Continuando con el desarrollo de nuestro repositorio ‘El Estado del Siglo XXI’, publicamos a continuación el artículo de Carlos Zoe, sobre los códigos y procedimientos penales.

Carlos Zoe Vásquez Ganoza

Director General de Política Criminal y Penitenciaria

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

El Perú, dentro del sistema de justicia penal, cuenta con tres (3) códigos o normas de carácter general: a) el código penal de 1991 que regula los delitos y sus penas; b) el código procesal penal de 2004 que regula el procedimiento que se llevará a cabo para imponer dichas penas; y, c) el código de ejecución penal de 1991 que establece la forma de cómo se cumplirán las penas impuestas en el sistema nacional penitenciario.

Desde el año 1991, el Código Penal y, con ello los delitos y las penas que regula, fue modificado 575 veces: el 72% de esas modificaciones fueron para “agravar las penas”; un 20.5% para incorporar “formas agravadas”. De otro lado, el Código Procesal Penal de 2004 fue modificado 33 veces, 70% de ellas para “flexibilizar algunas instituciones procesales de cara a la criminalidad organizada”, como es el caso de la Ley N° 30077, Ley de Crimen Organizado. Finalmente, el código de ejecución penal siguió una suerte similar desde el año 1991, con 50 modificaciones, de las cuales un 86% fueron para “eliminar beneficios penitenciarios” (basta ver las Leyes N° 30076 y 30077);  

MODIFICACIONES NORMATIVAS

(1991-2015)

Hasta aquí podemos concluir una primera premisa: frente al problema de la criminalidad, el Estado busca siempre respuestas de carácter legal, especialmente punitivas, en el entendido que “a mayores sanciones, menos beneficios y mejores instituciones procesales” se podrá “reducir la criminalidad”.

Esta política criminal “normativa” de carácter “represivo”, en la mayoría de los casos, ha sido de “corto plazo”, fundada especialmente frente a fenómenos sociales temporales o violentos, por lo que es considerada como una política “reactiva”, sin sustento empírico alguno, en algunos casos sin marco constitucional que los respalde y, como regla, ha carecido de un monitoreo o seguimiento del impacto de dicha norma para con la finalidad argumentada en las exposiciones de motivos de los proyectos de ley que le dieron vida.

¿Pero es cierto que a mayores penas, menos beneficios y mejores instituciones procesales” se podrá “reducir la criminalidad”? La hipótesis de que dicha política se orienta a la reducción de la criminalidad no es contrastable. Por el contrario, la fuente empírica determina que, allí donde se verifican incrementos significativos en las tasas de victimización (delitos), se ha verificado a su vez que las normas se habían endurecido (incremento de penas). En conclusión, no hay relación alguna entre el crecimiento o reducción de la delincuencia con el aumento de las penas. (Solo un ejemplo: para el año 2004 se modificaron 31 delitos para aumentar sus penas; al siguiente año tuvimos una de las tasas de victimización más altas 47%).

VICTIMIZACIÓN Y MODIFICACIONES PUNITIVAS  (2006-2011)

De otro lado, este año el Legislativo otorgó facultades al ejecutivo, mediante Leyes N° 30335 y N° 30336, para legislar en materia de seguridad ciudadana y económica. De los 66 Decretos Legislativos que se han promulgado, 31 de ellos son sobre seguridad ciudadana. De estos, no cabe duda que el Decreto Legislativo N° 1194 que regula el proceso inmediato para casos en flagrancia ha sido el de mayor impacto. Solo en su primer mes de vigencia ha logrado, según información del poder judicial, resolver más de mil casos en tiempos menores a una semana desde producido el hecho.

El caso más emblemático es el que hemos asistido en los últimos días: la condena de 6 años y 8 meses de pena privativa de libertad, en menos de una semana, a la ciudadana Silvana Buscaglia. La sanción por haber cometido el delito de violencia a la autoridad en su forma agravada (violencia frente a un efectivo policial) ha puesto en debate la “proporcionalidad de la pena impuesta”.

El delito de violencia a la autoridad en su forma agravada se encuentra tipificado en el código penal en su artículo 367 y ha sufrido, desde su vigencia en el año 91 a la fecha, 4 modificatorias. Esto ha determinado que este delito, sancionado en el año 91 con una pena no menor de 3 ni mayor de 6 años, pase a tener una pena no menor de 8 ni mayor de 12 cuando la violencia se realiza sobre un efectivo policial, estableciendo incluso una pena no menor de 10 ni mayor de 15 años si como consecuencia de la violencia deviene la muerte la víctima.

Vamos concluyendo. Así como ha existido reformas interesantes dentro del sistema de justicia penal, como ha sido el Código Procesal Penal de 2004, un código moderno y eficaz (que incluye la posibilidad del proceso inmediato con condenas rápidas), también es cierto que ha existido toda una política punitiva que se ha traducido en el aumento de penas y eliminación de beneficios penitenciarios, lo que ha determinado que hoy el juez no tenga otra opción que imponer penas desproporcionadas y que cada día más internos no accedan a beneficios penitenciarios y, con ello, hayan dejado de trabajar o estudiar dentro de los establecimientos penitenciarios.

Desde hace ya más de 2 años, el Congreso ha tenido en sus manos la posibilidad de promulgar un nuevo código penal moderno, que responda a las nuevas tendencias actuales y no a las que fundamentaron el código de 1991. Lamentablemente al cierre de esta legislatura esto no ha sido posible. Esperamos que esta reforma se logre con un nuevo gobierno y un nuevo legislativo para el año 2016 y podamos tener procesos simplificados, rápidos, pero sobre todo, justos. Lampadia

 

 

 

 

Continuando con el enriquecimiento de nuestra sección ‘El Estado del Siglo XXI’, publicamos a continuación el análisis de Carlos Zoe, especialista y oficial a cargo de tan importante tema para la calidad de vida de nuestros ciudadanos.

 

Carlos Zoe Vásquez Ganoza

Director General de Política Criminal y Penitenciaria

Secretario Técnico de la Comisión Espacial de Implementación del Código Procesal Penal

El crecimiento económico de los últimos veinte años ha determinado dos cosas importantes para la sociedad peruana: la primera, que el desempleo, uno de los principales problemas del Estado en las últimas dos décadas, dejó de serlo desde el año 2011; el segundo, que el sitial dejado por el desempleo ha sido cubierto por la delincuencia, principal problema que determina hoy en día la agenda social, económica y política del país.

La delincuencia siempre ha estado presente en el Estado Peruano, incluso con tasas mayores a las que hoy vivimos. Sin embargo, para el ciudadano peruano de los años ochenta, por ejemplo, antes de preocuparse por ser la próxima víctima de un delito, andaba en busca de algún empleo que lo interceptara. Hoy, más allá de la desigualdad que aun existe, no cabe duda que la población económicamente activa tiene más posibilidades de ingresar al mercado laboral y, con ello, generar recursos. La conclusión es obvia: ahora sí tengo temor de ser la próxima víctima.

¿Pero conoce realmente el peruano qué tipo de delincuencia existe? La respuesta no es simple, pero tratare de explicarla: el único indicador mundial que mide los crecimientos o variaciones de la delincuencia en un país son las tasas de victimización. Estas se obtienen de unas encuestas que se hace al ciudadano y que se componen de dos elementos: el primero de ellos de carácter objetivo, por la cual se le pregunta si ha sido víctima de un delito en los últimos 6 o 12 meses, dependiendo de la encuesta; el segundo, de carácter subjetivo, por la cual se le pregunta si tiene temor de ser la próxima víctima o si se siente inseguro en la ciudad en que vive.

En el Perú, quien realiza la encuesta de victimización es el INEI, a través de la Encuesta Nacional de Programas Estratégicos – ENAPRES, que se realiza sobre un poco más de cincuenta mil hogares en todo el Perú. Según esta encuesta, para el año 2011 la tasa de victimización llegó a 40%; esto es, que 4 de cada 10 peruanos había sido víctima de un delito. Tres años más tarde, para el 2014, esta misma encuesta nos dice que la tasa se ha reducido en diez puntos porcentuales y que hoy estamos en un 30% de victimización.

Quien escucha al INEI, a través del ENAPRES, decir que la criminalidad en el Perú ha bajado descartará de plano los resultados de dicha encuesta por considerar que no se ajusta a la realidad. Esto se explica con las tasas de percepción o temor, que lejos de bajar se han mantenido alrededor de los 80%, es decir, que 8 de cada 10 peruanos se siente inseguro en este país, así que no le venga a decir que se ha reducido la delincuencia.

Pero, con todo lo que ello significa para el ciudadano, le tengo que decir que INEI tiene razón, la criminalidad ha reducido 10 puntos porcentuales, lo que no significa que deje de ser un problema y un gran problema. Si traducimos en números grandes qué significa esto de las tasas de victimización, el ciudadano se dará con ésta respuesta: alrededor de cinco millones de peruanos son víctimas de un delito, y he ahí porqué el peruano aún se siente inseguro y no cree para nada que se haya reducido la criminalidad.

Pero si realmente se ha reducido la criminalidad, por qué todos nos sentimos inseguros. La respuesta es que, si bien la criminalidad se ha reducido, cada día los delitos que sí se cometen son más violentos. Según cifras del Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad – CEIC, donde confluyen las áreas estadísticas del INEI, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el  Instituto Nacional Penitenciario, la tasa de homicidios en el Perú se ha incrementado: hemos pasado de 1,617 homicidios en el año 2011 a 2,076 en el 2014.  De estos últimos, más del 50% se ha producido con armas de fuego, en espacios públicos o privados.

Hoy, no cabe duda que la criminalidad es el principal problema que el próximo gobierno va a tener que priorizar en su agenda frente a la comunidad. Hoy sabemos que los delitos, que son muchos – más allá de la reducción de tasas de los últimos cuatro años -, son cada día más violentos. L