Una cámara única, con su sistema electoral basado en la representación regional, trae el parlamento las mismas visiones sub-nacionales de los gobiernos regionales. Por lo tanto, se pierde la posibilidad de que la importante labor legislativa se inspire también en una visión compartida del país que debe moldearse y construirse.

Un Senado debe ser la amalgama que le dé contenido político al Perú ‘unitario’. (Ver en Lampadia: Un Senado es mucho más que una segunda instancia.)

El voto del domingo no debe distorsionarse por pasiones políticas de ningún color, ya sea por una sentida animadversión contra el Congreso, o un rechazo a las actitudes del ejecutivo.

La Constitución no es un elemento de la coyuntura política, su carácter es estructural y su normativa de largo plazo. Lampadia

Los planteamientos políticos para cambiar la Constitución renacen cada cierto tiempo y, hasta ahora, no hemos puesto estas ideas en el cajón de trastos. El tema apareció por primera vez durante el gobierno de Alejandro Toledo, donde después de señeros debates, el tema fue descartado en el Acuerdo Nacional. Posteriormente, la propuesta se convirtió en el ‘Leitmotiv’ de Javier Valle Riestra, cosa que terminó en la recolección de firmas y un nuevo proyecto en el Congreso. Finalmente, el tema fue traído a la campaña electoral por la candidata del Frente Amplio, Verónika Mendoza (VM) y Gregorio Santos de Democracia Directa.

En esta última ocasión, después de toda el ‘agua que corrió debajo del puente’, buena parte de los medios recogieron el tema como una opción política ‘interesante y audaz’, dejando, en la parte posterior de nuestros cerebros, la sensación de que el asunto podría ser necesario.

En nuestra opinión, VM cometió un error político al tocar el tema en el debate presidencial. En general, los políticos más radicales, al final de las campañas, tratan de limar las aristas de sus propuestas, buscan aggiornarse para disminuir los votos contrarios y pasar por el aro electoral. Puede ser que este error sea uno de los factores de la derrota de VM, pues lo último que quiere el pueblo es inestabilidad y prorrogar el estancamiento de la economía.

Los aprontes refundacionales han sido parte de los contrastes electorales en el Perú y Latinoamérica, pues permiten hacer planteamientos llamativos sin tener que hacer precisiones de perfilamiento de las políticas públicas, algo que los políticos populistas carecen.

Pensamos que los peruanos debiéramos tener muy claro, que estas acciones políticas (como las desarrolladas en el siglo XXI en Venezuela, Argentina, Bolivia, Ecuador y Nicaragua) deben ser descartadas para siempre del debate político. En estos países, solo sirvieron para permitir las eternas reelecciones de sus líderes y para malograr el desarrollo de sus países.

En estos días, Chile, de la mano de su presidente, Michelle Bachelet, se ha sumergido en el cambio constitucional, con consecuencias muy malas para su economía y con un manejo nada democrático, que hace prever un enfoque más orientado al poder político que al desarrollo del país.

Como afirmó Niall Ferguson, el historiador británico hace casi un año, “Chile  está ejerciendo su derecho a ser estúpido”. Ver en Lampadia: Chile sigue ejerciendo su derecho a ser estúpido. Y el cambio constitucional sería la cereza en la torta de la estupidez.

El siguiente video de cuatro minutos, presentado por el diputado de Renovación Nacional, Nicolás Monckeberg, explica con claridad los daños que está produciendo el proceso y los engaños con que se está conduciendo a la población a la estructura de un país con la visión de Bachelet, que sería más cercana a la de la República de Alemania Democrática antes de la caída del Muro de Berlín. Ver en Lampadia: Diálogo de Conversos de Roberto Ampuero y Mauricio Rojas.

Ver también en Lampadia: Chile por el mal camino y Chile: Límites al Crecimiento, 

Los peruanos debemos ir madurando en la política como lo hemos hecho en lo económico con la nueva clase media emergente, que ha abandonando los reclamos sociales a los políticos populistas, consolidado la orientación de nuestra gente hacia el trabajo como camino a la prosperidad. Lampadia

Hace mucho tiempo que Enrique Ghersi plantea la necesidad de que los dueños del suelo sean también dueños del subsuelo, como sucede en muchos países, como por ejemplo en Estados Unidos.

Enrique reitera estos conceptos en una reciente entrevista que le hizo Juan José Garrido para Perú21, el 10 de mayo 2015: “la derecha puede tener en la propiedad privada el gran motor para abandonar el espíritu elitista y convertirse en una derecha liberal moderna con un raigambre popular democrático que es la difusión universal de la propiedad. En el Perú, hay temas que no se le pueden dejar a la izquierda. La derecha tiene que levantar claramente la bandera de que la propiedad de los recursos naturales tiene que ser de los peruanos y que la propiedad del subsuelo debe corresponder a los propietarios del suelo. Si hay una comunidad indígena o una familia encima de la mina, ellos deben ser los dueños de esos recursos”.

Por su lado, Ian Vásquez, del Instituto Cato, recoge el planteamiento de Ghersi en su artículo: Propuesta a los mineros, publicado en El Comercio el pasado 25 de abril.

“No debemos esperar una mejora sustancial o sostenible de esta situación [los conflictos sociales]. A menos que, como propone el abogado y profesor de derecho Enrique Ghersi, se resuelva el problema de fondo: la definición deficiente del derecho de propiedad. Una pregunta que Ghersi hace en clase es: ‘¿Cuál es la diferencia entre encontrar petróleo en tu jardín, en Talara o en Houston? La respuesta es que si lo encuentras en Houston, eres rico, porque el petróleo es tuyo; mientras que si lo encuentras en Talara, eres pobre porque es del gobierno’”.

“En el Perú, el propietario del subsuelo es el Estado. Los campesinos, comunidades e individuos que viven y trabajan sobre los grandes recursos naturales que están debajo de la tierra no tienen derecho a los mismos, solo a la superficie. El Estado otorga concesiones a las empresas mineras. Lo que reciben los campesinos, que se consideran los verdaderos dueños de esta riqueza, es una parte inferior de las rentas que los burócratas y las empresas deciden gastar en ellos. Para Ghersi, esta asignación de derechos viene a ser una expropiación del subsuelo de los pobres y produce resentimiento y desconfianza”.

“Establecer derechos de propiedad privada al subsuelo sería una reforma social de largo alcance, beneficiaría directamente a los campesinos propietarios, los responsabilizaría por las decisiones sobre su propiedad, y reduciría la violencia social. (…) Con una mejor asignación de derechos, los lugareños propietarios de minerales tendrían un incentivo poderoso para desmentir acusaciones infundadas que suelen hacerse hoy con facilidad en contra de los proyectos mineros”.

Como este planteamiento requeriría un cambio constitucional, Vásquez propone que las empresas otorguen acciones a los ciudadanos y miembros de las comunidades. Otros hablan de compartir utilidades. Ambos esquemas ya se han aplicado en el Perú, en algunos pocos casos.

La base argumental del eventual derecho de propiedad del subsuelo es impecable, pero es muy importante contrastarla con la realidad de las estructuras de propiedad del país.

Número uno, los programas de titulación han quedado truncos, especialmente en las áreas rurales de la sierra y la selva.

En segundo lugar, en las comunidades de la sierra coexisten dos tipos de propiedad, pero ninguna está debidamente registrada. En las comunidades, se supone que la propiedad es de la comunidad, pero las familias individuales poseen una suerte de propiedad privada de las áreas que trabajan. Estas áreas individuales se heredan, informalmente, y pueden crecer si extienden sus áreas de labores, por ejemplo, en las laderas.

En tercer lugar, no hay un registro formal de la propiedad de cada comunidad y menos catastros que delimiten las tierras de cada una.

En cuarto lugar, las directivas de las comunidades no están inscritas en los Registros Públicos, como sucede con cualquier empresa e institución. Por lo tanto, sus actos sociales de venta, renta o cualquier otra transacción relacionada a sus derechos, tampoco son registrados. Por eso es que muchas veces las comunidades no respetan sus acuerdos societarios vinculados a la propiedad del suelo. Basta cambiar de directiva para desconocer los actos previos y llevar las cosas a base cero. Así es como algunas empresas mineras han tenido que comprar o alquilar varias veces las mismas tierras.

En consecuencia, antes de pensar en otorgar derechos sobre el subsuelo, es menester desarrollar una serie de procesos complejos que requieren plazos muy largos para culminarse, una vez que se tomen las eventuales decisiones políticas que permitan iniciarlos.

Mientras tanto, los peruanos debemos vivir y respetar nuestro ordenamiento legal, defender el Estado de Derecho y luchar contra la IMPUNIDAD cuando se cometan delitos como los acontecidos en Arequipa.

Para ello, debemos defender a la Policía Nacional y exigir al Ministerio Público y al Poder Judicial que cumplan con sus funciones. Esto, por supuesto, no exime al Poder Ejecutivo de actuar en aplicación de la Ley, con sus capacidades ordinarias o de emergencia. Lampadia