La abusiva e interminable huelga de maestros evidencia el nivel de penetración del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) en la movilización y representación del magisterio. Y es que durante los últimos años Patria Roja (Partido Comunista del Perú), ha ido perdiendo el control del SUTEP, el sindicato que usufructúa capacidades monopólicas, por los avances de organizaciones políticas como el CONARE del Movadef (fachada de Sendero Luminoso).

Fuente: www.ideeleradio.org.pe

Y es que el sindicato de maestros, por su tamaño, presencia nacional, su capacidad monopólica, el control de la Derrama Magisterial, y su vinculación con un tema tan sensible como la educación, es una suerte de ‘bocatto di cardenale’, es la base gremial más poderosa de la política nacional. Lamentablemente, como hemos explicado anteriormente (ver: xxx), el SUTEP fue capturado por dirigencias que están mucho más cerca de la política, que de la noble profesión del magisterio. Nuestro estancamiento económico iniciado en los años 60, condenó a la pobreza los servidores públicos, incluidos los maestros, algo que hizo natural la orientación reivindicativa del sindicato. Así fue que el gremio se presenta como víctima y suscribe la ‘lucha de clases’.

Fuente: larepublica.pe

Hoy se disputan el control del SUTEP, las dos ramas del comunismo local, dividido hace décadas. Patria Roja, el comunismo no senderista, y el Conare más Pukallacta, el comunismo senderista o filo senderista. Hasta hace pocos días el gobierno pensaba que su rol era defender a la dirigencia de Patria Roja, y evitar la captura del SUTEP por el Conare, pero el desliz del Presidente PPK en Moquegua la semana pasada, presumiblemente a instancias del vicepresidente Vizcarra, de invitar a los dirigentes de los comités de lucha a Palacio, empoderó al Conare y debilitó sustancialmente a Patria Roja.

Es interesante tomar nota de las declaraciones de ayer en RPP de la ex secretaria general del SUTEP y ex decana del colegio de profesores, Soledad Lozano, cuando se pregunta si alguien cree que durante los últimos 20 o 25 años, Sendero Luminoso (SL) estuvo sin hacer nada, o más bien estuvo desarrollando su nueva estrategia política de penetración de gremios laborales y todo tipo de instituciones nacionales. Lozano agregó que “el sindicato está hecho trizas”.

Fuente: larepublica.pe

Pues, el pasado 20 de agosto, el ministro del Interior, Carlos Basombrío, preocupado con mostrar lo que hay detrás del ‘putsch’ magisterial, presentó el Informe Infiltración del Movadef en algunas dirigencias del magisterioen la Comisión de Educación del Congreso, enfatizando los nexos de los dirigentes de la huelga con el Movadef. En su exposición, Basombrío confirmó la existencia del vínculo con el Movadef, específicamente en el caso de Pedro Castillo Terrones, presidente del comité de lucha que dirige la huelga de maestros en nombre de todos los comités de lucha, elegido por consenso de los grupos ligados a SL.

Este informe muestra el “Plan de construcción del partido” (2008), un documento de la organización terrorista que dio origen a Movadef. También presentó actas del primer congreso del Movadef (27 y 28 de noviembre de 2010), su ideario, estatutos y acta de fundación (20 noviembre de 2009).

Asimismo, el informe incluye el expediente presentado por el Movadef en el que solicita al Registro de Organizaciones Políticas (ROP) su inscripción como partido político, mostrando así la vinculación de algunos maestros con esta agrupación.

El ministro también detalló que de las 164,667 personas que firmaron el padrón electoral del Movadef, 4,679 de ellos fueron profesores, la mayoría residentes en Lima Metropolitana, Áncash, Ayacucho y Puno.

Además, el informe también publicó fotografías que muestran que, durante los últimos años, distintos activistas del Movadef se han infiltrado en distintas movilizaciones como la marcha contra el proyecto Conga (10 de febrero de 2012) o las protestas contra la “ley pulpín” y el peaje de Puente Piedra.

En dicha presentación, se aseguró que Pedro Castillo, principal dirigente de la facción de los huelguistas, fue elegido por el Sutep-Conare. Ricardo Valdés, viceministro de Gestión Institucional del Mininter afirmó previamente en RPP que “Se puede asegurar que Pedro Castillo es cercano a Movadef, y el Movadef es una organización que sirve de fachada de Sendero Luminoso. El ministro Carlos Basombrío lo presentará el lunes al Congreso (…) Ya han existido reuniones con Castillo y las demandas que tenía eran inviables. Él exige que el Minedu lo reconozca como sindicato único para poder negociar”.

En el Congreso, el ministro del Interior nombró a cuatro miembros del Movadef que son dirigentes del Conare-Sutep y que han sido procesados por el caso Perseo. De acuerdo al ministerio, los dirigentes del Movadef, Oswalso Esquivel Caicho, Carlos Arturo Albujar Ortiz, Juan Carlos Ríos Fernández y Juan Antonio Garro Palacios son fundadores y altos dirigentes del Conare-Sutep y están investigados en el marco del caso Perseo.

En Lampadia ya habíamos adelantado, hace 37 días, tal situación en ‘Putsch’ del Movadef (Sendero) en Cusco, afirmando: ante la debilidad mostrada por el gobierno para contrarrestar los levantamientos socio-políticos, los sindicatos y federaciones están llevando adelante una suerte de ‘putsch’ táctico para mejorar sus posiciones estratégicas.

Fuente: larepublica.pe

Además, en SUTEP: Llegó el momento de decir ‘BASTA’, recalcamos que el SUTEP dirigido por el Partido Comunista del Perú (Patria Roja), ha venido enseñoreándose a lo largo y ancho por todo el Perú, y que además capturó la Derrama Magisterial. Ambas hoy día, en disputa abierta con el Conare.

Por eso, queremos tomar esta oportunidad para recalcar nuestras Propuestas en Lampadia:

• Declarar en emergencia la educación escolar. Esta declaración tendrá que considerar los aspectos necesarios para privilegiar la educación de siete millones de estudiantes sobre los de dirigencias sindicales alejadas de un ejercicio gremial correcto.
• Descontar todos los días no trabajados.
• Quitar el reconocimiento del Estado al SUTEP, todas sus derivaciones, al CONARE y a todos sus sindicatos relacionados a la educación escolar.
• Suspender el reconocimiento de todos los sindicatos de maestros por un período de cinco años
• Afiliar a los maestros al ‘Pacto Social por la Educación’, ofreciendo buenos salarios, capacitación, tecnología e infraestructuras adecuadas, a cambio de la despolitización del magisterio y la aceptación de la meritocracia y su compromiso con la calidad educativa.
• Ofrecer un 10% de aumento adicional a los maestros que se afilien al Pacto y devolver los descuentos por la huelga.
• Despedir definitivamente a todos los líderes violentistas de los sindicatos, a los maestros que firmaron en apoyo al Movadef.
• Suspender definitivamente las retenciones de las remuneraciones de maestros a favor de la Derrama Magisterial por parte del ministerio y autoridades regionales. Si los maestros desean hacer aportes futuros, tendrán que hacerlos voluntaria e individualmente de sus remuneraciones netas.

No podemos dejar de recalcar que la inmensa mayoría de maestros, no son victimarios de la educación, sino víctimas de la dictadura sindical, ahora disputada por una facción aún más ajena de la educación. (Ver: Pongamos fin a la dictadura sindical en el magisterio). Hace años que la politización de las dirigencias magisteriales, le hace daño a los maestros, pues imposibilita la modernización del magisterio y la recuperación del sitial de honor que le corresponde a los maestros en nuestra sociedad. Desde esa perspectiva, debemos evitar la captura del gremio magisterial por organizaciones filo senderistas. Pongamos fin a la dictadura sindical en el magisterio de una vez, más adelante será más costoso y doloroso. Lampadia

Como sabemos, en el Perú, la distancia de la letra y la realidad es sideral. Nos sobran leyes que no se cumplen. Muchos delitos contra la propiedad pública y privada, e incluso contra la vida, quedan impunes en la maraña de un sistema judicial que al final termina consagrando la ilegalidad.

El Ministro del Interior está produciendo normas muy ambiciosas para enfrentar la delincuencia. Como indicamos con ocasión del primer paquete de medidas  (ver La gran apuesta del gobierno contra la corrupción policial), sus logros tienen ciertos requisitos. En este caso, como en el anterior, se necesita lograr un sustancial apoyo por parte de la clase política y de los altos mandos de la Policía Nacional.  

Esperamos que en medio de los barullos políticos que estos días toman toda la atención de la sociedad, se puedan focalizar estos esfuerzos con la prioridad que merecen. Lampadia 

Fuente:  laotravozdigital.com

Victimización por delincuencia, homicidios y extorsiones

Por primera vez tenemos metas concretas en reducción de delincuencia: ¿son alcanzables?

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Debe resaltarse un hecho sin precedentes: el ministerio del Interior ha anunciado unas metas de reducción de la delincuencia a fines del 2018, y el ministro ha asegurado que si no se cumplen, él renuncia. La más importante de ellas es la reducción de la victimización por delincuencia de 31.1% a 24% (ver gráfico):

Como sabemos, en el Perú el principal problema es la victimización por delincuencia, es decir, el delito común, la inseguridad ciudadana en las calles y las casas, que es la más alta en las Américas según el Barómetro de las Américas. La tasa de homicidios, sin embargo, es relativamente baja (7.2 por 100 mil versus un 21.2 en América Latina según la OEA), pero hay cinco ciudades en el Perú que sobrepasan ese promedio latinoamericano y hay 14 que tienen una tasa superior a 10 por 100 mil (ver siguiente gráfico). Por eso el ministerio se ha propuesto como meta a fines del 2018 reducir a la mitad el número de ciudades con tasas de 10 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Lo que tenemos en esas ciudades, de la costa norte y central principalmente, es el avance preocupante del crimen organizado, el sicariato, la extorsión, etc. Son mafias dedicas a la usurpación de inmuebles y terrenos, a la extorsión de obras y negocios, al control de grandes empresas azucareras con fines delincuenciales, etc., y que suelen operar en conexión con policías, fiscales y jueces. Por eso, allí el tema es cualitativamente muy grave. El ministerio se ha propuesto reducir de 6 a 0 el número de capitales de región con una tasa de extorsión de empresas superior al 25%, que sigue siendo inaceptablemente alto. (ver siguiente gráfico) Hay varias ciudades en el Perú donde más del 50% de las empresas están siendo extorsionadas. Es insoportable.

Ahora bien, ¿podrá el gobierno alcanzar estas metas a fines del 2018? Comencemos con la relativa a bajar la tasa de victimización a un 24%. Sería  una reducción de 7 puntos en dos años, aunque sólo nos serviría para pasar del puesto 1 en victimización al puesto 5 de un total de 25 países encuestados. De todos modos, es un primer paso importante.

Para eso se necesita más policías en las calles, mas patrullaje, mejor integración con los serenazgos, mejor coordinación entre comisarías repotenciadas, la municipalidad y la comunidad,  incluso para desarrollar la “inteligencia comunitaria”[1]. Y acciones preventivas.

El Ministerio, en efecto, ha comenzado por dar el decreto legislativo 1253, que les permitirá a las municipalidades recaudar los arbitrios para financiar el serenazgo por medio de los recibos de luz, con un monto mensual máximo de 3.50 soles por vivienda. Esta medida entraña un facilismo, pues exonera a las municipalidades de la tarea de recaudar ellas mismas, que es uno de los déficit estructurales en el país, pero asegura los recursos necesarios para que las municipalidades urbanas pobres puedan comprar y gestionar vehículos de serenazgo, cerrando en alguna medida la brecha de recursos para combatir la inseguridad con las municipalidades de distritos más acomodados.

Al mismo tiempo, el Ministerio ha dispuesto implementar el “Patrullaje Integrado” en el 90% de los vehículos de los municipios. Y, sobre todo, ha reforzado de manera consistente la relación entre la Policía, las municipalidades y la comunidad, para cuyo efecto ha dado el decreto legislativo 1316, que modifica la ley nº 27933, ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.

La disposición principal de este decreto legislativo (art. 13) es la que establece una sanción de suspensión de sus funciones por el plazo de treinta días calendario al gobernador regional, alcalde provincial o alcalde distrital que no instale el comité de seguridad ciudadana en el plazo legal, o que no lo convoque para sesionar, o que no disponga la formulación del plan de seguridad ciudadana. (Ver en Lampadia: Los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana).

Como se sabe, estos Comités Regionales, Provinciales o Distritales de seguridad ciudadana formulan y evalúan los planes y directivas de seguridad ciudadana ejecutados en sus jurisdicciones. La norma establece que los Comités Regionales se reúnen trimestralmente de forma ordinaria y los Comités Provinciales y Distritales se reúnen una vez al mes. Sus presidentes son el gobernador regional o el alcalde respectivos, y son responsables de implementar los respectivos planes de seguridad ciudadana.

Además, el Decreto precisa que así como la Policía Nacional brinda el apoyo requerido por la municipalidad, el efectivo policial a cargo puede solicitar apoyo o participación del personal de serenazgo, bajo su dirección. La Policía, a su vez, organiza  el patrullaje integrado.

La Comisaría también está obligada a integrar la información con las municipalidades sobre los lugares de su jurisdicción donde se concentran focos de comisión de delitos, actualizando el mapa del delito, y proponiendo las acciones que correspondan en materia de prevención social. Y, a solicitud de las municipalidades, debe programar capacitaciones al personal de serenazgo incluso “en el uso de armas no letales, menos letales o potencialmente letales o de otros implementos”.

Es decir, el decreto mejora claramente la ley de Seguridad Ciudadana precisando los roles y las obligaciones respectivas entre Policía y Municipalidades. Y sanciona el no funcionamiento de los Comités de Seguridad Ciudadana. La coordinación entre Policía y Municipalidad para prevenir el delito y organizar el patrullaje integrado resulta ahora obligatoria.

Ahora bien, fuera de esto, el Ministro ha anunciado varias políticas complementarias: los Comisarios serán elegidos mediante concurso y serán capacitados, se fortalece las Oficinas de Participación Ciudadana en comisarías, que son las encargadas de relacionarse con las juntas vecinales, rondas campesinas y otras organizaciones locales para organizar rondas, actividades preventivas y facilitar la “inteligencia comunitaria”. Las Comisarías tendrán una estrategia de “servicio al cliente”. Además, se ha lanzado, el programa Barrio Seguro o “Pa’barrio, yo”, que consiste en una intervención integral en barrios críticos, con participación de varios sectores (Educación, Salud, Ambiente, Cultura, etc.).  Este programa se aplicará en los  100 barrios más peligrosos del país, ya hay 5 pilotos lanzados: La Esperanza, El Porvenir y Florencia de Mora en Trujillo, Chocoy en Barranca y San Agustín en Chincha. Recientemente se han incorporado tres más en Ica. Y está en proceso un crédito y asesoría del Banco Interamericano de Desarrollo para este fin.

Dentro de la meta general de reducir a 24% la victimización, se ha fijado la de bajar de 14.8% a 10.5% la victimización por robo (ver siguiente gráfico). A este fin ayudará considerablemente el Decreto Legislativo 1338 que crea el Registro Nacional De Equipos Terminales Móviles y en buena cuenta haría que un celular robado ya no se pueda usar. En la medida en que el robo de celulares es el de mas alta prevalencia, su disminución influirá en la caída de dicha tasa.

Y habrá también un  sistema de comandos de control, comunicación y cómputo para lo cual se está negociando un crédito con el BID también.

Ahora bien, para alcanzar las metas de reducción de la tasa de homicidios y de los porcentajes de extorsión en las ciudades, el Ministerio ha puesto en práctica varias estrategias. Una es el Programa Nacional de Recompensas, con la idea de llegar a no menos de 6,000 requisitoriados con recompensas, con 1,500 de ellos detenidos. La segunda es la ejecución de no menos de 150 mega operativos contra la organizaciones criminales en toda la costa, y la ejecución de no menos de 300 operaciones cerrojo contra portadores de armas ilegales, que tienen ahora pena de cárcel.  Además, por supuesto, el Ministerio se propone el fortalecimiento de la investigación criminal como tal, reclutando y especializando investigadores, intensificando el uso de tecnología, modernización los laboratorios de criminalística y formando equipos especiales para el seguimiento y solución de casos complejos.

Lo que hace pensar que este conjunto de metas podría alcanzarse, es no solo la consistencia de las políticas propuestas, sino el conjunto de reformas que se está introduciendo para la lucha contra la corrupción interna (ver en Lampadia: La gran apuesta del gobierno contra la corrupción policial) y para mejorar y modernizar la gestión de los recursos materiales y humanos, lo que le daría soporte a las políticas de línea. Al respecto se está planteando tercerizar los servicios de mantenimiento de locales y vehículos, geo-referenciar los vehículos para asegurar que se esté patrullando según los recorridos establecidos y que no haya robo de gasolina, y modernizar los sistemas de compras y adquisiciones.

Estaremos atentos a la evolución de los indicadores para ver el avance hacia la consecución de las metas. Es que por primera vez tenemos efectivamente unas metas concretas que podemos monitorear y exigir. Eso solo ya es un gran avance. Lampadia

Según el análisis de Jaime de Althaus, que presentamos líneas abajo, sobre los decretos legislativos dirigidos a facilitar la lucha contra la corrupción policial, se puede decir que el gobierno ‘ha puesto toda la carne en el asador’. Sin embargo, como sabemos en el Perú, del ‘dicho al hecho hay mucho trecho’.

Por lo tanto, toda la atención de la ciudadanía tiene que estar puesta en la implantación de las normas. Para que ellas sean efectivas, hay que insistir en las recomendaciones de Althaus:

• Una sólida campaña de comunicación para que el ciudadano esté claramente advertido sobre las penalidades
• Un acuerdo político con las fuerzas más importantes, para convertir estas normas en políticas de Estado 
• Compromiso público de la Fiscalía y el Poder Judicial con las nuevas normas, de modo que la opinión pública pueda vigilar su ejecución
• Simplificación de normas y procesos que propician la coima

Esperemos que el propulsor de estas normas, Carlos Basombrío, Ministro del Interior, no solo haya recogido las mejores prácticas de otros procesos anti corrupción policial, sino que haya preparado a las instituciones que dirige, el ministerio y la Policía Nacional, para empezar la ejecución de la mejor manera.

Nos preocupa, que en cuanto a la difusión de las normas, el ministro se haya limitado a declarar que el ciudadano está obligado a conocer las leyes. ¿Broma? O error que hace temer un enfoque teórico, poco realista, que generará mil complicaciones que pueden debilitar el resultado. Ojo, que la responsabilidad del ministro no termina con la dación de las normas. Lampadia

Fuente:  rpp.pe 

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El gobierno ha decidido apostar fuerte en la lucha contra la corrupción en la Policía. Los decretos legislativos aprobados dibujan un conjunto de medidas, algunas de ellas drásticas, que requerirán del apoyo político, judicial y ciudadano para consolidarse y producir el cambio rápido y profundo que buscan. Porque sin duda afectan de raíz el modus operandi mismo de muchos policías.

Comencemos por la medida que ha empezado a ser puesta en práctica estos días: pena privativa de la libertad de entre 6 y 10 años para el policía “que solicita, directa o indirectamente, donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones derivadas de la función policial o a consecuencia de haber faltado a ellas”; y de entre 5 y 10 años para el “que acepta o recibe donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para sí o para otro, para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones derivadas de la función policial…”. Además, “El miembro de la Policía Nacional que condiciona su conducta funcional a la entrega o promesa de donativo o cualquier otra ventaja o beneficio, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de doce años e inhabilitación conforme a los incisos 1, 2 y 8 artículo 36 del Código Penal” (Decreto Legislativo 1351).

No solo eso. El que ofrece o da la coima también será reprimido con pena privativa de la libertad de entre 4 y 8 años de cárcel. Para ello, se ha anunciado que los policías llevarán “camaritas” en sus uniformes, a fin de registrar los ofrecimientos de sobornos.

Son medidas sumamente drásticas que sin duda pueden llevar a minimizar la coima no solo en las infracciones de tránsito sino en otras actuaciones policiales. Pero deberían ser antecedidas de una campaña de medios que informe claramente acerca de las nuevas reglas de juego, pbustamante@lampadia.com para evitar que muchos terminen en la cárcel simplemente por desconocimiento de la nueva ley.

Y, además, deberían venir acompañadas de una reducción de las multas y sanciones asociadas a diversas infracciones, que son tan absurdamente altas para amplios sectores de un país como el nuestro, y que parecen diseñadas justamente para provocar la coima. Y eliminar ciertos trámites o requisitos. Así como ahora no es necesario revalidar cada dos años la licencia para lunas polarizadas y ésta es para el vehículo y no para el conductor, suprimiendo así un foco de corrupción, hace falta eliminar también las revalidaciones de brevetes, que es otro tinglado montado para imponer cobros y armar corruptelas.  Asimismo sería necesario suprimir el requisito de las revisiones técnicas, que son otro núcleo de corrupción incluso para pasarlas, y no previenen nada. Y sería necesario graduar las sanciones sobre consumo de alcohol, que son sumamente drásticas tanto para el que realmente conduce en estado de ebriedad como para el que apenas ha tomado dos o tres cervezas pequeñas.

De otro lado, se necesitaría desarrollar paralelamente una política efectiva de personal que brinde mejores servicios de salud, educación y vivienda a los agentes policiales, como una manera efectiva de complementar sus ingresos. De hecho, el ministro ha anunciado que estos días se inicia la construcción de un hospital de 300 millones de soles, muy moderno y con equipamiento. Habría que conocer si su administración se concesionará, para asegurar un buen servicio.

Quizá en parte para contribuir al equilibrio financiero de los policías, aunque sobre todo debido a demandas reales de seguridad, el gobierno ha dado el decreto legislativo 1267 que establece que “La Policía Nacional del Perú, a través del personal policial que se encuentre de vacaciones, permiso o franco y de manera voluntaria, podrá prestar servicios policiales extraordinarios en entidades del Sector Público y/o del Sector Privado, en situaciones que puedan comprometer y/o afectar el orden público y la seguridad ciudadana”. Esto siempre mediante convenio con la entidad solicitante, sea una municipalidad, la asociación de bancos, una empresa minera o un concierto, por ejemplo. Y como resultado de ese servicio extraordinario, el policía recibirá una remuneración adicional, pero pagada por la institución policial. De ninguna manera los policías podrán brindar servicios a particulares de manera individual, lo que también es una manera de prevenir que policías trabajen para mafias de distinto tipo.

Ahora bien, las medidas dadas para erradicar la corrupción de la Policía van más allá. El decreto legislativo 1291 establece una serie de instrumentos. Uno de ellos es la “prueba de integridad”: consiste “en plantear situaciones similares a las que un efectivo policial o servidor civil podrá enfrentar como parte de las actividades propias de su función”, para “determinar si el personal policial en actividad o servidor civil del Sector Interior tiene una conducta íntegra, proba, honrada, incorruptible e insobornable en sus acciones cotidianas, de manera libre y espontánea”. La prueba la realiza un “comisionado de integridad”, que es una suerte de agente encubierto. Así se podrá detectar si un policía acepta una coima que se le ofrece, por ejemplo, aunque en estos casos el comisionado tendrá que actuar junto con un fiscal según explica Leonardo Caparrós, asesor del gabinete ministerial. Lo normal será que se haga para evaluar la medida en que el policía atiende bien a un ciudadano que acude por alguna razón.

Pero eso no es todo. También se aplicará al personal la “prueba de control y confianza”, mediante la utilización del polígrafo u otros medios tecnológicos. Tiene por finalidad “evaluar el comportamiento laboral del personal del Sector Interior, el cual debe ser profesional, ético y moral…”. En este caso, sin embargo, “el sometimiento a la Prueba de Control y Confianza es voluntario y deberá contar con la autorización expresa del personal seleccionado para pasar la misma”. Según Caparrós, en el área de Inspectoría, por ejemplo, la aplicación del polígrafo es parte del procedimiento para postular, aunque no se puede obligar a nadie a pasar la prueba. Rehusarse a pasarla, sin embargo, sería visto como un indicativo no favorable. 

Otra medida preventiva establecida en el decreto legislativo 1291 es la obligación de todos, oficiales y suboficiales, de presentar declaración jurada de ingresos, bienes y rentas, y se le encarga a la Oficina General de Integridad Institucional verificar la información contenida en dichas declaraciones.

Pero aún hay más: el decreto legislativo 1242 establece que “La Inspectoría General, la Dirección Ejecutiva de Personal y la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú, coordinadamente revisan y evalúan en forma anual las referencias disciplinarias del personal, con el fin de determinar su idoneidad para desempeñarse en los diferentes cargos, informado de manera sustentada al alto mando sobre su resultado y efectuando propuestas que permitan una adecuada asignación del personal. Una copia de este informe deberá ser remitida a la Inspectoría General del Ministerio del Interior, que ahora es la Oficina General de Integridad Institucional.

Es probable que es ese informe, que de alguna manera condensa el resultado de la aplicación de todos los instrumentos anteriores, más el de las evaluaciones de desempeño –cuyo reglamento, sin embargo, no ha sido aprobado aún-, arroje regularmente un listado de personas no idóneas para desempeñar la función policial –sea por razones éticas o profesionales- que deberán ser retiradas de la Institución. Para ese fin el decreto legislativo 1242 regula la llamada “renovación de cuadros de manera excepcional”, que se podrá producir no solo cuando se designa a un nuevo Director General, sino en cualquier momento y una vez al año, precisándose que dicha renovación de cuadros no constituye sanción administrativa.

Esta última precisión es importante porque implica que las resoluciones de pase al retiro por tal renovación  excepcional de cuadros, no tienen que ser fundamentadas en el sentido de acopiar pruebas de la comisión de delitos o faltas. De hecho, el personal que pase al retiro por este expediente, lo hará percibiendo la pensión y otros beneficios.

Es importante que haya acuerdo político en torno a estas medidas y que ese acuerdo incluya una convicción al respecto de parte del Poder Judicial. El Ministro Basombrío ha hablado de este tema con el Presidente del Poder Judicial, pero la prueba de fuego la tendremos dentro de poco, si es que algunos de los 790 oficiales que fueron pasados al retiro en noviembre por razones de reestructuración de la pirámide policial, acuden al Poder Judicial para conseguir su reposición. Hasta el momento de escribir esta nota, el Ministerio sólo había recibido una notificación de un oficial que había demandado en Arequipa, pero habría grupos que se estarían organizando para esos efectos. Según el Ministerio, tal reclamo judicial carece de fundamento legal, de modo que no debe prosperar, aunque nunca se sabe con los jueces “creativos”. Ya se ha presentado una acusación constitucional contra el Ministro en el Congreso. Esto no va a ser fácil.

Ahora bien, todo este conjunto de instrumentos depende, para su ejercicio eficiente, de que haya una inspectoría policial y un sistema disciplinario íntegros y que cumplan bien su función. Para conseguir ese resultado, se ha añadido una especialidad a las ya señaladas en la Ley de la Policía Nacional (Orden y Seguridad, Investigación Criminal e Inteligencia): la “Especialidad de Control Administrativo Disciplinario”, dentro de la carrera policial. Se establece que el personal policial que accede a esta especialidad permanecerá en ésta hasta el término de su carrera, recibirá una bonificación especial, gozará de vacantes exclusivas en los procesos de ascenso, capacitación permanente en el país y en extranjero y no podrá pasar al retiro por causal de renovación de cuadros. Es este personal el que integra la Inspectoría General de la PNP. La idea es que pase por el polígrafo a la hora de postular, tal como se ha dicho.

A su vez, la Inspectoría General del Ministerio del Interior –no de la PNP- ha sido reemplazada, de una parte, por la Oficina General de Integridad Institucional, que descansa en la Oficina de Asuntos Internos para las investigaciones sobre las infracciones graves o muy graves cometidas por el personal policial, sobre todo por los oficiales generales. Y, de otra, por el Tribunal Policial, que depende directamente del Ministro. La idea es que quien hace las investigaciones no debe ser quien juzgue y sancione. Antes ambas funciones dependían de la Inspectoría General.

Por su parte, la Oficina General de Integridad Institucional tiene no solo la función de investigar hechos cometidos, sino de prevenir, manejando los instrumentos de control y confianza como los polígrafos y los otros instrumentos que hemos reseñado líneas arriba. Con lo que el círculo se cierra.

Hubo, por último, un intento de reforma adicional que debía redundar no sólo en menores opciones de corrupción para los policías sino en una mejor gestión institucional: la disposición según la cual la Secretaría Ejecutiva de la PNP, encargada de los temas administrativos, estará a cargo de un general o de un profesional civil altamente calificado. La redacción original de decreto legislativo 1267 agregaba a continuación: “Los órganos de la Secretaría Ejecutiva están a cargo de personal civil altamente calificado y/o especializado en los sistemas administrativos”. La reacción de generales en retiro fue tal que se tuvo que modificar ese párrafo de la siguiente manera: “Los órganos de la Secretaría Ejecutiva están a cargo de personal policial o civil altamente calificado y/o especializado en los sistemas administrativos”. Un retroceso que habla a las claras de la presión de los oficiales por manejar los recursos, una tarea extrínseca a la función policial que debería estar, efectivamente, en manos de civiles especializados. Lampadia

EDITORIAL DE LAMPADIA

Como puede apreciarse en los documentos que forman parte de nuestra biblioteca virtual: Recursos Naturales y Desarrollo, los anti-mineros vienen agudizando las contradicciones alrededor del proyecto de Las Bambas, propiciando una crisis que lamentablemente pasa por la muerte de Quintino Cereceda y las graves lesiones de 20 policías, de los cuales uno de ellos corre el riesgo de perder la vista.

Como en política no hay casualidades, tenemos que pensar que los anti-mineros han aprovechado un momento de debilidad del gobierno para dar su suerte de golpe estratégico. En efecto, a través de la acción directa de algunos comuneros, organizaron la ocupación de una carretera haciendo zanjas profundas, como puede verse en la siguiente foto.

Esto es un delito que no debería haberse permitido. Sin embargo, luego de un par de días, la policía dispone la reparación de la carretera, ocasión aprovechada por los violentistas para atacarlos agresivamente. Otro delito.

Increíblemente, el Ministro del Interior, Carlos Basombrío, acusa a los mandos policiales de haber efectuado una acción inconsulta y no asume ninguna responsabilidad. En nuestra opinión, el Ministro tiene, por lo menos, una importante responsabilidad por omisión. Él sabía perfectamente que el estallido de una crisis era inminente y no tomó las precauciones necesarias. Igualmente, el Presidente de la República, don Pedro Pablo Kuczynski, no aprovechó su período de gracia para explicarle a la población los beneficios de la inversión minera y, su ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, se limitó a hablar de las cotizaciones y decir que la inversión minera se recuperaría paulatinamente desde mediados del 2018. Peor aún, el recientemente nombrado, Jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, Rolando Luque, dice que “en el 90% de los casos hay razones para protestar. No se trata de razones políticas o ideológicas o de que detrás hay un proyecto o un líder que está manipulando”, tal como  reportamos hoy en: ¿Renuncia el gobierno a reactivar la minería?

Estos conflictos tienen una cuidadosa preparación. Un colaborador de la casa nos hacía notar, que como en algún otro caso, hasta podría ser que la policía haya actuado en combinación con los anti-mineros para propiciar la crisis. Evidentemente, a estas alturas no sabemos exactamente como se dieron los distintos elementos, pero sí sabemos que el libreto o el manual anti-minero ha sido seguido al pie de la letra.

Lamentablemente, el país se ha dejado estar y los relatos que presentan estos disturbios en papel celofán han percolado por calles y plazas.

Todos los temas planteados para justificar el conflicto y su exacerbación son perfectamente capaces de ser analizados con transparencia y sensatez. Pero no parece haber buena voluntad para que el diálogo se dé entre gente que debe ver cómo hacer de estos valiosos proyectos lo mejor para todos. Algo que, insistimos, con buena voluntad, está al alcance de nuestras manos.

Invocamos al gobierno que explique al país la importancia del proyecto de Las Bambas, lo que significa para la economía y la reducción de la pobreza, la inversión minera y que exija la inmediata paralización de todas las acciones de fuerza para hacer una agenda de diálogo consecuente con la realidad y el bienestar de los peruanos, empezando, por supuesto, por los pobladores de Apurímac para quienes hay que continuar la senda de progreso que han tenido desde el inicio del proyecto. Ver: La minería impulsa el crecimiento de las regiones del Perú y La encrucijada de Las Bambas es también la del Perú.

Sr. Presidente de la República, ya enfrentó adecuadamente la crisis de moralidad. Esperamos lo mismo en el caso de las Bambas.  Lampadia