 criminales a 1,257 años de cárcel, se está demandando pagos por US $12 mil millones y se ha repatriado cientos de millones de dólares de bancos extranjeros, especialmente suizos.

¿Porqué? ¿Qué hizo posible un sueño imposible? Para entender Lava Jato, veamos como Sergio Moro organizó el proceso.

Moro se inspiró en la experiencia italiana Manos Limpias (Mani Pulite). Moro, además, estudió dicha experiencia en detalle y publicó luego (2004) un artículo que hoy es la referencia en Brasil para entender las estrategias de Moro en Lava Jato. Considerações sobre a Operação Mani Pulite.

Manos Limpias, se inició en febrero 1992 y mostró números muy parecidos a los de Lava Jato: En dos años hizo casi 3 mil mandatos de prisión, investigó a 6 mil personas, incluidos 872 empresarios y 438 congresistas, y desbarató gran parte del sistema de corrupción imperante en Italia. La operación afectó seriamente las imágenes éticas de los Partidos de izquierda,

especialmente el Socialista y Demócrata Cristiano; modificando el mapa político italiano establecido en el post-guerra.

La dinámica política de Manos Limpias también tuvo que enfrentar resistencias como Lava Jato lo está haciendo en Brasil. El primer ministro y el Congreso de Italia intentaron bloquear el proceso sistemáticamente, pero la reacción de la opinión pública desbarató sus intentos.

Sobre el tema, Sergio Moro decía el 2004:

Es ingenuidad pensar que procesos criminales contra personas poderosas, como autoridades gubernamentales o empresarios, puedan ser conducidos normalmente, sin reacciones. Un judiciario independiente, tanto de las presiones externas e internas, es condición necesaria para soportar acciones judiciales de esa especie. Entretanto, la opinión pública, como ilustra el ejemplo italiano, es esencial para el éxito de la acción judicial.

Para Moro, la independencia del judiciario y la mayor legitimidad de los jueces respecto a los políticos, fueron factores importantes en el caso italiano. Sin embargo, en el caso de Brasil esos dos factores no fueron suficientes. El respaldo de la opinión pública, incluidas las marchas multitudinarias lideradas por los jóvenes liberales (6 millones de manifestantes), fueron fundamentales para evitar la paralización de los procesos.

La colaboración eficaz fue otro factor identificado por Moro en la experiencia italiana y también aplicado extensivamente en Brasil. Él explicaba que la colaboración eficaz no ocurre espontáneamente. Tiene que ser lograda por medio de una acción decidida de los investigadores y fiscales. Moro decía:

La prisión [preventiva] previa al juicio es una forma de destacar la seriedad del crimen y evidenciar la eficacia de la acción judicial, especialmente en sistemas judiciales morosos…

Las prisiones, confesiones y la publicidad conferida a las informaciones obtenidas generaron un círculo virtuoso, consistiendo en la única explicación posible para la magnitud de los resultados obtenidos por la operación Mani Pulite.

En su análisis, Moro concluyó que los corruptos no tienen incentivos para confesar ni para incriminar a sus colegas de delito. Es solamente cuando ellos se ven frente al Dilema del Prisionero que ellos comienzan a confesar. Por ello, Lava Jato hizo uso extensivo de detenciones preventivas e interrogatorio de los corruptos, cuidando de que ellos no pudieran comunicarse entre si, pero autorizando la difusión en los medios de comunicaciones de noticias que estimularan a que los demás quisieran colaborar.

En el caso del asesor de marketing electoral de Lula y Dilma, Joao Santana, y pieza clave en los planes de expansión de la influencia política del PT, fue su esposa, responsable del manejo financiero de la pareja, quien decidió colaborar con la justicia, llevando a Santana a colaborar, pues con la confesión de su esposa su propio silencio se hizo inútil.

En el caso de Marcelo Odebrecht, Sergio Moro solo aceptó tratar la colaboración eficaz después de haberlo condenado a 19 años y 4 meses de prisión. Fue en esa situación que el gerente general de Odebrecht aceptó las duras condiciones de la fiscalía que exigía que 78 ejecutivos de su empresa ingresaran a una propuesta de colaboración eficaz. Situaciones similares de condenas previas a los acuerdos de colaboración eficaz están funcionando ahora con Camargo Correo, Andrade Gutierres, OAS y varias otras compañías.

En su investigación, Moro encontró que la corrupción había costado a Italia, entre 1980 y 1990,  un billón (millón de millones) de dólares en sobre-costos de las obras públicas, en los contratos con las empresas constructoras: líneas de metros, estadios, etc. En el caso de Lava Jato, los daños al patrimonio público hasta ahora son del orden de miles de millones de dólares, pero la suma sigue creciendo en la medida en que la investigación sigue avanzando.

Extrayendo lecciones de la experiencia, Moro señala:

Tal vez, la lección más importante de toda esa experiencia [Manos Limpias] es que la acción judicial contra la corrupción solo resulta eficaz con el apoyo de la democracia. Es ésta que define los límites y posibilidades de la acción judicial. Mientras la acción judicial cuente con el apoyo de la opinión pública, ella tiene condiciones de avanzar y de presentar buenos resultados. Si esto no ocurrir, difícilmente tendrá éxito.

Para Moro, las principales barreras para el éxito de una investigación de la corrupción son:

1. la falta de independencia de los jueces y fiscales a cargo de la investigación,
2. la existencia del foro privilegiado que protege a los políticos en el poder,
3. el predominio de una práctica judicial poco rigurosa contra la corrupción, especialmente respecto a los crímenes de cuello blanco,
4. el laberinto de las normas burocráticas y judiciales,
5. la dificultad para construir una carga probatoria necesaria para sustentar una sentencia de condena a los corruptos,
6. la existencia de una diversidad de mecanismos jurídicos que facilitan la prescripción de los juicios por corrupción, y
7. los incentivos del sistema político que favorecen al corrupto en la lucha por el poder, generando un proceso evolutivo nefasto.

La reflexión final de Moro sobre la experiencia italiana es que la corrupción de los políticos y las empresas contamina la democracia y termina haciendo a los jueces del país corresponsables de ese mal. Es decir, afecta moralmente a toda la sociedad.

Fue con esas ideas en la cabeza que Sergio Moro aceptó el desafío de liderar la Operación Lava Jato, ingresando a una batalla diaria contra los corruptos, todos sus juegos de astutas maniobras por bloquear el avance moralizador. La manera como Moro está conduciendo la Operación Lava Jato recoge mucho de lo que él ha aprendido de la experiencia italiana.

Sin dudas, uno de los factores del éxito de lava Jato fue que Mora ha estudiado cuidadosamente la experiencia de Manos Limpias para rescatar las lecciones aprendidas y evitar la repetición de los errores.

Ahora que el escándalo de Odebrecht se está propagando por América Latina, muchos se preguntan si sus efectos en esos países vecinos van ser pasajeros, o si la opinión pública y las instituciones de esos países van reaccionar lo suficiente para generar réplicas locales de ese proceso moralizador. Lampadia

Cada día va quedando más claro que detrás de los conflictos, como quiera que se les llame, hay varias agendas y jugadores que están muy lejos de expresar protestas y propuestas de buena voluntad.

Los recientes eventos de Puente Piedra, no dejan dudas de la presencia de elementos anti sociales que deben responderse firme e ingeniosamente. El ejecutivo debe plantear un compromiso público anti impunidad por parte de la Fiscalía, el Poder Judicial, el Congreso y el propio Ejecutivo y crear los mecanismos que nos permitan superar situaciones como las de la primera marcha en Puente Piedra, donde, mientras el Ministro del Interior denunciaba la presencia de senderistas, el Sistema Judicial liberaba a todos los detenidos.

En la segunda marcha el Ejecutivo se puso las pilas, uso ‘drones’, aseguró elementos probatorios y tras la liberación de la mayoría de los intervenidos hasta ahora quedan algunos detenidos. Pero no sabemos por qué no se aplican los procesos de flagrancia. Esperemos que este esfuerzo del Mininter rindan frutos subiendo el costo del delito.

Estimados lectores, especialmente los que se sienten lejos del tema minero, lo de Puente Piedra permite entender algunos aspectos de todo tipo de conflictividad. Empecemos a seguir las noticias de la parálisis de la inversión minera, pues solo la opinión pública puede legitimar las necesarias y difíciles acciones que requiere tomar el Estado para superarla.

Gregorio Santos y la izquierda se suman a protesta por peaje. Fuente: Correo

Minería y Conflictividad Social 2017

Camilo Ferreira y Franco Olcese
Centro Wiñaq
Para Lampadia

El primer semestre del gobierno de PPK nos ha permitido ver algunos elementos de la manera cómo el presente gobierno enfrenta y enfrentará la conflictividad social ligada a la gran minería. El Adelanto Social es el más visible de sus instrumentos. El Adelanto consiste en una intervención pro desarrollo realizada por Estado en el entorno de los proyectos mineros de manera previa a que entre en operación.

La premisa del gobierno es que ese Adelanto permitirá que el entorno social perciba los beneficios de tener un proyecto minero de manera previa al pago de Canon por parte de las empresas. Supuestamente, esto facilitaría un mayor grado de confianza de la población local en el gobierno nacional y permitiría articular intereses locales con el porvenir del proyecto en las fases iniciales del proyecto. El Adelanto social es útil, pero sólo impacta sobre las expectativas de los sectores moderados, y no reduce las dinámicas locales de extracción de rentas o réditos políticos, así como la propagación de la narrativa anti-minera entre la población. Por ello podemos esperar que el Adelanto sea, como máximo, una herramienta de efectividad parcial sobre la conflictividad. Sin los otros elementos, el Adelanto puede dar una idea de seguridad al gobierno, pero puede fracasar en prevenir los conflictos.

Los casos de Saramurillo, Las Bambas y Chumbivilcas han sido bastante informativos respecto a las políticas de facto de este gobierno frente a acciones de fuerza existente o potenciales. En todos estos casos la reacción del gobierno ha sido la instalación de una Mesa de Dialogo con participación ministerial, a veces con la participación de varios ministros. Estas mesas han sido efectivas en la desmovilización temporal de protestas y bloqueos, pero también han servido para legitimar y empoderar a los líderes de las posturas radicales.

En aquellos casos en los que las agendas de los movilizados y los objetivos del Estado no se encuentran muy distanciados, las mesas de diálogo pueden ser útiles para facilitar una convergencia entre las partes. Sin embargo, en aquellos casos en los cuales las agendas de los movilizados están sumamente enfrentada a los objetivos del Estado, difícilmente estas mesas llevaran a una mayor viabilidad de los grandes proyectos de inversión.

Por el contrario, la Mesa puede transformarse en un mecanismo mediante el cual se le da representatividad legítima a actores sociales y políticos claramente anti-mineros. Adicionalmente las Mesas facilitan asociar -frente a la opinión pública-  a los ministros a los resultados del dialogo. Lo que los hace políticamente responsables de lo que ocurra y ello genera vulnerabilidades al gobierno e incrementa la capacidad de los anti-mineros para infligir costos políticos a los miembros del gabinete. 

Estas Mesas, hasta ahora, se realizan mientras el Estado no realiza ningún esfuerzo efectivo por implementar el imperio de la ley en las zonas de conflictos o contrarrestar la influencia de la narrativa anti-minera. En los últimos meses se ha visto el archivamiento de las denuncias a todos los dirigentes de las violentas protestas en el caso Conga, la liberaciones sistemáticas tras los desmanes en Puente Piedra, la continuidad del bloqueo del acceso principal a “Las Bambas” sin ninguna respuesta del Estado, la falta de castigo a quienes bloquearon el Marañon en Saramurillo, etc. La impunidad frente a los actos de violencia en la protesta social es prácticamente total y no se percibe una estrategia efectiva para abordar este problema.

Lo que Podemos Esperar

En el caso de Las Bambas hay una clara brecha entre la propuesta del Gobierno y las demandadas de la Plataforma de Lucha firmada por múltiples autoridades, frentes de defensa y organizaciones sociales de las provincias de Grau y Cotabambas. En el caso del Gobierno, el mismo propone financiar un plan de desarrollo con un valor estimado de 2,000 millones de soles y el asfaltado de la ruta de los camiones que llevan el mineral de Las Bambas. En el caso de la Plataforma de Lucha se solicita una participación de 50% del valor de la producción de Las Bambas (un imposible económico), una repetición de los trámites ya aprobados y la renegociación de los acuerdos que la Empresa ha tenido con las comunidades en su entorno.

Lo que hace más complejo el caso, es que la participación en la producción de la empresa ha sido una parte integral discurso de los líderes del movimiento social en Cotabambas. Ahora, dicho liderazgo no puede renunciar fácilmente a semejante pedido sin socavar su propia imagen frente a sus bases. Por ello es esperable que en algún momento se reinicien las acciones de fuerza mientras se sostenga la amplitud de la brecha entre la propuesta gubernamental y las demandas de las organizaciones sociales, y el Estado deje la sensación de que el uso de la violencia no tiene costos para quienes la aplican.

En el caso de Tía María el Gobierno apuesta por la represa de Paltiture (que incrementaría el acceso de agua para la población del valle del Tambo) como eje de una solución al rechazo de la población hacia el proyecto Tía maría. El problema es que la presa por si sola no alteraría las actitudes de la población hacia el proyecto de Tía María, ni sus temores hacia el impacto ecológico del proyecto en el valle del Tambo. Si la preocupación por una potencial disputa por el agua entre la mina y los pobladores fuera la única causa del rechazo, el aviso que hizo la empresa de que utilizaría agua desalinizada hubiera tranquilizado a la población, sin embargo, esa tranquilidad no se dio.

A estas alturas, las condiciones sobre el terreno manifiestan una correlación social adversa hacia el proyecto y muestran la efectividad del trabajo de “agitación y propaganda” por parte los anti-mineros en Islay y en Cocachacra en particular.  Un estudio de la Asociación Civil Labor[1] muestra que un 72% de la población es partidaria de la suspensión del proyecto y un 87% desea la revisión de EIA del Proyecto por un tercero. En el distrito de Cocachacra, el epicentro del conflicto, la suma de los votos de Gregorio Santos y Verónica Mendoza llega a 59%, mientras que el resto de Arequipa llega al 29% esto nos señala que el conflicto por Tía María ha afectado claramente las dinámicas políticas en su entorno cercano. Esto es un poderoso indicador del grado en el que la narrativa anti-minera ha calado. En esta narrativa la actividad minera afectaría gravemente a la agricultura y la salud de la población, y acabaría o contaminaría las fuentes de agua, además de exponer al agro y la población a polvos tóxicos originados en el tajo minero. Por otro lado, dentro de esta narrativa, el Gobierno Central se haya supeditado a las Empresas Mineras por lo que su rol de fiscalización y control no es confiable.

Para quienes consideren que la minería les traerá semejantes afectaciones, la construcción de importantes obras de infraestructura es un factor desmovilizador poco efectivo frente a los temores a lo que se percibe como una amenaza devastadora a la agricultura y a la salud de las personas. Tampoco en las medidas del gobierno se ven acciones contra el aparato de represión a disidentes instaurado por los anti-mineros en la zona, ni tampoco a la instrumentalización de las instituciones locales (Ej. Junta de Regantes) como aparatos de movilización en acciones violentas.

Como los temores de la población están estructurados en un discurso multi dimensional, los cambios en su actitud serán lentos y tendrán que responder a las diversas dimensiones de la narrativa anti-minera. Por todo ello, es poco probable que la visita de PPK, sin la debida preparación, resulte efectiva para desactivar las resistencias al proyecto. Lo que puede pasar con su visita es que los grupos anti-mineros aprovechen la presencia del Presidente para generar un evento político negativo para el gobierno.

Conclusiones

La política de las Mesas de Dialogo conseguirá desmovilizar momentáneamente algunos conflictos. Sin embargo, es una estrategia desbordable por la magnitud de la conflictividad.  Existe un número limitado de ministros para participar en las Mesas, hay una importante brecha entre las demandas de los movilizados y las posibilidades de cumplimiento por parte del gobierno. La impunidad implica que “patear la mesa” con acciones violentas no implica ningún costo para los dirigentes. Ese desequilibrio se da en una situación en que al gobierno no se le ocurre ninguna iniciativa para modificar la correlación de fuerzas políticas en las áreas en conflicto.

Esto lleva a considerar que las medidas a ser aplicadas por el gobierno no podrán reducir de manera decisiva la conflictividad ni en los casos de Tía María ni en Las Bambas por lo que podríamos esperar que estos conflictos cumplan roles protagónicos a lo largo del 2017.

Podemos esperar entonces la dinámica en la que se da una acción de fuerza, se manifiesta la pérdida de autoridad del Estado, se plantea una Mesa de Dialogo, y tras un periodo se da el reinicio de las acciones de fuerza como mecanismo de negociación. Si el gobierno no modifica sus políticas de gestión de conflictos, es muy probable que el año 2017 sea aquel en el que se haga evidente las limitaciones de la actual doctrina estratégica para conflictos sociales seguida por el gobierno. Veamos si van a darse cuenta antes que sea demasiado tarde, o si vamos asistir de nuevo el desperdicio de una gran oportunidad para impulsar el desarrollo del Perú.

Se necesita que el gobierno tenga líneas de acción claras en la generación de bienestar local, retroceso de la narrativa antiminera, debilitamiento del aparato de movilización antiminero y establecimiento del monopolio de la fuerza a cargo del Estado.

En Superemos los conflictos políticos prolongados – Propuestas para reducir la conflictividad (6 de 6), aquí en Lampadia, se ha sugerido estrategias y acciones para construir las condiciones institucionales y políticas para la reducción de la conflictividad, y en El rol del Estado en la Reducción de la Conflictividad – Propuestas para reducir la conflictividad (5 de 6), se explicó el rol que el Estado debe cumplir para ser efectivo en el corto y en largo plazo. Nos hemos preocupado en indicar medidas viables en las situaciones actuales. Sabemos que las propuestas indicadas no son perfectas, pero pueden ser un buen punto de partida para cambiar las actuales tendencias al aumento de la conflictividad y retomar la ruta del desarrollo nacional.

En todo caso, se necesita que el gobierno tenga líneas de acción claras en la generación de bienestar local, retroceso de la narrativa antiminera, debilitamiento del aparato de movilización antiminero y establecimiento del monopolio de la fuerza a cargo del Estado. Lampadia

En esta tercera entrega sobre el pos-extractivismo, Sebastiao Mendonca Ferreira, identifica a uno de sus principales propulsores, el portugués Boaventura de Sousa Santos, creador de los artificios intelectuales con los que protege sus absurdos planteamientos de las críticas racionales. De Sousa Santos hace ver los hechos objetivos como creencias y a sus creencias como verdades indiscutibles, y busca descalificar la capacidad de la ciencia moderna para juzgar el pensamiento indígena, al que reputa como de otra dimensión o naturaleza.

Con ese racional, 2 + 2 puede ser 3.5 ó 4.7, de manera que solo queda como válida la estructura de un pensamiento basado en una suerte de indigenismo seudo escatológico.

Solo se requiere pues, un poco de buena voluntad para entender que la adopción del pos-extractivismo por parte de peruanos con títulos profesionales otorgados en mayor medida por la PUCP, es un refugio discursivo en una falsa arquitectura intelectual, que por lo tanto demuestra la incapacidad para generar un pensamiento propio que les permita interpretar la realidad y construir propuestas políticas que les ayuden a ejercer el poder.

Manipulación de la epistemología

Sebastiao Mendonca Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

¿Qué tiene que ver la epistemología, un campo de la teoría del conocimiento, con las ideas de los pos-extractivistas? Lamentablemente, mucho.

El pensamiento de los pos-extractivistas tiene fallas graves y no soporta una crítica objetiva. Por ello, se protegen de las críticas, haciendo que las creencias y los hechos tengan el mismo valor cognitivo, para que los hechos no puedan usarse para cuestionar sus discursos. Ellos necesitan que los cuestionamientos a sus argumentos, sean vistos como actos de intolerancia intelectual y social. Para esto ellos tienen sus teóricos.

Incapaces de responder a la gigantesca carga de hechos y conocimientos que cuestionan sus afirmaciones, los pos-extractivistas reaccionan buscando la descalificación ética de sus críticos. Según ellos, la ciencia, los conocimientos modernos, y toda y la modernidad global fueron creados por los europeos para sustentar su avaricia y avanzar en el colonialismo. Esta supuesta mala intención, colonialista y opresora, de los creadores de los conocimientos modernos cuestiona su validez. De paso, ellos barren con los principios del método científico, y con toda la base cognitiva de la modernidad, presentándola como una especie de mono-cultura del conocimiento, buscando una analogía algo forzada con los defectos de la mono-cultura agrícola.

Esos teóricos se presentan como pensadores occidentales alternativos a la modernidad occidental y global, y afirman ser los únicos intelectuales capaces de hacer correctamente el trabajo interpretativo (hermenéutico) de separación entre los componentes opresores y liberadores del pensamiento europeo. Ellos declaran ser capaces de criticar el pensamiento occidental moderno y proponer alternativas distintas de sociedad que son válidas para los países emergentes o del Sur Global.

Uno de los autores más representativos de ese artificio discursivo (la crítica europea al eurocentrismo) es Boaventura de Sousa Santos, de origen portugués. Santos es un europeo intelectualmente sofisticado y autor de varios libros. Él escribe sus ensayos como si fueran novelas, valorando más las analogías que el rigor lógico, usando una terminología propia, inventada o modificada por él mismo, y ha dedicado un gran número de artículos y libros a descalificar la ciencia y el conocimiento moderno, atribuyéndole una intención opresora y colonial. Sus ideas, aún que irrelevantes para el desarrollo del conocimiento y para las sociedades del siglo XXI, ejercen, sin embargo, gran influencia sobre los pos-extractivistas.

Santos, como muchos de los ecologistas radicales de su generación y actuales gurús del pos-extractivismo, tiene una formación intelectual marxista. En el marco conceptual de su tesis de doctorado, dedicada a una favela ficticia “Pasárgada” en Rio de Janeiro, Santos hace explícito su concepción social. Los conceptos que guían su tesis son: la dominación de clase, el estado como instrumento de dominación de clase, relaciones de producción, relaciones de reproducción, situación non-revolucionaria (ausencia de crisis), etc. En realidad, su introducción conceptual pareciera haber sido tomada de algún manual de materialismo histórico de los años 70s. A pesar de ello, Santos critica al marxismo europeo, en particular al grupo alemán de la Teoría Crítica (Herbert Marcuse, Jürgen Habermas, Georg Lukács, Karl Korsch, etc.). Él usa una terminología nueva, pero las ideas de sus textos muestran que Santos nunca abandonó completamente los conceptos políticos de sus maestros alemanes.[1]

Una crisis inventada

En la síntesis de su artículo Epistemologías del Sur, Santos expresa sus ideas en forma clara: Es un hecho irreversible que el “logos” eurocéntrico ha implosionado en sus propias fuentes de desarrollo político y económico. El peligro de esta crisis es total porque abarca su hegemonía, a la humanidad y a la naturaleza (p.17).[2]

Estas frases son ilustrativas de su pensamiento. Según él, es un hecho incuestionable que el conocimiento moderno, llamado por él de logos eurocéntrico, ha implosionado, y lo ha hecho en forma irreversible. Santos no se preocupa en aportar datos para sustentar lo que dice, pero lo dice con tanta convicción que parecería que tal implosión irreversible fuera verdad. Sin embargo, el hecho es que más allá del pequeño mundo de sus seguidores ideologizados no existe tal implosión, ni de la ciencia ni de los conocimientos modernos.

Una diversidad de estudios sobre la producción de conocimientos, tanto académicos como tecnológicos, a nivel global evidencia que la tendencia es al incremento exponencial de los conocimientos, y esta tendencia se mantiene desde que los franceses publicaron el primer artículo académico en Le Journal des Sçavans (El Periódico de los Sabios) en 1650, y los ingleses iniciaron las publicaciones de la Philosophical Transactions (Transacciones Filosóficas), en 1665. A partir de ahí se desencadenó un proceso que aún sigue una especie de Ley de Moore para los conocimientos después de 350 años.[3] Actualmente, producción de conocimientos crece a una tasa anual de 4.2%, permitiendo su duplicación cada 17 años.

Santos habla de implosión de los conocimientos modernos, pero una estimación confiable es que existen 50 millones de artículos académicos ya publicados[4] y cada año se publican algo más de un millón y medio de nuevos artículos académicos.[5]

Si, a los artículos académicos sumamos los blogs, las patentes tecnológicas, el flujo de ideas en las redes, y consideramos la reducción de los costos de acceso al conocimiento, la digitalización de las bases de datos y artículos, y la creciente cobertura de Internet, y complementamos con los nuevos instrumentos y métodos de estudio, y el uso de la inteligencia artificial en el procesamiento de información, y finalmente combinamos con el creciente nivel educativo de la población mundial, podemos afirmar que la producción de conocimientos será en el futuro aún más dinámica que hoy. Podemos apostar que las perspectivas del siglo XXI son positivas: la explosión cognitiva de la humanidad continuará.

El regreso al pasado

Ante esa crisis inventada, Santos pregunta ¿De qué alternativas disponemos para superar este fin de milenio y su hecatombe? (p. 17). Un poco más adelante él mismo responde que la clave es: “Esta otra epistemología, que tiene su génesis en la Teoría Crítica y se recrea en América Latina, desde el Sur, se asume desde la praxis de un logos emancipador que fractura los límites hegemónicos del ‘capitalismo sin fin’ y del ‘colonialismo si fin’” (p. 17).

Según su particular visión de la economía mundial, estamos delante del riesgo de la hecatombe occidental y global, y la alternativa a esa hecatombe es una nueva epistemología. Como es su estilo, Santos no aporta datos sustentando el nivel de crisis económica que genera el riesgo de esa imaginada hecatombe. La base de la epistemología alternativa propuesta por Santos es la Teoría Crítica, la corriente del marxismo europeo antes referida y parcialmente criticada. Según Santos, esa epistemología alternativa de base marxista debe servir para fracturar la hegemonía del capitalismo y de la economía global, llamada por él de colonialismo sin fin.[6]

¿Y como describe Santos su propuesta? Según él, la clave para evitar esa hecatombe es “La sabiduría ancestral que porta el pensamiento de esos pueblos originarios, expresada por sus tradiciones, ritos, magias, y hasta sus representaciones antropomórficas de la realidad, son síntomas de que el ocaso de la civilización no muere con Occidente, sino que renace desde el Sur con el ‘Sumak Kawsay’” (p. 17)[7]

Para solucionar la imaginada hecatombe de occidente, Santos descarta la ciencia, los premios Nobel, y todos los avances de la economía moderna, psicología social, métodos matemáticos, y estudio de las instituciones, y mucho más, y opta por sustituir todos esos conocimientos por las tradiciones, ritos, magias, y representaciones antropomórficas de las poblaciones indígenas de los Andes.[8] Santos no considera las limitaciones que esas tradiciones, ritos, magias y representaciones antropomórficas puedan tener por el contexto de completo aislamiento y de severo autoritarismo (Imperio Wari y después Imperio Inca) en que esas culturas se desarrollaron, ni por sus grandes diferencias respecto al mundo moderno con 7 mil millones de habitantes y una economía global de US $78 billones.

Un manejo equívoco de la epistemología

Santos hace un uso vago y equívoco del término Epistemología. Él lo usa algunas veces como sinónimo de las concepciones del mundo y otras veces como tipos de conocimiento (científico y indígena), cuando en realidad Epistemología, según el diccionario Oxford, se refiere a “la teoría del conocimiento, especialmente relacionado a sus métodos, validez, y alcance, y la distinción entre creencias justificadas y opiniones.”[9]

La diferencia entre epistemología y conocimiento es similar a la diferencia entre la medicina y el cuerpo humano. La medicina no es el cuerpo humano, sino el estudio del cuerpo humano. Epistemología no es el conocimiento, sino el estudio del conocimiento y la forma como se adquiere el mismo. Ese uso vago y equívoco del término Epistemología, hecho por Santos, sirve para dar un aire sofisticado a su forma de razonar y confundir a los lectores sobre la naturaleza de las concepciones que él propone como alternativas al conocimiento moderno.

Sin embargo, la funcionalidad política más importante de ese uso equívoco del término Epistemología es evitar la crítica, especialmente aquellas críticas a las creencias políticas y ambientales del movimiento radical con el cual Santos desea acabar con el capitalismo. Lo que Santos busca con ese manejo equívoco es blindar las creencias falsas del movimiento  radical que él promueve.  Su argumento es que no podemos usar la ciencia moderna para criticar creencias de su movimiento porque la epistemología indígena es de otra naturaleza. Como es de otra naturaleza, los conocimientos generados con los métodos modernos no sirven para evaluar la confiabilidad de las creencias que se sostienen en una otra epistemología. Lo que Santos nos propone es que: dos afirmaciones pueden ser igualmente válidas, sin importar si una de ellas es verdadera y la otra es falsa.

La ausencia de la epistemología

A Santos le gusta hablar de la sociología de las ausencias, para criticar a un discurso teórico que, según él, oculta a sectores de la sociedad. Sin embargo, lo más notable en su extenso libro Epistemologias do Sul[10] es la ausencia del tratamiento de la Epistemología del Sur, es decir, la ausencia de una explicación clara de los métodos que los indígenas andinos utilizan para distinguir en sus leyendas y creencias tradicionales aquellas que podrían ser creencias falsas, es decir, como hacen los indígenas para filtrar las creencias que son falsas de las que son verdaderas y así generar conocimientos confiables. Esta es una ausencia grave en un libro dedicado a la epistemología del sur, dígase, a la epistemología indígena andina.

En ningún momento, Santos se preocupa en exponer y explicar la epistemología usada por los indígenas andinos, a pesar que, según él, el ‘Sumak Kawsay’ es un ejemplo privilegiado de las epistemologías del Sur. En realidad, no hay en su libro sobre epistemología del sur ningún tratamiento de los métodos de adquisición de conocimientos usado por los indígenas andinos, ni de otros continentes, ni menos de los movimientos sociales hostiles a la minería. ¿Por qué los pos-extractivistas no comentan esta ausencia tan importante?

El interesante tema de los métodos de generación de conocimientos de origen heurística y pre-científicos es actualmente materia de estudio de sicólogos, antropólogos y arqueólogos, pedagogos, y en general, de los científicos dedicados a las ciencias cognitivas, pero parece que Santos no ha considerado relevante tratarlos en un libro sobre epistemología. La abundante literatura de las ciencias cognitivas modernas sobre esos temas está ausente en las referencias bibliográficas de los textos de Santos que hemos revisado.[11]

Hay mucha sabiduría en las culturas antiguas de todos los países. Si sabemos rescatar esos aportes, enriquecemos la vida moderna. Sin embargo, no hay que olvidar que también hay muchas creencias falsas y dañinas en esas culturas. No es cuestión entonces de mistificar lo indígena. Es importante dialogar respetando a las personas, pero respetar a las personas no implica abandonar la capacidad crítica que nos brindan los métodos y conocimientos que han permitido crear el mundo moderno.

Lo que Santos busca es una separación absoluta entre las creencias que sustentan sus ideas y el conocimiento moderno, basado en evidencias. Así Santos evita las críticas a sus ideas, descalificando las críticas como parte de un logos eurocéntrico colonialista.

La simpatía de los pos-extractivista por los escritos de Santos se explica porque su rebuscada literatura de rechazo al conocimiento moderno da una aurea de cientificismo a un conjunto de ideas ambientales y sociales que tienen poco o nada de científicas y sirve para generar un escudo a las críticas que, en realidad, ellos no saben como responder.

[1] Santos, B. (1977). The law of the oppressed: The construction and reproduction of the legality in Pasárgada. Law and Society Review, 12(1). (Versión resumida y reimpresa de la Tesis doctoral de 1974). 

[2] Santos, B. (2011). Epistemologías del Sur. Utopía y Praxis Latinoamericana, 54, pp. 17-39. Maracaibo, Venezuela: Universidad de Zulia.