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Descifrando el Perú

Descifrando el Perú

EDITORIAL DE LAMPADIA

Todas las izquierdas y con mayor desparpajo el gobierno de Perú Libre, han construido sus narrativas sobre la base de desinformación, medias verdades y mentiras abiertas. Así es como se viene atacando a nuestra economía social de mercado que, si bien no tuvo tiempo de resolver todos nuestros problemas sociales, generó grandes mejoras para la mayor parte de los peruanos.

En junio pasado publicamos en Lampadia: La prosperidad sin precedentes del Perú, reproduciendo el trabajo de Iván Alonso e Ian Vásquez, del CATO INSTITUTE, que en 38 gráficos:

“Demuestran una notable mejoría del bienestar en amplios sectores de la población. La prosperidad ha aumentado, la desigualdad ha caído y los pobres han visto elevar su nivel de vida. Y, a diferencia de otros episodios de crecimiento en la historia del Perú, el progreso no ha estado limitado geográficamente; más bien, el sector rural, tanto como el sector urbano, se ha beneficiado, como lo ha hecho la mayor parte del interior del país, además de Lima y las ciudades de la costa”.

Esta información contradice factualmente todas las narrativas anti sistema difundidas en el Perú durante los últimos 10 años, con las que se pretende instalar nuevamente la ideología de las izquierdas retrógradas que ya fracasaron en el Perú y el resto del mundo.

Los peruanos que defendemos la democracia y la economía de mercado, necesitamos información veraz sobre nuestra realidad. Con este propósito estamos llevando el artículo citado a infografías. Hoy presentamos la primera:

Sugerimos apreciar y compartir el gráfico. Lampadia
 

 




¿Quiénes son los Hortelanos y los Republicanos en el Perú?

Deja mucho que desear que autos proclamados intelectuales y politólogos planteen falsas dicotomías para generar argumentos efectistas y populistas.

Camilo Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

“Desde que la democracia volvió al Perú en el 2000, solo hemos tenido dos proyectos políticos. Por proyecto político aludo a un horizonte programático claro para el país, abiertamente defendido desde el poder. Uno es el republicanismo que promovió Valentín Paniagua en su breve gobierno de transición; el otro, el hortelanismo modernizador que encontró en Alan García su articulador más fino. No hay más. […] Es decir, el hortelanismo, con el apoyo entusiasta de nuestros líderes políticos, tecnocráticos, empresariales y opinantes, ofreció riqueza sin ley. Y eso logramos. Estamos cosechando lo que sembramos.”
Alberto Vergara en “¿Hortelanos o republicanos?”.

La propagación de audios que visibilizan el profundo grado de corrupción y tráfico de influencias imperante en el poder judicial ha generado un clima político con sentido de urgencia en la sociedad respecto a la necesidad de reformar los poderes del Estado. Junto con ello, se ha producido un mayor interés entre líderes de opinión intelectuales y comunicadores respecto al porqué del precario desarrollo institucional del país.

En un sector de la intelectualidad y líderes de opinión se pretende vender la idea según la cual, en el Perú, las elites se han preocupado por mantener el libre mercado y la confianza de los inversionistas a consta del desarrollo institucional.

  • Se afirma que las políticas públicas del Perú en buena medida han sido determinadas por una elite económica únicamente preocupada por la defensa del modelo de libre mercado y que ha desatendido profundamente el desarrollo institucional.
  • Esta elite tendría como representación de su ideología el artículo “El Perro del Hortelano” de Alan García[1].
  • Según esa corriente intelectual, sectores conservadores se opondrían a reformas institucionales claves para la sociedad por temor a que las perturbaciones que se derivaran de estas pudieran afectar la calidad del ambiente de negocios.
  • Frente a estos sectores conservadores “hortelanistas” se encontraría un sector “Republicano” que si bien busca mantener los pilares básicos del modelo de mercado sí se encontraría dispuesto a llevar a cabo reformas institucionalistas y que es impulsado en mayor medida por valores que por sus intereses económicos.
  • La tragedia del Perú actual consistiría en lo infructuoso de los triunfos electorales del sector “Republicano”.
  • Estos triunfos se manifestarían en las dos derrotas en segunda vuelta de Keiko Fujimori en las que los sectores ciudadanos preocupados por la honestidad y vigencia de la democracia fueron decisivos.
  • Un artículo representativo de esta visión es el artículo de Alberto Vergara “¿Hortelanos o republicanos?”[2].

Esta es, a primera vista, una narrativa atractiva, en especial si uno es un líder opinión o intelectual, de izquierda o centro izquierda. Encaja con las actitudes anti empresariales de dichos sectores en los que una supuesta clase dominante necesita de instituciones injustas para poder sostener su aprovechamiento sobre el resto de la sociedad. No obstante, pese a su atractivo emocional la evidencia no sostiene varias de las creencias en que se basa este relato.

En este texto, cuestionamos dos puntos de esta narrativa.

  • Por un lado, la existencia de una disyuntiva entre profundización del modelo de mercado y desarrollo institucional.
  • Por otro la existencia misma de un sector “Republicano” con el interés, el enfoque y la capacidad para generar mejoras sostenidas en la institucionalidad peruana.

Para ello hacemos uso de estadísticas[3] respecto a nivel de desarrollo institucional acopiadas por el Banco Mundial dentro del programa ‘World Governance Indicators’. En este programa se agregan diversos indicadores de calidad de institucional. Los aspectos a ser monitoreados son los siguientes:

  • Expresión y Rendición de Cuentas (VA)
  • Estabilidad Política y Ausencia de Violencia/Terrorismo (PS)
  • Efectividad del Gobierno (GE)
  • Calidad Regulatoria (RQ)
  • Imperio de la Ley (RL)
  • Control de la Corrupción (CC).

Estos indicadores son mostrados mediante percentiles, así cuando un país se encuentra en el percentil 70% en Efectividad de Gobierno, ello significa que el 70% de los países están por debajo del país mencionado en este indicador. Ello significa que a mayor valor del percentil mayor desarrollo institucional tendrá el país. Se hace uso de percentiles para que así sea posible agregar diversos indicadores ubicados en múltiples escalas.

A esta información de institucionalidad le hemos agregado el indicador de Libertad Económica del Cato Institute (EF), ello con el fin de ver la relación existente entre libre mercado y desarrollo institucional. Para los últimos gobiernos hemos dado los valores para cada uno de estos aspectos al final de su mandato.

Se puede observar que la entrada de Paniagua generó un cambio claro hacia un régimen con mayor libertad de expresión y rendición de cuentas como lo manifiesta el incremento en el valor de VA (17.91), también se dio una mejora significativa, aunque no tan alta en el Imperio de la Ley (8.91). Es digno de mención lo elevado, relativamente, de los niveles de Efectividad de Gobierno durante la época de Fujimori, lo cual explicaría en parte la importancia política del fujimorismo después del año 2000. También es notable que el gobierno del “mal menor” de Ollanta Humala muestre indicadores de corrupción más elevados que aquellos de Fujimori al final de su régimen. Es llamativo, también, que la Libertad Económica no haya tenido fluctuaciones muy abruptas a lo largo del tiempo, aunque las opciones apoyadas por la derecha tienden a mostrar niveles más altos que aquellos apoyados por la izquierda, lo que muestra cierto nivel de coherencia ideológica entre las políticas públicas y el alineamiento de las fuerzas políticas. De ahí que, a pesar de lo que se diga en muchas ocasiones, la ideología del gobernante sí importa, en cierta medida, para las políticas económicas en el Perú.

Esta tabla nos señala los cambios en los indicadores de institucionalidad en comparación a los gobernantes previos. Alberto Fujimori ha sido retirado de la muestra puesto que no existen indicadores previos a su gobierno a los cuales referirse. También se ha generado un indicador de “Efecto Institucional Neto” que refleja la suma de los cambios en los diversos indicadores durante el periodo.

Los resultados entran en claro contraste con las teorías de Vergara y las impresiones de múltiples líderes de opinión de izquierda. El gobierno, “Hortelanista” por excelencia de Alan García resultó ser aquel en que más mejoro la Libertad Económica (EF), lo que es coincidente con su imagen de derechista. Sin embargo, resultó también ser aquel en la que los indicadores en gobernanza tuvieron una mayor mejora en promedio, es decir aquel del que hay mayor evidencia de un progreso institucional (Efecto Institucional Neto). En el campo de la corrupción, si bien con los niveles altos de corrupción históricos del Perú, el gobierno de García mostro avances anticorrupción muy cercanos a los de Paniagua. A su vez los gobiernos electos en coaliciones políticas de calificados de “Republicanos” como Toledo y Humala mostraron retrocesos en los niveles de CC. El caso de Humala es llamativo puesto que llevo los indicadores de Control de Corrupción a los niveles más bajos alguna vez medidos y se dio un deterioro mayor que todos los avances registrados desde la caída de Fujimori.

Un análisis de correlación entre el indicador de Libertad Económica y el Efecto Institucional Neto muestra que el caso peruano no existe una correlación significativa con Control de la Corrupción (CC), el Imperio de la Ley (RL) o la Estabilidad Política (PS). Estos aspectos de la calidad institucional de un país parecen ser independientes de que tan a favor del libre mercado sea el Perú.

Los únicos casos en los que se encuentran niveles de asociación relevantes positivos es en el caso de Rendición de Cuentas (VA), Efectividad de Gobierno (GE) y Calidad Regulatoria (RQ). Es decir, en el Perú, la libertad económica se encuentra asociada a mejoras a los indicadores de calidad institucional o no tiene relación respecto a ellos.

Se puede considerar que la data peruana no es suficiente para arribar a conclusiones definitivas. Sin embargo, es mejor fundamentar posiciones respecto a algún grado de evidencia que respecto a antipatías o simpatías políticas, por más populares que sean en un determinado sector social.

Queda bastante claro, por la información mostrada, que no existe un sector “Republicano” que haya sido capaz de ejecutar reformas anti corrupción efectivas. En todo caso creer que entregar el control de la reforma judicial a sectores que se proclaman abanderados de la anticorrupción llevaría a resultados positivos es algo que choca contra la experiencia.

La evidencia mostrada parece indicar que cuando los sectores asociados al término “caviar” detentan un mayor control sobre las instituciones lo que se da es un retroceso en la capacidad de la sociedad para controlar la corrupción. Además, la Efectividad del Gobierno, imprescindible para una redistribución social efectiva, también se ve socavada. Además, las mejoras dadas durante el gobierno de Paniagua no se deberían a la existencia de acciones de un sector “Republicano” con “horizonte programático” sino seria resultado natural de la reinstauración del equilibrio de poderes tras la salida de un régimen autoritario y con corrupción generalizada, algo que se hubiera dado bajo casi cualquier gobernante en transición.

Sin embargo, hay quienes han estudiado, mediante métodos estadísticos solidos, la relación entre corrupción, crecimiento económico y libre mercado. Y las conclusiones de sus estudios no concuerdan con las premisas que han encontrado una voz florida en Vergara.

En el artículo “¿Hortelanos o republicanos?” el autor afirma: “Entonces, ¿por qué en estas últimas dos décadas hemos crecido económicamente mientras la vida pública se pudre por los cuatro costados? Porque como mandaba el catecismo, la inversión era “lo único” que nos haría progresar. Por gracia divina modernizadora, ella se convertiría en mejores instituciones. O, como repetía Jaime de Althaus en su libro del 2011 (¡citando a un marxista!): Sin burguesía no hay democracia. Ese es el corazón del mito hortelano.”

Pero resulta que hay evidencia de que el crecimiento económico sí genera, por si mismo, un mejor control de la corrupción.

  • En un estudio[4] titulado “El Crecimiento Económico Reduce la Corrupción?” se muestra como el crecimiento causa una reducción en el porcentaje que los sobornos representan de los ingresos las empresas.
  • Así mismo, en “Las Reformas de Mercado Brindan a las Reformas Anticorrupción una Mayor Fuerza: La Evidencia China”[5], se señala que la liberalización económica genera un incremento en los sectores de la elite deseosos de reformas anticorrupción.

Los estudios citados concluyen que el liberalismo económico genera una correlación de fuerzas sociales y políticas más hostiles a la corrupción.

Esto no implica que no habría que luchar contra la corrupción y que la misma no sea una tara para el desarrollo social y económico del país. Pero lo que queremos afirmar es que no existe una disyuntiva entre desarrollo institucional y liberalismo económico y que inclusive la evidencia señala que de darse una asociación esta seria de signo contrario.
En los años 80s la inestabilidad macroeconómica y el fenómeno terrorista impulsaron por parte de la sociedad la generación de reformas y propuestas respecto a cómo responder a semejantes desafíos. De las reacciones de la sociedad a esos dos fenómenos, influenció la naturaleza de las respuestas en políticas públicas que posteriormente se implantaron y que dinamizaron la economía del Perú y la expansión de la clase media.

El reto que enfrenta el Perú actual es la construcción de instituciones políticas sólidas que no se dediquen a utilizar el poder el Estado para canalizar riqueza a actores privados y a grupos privilegiados de la burocracia. De las ideas predominantes en la sociedad al momento de realizar las reformas dependerá el tipo de instituciones que definirán por décadas el tipo de proceso de desarrollo que seguirá el país. Por ello es necesario que las ideas al respecto se fundamenten en evidencias y no en las antipatías y simpatías políticas. Lampadia

 

[4] Bai, Jie, Seema Jayachandran, Edmund J Malesky, and Benjamin A Olken (2013), “Does Economic Growth Reduce Corruption? Theory and Evidence from Vietnam.” National Bureau of Economic Research Working Paper 19483.




La revolución peruana y el capitalismo de los pobres

La revolución peruana y el capitalismo de los pobres

Interesante artículo de Mauricio Rojas, de origen chileno, sobre la evolución económica y social del Perú. Destaca la siembra política de Vargas Llosa en la campaña del 90, las reformas liberales de Fujimori y la naturaleza del sector informal peruano.

Sobre el sector informal, afirma que ha sido una suerte de colchón, ya que absorbía empleo cuando la economía se debilitaba y se reconvertía a la formalidad en épocas de crecimiento. Interesante análisis sobre este sector, al cual le asigna más virtudes que defectos.

Como hemos dicho en anteriores ocaciones en Lampadia, más que combatir la informalidad, debemos desregular la asfixiante formalidad. 

Ver artículo de Rojas:

 

La revolución peruana y el capitalismo de los pobres

Por Mauricio Rojas, historiador económico y escritor sueco de origen chileno. Es profesor adjunto en la Universidad de Lund en Suecia y miembro de la Junta Académica de la Fundación para el Progreso (Chile).

Publicado por elcato.org, CATO, el 21 de abril de 2015.

Del caos al progreso

Nadie hubiese podido imaginar a mediados de 1990 que en 25 años Perú sería uno de los países más exitosos de América Latina, triplicando su PIB y reduciendo drásticamente la pobreza a pesar de un notable incremento demográfico que ha elevado su población de 22 a 31 millones de habitantes.

En 1990 el país se encontraba en una situación caótica, producto de una dilatada crisis económica que había adquirido proporciones gigantescas hacia fines del gobierno de Alan García (1985-1990) y una escalada de violencia política sin precedentes. El ingreso per cápita de los peruanos había caído más de un 30% de 1987 a 1990 y se encontraba al mismo nivel que en 1960. Las finanzas públicas se mantenían gracias a una emisión descontrolada de dinero que desató una hiperinflación que acumuló la exorbitante cifra de 2.2 millones por ciento durante el período de García. Más de la mitad de los peruanos vivía en condiciones de pobreza y la gran mayoría de ellos habitaba en zonas rurales o en inmensas barriadas (“pueblos nuevos”) que existían al margen de las instituciones y leyes del país. Este era el caso de cerca de la mitad de los 6 millones de habitantes que por entonces vivían en la región metropolitana de Lima-Callao. Al mismo tiempo, gran parte de las zonas rurales del altiplano estaban bajo el control de la guerrilla maoista Sendero Luminoso que junto al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) sembraban el terror por doquier, en una guerra sin cuartel que terminaría costando cerca de 70 mil muertos y desaparecidos.

Para muchos, Perú estaba a las puertas de una revolución comunista, pero pasó justamente lo contrario: desde abajo y desde la marginalidad el pueblo peruano desencadenaría una revolución capitalista sin precedentes en la historia latinoamericana. Para ello fue necesario el genio de Mario Vargas Llosa, la ilimitada inescrupulosidad de Alberto Fujimori y el talento emprendedor de millones de peruanos.

La revolución liberal de Mario Vargas Llosa

El aporte de Vargas Llosa a la exitosa transformación del Perú fue de primer orden, indicando el camino por el que el país finalmente transitaría para salir de su crisis. Desde 1987 se había volcado de lleno a la actividad política y fue candidato a presidente en 1990 proponiendo algo tan insólito en Perú —y en América Latina en general— como una revolución liberal que abriera su economía y liberara el potencial emprendedor de su pueblo condenado a la marginalidad por un Estado y una legalidad al servicio de las elites tradicionales. Era la alternativa del “capitalismo de los pobres”, como él la llamo, en vez del capitalismo cerrado y oligárquico del pasado.

Como el mismo Vargas Llosa ha explicado en su relato autobiográfico El pez en el agua: “El programa para el que yo pedí un mandato y que el pueblo peruano rechazó, se proponía sanear las finanzas públicas, acabar con la inflación y abrir la economía peruana al mundo, como parte de un proyecto integral de desmantelamiento de la estructura discriminatoria de la sociedad, removiendo sus sistemas de privilegio, de manera que los millones de pobres y marginados pudieran por fin acceder a aquello que Hayek llama la trinidad inseparable de la civilización: la legalidad, la libertad y la propiedad”.

Además, todo esto había que hacerlo ya. La crisis peruana era de tal gravedad que no permitía medias tintas ni gradualismos. Ello implicaría un alto costo inicial y sobre ello Vargas Llosa fue absolutamente transparente. Quería ganar la elección como el hombre honesto que es, es decir, “con la aquiescencia y participación de los peruanos, no con nocturnidad y alevosía, y, por supuesto, perdió.

Las sorpresas de Fujimori

Alberto Fujimori derrotó ampliamente a Mario Vargas Llosa en la segunda vuelta de la elección presidencial de junio de 1990. De él poco se sabía y su mayor capital político era no pertenecer a las desprestigiadas elites sociales y políticas del país. No tenía ni siquiera un programa concreto de gobierno sino sólo declaraciones muy vagas y, sobre todo, la promesa de no someter al país a un cambio radical como el que proponía Vargas Llosa. Pero fue justamente lo que hizo a partir del célebre programa de estabilización económica anunciado el 8 de agosto de 1990, a los diez días de haber asumido el poder. Se lo conoce, adecuadamente, como el “Fujishock” o también como el “paquetazo”, y fue completado posteriormente por nuevas medidas que profundizaron su impacto.

Sus grandes líneas apuntaron a frenar la inflación mediante una rápida reducción del déficit fiscal, abrir la economía peruana, tanto interna como externamente, y reinsertar al Perú en el sistema financiero internacional. Entre otras cosas, en 1991 se redujeron los gastos corrientes del Estado con un 27.7% en relación al año anterior mediante una férrea disciplina fiscal, la reducción de salarios y subsidios así como el incremento drástico de los precios de los bienes y servicios públicos. Simultáneamente se eliminaron casi todas las trabas a la importación y los aranceles fueron reducidos considerablemente, se liberalizaron los mercados de bienes, servicios, capitales y trabajo, se eliminó una serie de instituciones estatales y, a partir de 1992, se llevó a cabo una amplia privatización de empresas públicas, fuera de impulsarse un reforma tributaria para aumentar la recaudación y fijarse algunos impuestos de emergencia.

El impacto inicial de estas medidas fue duro, profundizando la contracción de la economía iniciada en 1988. En 1992 el PIB per cápita era 11.6% inferior al de 1989 y 31% en relación al de 1987. El empleo público se redujo en una quinta parte entre de 1989 y 1992, y el salario medio cayó en 1990 un 28.4%, lo que vino a agudizar el descalabro de los salarios reales iniciada en 1988 que los redujo con un 69% de 1987 a 1990. Por su parte, la pobreza afectaba en 1991 en torno al 55% de la población peruana, lo que representaba un deterioro muy sustancial respecto del 43% registrado a mediados de los años 80. Sin embargo, es imposible precisar cuánto de ese deterioro se debe a las medidas adoptadas por Fujimori y cuánto a la debacle económica causada por el populismo de Alan García.

En todo caso, a partir de 1993 se inicia una fase de fuerte recuperación económica con un promedio anual de crecimiento del PIB per cápita en torno al 6% entre 1993 y 1997 (lo que dio un aumento acumulado del PIB per cápita del 27% para esos años). Ello, a su vez, permitió una reducción significativa de la pobreza: -20.3% entre 1991 y 1996, pasando del 55.3 al 44.1% de la población peruana. Estos progresos reflejaron algunos de los logros más significativos del gobierno de Fujimori, como ser el saneamiento de las cuentas fiscales, la derrota de la inflación y la reinserción de Perú en los mercados internacionales de capitales. El déficit público cayó de 7.9% del PIB en 1990 a 0.8% en 1997 y entre esos años la inflación se redujo de 7,650% a 6.5%. A su vez, los flujos internacionales de capitales dieron un vuelco espectacular, pasando de un saldo negativo en la cuenta financiera de 1,853 millones de dólares en 1989 a uno positivo de 3,882 millones en 1994, impulsado por las inversiones directas que ese año alcanzaron los 3,289 millones de dólares.

Junto a ello se deben destacar dos hechos decisivos al nivel político: el autogolpe del 5 de abril de 1992 y la derrota de los grupos terroristas a partir de la captura de Víctor Polay Campos, jefe del MRTA, en julio de 1992, y de Abimael Guzmán, líder máximo de Sendero Luminoso, en septiembre de 1992. Tanto el autogolpe como los métodos adoptados para combatir al terrorismo retratan de cuerpo entero a Alberto Fujimori como un hombre sin escrúpulos, dispuesto a instaurar la dictadura, el terrorismo de Estado y las prácticas más corruptas para alcanzar sus fines. La figura siniestra de Vladimiro Montesinos, jefe del Servicio de Inteligencia Nacional del Perú (SIN) y mano derecha de Fujimori, será la síntesis del lado más oscuro del régimen fujimorista.

El capitalismo de los pobres

El crecimiento acelerado y la reducción de la pobreza iniciados en 1993 fueron interrumpidos en 1998 por la así llamada crisis asiática, dando origen a cuatro años de recesión económica y recrudecimiento de la pobreza, que volvió a los niveles más críticos alcanzados a comienzos de los años 90, con un 54.7% en 2001. Al mismo tiempo, el régimen fujimorista cae en noviembre de 2000 en medio de enormes escándalos de corrupción y el Perú se abre al restablecimiento pleno de la democracia.

Es en esas condiciones que, a partir de 2002, se inicia un largo período de crecimiento espectacular que coincidirá con una extraordinaria reducción de la pobreza. El PIB se duplica de 2001 a 2013 y la pobreza se reduce a menos de la mitad, pasando de 54.7 a 23.9%. La pobreza extrema se reduce aún más rápidamente, pasando de 24.4% en 2001 a 4.7% en 2013. Actualmente, la pobreza extrema prácticamente ha desaparecido de las zonas urbanas quedando relegada a las zonas rurales, donde llegaba al 16% en 2013, lo que implica una reducción dramática desde 2001 cuando más de la mitad de la población rural vivía en condiciones de indigencia o pobreza extrema.

Este desarrollo muestra una notable similitud con aquel experimentado previamente por Chile, donde también tomó unos 12 años pasar de la fase de apertura económica y reacomodo estructural a la de crecimiento sostenido con reducción de la pobreza, iniciada en torno a 1985. En el caso peruano el crecimiento acelerado coincidió con una fuerte expansión de la demanda internacional de material primas y alimentos, pero ha mostrado una notable resiliencia frente a los trastornos relacionados con la crisis financiera de 2008-2009 y la caída relativa del crecimiento de China. De hecho, el crecimiento promedio del PIB peruano fue de 5.9% de 2010 a 2014, y la Cepal ha pronosticado un crecimiento del 5% para 2015, cifras que están muy por encima del promedio latinoamericano que exhibe un crecimiento anual del 3.4% en 2010-2014 y un pronóstico de 2.2% para 2015. Esta comparación puede ser reforzada mirando el crecimiento para todo el período 1990-2013 o limitándose a los años 2001-2013. En ambos casos, la tasa de crecimiento peruana duplica el promedio latinoamericano e incluso, para este último período, supera largamente a Chile que muestra un crecimiento acumulado de 64% mientras que Perú llega al 104%.

Estas comparaciones muestran la fuerza excepcional del desarrollo peruano, lo que nos obliga a volver la mirada hacia los factores internos que han promovido el crecimiento económico. Al hacerlo, nos encontramos con uno de los aspectos más distintivos de la economía peruana: la altísima tasa de informalidad. Se trata del capitalismo de los pobres de que hablaba Mario Vargas Llosa y cuyo potencial emprendedor fue destacado en El otro sendero, el célebre estudio que Hernando de Soto, en colaboración con Enrique Ghersi Mario Ghibellini, publicó el año 1986.

Esto no quiere decir que la informalidad por sí sola pueda conducir a un resultado como el de Perú en los últimos decenios. De ser así Perú se hubiese desarrollado mucho antes y otros países con altas tasas de informalidad también lo hubiesen hecho, pero nada parecido ha ocurrido. Es la combinación de la estabilidad macroeconómica y las reformas liberalizadoras con la derrota del terrorismo, la democratización y una coyuntura global favorable lo que le ha dado a la informalidad un contexto adecuado para poder desarrollar todo su potencial creativo. Esa fue la gran idea que Vargas Llosa propagó a fines de los años 80 y que hoy se ve refrendada por la realidad peruana. No fue realizada con la sinceridad, decencia y sensibilidad social que Vargas Llosa hubiese querido, pero al final, a trancas y barrancas, el Perú ha caminado por el sendero señalado por su célebre escritor liberal.

La informalidad: refugio y trampolín de los pobres

Tanto el sector informal como el empleo bajo condiciones de informalidad, es decir, total o parcialmente fuera de la ley, han sido una realidad constante de la economía peruana. Según un estudio del Instituto Nacional de Estadística e Información del Perú, Producción y empleo informal en el Perú (INEI, mayo de 2014), en el año 2012 el sector informal daba empleo al 57% de la fuerza laboral. A ello hay que agregar un 17% de la fuerza de trabajo empleada fuera del sector informal pero bajo condiciones de informalidad. Se llega así a un total equivalente al 74% de la fuerza laboral o unas 12 millones de personas con empleo informal. Estas cifras son sin duda impactantes, pero representan un descenso significativo de las tasas de informalidad registradas anteriormente, que se ubicaban sobre el 80% a comienzos del 2000 y, según el INEI, en el 79% en 2007.

El aporte productivo del sector informal ha sido estimado de manera muy diferente por diversos autores dependiendo de las definiciones y metodología usadas. Hernando de Soto lo estimó en un 55% del PIB para los años 1980-86, Norman Loayza en un 57.4% para 1990-93 y Jorge de la Roca y Manuel Hernández en un rango del 30 al 37% para el año 2000, pero Friedrich Schneider lo situaba en el 60.9% en 2002-2003. Roberto Machado hace, en La economía informal en Perú (2014), una estimación del 29.6% para 2011. Este autor hace también una interesante estimación conjunta del peso de lo que llama “economía subterránea”, que incluye tanto al sector informal como a la economía ilegal (contrabando y narcotráfico), llegando de esa manera a un equivalente al 66% del PIB en 2009.

Como se ve, más allá del método usado para calcular su importancia estamos frente a un fenómeno clave, especialmente desde el punto de vista del empleo lo que, a su vez, es decisivo para evaluar su impacto sobre las condiciones de vida de los sectores más pobres de la población. En Perú la disminución de la tasa de pobreza ha sido totalmente dependiente del dinamismo del empleo y el autoempleo informal ya que el empleo formal ha cubierto no más de una quinta o cuarta parte del empleo total.

La evolución del sector informal ha tenido una forma característicamente contracíclica, es decir, se ha expandido en momentos de retroceso económico y se ha contraído en la medida en que el país crece. Esto implica que la informalidad ha sido tanto el gran refugio como el trampolín fundamental del progreso de los pobres: los ha acogido en los tiempos difíciles y les ha brindado la base tanto para su progreso como para pasar al sector formal cuando las condiciones se han hecho favorables. Esto último se da mediante la formalización de una parte de las actividades informales al aumentar su volumen, complejidad y rango de operaciones y también gracias a una mayor demanda laboral del sector formal ya existente.

Así, de acuerdo a las series presentadas por Roberto Machado, se puede constatar que la economía informal se expande como respuesta a la crisis de comienzos de los 80 para luego contraerse algo durante la fase expansiva del gobierno de Alan García. A partir de la profunda crisis desatada en 1988 la informalidad crece fuertemente, hasta llegar a su punto máximo en 1990. Luego se reduce marcadamente hasta 2007 para incrementarse ligeramente durante la recesión iniciada en 2008. Finalmente, desde 2001 en adelante inicia una larga fase de contracción que coincide con el gran crecimiento del período.

Los efectos más notables del dinamismo del capitalismo informal se refieren tanto a la disminución de la pobreza como a la distribución del ingreso. Si Perú tuviese hoy el mismo porcentaje de pobres que en 2001 habrían 10 millones de pobres más de los que realmente hay, es decir, 17 en vez de 7 millones. A su vez, la distribución del ingreso ha evolucionado hacia mayores niveles de igualdad. Es decir, la porción del PIB que retienen los pobres ha aumentado consistentemente y, a su vez, la de los sectores más acomodados ha disminuido. Así, según los datos de la Cepal, el coeficiente de Gini ha disminuido de 0.54 a 0.44 entre 1999 y 2013, lo que hace del Perú una de las estados más igualitarios de América Latina. A su vez, la relación entre los ingresos del decil más acomodado y el 10% más pobre ha disminuido de 26 a 14 veces. En la práctica, la combinación del crecimiento con esta distribución más pareja del ingreso ha implicado que los ingresos del 10% por ciento más pobre de los peruanos se incrementaron un 144% entre 1999 y 2013. Este desarrollo hacia una distribución más pareja del ingreso nacional, que ha favorecido claramente a la mitad más pobre de los peruanos, es testimonio de que la vitalidad del sector informal ha sido superior a la del sector formal de la economía.

Por su parte, el Estado peruano no les ha dado mucho a sus pobres y su gran aporte, fuera de derrotar al terrorismo, ha sido dejar de perturbar sus vidas y obstaculizar su espíritu emprendedor. Esto no niega ciertos aportes positivos, como las transferencias condicionadas del programa Juntos o una legalidad que facilita la formalización de la economía, pero en lo sustancial la lucha contra la pobreza la han dado y ganado los pobres en el mercado, apoyados en sus propias redes sociales y al margen de las instituciones y la legalidad oficial. Esto es lo que deja en claro un estudio reciente del Banco Mundial (“What Is Behind the Decline in Poverty Since 2000? Evidence from Bangladesh, Peru and Thailand“, 2013), donde se constata que las transferencias y donaciones publicas sólo explican el 8,6% de la reducción de la pobreza en el Perú entre 2004 y 2010, proviniendo el resto fundamentalmente de los ingresos laborales (75%) así como de una variedad de otras fuentes (donaciones privadas, ingresos de capital, cambios en la composición del hogar, etcétera).

Palabras finales

En resumen, en vez de ser un problema, como tradicionalmente se planteaba en particular por el pensamiento estructuralista asociado a la Cepal, la informalidad o el capitalismo de los pobres ha sido la gran solución, primero para sobrevivir los momentos críticos y luego para potenciar las fases de crecimiento, transformando la acumulación de capital, experiencia y conocimiento del sector informal en más trabajo, mayores ingresos y dinamizando también la expansión del sector formal. No se trata, por cierto, de una panacea, pero sí de un camino que ha sido accesible y transitable para la gran mayoría de los peruanos. Esa es la gran revolución capitalista que está derrotando la pobreza y cambiándole el rostro y el alma al Perú.