“El Perú ha ido más lejos que cualquier otro lugar, excepto Brasil, en la investigación de la corrupción propagada en América Latina por las empresas de la construcción.

• Un ex presidente, Ollanta Humala, y su esposa pasaron nueve meses en “detención preventiva”.
• Dos días después de la muerte del señor García, un juez ordenó el encarcelamiento preventivo de otro, Pedro Pablo Kuczynski, de 80 años y en el hospital, durante 36 meses.
• Un tercero, Alejandro Toledo, quien supuestamente recibió US$ 20 millones en sobornos, se resiste a la extradición de los EEUU.
• Keiko Fujimori, una líder de la oposición, ha estado en la cárcel durante seis meses por obstruir una investigación sobre la financiación de su partido.

Todos los sospechosos niegan haber cometido algún delito.

Estas investigaciones son un intento atrasado de responsabilizar a los poderosos. Por trágico que sea, el suicidio de García no es una razón para detenerlas. Pero debería provocar un cambio de métodos.

Lanzar a la gente a la cárcel sin cargos, juicio o sentencia es la práctica de los dictadores, no de las democracias. (El hecho de que unos 35,000 peruanos ordinarios se encuentren en prisión preventiva es un escándalo, no una justificación). El desfile de ex presidentes con esposas ante los medios de comunicación, que fue el destino del Sr. García, viola la presunción de inocencia, una distinción crucial entre el Estado de Derecho y la Inquisición. Solo en ese sentido, la muerte de una figura política gigante por su propia mano debería provocar un replanteamiento por parte del poder judicial peruano”.

The Economist, 27 de abril, 2019

Hay tres figuras de la justicia peruana que caen en excesos: la prisión preliminar, la prisión preventiva y la imputación de organizaciones criminales. Ver en Lampadia ‘Prisión Preventiva’, donde detallamos que este mecanismo abarca a muchos ciudadanos.

Prisión preliminar

Bajo este entendido se ha llegado a encarcelar a sujetos que no habían sido siquiera notificados de la apertura de investigaciones.

Prisión preventiva

El mecanismo por el cual ‘primero te encarcelo y después te investigo’, que, como dice The Economist viola la presunción de inocencia, una distinción crucial entre el Estado de Derecho y la Inquisición.

Bajo esta modalidad persecutoria se han afectado los derechos de Ollanta Humala y su esposa, Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski, Alan García, y varios otros personajes. En el caso de los Humala, pasaron nueve meses en la cárcel y hasta ahora no se les ha abierto la acusación.

Al respecto se han pronunciado el Tribunal de Garantías Constitucionales, la Corte Suprema, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo así como el presidente Vizcarra, el premier y los analistas que no adolecen de compromisos políticos extremos.

Las organizaciones criminales

Un mecanismo judicial diseñado para perseguir actividades criminales de mafias, que viene siendo forzado como instrumento de persecución al ámbito de la política peruana, lo que permite procesos severos y hoy, abusivos.

Por ejemplo, en el caso del fujimorismo, se ha acusado al partido de Fuerza Popular de organización criminal por el feble caso llamado ‘cocteles’. De igual manera, para complicar el caso de PPK, se ha imputado una organización criminal a la supuestamente formada por el propio PPK, su secretaria, la señora Gloria Jesús Kisic, y su chofer, el señor José Luis Bernaola.

Como dice The Economist, “la muerte de una figura política gigante [Alan García] por su propia mano debería provocar un replanteamiento por parte del poder judicial peruano”.

Pero los líderes de las persecuciones se resisten a enmendar los excesos judiciales. El fiscal Domingo Pérez le respondió al presidente Vizcarra exigiendo que se respete la independencia de la administración de justicia desde el Ejecutivo, declaraciones por demás exageradas puesto que nunca se pretendió entrar en conflicto con la autonomía de poderes, sino hacer énfasis en seguir el debido proceso.

El absurdo al que se ha llegado, ha permitido que en el caso del ex presidente Kuczynski, después de haber pretendido enmarrocarlo dentro de la UCI, se le conceda prisión domiciliaria.

Perseverar en estos errores no hará más que desprestigiar el accionar de la justicia, que necesitamos que avance a paso firme para castigar a quienes resulten culpables de los horrorosos delitos de corrupción. Lampadia

Finalmente ha tomado forma la propuesta del gobierno del presidente Jair Bolsonaro para abordar la problemática del sistema público de pensiones en el Brasil. Como escribimos previamente en Lampadia: La necesaria reforma de pensiones en Brasil, atender este impasse es de vital importancia por las fuertes implicancias que tiene en el gasto público (12% del PBI se gasta en pensiones) y por ende, en la deuda pública – que actualmente asciende al 74% del PBI – ambas variables fundamentales para lograr la estabilidad macroeconómica.

En un reciente artículo publicado por The Economist (leer líneas abajo) se describe a detalle los puntos tocados en el documento presentado al congreso, así como los obstáculos que enfrentaría Bolsonaro y su ministro de economía, Paulo Guedes, en la implementación plena de su propuesta de reforma.

Básicamente el objetivo del equipo de Bolsonaro es aplacar sobremanera la grave situación financiera por la que está pasando un sistema que está quebrado desde hace décadas, además de alinear incentivos entre los agentes económicos, con las siguientes políticas:

• Aumentar la edad de jubilación mínima ubicada en 65 años para hombres y 62 para mujeres, que están por encima de la edad promedio actual en Brasil, ubicada a mediados de los 50 años.
• Establecer un período de transición de 12 años, por debajo de los 30 años en los que actualmente se encuentra el sistema.

Como indica The Economist, ambas políticas no solo permiten el ahorro de US$ 295,000 millones en 10 años, sino que además alentaría las contribuciones por parte de agentes económicos que perciben altos ingresos y limitaría los beneficios tan inmediatos hacia los jubilados, generando mayor ahorro previsional.

Si bien ambas políticas son acertadas, dada la aguda crisis por la que pasa el sistema previsional de nuestro país vecino, consideramos que son solo de carácter paliativo en tanto no atacan el problema estructural de fondo, que es el esquema Ponzi que caracteriza a los sistemas públicos de reparto a nivel mundial. Estos esquemas generan enormes forados fiscales, conforme envejecen las sociedades en los países, por su alta dependencia de la población joven.

Este mismo problema lo adolece el Perú con la ONP, la cual se encuentra quebrada al reportar una deuda traída a valor presente cercana a los 100 mil millones de dólares, equivalente a medio PBI nominal, según estimaciones del IPE.

En ese sentido, la verdadera solución al sistema previsional brasilero implicaría ir hacia un sistema de capitalización individual de carácter privado, los cuales han demostrado ser autosostenibles en el tiempo – aún con el envejecimiento poblacional– y cuya gestión de inversiones puede generarle altas rentabilidades a sus afiliados.

La experiencia del Sistema Privado de Pensiones (SPP) en el Perú, conformado por las AFP, que, aún con los ataques que ha venido  recibiendo en los últimos años por parte de los medios de comunicación y de leyes populistas como la del retiro anticipado del 95.5% -que redujo la edad de jubilación promedio de 65 a 59 años-, puede dar fe de estos atributos (ver Lampadia:  Lo importante es lograr cobertura universal).

Sin embargo, es menester señalar que nuestro sistema aún adolece de problemas de cobertura, la cual apenas abarca a 1 de cada 4 peruanos que laboran, por lo que siempre insistimos en la implementación de una propuesta que incluye usar una parte del IGV como aportes individuales a fondos privados de pensiones, lo cual contribuiría a elevar dicha cobertura sustancialmente, además de que reduciría la informalidad e incrementaría la recaudación tributaria (ver  Lampadia : El IGV como aporte al Fondo de Pensiones y formalización del empleo).

Aprovechamos esta oportunidad para reiterarles nuestra propuesta de política a nuestras autoridades a fin de contar con un sistema de pensiones formalizador, voluntario y sobretodo, universal, que, tenemos la certeza, es también una ambición a la cual también aspira el gobierno de Bolsonaro en el largo plazo. Lampadia

Reforma económica en Brasil
Jair Bolsonaro aborda el problema de las pensiones

Los políticos y la gente están listos para el cambio, en teoría

The Economist
21 de febrero, 2019
Traducido y glosado por Lampadia

Jair Bolsonaro ganó las elecciones presidenciales de Brasil en octubre pasado por medio de una ofensiva contra el crimen y la corrupción. Pero el éxito de su presidencia depende de si él puede revivir la economía. Solo puede hacerlo si tranquiliza a los inversores reformando los sistemas de pensiones absurdamente generosos del país, que ponen en peligro las finanzas públicas. El 20 de febrero, Bolsonaro presentó al Congreso un borrador de enmienda constitucional para controlar el gasto en pensiones. Luego fue a la televisión para promover una reforma que prometió “cambiaría nuestra historia”.

Bolsonaro ha enviado señales mixtas sobre las pensiones, que canalizan los beneficios principalmente a los brasileños más acomodados y que se volverán cada vez más inasequibles a medida que la población envejece. El gobierno gasta el 12% del PBI en pensiones, en comparación con el 8% entre los países ricos de la OCDE. Bolsonaro aumentó las esperanzas de reforma al nombrar a su ministro de economía Paulo Guedes, ex banquero de inversiones y modernizador decidido. Bolsonaro, quien confiesa saber poco sobre economía, llama a Guedes su “Posto Ipiranga”, una gasolinera de servicio completo. Por otro lado, cuando era congresista, Bolsonaro se oponía a un plan de reforma de pensiones respaldado por el anterior presidente, Michel Temer. Después de las elecciones, criticó nuevamente el plan de Temer, diciendo que “no podemos salvar a Brasil matando a personas mayores”.

El paquete que el presidente propuso esta semana muestra que Guedes ha ganado el argumento, al menos por el momento. Establecería una edad mínima de jubilación de 65 años para la mayoría de los hombres empleados y 62 para la mayoría de las mujeres, que es lo que sugirió Temer. Además, el período de transición de 12 años propuesto es más corto que los 21 años de Temer. Actualmente, las personas comienzan a cobrar pensiones en promedio a mediados de los 50, después de pagar en el sistema durante al menos 30 años.

El plan aumentaría las contribuciones pagadas por personas con ingresos más altos y limitaría la medida en que los jubilados puedan cobrar más de un beneficio. Las reglas para los servidores públicos se acercarían a las de los trabajadores del sector privado.

Si el Congreso promulga la propuesta en su totalidad, el gobierno ahorraría 1,000 millones de reales (US$ 295,000 millones) en diez años, más del 1% del PBI previsto durante este período. Eso es más alto que los 800 millones de reales de ahorros en el plan original de Temer. El paquete “parece ir en la dirección de reducir los desequilibrios significativamente”, dice Mario Mesquita, economista de Itaú, un banco brasileño.

Ahora debe pasar por el Congreso, donde se necesitan mayoría de tres quintos en ambas cámaras para enmendar la constitución. Pocos observadores esperan que pase sin cambios. La pregunta es qué tan dañinos serán esos cambios. El Congreso recortó a la mitad los ahorros esperados de la propuesta de Temer. (Finalmente fracasó después de que las acusaciones de corrupción lo forzaron a gastar todo su capital político en persuadir al Congreso para que lo proteja de la persecución).

Bolsonaro tiene ventajas de las que carecía su antecesor. Los aliados lideran ambas casas. Incluso los políticos que no lo apoyan ahora piensan que las pensiones deben ser fijas, al igual que el público en general. “Hay consenso sobre la necesidad y urgencia de una reforma”, dice Tasso Jereissati, un senador del centrista Partido Socialdemócrata Brasileño, que apoya la agenda económica del gobierno. BTG Pactual, un banco de inversión cofundado por Guedes, encontró que el 83% de los congresistas apoya algún tipo de reforma de las pensiones.

Pero, como admite Jereissati, “hay un amplio espectro” de opiniones sobre qué tipo. Solo el 38% de los legisladores está de acuerdo con las edades mínimas propuestas. La mayoría de los votantes también piensan que son demasiado altas, según una encuesta realizada por XP Investimentos, un corredor. Bolsonaro ha hecho su trabajo más difícil al negarse a recompensar a los partidarios con patrocinio, la forma normal de formar mayorías en el Congreso.

Su presidencia de dos meses ya está envuelta en un escándalo, lo que dificulta aún más las cosas. La más reciente sigue a las revelaciones de Folha de São Paulo, un periódico, que señalan que el Partido Social Liberal de Bolsonaro presentó candidatos falsos para cubrir cuotas de género y recibir dinero de la campaña pública. El 18 de febrero, Bolsonaro despidió a Gustavio Bebianno, ex presidente del partido, de su trabajo en el gabinete.

Tales dramas probablemente no destruirán la reforma de las pensiones. Eurasia Group, una consultora política, estima que las probabilidades de no reformar este año son del 30%. Pero pueden debilitar al gobierno, obligándolo a hacer concesiones a grupos de interés que se verían perjudicados por el cambio. Ya, las propuestas de nuevas reglas para las pensiones militares se han pospuesto en 30 días. Moody’s, una agencia de calificación crediticia, predice que el Congreso reducirá los ahorros de la reforma a 600,000-800,000 millones de reales. Aun así, los inversores estarían tranquilos, dice Moody’s.

Las ambiciones de Guedes no terminan con la reforma de pensiones. Incluyen la simplificación del código fiscal y la reducción de las barreras a las importaciones. “Vamos a privatizar todo”, dice un miembro de su equipo. Para lograr tales objetivos, Guedes tendrá que superar la oposición de los generales retirados en el gabinete de Bolsonaro, quienes están muy lejos de vender activos “estratégicos” como Petrobras, la compañía petrolera controlada por el estado. La industria resistirá las barreras de importación más bajas.

En este momento, el gobierno está lanzando su peso detrás de “nova previdência” (“nuevas pensiones”). Según informes, el ministerio de economía planea un bombardeo en las redes sociales para argumentar que la reforma reducirá la desigualdad, creará empleos y liberará dinero para servicios públicos como la salud y la educación. Todo eso es verdad, y lo ha sido durante mucho tiempo. Quizás esta vez los brasileños lo crean. Lampadia

La ruptura de una de las presas de relave de la minera Vale – considerada la mayor productora de hierro a nivel mundial – ocurrida el mes pasado en Brumadinho, estado de Minas Gerais, y que -según el conteo al 4 de febrero pasado- ha ocasionado más de 300 muertes, ha generado que los medios internacionales pongan sobre la mesa la discusión en torno a los estándares de seguridad y salud en el trabajo que subyacen en la industria minera.

Sin embargo, se debe aclarar que, según fuentes de Reuters, el diseño de la presa de relave Brumadinho siguió el método “upstream” (ascendente, por su traducción al español) que constituye, de entre los 3 principales diseños de diques existentes , el más barato pero también el menos seguro. En otros países de la región como Chile y Perú, propensos a terremotos, prohíben esta clase de diseño, en el cual los relaves se utilizan para construir progresivamente los muros de las represas cuanto más se excavan las minas.

Si bien Brasil no es considerado un país sísmico, no era recomendable utilizar este diseño en la construcción de la presa ya que, según fuentes de Financial Times, una presa similar de propiedad de Vale, en la localidad de Samarco, Mariana, habría generado los mismos problemas de arrojamiento de  toneladas de lodo a un sistema fluvial en el 2015, en lo que fue, en la época, la peor tragedia ambiental de Brasil.

En lo concerniente a la responsabilidad directa por este desastre, haría bien el director ejecutivo de Vale, Fabio Schvartsman, en señalar a detalle cuáles fueron los verdaderos causales de esta desgracia, y no excusárse diciendo “No soy un técnico. Seguí el consejo de los técnicos y ves lo que pasó. No funcionó”.

Consideramos que el pueblo brasileño merece toda la verdad de este catastro, lo cual no debe caer en insinuaciones que pasen por satanizar un sector minero que trae tanto desarrollo a la economía local, sino explicando que la empresa Vale, desde las altos niveles de la organización, no tomó las medidas correctivas del caso para prevenir un desastre como este. Lampadia

Los retos que tiene que enfrentar el entrante presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, son complejos e innumerables, dado el contexto económico y político adverso heredado de los fallidos gobiernos del Partido de los Trabajadores (Lula y Dilma), y del gobierno de transición de Michel Temer.

Sin embargo, como deja entrever un reciente artículo de The Economist (ver líneas abajo), existen dos problemas estructurales que Bolsonaro no puede dejar de abordar, ya que han sido un verdadero lastre para la economía brasilera durante las últimas dos décadas: la reforma del sistema de pensiones y la lucha contra la corrupción.

Es de resaltar, no obstante, que el presidente brasilero y ex capitán del ejército ha nombrado a dos ministros con muy buenos pergaminos, en las carteras de Economía y Justicia, para lidiar con ambos problemas, lo cual nos induciría a pensar que los cauces irían por buen camino.

En el caso de la cartera de Economía, Bolsonaro ha nombrado a Paulo Guedes, doctor en economía por la Universidad de Chicago y fundador de uno de los bancos de inversión más grandes del Brasil, BTG Pactual.  Lo relevante de su perfil es que el economista es un fiel creyente de los mercados y prueba de ello, es que fue cofundador del Instituto Millenium, un think tank liberal brasileño con sede en Rio de Janeiro. Como indica The Economist, “Guedes quiere desregular, simplificar el aplastante código fiscal de las empresas, privatizar las empresas estatales y reducir el enorme déficit presupuestario, que se estimó en un 7% del PBI el año pasado”.

Como ya hemos escrito previamente en Lampadia: La necesaria reforma de pensiones en Brasil, el principal problema que enfrentará Guedes en el gobierno será el de frenar un gasto anual en pensiones que asciende al 12% del PBI y que ha generado un endeudamiento público del 74% del mismo. Al respecto, consideramos que su propuesta de crear un modelo privado de capitalización individual con una edad de jubilación mínima es una solución sensata para empezar a lidiar con este problema.

En el caso de la cartera de Justicia, Bolsonaro nombró a Sergio Moro, conocido por ser el juez que condujo la efectiva investigación del escándalo de Lava Jato y que sentenció al ex -presidente Lula Da Silva a 9 años y medio por corrupción y lavado de dinero. Las investigaciones de los fiscales sugirieron que Lula había sido parte de una red criminal, en la que su papel consistía en colocar a dedo directores en la petrolera Petrobras, dándole la posibilidad de negociar contratos de construcción con empresas brasileras a cambio de coimas.

Dicho esto, es innegable la enorme contribución que hizo Moro al probar la culpabilidad del centro de gravedad de la corrupción en América Latina, con lo cual su nombramiento como ministro de justicia de Brasil está más que merecido. Por ende, Moro haría bien en capitalizar su enorme aprobación ciudadana para mejorar las leyes y reformar al poder judicial, limpiando las planillas de funcionarios corruptos.

Al igual que The Economist, consideramos que si “Bolsonaro logra reformar la economía y limpiar Brasil, podría desatar el potencial de su país”.

Si bien esto no tendría fuertes implicancias para la economía peruana –puesto que el comercio con Brasil no es tan pronunciado- sí las tendría para la geopolítica en América Latina, ya que implicaría la victoria de la derecha liberal conservadora frente a una izquierda progresista y/o radical que se ha dedicado en las últimas dos décadas a saquear las arcas del Estado y a promover el mercantilismo en los países, con su famoso discurso de “inclusión social” y a favor de las minorías. Lampadia

La agenda radical del nuevo presidente de Brasil
Lo bueno, lo malo y lo aterrador

Tiene la oportunidad de transformar su país, pero puede hacerle un daño grave

The Economist
3 de Enero, 2019
Traducido y glosado por Lampadia

“La esperanza, finalmente, derrotó al miedo”, declaró Luiz Inácio Lula da Silva al convertirse en presidente de Brasil hace 16 años. Muchos brasileños saludaron la elección de Lula, un ex líder sindical de izquierda que se comprometió a mejorar a los pobres, con un optimismo que bordeaba el éxtasis. El gobierno liderado por el Partido de los Trabajadores (PT) al principio trajo prosperidad, pero sus 13 años en el poder terminaron en una pesadilla de depresión económica y corrupción. Dilma Rousseff, la sucesora elegida por Lula, fue acusada en 2016. El propio Lula cumple una condena de 12 años de cárcel por corrupción.

El temor y la rabia que esto causó han llevado al poder a Jair Bolsonaro, quien asumió el cargo el 1 de enero. Será un tipo de presidente diferente: ferozmente conservador socialmente, fanático de la dictadura militar de Brasil de 1964-85, confrontación en la que la mayoría de los predecesores eran conciliadores. Y, sin embargo, los brasileños lo saludan con algo de la esperanza que le dio la bienvenida a Lula. El 75% dice que les gusta lo que han visto desde su elección.

En muchos aspectos, estas esperanzas parecen estar fuera de lugar. Bolsonaro tuvo un récord sin distinción durante siete períodos en el Congreso. A menudo menosprecia a las mujeres, ha elogiado a los torturadores del antiguo régimen militar e incita a la policía a matar a más sospechosos. Sus nuevos ministros de asuntos exteriores, educación, medio ambiente y derechos humanos parecen hacer más daño que bien. Sin embargo, en algunas áreas, él propugna ideas sensatas. En particular, en lo que se refiere a la economía. Si puede poner en práctica sus planteamientos de políticas, podría terminar mejorando la suerte de Brasil. Los brasileños tienen derecho a la esperanza. Un repunte cíclico, que ya ha comenzado, lo ayudará.

Como ex capitán del ejército, Bolsonaro no es instintivamente un liberal económico. Sin embargo, ha confiado la política económica a un verdadero creyente en los mercados libres. Paulo Guedes, un ex banquero con un doctorado de la Universidad de Chicago, quiere aligerar muchas de las cargas que han afectado a la economía. Desde 1980, el crecimiento del PBI ha promediado solo el 2.6%, muy por debajo del de muchas otras economías de mercados emergentes. Guedes quiere desregular, simplificar el aplastante código fiscal de las empresas, privatizar empresas estatales y reducir el enorme déficit presupuestario, que se estimó en un 7% del PBI el año pasado.

Reconoce que la reforma más importante es reducir los costos de las pensiones, que, con un 12% del PBI, son aproximadamente del mismo tamaño en Brasil que en los países más ricos y más viejos y está en vías de volverse asombrosamente más grande. Los cambios serán dolorosos. Incluyen el aumento de la edad efectiva de jubilación (Bolsonaro comenzó a cobrar una pensión militar cuando tenía 33 años) y cambiar la regla para ajustar el salario mínimo, al que están vinculadas las pensiones. Sin esto, el gobierno tiene pocas esperanzas de contener su creciente deuda pública o cumplir con una enmienda constitucional que congela el gasto en términos reales. Una reforma ambiciosa, por el contrario, podría mantener la inflación y las tasas de interés bajas, acelerando la recuperación de Brasil y acelerando el crecimiento a largo plazo.

El movimiento de Moro

La otra oportunidad de Bolsonaro es asegurar los beneficios que Brasil ha logrado en la lucha contra la corrupción. Los escándalos que tanto enfurecieron a los votantes fueron sacados a la luz principalmente por la policía, los fiscales y los jueces, especialmente los encargados de las investigaciones de Lava Jato de los últimos cuatro años. Bolsonaro nombró al juez más prominente en la lucha contra la corrupción, Sérgio Moro, para dirigir un ministerio de justicia ampliado, que combatirá todo tipo de delitos. El señor Moro fue el primer juez en encontrar culpable a Lula. Al unirse al equipo de Bolsonaro, se abrió al cargo del que siempre tuvo una agenda política. Su respuesta es que la lucha contra el crimen y la corrupción necesita mejores leyes junto a un poder judicial enérgico. El nuevo ministro de justicia debe ahora demostrar que lo dice en serio.

Si Bolsonaro logra reformar la economía y limpiar Brasil, podría destrabar el potencial de su país. Nada le daría más placer a The Economist. Pero para hacerlo, debe terminar su carrera como provocador y convertirse en estadista. Debe renunciar a tener solo un respeto selectivo por la ley. Y debe dejar de ser tibio con la reforma de las pensiones, la política más importante de su gobierno, y darle su pleno apoyo. Bolsonaro todavía tiene que demostrar que puede dar malas noticias a los votantes, como que sus pensiones son inasequibles, o que puede trabajar con el Congreso. A menos que aprenda rápidamente, los brasileños se sentirán decepcionados nuevamente. Lampadia

La victoria de Jair Bolsonaro en los recientes comicios electorales por la presidencia de Brasil ha mejorado sobremanera las expectativas -tanto del ciudadano brasilero de a pie como de los inversionistas extranjeros.

Reflejo de ello, fue que, apenas se dieron a conocer los resultados electorales en octubre, el valor del real dio un salto en el orden del 7%, alcanzando niveles máximos desde mayo del presente año, y el Índice de la Bolsa de Valores de Sao Paulo (Bovespa) tuvo un rendimiento del 3%, un máximo histórico.

En este escenario, sin embargo, es menester señalar que sobre él y sobre su actual ministro de economía, Paulo Guedes, recae una enorme responsabilidad, una verdadera reforma del sistema de pensiones, que como veremos a continuación, tiene fuertes implicancias en los altísimos niveles de gasto gubernamental y de deuda pública en este país.

Resulta fundamental analizar esta problemática dado que se asemeja mucho a la que se da con la ONP y Pensión 65 en el Perú. Las soluciones brasileñas podrían ser de mucha utilidad para la evolución de nuestro actual sistema de reparto.

Actualmente, Brasil gasta el 12% de su PBI en el pago de sus pensiones, un porcentaje que es superior al promedio de la OCDE, ubicado en 8%. Ha sido tal el crecimiento de este concepto de gasto que ha pasado a ser el principal determinante del aumento de la deuda pública, cuya proporción, como porcentaje del PBI, pasó del 52% a finales de 2013, al 74% en la actualidad. Peor aún, de no llevarse a cabo una reforma que lidie con esta explosión del gasto, pronto este porcentaje podría llegar al 90% al 2050, según proyecciones de la OCDE.

Guedes ha propuesto la creación de un modelo de capitalización individual con una edad de jubilación mínima–como el empleado en nuestro país con las AFP con jubilados que cobren pensiones de sus ahorros acumulados mientras trabajaban.

No es coincidencia que nuestro país adolezca del mismo problema con su actual sistema de reparto, la ONP y Pensión 65. Según estimaciones del IPE, la ONP cuenta con una deuda traída a valor presente cercana a los 100 mil millones de dólares, monto que representa el 50% de nuestro PBI a valor corriente.

Ello significa que muchos de los aportantes a la ONP no van a poder disfrutar de una pensión, hecho que se agrava aún más si consideramos que tienen que haber aportado por lo menos 20 años para disfrutar de este beneficio.

Y es que el problema de todos los sistemas de reparto a nivel mundial, a diferencia de aquellos con capitalización individual, es que se constituyen como esquemas tipo Ponzi, en donde se tiene una alta dependencia de los aportes de una población joven, que con el pasar de los años se hace cada vez más pequeña, para el mantenimiento de la población mayor.

Esto inevitablemente genera enormes huecos fiscales, conforme envejecen las sociedades, los cuales, en algún momento, pasan factura a los gobiernos, quienes tienen que extraer más impuestos para hacer frente a sus obligaciones con los pensionistas.

En el caso del Perú creemos que la solución del tema pensionario debe venir acompañada por el aumento de la cobertura de los afiliados. Esta puede hacerse, usando una parte del IGV como aportes individuales a fondos privados de pensiones.

Como explicamos en Lampadia: El IGV como aporte al Fondo de Pensiones y formalización del empleo , esta política no solo fomenta la formalidad, sino que además permite una mayor recaudación impositiva, lo cual es fundamental para lidiar con los problemas de deuda pública y de déficit fiscal.

Con ello en mente, aprovechamos en hacer un llamado a nuestras autoridades competentes para la implementación de esta medida. ¡Nuestros pensionistas no pueden esperar más! Lampadia

Ver líneas abajo más detalle sobre las propuestas de Jair Bolsonaro y Paulo Guedes en torno a la reforma de pensiones en Brasil:

Hacer o romper
Bolsonaro debe enfrentar el gasto descontrolado en pensiones

Si lo controla, dará forma a su presidencia y al futuro de Brasil.

The Economist
13 de diciembre, 2018
Traducido y glosado por Lampadia

“No podemos salvar a Brasil matando a las personas mayores”, dice Jair Bolsonaro, el próximo presidente de Brasil. Se refiere al principal problema de política pública del país: un proyecto de ley de pensiones que consume más de la mitad del presupuesto federal y crece cuatro puntos porcentuales por encima de la inflación. No es el único de la nueva administración que expresa ambivalencias y falta de sentido de urgencia.

Sin embargo, muchos apuestan que Bolsonaro actuará rápidamente para resolver un problema que acosa a Brasil durante años. Aunque el optimismo viene más por la elección de Paulo Guedes como ministro de economía, egresado de la Universidad de Chicago.

El presidente saliente, Michel Temer, logró algunas reformas fiscales, en particular, un tope en el gasto federal y recortes a los préstamos subsidiados. Pero las pensiones lo derrotaron.

Dado que Brasil tiene reservas de divisas saludables y una de las tasas de inflación más bajas durante décadas, el progreso no depende de los mercados o las instituciones financieras globales, sino de los políticos en Brasilia. Eso es alentador y preocupante.

El sistema de pensiones brasileño

• El esquema de gobierno para los trabajadores del sector privado está fuertemente subsidiado.
• El esquema del sector público es aún más generoso.
• No es raro que los funcionarios públicos se retiren a los 50 años con el sueldo completo.
• El 41% de los beneficios de pensión van a la quinta parte más rica de los brasileños y el 3% a los más pobres.

Pero una población que envejece significa que el sistema es insostenible.

• En el 2000, había ocho trabajadores por cada jubilado.
• Para el 2060, solo habrá dos.

El gobierno gasta el 12% del PBI en pensiones, en comparación con un promedio del 8% en los países ricos de la OCDE.

Las pensiones han jugado un papel importante en el aumento de la proporción de la deuda pública como porcentaje del PBI que pasó del 52% a finales de 2013 al 74%. Sin reforma, pronto podría pasar el 90%.

Propuestas para una reforma

Muchos esperaban que, antes de asumir el cargo, Bolsonaro podría hacer que el Congreso saliente aprobara una reforma de pensiones, estancada, que fue introducida por Temer. Aunque eso no se logró, el nuevo presidente aún puede revivirlo el próximo año.

Dicha propuesta mantiene el sistema de reparto, en el que los trabajadores actuales apoyan a los jubilados actuales, pero se implementa una edad mínima de jubilación y un período de contribución mínimo. Ahorraría 400 mil millones de reales ($ 100 mil millones) en la próxima década.

Otros abogan por un mayor radicalismo. Durante la campaña, Guedes propuso un modelo de “capitalización”, con jubilados que cobren pensiones de sus propios ahorros acumulados mientras trabajaban.

Pero recientemente Bolsonaro ha hablado de “dividir” la reforma en etapas, comenzando por introducir una edad mínima de jubilación. Y el Congreso puede diluir cualquier esquema más, como lo hizo con Temer. Pero incluso las reformas más completas que se están considerando no resolverán todos los problemas fiscales de Brasil.

La gran pregunta es si Bolsonaro puede alinear al Congreso. Su Partido Social Liberal tiene poco más de una décima parte de los escaños, y dice que no atraerá a los legisladores de la manera brasileña habitual, es decir, comprando fiestas con gastos de barril de cerdo y nombramientos para ministerios de altos gastos. En lugar de eso, planea negociar tema por tema con grupos de interés de todos los partidos, como evangélicos, personas de línea dura de seguridad y agricultores. Eso puede no funcionar.

Bolsonaro fue elegido con una plataforma de abolición de privilegios.

El nuevo equipo económico está comprometido con la reforma y las condiciones son favorables, dice Eduardo Guardia, el ministro de finanzas saliente. Pero dice, “Hay riesgo de ejecución”. Lampadia

En diez días más, Brasil elegirá a su nuevo presidente entre Jair Bolsonaro y Fernando Haddad; un populista de derecha y el representante del PT, el partido del reo Lula da Silva.

Lula, el ex presidente izquierdista, armó una sofisticada organización criminal para dominar la política brasileña y para, de paso, auspiciar a las izquierdas latinoamericanas, ya sea mediante el Foro de Sao Paulo o por medio de subsidios políticos y económicos directos a los dirigentes regionales, incluido el chavismo. Pero la cosa no quedó allí. Propició además la penetración de empresas brasileñas corruptas que tomaron posición en varios países mediante acciones ilícitas de toda laya. Este escándalo, llamado Lava Jato, debe ser el peor caso de corrupción regional en la historia de Latinoamérica.

Por su lado, Bolsonaro, un ex militar y ex parlamentario, adolece de los excesos del populismo de derecha, se presenta muy ofensivo y discriminatorio, con tintes autoritarios y fascistas.

A la fecha, el favorito de las elecciones es Bolsonaro, según reportan todas las encuestadoras. La eventual victoria del candidato derechista no se da desde un partido político en particular; es más bien un fenómeno social amplio que recoge el rechazo de los brasileños a Lula, el PT y Haddad, rompiendo décadas de liderazgo del PT en la política brasileña.

Curiosamente, el resto del mundo ha cerrado filas detrás de Haddad-(Lula), y se opone visceralmente a Bolsonaro. Esta toma de posición va desde The Economist, que afirma que sería un presidente ‘desastroso’, hasta los medios y analistas más variopintos.

Esta falta de sintonía del sentir de los brasileños y la media del resto del mundo, ha generado un hecho gracioso y sintomático. Veamos un despacho de El Comercio de hace un par de días:

El pobre Roger Waters se metió una buena quemada con su gesto políticamente correcto.

Pero lo que esto permite ver es que el mundo perdona todos los delitos a los izquierdistas. Les perdona sus despropósitos, su incapacidad y sus crímenes. No se ha aprendido nada. Sigue pasando lo mismo que pasó con Jean Paul Sartre sobre los crímenes de Stalin en el imperio moscovita: ignorar y perdonar.

¡Algo inaceptable!

¿Pero cómo es posible que los medios más serios, incluso los de corte liberal como The Economist, se tapen los ojos y dejen de denunciar la corrupción?

En buena medida, esto se debe a la orientación política de los corresponsales de los medios occidentales en Latinoamérica. Lo mismo pasa con el Financial Times, y el caso de El País de España, ya es muchas veces grotesco.

En un ambiente así, es difícil tener criterio propio y cuidarse de estos sesgos, para no hablar de la pos-verdad. De ahí sale la metida de pata de Waters, que, sin tener capacidad de análisis, rebotó lo que estimaba políticamente correcto. Buena pifiada.

Por ello, mayor razón para esperar una clase dirigente militante detrás de la veracidad y de los balances correctos.

En Lampadia esperamos que el 28 de octubre próximo, la izquierda corrupta brasileña, con Lula, el PT y Haddad, sean derrotados, como hoy se prevé. Posteriormente habrá que preocuparse por cortar los excesos y exabruptos del populista Bolsonaro, que por lo menos ofrece un manejo ortodoxo de la economía más grande del sub-continente. Lampadia

Sebastiao Mendonca Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

Los resultados de las elecciones generales del domingo pasado en Brasil, expresan y provocan cambios fundamentales en su panorama político. Sin embargo, el proceso no ha terminado aún, será con la segunda vuelta que se sabremos quien será el nuevo presidente.

El ganador es, sin dudas, Jair Bolsonaro quien alcanzó 46% de los votos, faltando muy poco para ganar en primera vuelta.

El gran perdedor es Haddad/Lula quien obtuvo sólo 29%, dejando una brecha de 17% para igualar al primero, dificultando sus posibilidades para la segunda vuelta. Para el PT, este fue su peor desempeño electoral desde 1998, 20 años atrás, cuando el partido estaba realizando su segunda campaña electoral.

Respecto a 2014, el PT ha perdido 10.3 millones de votos.

• Bolsonaro ha ganado en la mayoría de los estados más poblados (16 de 26) y en el Distrito Federal, en las regiones más desarrolladas y en las ciudades más grandes.
• Haddad/Lula ha ganado en los estados del noreste (9 de 26), especialmente en las zonas rurales de esos estados.

  El predominio de Bolsonaro en el centro y sur del país es claro, y la fuerza de Haddad/Lula ha sido en la región del noreste. Esos estados (Bahia, Maranhao, Ceará, Pernambuco, etc.) se caracterizan por ser dominados por clanes y caudillos populistas (coroneles) por décadas consecutivas (Magalhaes, Gomes, Sarney, Mello, Alves, etc.) como si siguieran viviendo 50 ó 70 años atrás, conocido por los estudiosos de la política brasileña como “Coronelismo”. Es en esos contextos políticos, de control oligárquico tradicional, que el PT ha podido mantener su poder, donde la economía y la política son mucho más atrasadas que en el resto del país.

Aún en esos estados, la victoria del PT fue principalmente en las zonas rurales. Bolsonaro ganó en las principales capitales y ciudades de esa región: Recife, Fortaleza, Natal, Maceió, Joao Pessoa, Caruaru, Campina Grande, Olinda, etc.

El conflicto político que se ha expresado en esas elecciones no es solo ideológico, sino que también se ha dado un choque entre las opciones políticas de los sectores modernos de la sociedad brasileña, con Bolsonaro, y los sectores ligados a remanentes del “Coronelismo” en el noreste de Brasil, con Haddad/Lula.

En la primera vuelta del 2014, el PT (Dilma Rousseff) superó al PSDB (Aécio Neves) por 8 millones de votos. Ahora, el PT (Haddad/Lula) está con una desventaja de 18 millones de votos respecto a Bolsonaro. Revertir esa cantidad de votos es una situación que el PT nunca ha tenido que enfrentar.

La otra situación que es nueva para el PT es que, nunca han tenido que enfrentar a un movimiento social como son los defensores de Bolsonaro, que operan sin recursos económicos vía redes sociales. Los métodos de marketing electoral que el PT ha utilizado siempre no están produciendo los resultados esperados. Mientras que las iniciativas de los partidarios de Bolsonaro los ha venido sorprendiendo con frecuencia.

Cambios en los congresistas

Los cambios en la correlación de fuerzas han sido significativos, tanto en diputados federales como en senadores.

• En senadores, los grandes perdedores han sido el MDB (el partido de Temer), el PSDB (el partido de Fernando Henrique Cardoso), y el mismo PT. El gran ganador fue el Partido Social Liberal, PSL, de Bolsonaro, y en menor medida la Rede, de Marina Silva, que aumentó a pesar de su fracaso como candidata.

• En diputados federales, los grandes perdedores son los mismos: MDB, PSDB y PT. Los ganadores son el PSL y el DEM (una alianza entre liberales y conservadores que ahora ha incluido al Movimento Brasil Livre, MBL, que lideró las marchas por el Impeachment de Dilma Rousseff). Mirando en el cuadro se puede apreciar que el nivel de dispersión de la cámara de diputados ha aumentado.

Se puede decir que, tanto para la representación congresal del PT, como para el MDB y el PSDB, estas elecciones han sido muy negativas; desastrosas en algunos casos. Hay que destacar que, en las dos cámaras, el PT ha perdido voceros importantes y el MDB ha perdido articuladores políticos que les va hacer mucha falta en el futuro.

En los gobiernos de los estados, el PT ha perdido Minas Gerais y no pudo recuperar Sao Paulo ni Río Grande do Sul, sus tradicionales baluartes, ni ha podido ganar en el electorado izquierdista de Río de Janeiro. Sólo han ganado cuatros estados del noreste (Bahia, Ceará, Piauí, y Rio Grande del Norte) que juntos representan el 1/7 de la población de Brasil y menos del 8% del PBI nacional. Sólo Minas Gerais, que acaban de perder, representa el 10% de la población y el 9% del PBI, y Sao Paulo, que no pudieron recuperar, representa el 22% de la población y 32% del PBI. Es decir, el PT se ha quedado con 4 de los 26 estados, localizados todos ellos en el noreste, con poca población y poca economía.

La lucha contra la corrupción

Los fiscales de Lava Jato están celebrando los resultados de esas elecciones. Sólo 240 de los 513 diputados federales lograron reelegirse, menos de la mitad, siendo que muchos de los que no se reeligieron se oponían a las investigaciones de Lava Jato. Los promotores de la lucha contra la corrupción tienen ahora la esperanza de que el nuevo Congreso apruebe el paquete de leyes que ellos han elaborado para reducir la corrupción en Brasil, y que fuera rechazo por el actual congreso.

Además, decenas de senadores, diputados y gobernadores corruptos del PT, MDB, PSDB, PP, DEM, etc. que no han sido elegidos y el 1º de enero del 2019 van perder su inmunidad (foro privilegiado). A partir de ahí, podrán ser enjuiciados en los procesos de Lava Jato y van caer en manos de Sergio Moro. Los analistas políticos comentan que las cortes de 1ª y 2ª instancias, responsables de los casos de Lava Jato, van estar muy atareadas en el 2019.

Conclusiones

Estas elecciones han resultado en una profunda renovación de la representación política en Brasil, marcando el ingreso por primera vez de las fuerzas conservadoras y liberales en las disputas nacionales, y con resultados muy positivos en el corto plazo.

El pasado de Bolsonaro tiene elementos preocupantes de autoritarismo e intolerancia social, pero aún después de haber sufrido un atentado casi mortal, su discurso político no ha sido de resentimiento social, ni de insultos, ni de amenazas a la institucionalidad democrática. Si esos elementos se activan y se transforman en políticas públicas podrían representar un deterioro de la democracia en Brasil. Pero hasta ahora, su radicalismo ha estado dirigido hacia la corrupción y la inseguridad ciudadana (165 asesinatos al día, 60 mil asesinatos al año) y ambas preocupaciones son compartidas por amplios sectores de la población.

Bolsonaro, anteriormente, ha hecho declaraciones de populismo económico, pero su futuro ministro de economía, Paulo Guedes, es liberal y las políticas que ha anunciado también son liberales. No hay que olvidar que, en el 2002, basados en el pasado conflictivo de Lula, muchos estaban asustados, la bolsa sufrió y el dólar se disparó. Sin embargo, Lula mantuvo el marco de política macro-económica de Fernando Henrique Cardoso. Lo recomendable es esperar un poco antes de calificar su potencial gobierno de populista o de fascista.

El PT, por su lado, se ha auto-criticado de su moderación anterior y ya declaró que su propósito actual no es volver al gobierno sino tomar el poder. Lula también ya ha declarado su rechazo a Lava Jato y a los jueces de 1ª y de 2ª instancia que lo condenaron, y ha amenazado con retaliación, caso el PT gane las elecciones. Su propuesta de generar bienestar económico a la población en el corto plazo, con un Estado casi fallido y una deuda pública del orden de 80% del PBI, tendría las consecuencias inflacionarias que ya son conocidas en la historia de América Latina.

Los petistas y varios analistas internacionales están expresando preocupación por las perspectivas de la democracia en Brasil, pero el 100% de los conservadores y muchos de los liberales brasileños, demócratas en su mayoría, está celebrando los resultados de la 1ª vuelta y su preocupación principal es por las consecuencias por un potencial regreso del PT y el direccionamiento de Brasil hacia una experiencia parecida a la de Venezuela.

En el Brasil, el sistema político no incluía a la derecha conservadora ni a la liberal. Esas fuerzas se expresaban por medio de mecanismos externos al sistema político, apoyando a gobiernos militares. Ahora, esas fuerzas se canalizan a través de la institucionalidad democrática del país, como partidos políticos. Ello incrementa la polarización política, pero no necesariamente debilita el sistema democrático. Las incertidumbres son grandes, pero si el marco institucional soporta la inclusión de esas dos corrientes ideológicas en el sistema político brasileño puede contribuir a una mayor estabilidad y equilibrio en el largo plazo.

El riesgo principal viene de la situación de crisis de las cuentas públicas y del sistema de pensiones, y del rechazo social a las medidas requeridas para recuperar el equilibrio fiscal. En una situación de polarización política, una crisis social de grandes proporciones puede tener consecuencias muy negativas para el país.

Por ahora, la renovación política es lo más importante, y las posibilidades que se abren superan las preocupaciones que generan. Lampadia

Sebastiao Mendonca Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

Estos son los últimos días de la campaña presidencial en Brasil. El domingo 7 se realizará la primera vuelta del proceso electoral. Son 13 los candidatos a la presidencia, pero, en estos momentos solo dos tienen posibilidades de pasar a la segunda vuelta: Jair Bolsonaro y Fernando Haddad. Los demás candidatos ya están fuera de carrera. Entre los fracasos se destacan: Geraldo Alckmin, candidato por el PSDB, el eterno rival del PT, que se estancó en 10% a pesar de ser el candidato con la alianza política más amplia de todas, Marina Silva (ex-ministra del ambiente del PT), quien comenzó en segundo lugar con 16% y ahora tiene sólo 4% y sigue cayendo, el populista Ciro Gomes (ex-ministro del PT) que soñaba ser el opositor a Bolsonaro, pero que ya cayó al tercer puesto, el millonario Henrique Meirelles, del MDB, el partido del presidente Michel Temer, con sólo 2% y Guilherme Boulos, de PSOL (división radical del PT) con 0%.

Como expliqué en un artículo anterior, la polarización entre Bolsonaro y Haddad/Lula frenó el crecimiento de los candidatos de centro y generó una dinámica en que los electores opuestos al PT optarían por Bolsonaro como su alternativa, y los opositores a Bolsonaro busquen a Haddad/Lula como su opción realista de victoria. Una parcela importante de los votos de Marina migró a Haddad y muchos de los potenciales electores de Alckmin se fueron a Bolsonaro y a Haddad, bloqueando su despegue y consolidando la polarización derecha-izquierda.

Esa polarización tiene dos bases: una política y otra ideológica. La polarización política es anti-PT, es decir, la agrupación de todos los aquellos que son contrarios al retorno del PT al Brasil. La polarización ideológica es anti-Bolsonaro, la unión de las corrientes ideológicas que son contrarias a sus valores conservadores.

Como se puede ver en el cuadro anterior, construido por el Movimento Brasil Livre, MBL, en base al promedio de las 10 principales encuestadoras del país (http://mbl.org.br/analise/), Bolsonaro ha venido subiendo en forma consistente, alcanzando un techo de 30% de intención de voto, y Hadad ha subido en forma rápida estabilizándose en 23%. Si las elecciones fueran hoy Bolsonaro obtendría cerca de 36% de los votos válidos y Haddad obtendría 28%.

Con esos resultados los dos candidatos irían a una segunda vuelta tres semanas después, el 28 de octubre. A pesar de la brevedad del tiempo, la segunda vuelta tiene una dinámica propia, y sus perspectivas se presentarán en forma más clara después de conocer los resultados de la primera vuelta. Sin embargo, una encuesta reciente de Datafolha (vista por muchos como pro-PT) puede dar una idea del tipo de panorama que puede presentarse.

El PT ha organizado su campaña electoral en base a tres ideas: “Lula libre”, con “Lula estábamos mejor”, y “Mujeres contra Bolsonaro”. Sus mítines no han sido multitudinarios, con excepción de las marchas de mujeres en contra de Bolsonaro que sí fueron multitudinarias. Las ideas centrales de Bolsonaro fueron: “No a la corrupción”, “defensa de la familia, honradez, etc.” y “Bolsonaro es el cambio que necesitamos”. Las manifestaciones a favor de Bolsonaro han sido espontaneas y también multitudinarias, aún más grandes que las del PT. En las marchas del PT se observa una gran carga ideológica (marxista y post-moderna), en las de Bolsonaro lo característico es la indignación hacia la corrupción. Ambos grupos se consideran defensores de la democracia, y acusan al otro lado de ser pro-dictaduras.

El PT (Lula) dispone de una gigantesca maquinaria partidaria y mediática. Son más de un millón de militantes formados y financiados en dos décadas de control del estado (primero local, y después nacional) y de adoctrinamiento de universidades y medios de comunicación. El PT dispone de los equipos de marketing electoral más sofisticados de América Latina, y los medios internacionales liberales (The Economist, New York Times, BBC, etc.) se han posicionado en contra de Bolsonaro asociándolo a Trump, apoyando implícitamente el retorno de Lula, vía Haddad.

El movimiento de Bolsonaro, no tiene una organización partidaria significativa, su núcleo intelectual es reducido y su presencia mediática es casi nula. El punto fuerte de los partidarios de Bolsonaro es que son una especie de movimiento social masivo y espontaneo, con amplio espectro ideológico: conservadores, liberales e indignados en general. Socialmente, Bolsonaro se apoya en los sectores más educados de la clase media, en los pequeños emprendedores y en los grupos religiosos. Lula se apoya en los beneficiarios del programa Bolsa Familia, en los millones de empleados públicos y en los sectores ideologizados de la clase media.

Lula continúa argumentando su inocencia, se declara un perseguido político y ha advertido que, si él gana, habrá represalias contra la operación Lava Jato, el juez Sergio Moro y todos los jueces que lo condenaron. José Dirceu, estratega del PT, ya avisó que ahora la lucha no es por ganar unas elecciones sino por tomar el poder.

Bolsonaro apoya a la operación Lava Jato, y promete combatir a la corrupción y a la delincuencia y a defender la familia y los ciudadanos de bien. A pesar de su origen militar, y de contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas, Bolsonaro promete respetar la institucionalidad democrática, aunque su pasado genera dudas sobre sus promeses democráticas.

Este tipo de polarización política (derecha x izquierda) es una novedad en la política brasileña, pues el predominio de la izquierda ya tiene muchas décadas, y tanto los liberales como los conservadores no han contado con apoyo social masivo desde los años 30 del siglo pasado, y esto ha cambiado en los últimos 5 años. Sin dudas, este proceso electoral está rediseñando el panorama político brasileño.

Como hice notar antes, es imposible predecir quien va vencer, con la información disponible. Lo que sí es posible predecir es que, con la victoria de Lula, se acaba la lucha contra la corrupción, y que, si Bolsonaro gana, él va enfrentar una fuerte oposición desde el primer día de gobierno. Lampadia

Oscar Schiappa-Pietra (¹)
Para Lampadia

Las investigaciones fiscales y procesos judiciales que se realizan en Brasil y en diversos otros países latinoamericanos demuestran palmariamente la acción sistemática de corrupción de Odebrecht y de otras empresas constructoras brasileñas en perjuicio de intereses de alrededor de diez países de la región y dos del África.

Un aspecto que maximiza la gravedad de estos hechos radica en el involucramiento activo, directo e intenso de funcionarios del Gobierno Federal del Brasil en la promoción y facilitación de esa exportación de la corrupción, incluyendo a algunas muy altas autoridades públicas.

Esto tiene sustanciales implicancias ante el derecho internacional, por cuanto configura la existencia de responsabilidad internacional del Estado Federal del Brasil.

Desde una perspectiva jurídica, pueden distinguirse dos tipos de conductas ilícitas por parte de los referidos actores brasileños:

• de un lado, el financiamiento ilegal de campañas electorales;
• del otro, el soborno directo para lograr contratos de obras públicas.

En uno y otro caso, el Estado Federal del Brasil ha violado principios fundamentales de las relaciones internacionales, consagrados en el art. 2º de la Carta de las Naciones Unidas y en la Resolución 2131 (XX) de su Asamblea General: el respeto a la soberanía y la prohibición de intervención en los asuntos internos de los estados. Tanto la realización de elecciones libres y transparentes para designar autoridades gubernamentales, como la realización de procesos de contratación honestos para ejecutar obras públicas, son asuntos claramente inscritos en la esfera de la soberanía estatal, ante los cuales otros estados y demás actores internacionales tienen la obligación de no interferir.

Las acciones del Estado Federal del Brasil, en complicidad con Odebrecht y otras empresas constructoras de su país, configura además la violación por parte de aquél de diversas otras normas en distintos ámbitos del Derecho Internacional. El financiamiento ilegal de campañas electorales atenta contra el espíritu y letra del art. 25º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que consagra los derechos de participar en la dirección de asuntos públicos, al voto y a ser elegido para acceder a cargos públicos. Es evidente que el aporte ilegal de financiamiento para fines electorales desnaturaliza el carácter libre, autentico y competitivo en condiciones de igualdad, que debe permear a toda elección de autoridades públicas. En tal virtud, el Estado Federal del Brasil también ha violado su obligación, prevista en el art. 3º del mismo tratado internacional, de comprometerse a garantizar -en este caso, mediante su abstención de promover la financiación ilegal de campañas electorales- la igualdad en el goce de los derechos previstos en el referido art. 25º. Huelga recordar que el Estado Federal del Brasil es parte de este fundamental tratado, así como de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que contiene prescripciones idénticas, y por tanto está obligado al cumplimiento de las normas de ambos.

Tanto en lo tocante al financiamiento ilegal de campañas electorales como al soborno directo para lograr contratos de obras públicas, el Estado Federal del Brasil ha violado diversas normas de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y de su símil americana, incluyendo las obligaciones de:

• prevenir la corrupción de funcionarios públicos por parte de empresas privadas;
• promover la integridad, la honestidad y la responsabilidad entre sus funcionarios públicos;
• dictar medidad para aumentar la transparencia respecto de la financiación de candidaturas a cargos públicos electivos y, respecto de la financiación de los partidos políticos; y,
• de cooperación internacional para formular y aplicar políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción.

De modo más específico, el Estado Federal del Brasil ha incumplido con sus obligaciones de prevenir el blanqueo de dinero, previstas en el art. 14º de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, y del encubrimiento, previstas en el art. 24º del mismo tratado.

Ante esta situación de grave y masiva violación de normas de derecho internacional por parte del Estado Federal del Brasil, éste tiene la obligación jurídica de reparar los daños causados. De acuerdo a los principios de derecho internacional universalmente reconocidos, la reparación puede consistir en la restitución, la indemnización y la satisfacción. En el caso que nos ocupa, la restitución ha devenido en imposible, de modo que el Estado Federal del Brasil debe indemnizar al Perú y brindarle la correspondiente satisfacción.

 (¹)  Internacionalista, con maestrías en Derecho Internacional Económico (Universidad Católica del Perú) y en Derecho Internacional y Comparado (George Washington University, Estados Unidos). Vocal de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional.

Parece que la ola populista sigue avanzando, Jair Bolsonaro, el principal candidato presidencial en Brasil, es conocido como el “Donald Trump de Brasil” algo que, lejos de incomodarle, se jacta diciendo que “Trump es un ejemplo para mí”. Jair Bolsonaro es un candidato de extrema derecha que pone en riesgo la democracia en Brasil.

Bolsonaro es un exmilitar de extrema derecha con un discurso machista y antisistema, que promete mano dura contra la inseguridad. Bolsonaro, a quien llaman “el Mito”, hoy por hoy es uno de los políticos más populares en Brasil. Con más de cuatro millones de seguidores en Facebook, a menudo es abordado por sus fans para hacerse “selfies”. Sus opiniones y medidas se confunden con las de su principal asesor económico, Paulo Guedes, educado en la Universidad de Chicago, un bastión de ideas de libre mercado, que favorece la privatización de todas las empresas estatales de Brasil y la simplificación “brutal” de los impuestos.

Pero también se le conoce por sus opiniones “polémicas”. Como cuando afirmó que “la única razón por la que no violó” a una congresista fue “porque ella no se lo merecía” o cuando declaró que la homosexualidad se debe a “no haber recibido suficientes palizas”. Ya antes habíamos anunciado en Lampadia su peligroso ascenso en las encuestas: ¿Del populismo de izquierda al populismo de derecha?.

Ahora, recuperándose en un hospital, después de un atentado contra su vida, el “Trump brasileño” subió cuatro puntos porcentuales en las encuestas. Que un candidato como Bolsonaro haya logrado ascender hasta el primer lugar en las encuestas se explica por el daño que ha causado la recesión provocada por las políticas económicas del PT, que ha fragmentado a un país que podría terminar apoyándolo, especialmente después del ataque que recibió con un cuchillo en una manifestación de campaña.

Y es que el PT, dirigido por Lula, el principal símbolo del populismo latinoamericano moderno, montó un mecanismo muy efectivo de expansión política regional corrupta que ha dejado a Brasil con dos décadas perdidas. Ahora, los países latinoamericanos tardarán muchos años para resolver los problemas generados y pagar los costos en destrucción política, económica e institucional provocada por el PT y Lula en toda la región. Lula, pues ha sido uno de los elementos más perniciosos de la política regional. Gobernó el país durante cuatro períodos, dos directamente y otros dos a través de Dilma Rousseff (quién no pudo terminar el último mandato), y lo llevó hacia el proteccionismo y el asistencialismo, cooptando a sus opositores y promoviendo altísimos niveles de corrupción gubernamental. Ver en Lampadia: La peor Red de corrupción latinoamericana.

Como explicamos anteriormente, uno de los factores de la interrupción nuestro desarrollo es producto de los escandalosos niveles de corrupción diseñados y ejecutados por el ‘putch’ imperialista de la izquierda brasileña, comandada por el ‘gran Lula da Silva’ y sus socios del chavismo y del castrismo. Ver en Lampadia: Brasil corrompe política y negocios – Y nosotros disparamos fuera del objetivo.

Bolsonaro representa una nueva marca de populismo en América Latina, una que regresa a sus orígenes populistas en todo el mundo. El ascenso de Bolsonaro debe servir como un recordatorio de que estamos experimentando una crisis de democracia en todo el mundo, una que no se limita al triunfo o al surgimiento de la extrema derecha en Europa.

Brasil, con sus 200 millones de habitantes, a diferencia del Perú, tiene una cierta capacidad de jugar a políticas internas para manejar, o más bien, pretender manejar, su desarrollo. Así lo hizo Lula, que desestabilizó la Iniciativa de las Américas, de mediados de los años 90, optando por una economía cerrada; igual que con la creación del Foro de Sao Paulo, junto con Fidel Castro, optando por un socialismo decimonónico.

Líneas abajo, compartimos un último artículo de The Economist sobre las elecciones brasileñas que, al igual del resto de sus reportes sobre Latinoamérica, está teñido de una visión un poco ‘caviar’; pero que, de todas maneras, nos permite analizar la política brasileña y sus impactos en la región. Lampadia

Ver artículo líneas abajo:

Elecciones presidenciales en Brasil
Jair Bolsonaro, la amenaza más reciente de América Latina

Sería un presidente desastroso

20 de setiembre, 2018
The Economist
Traducido y glosado por Lampadia

“Dios es brasilero”, es un dicho popular que se convirtió en el título de una conocida película. La belleza, la riqueza natural y la música de Brasil a menudo hacen que parezca un país especialmente bendecido. Pero, en estos días, los brasileros deben preguntarse si, al igual que en la película, la deidad se ha ido de vacaciones. Su economía es un desastre, las finanzas públicas están bajo presión y la política está completamente podrida. El crimen callejero también está aumentando. En el ránking de las 20 ciudades más violentas del mundo, siete de ellas son brasileras.

Las elecciones nacionales del próximo mes le dan a Brasil la oportunidad de comenzar de nuevo. Sin embargo, si es que (parece demasiado posible) la victoria es para Jair Bolsonaro, un populista de derecha, corren el riesgo a empeorar las cosas. Bolsonaro, cuyo segundo nombre es Messias, o “Mesías”, promete la salvación; la realidad es que él es una amenaza para Brasil y América Latina.

Bolsonaro es el último de una larga lista de populistas, desde Donald Trump en Estados Unidos, hasta Rodrigo Duterte en Filipinas y una coalición de izquierda-derecha que presenta a Matteo Salvini en Italia. En América Latina, Andrés Manuel López Obrador, un agitador de izquierda, asumirá su cargo en México en diciembre. Bolsonaro sería una adición particularmente desagradable al club. Si ganase, podría poner en riesgo la propia supervivencia de la democracia en el país más grande de América Latina.

Amargura brasileña

Una economía fallida es una y, en Brasil, el fracaso ha sido catastrófico.

• En la peor recesión de su historia, el PBI per cápita se redujo en un 10% en el período de 2014-16 y aún no se ha recuperado.
• La tasa de desempleo es de 12%.
• El olor a conveniencias de élite y corrupción es otro agravio y en Brasil es un gran problema.
• Las investigaciones conocidas como Lava Jato han desacreditado a toda la clase política.
• Decenas de políticos están bajo investigación.
• Michel Temer, que se convirtió en el presidente de Brasil en 2016 después de que su predecesora, Dilma Rousseff, fuera acusada por cargos no relacionados, ha evitado el juicio de la corte suprema solo porque el Congreso votó por perdonarlo. Luiz Inácio Lula da Silva, otro ex presidente, fue encarcelado por corrupción y descalificado para participar en las elecciones.
• Los brasileños les dicen a los encuestadores que las palabras que mejor resumen a su país son “corrupción”, “vergüenza” y “decepción”.

Bolsonaro ha utilizado su furia de una manera brillante. Hasta antes de los escándalos de Lava Jato, era un congresista de siete períodos del estado de Río de Janeiro. Tiene una larga historia de ser groseramente ofensivo. Dijo que no violaría a una congresista porque era “muy fea”; dijo que preferiría un hijo muerto a uno gay; y sugirió que las personas que viven en asentamientos fundados por esclavos fugados son gordos y perezosos. De alguna manera, esa disposición a romper tabúes se está tomando como evidencia de que él es diferente de los hacks políticos tradicionales en la ciudad capital, Brasilia.

Para los brasileños, desesperados por deshacerse de los políticos corruptos y traficantes de drogas asesinos, Bolsonaro se presenta como un sheriff sensato. Cristiano evangélico, mezcla el conservadurismo social con el liberalismo económico, al cual se ha convertido recientemente. Su principal asesor económico es Paulo Guedes, educado en la Universidad de Chicago, un bastión de ideas de libre mercado. Favorece la privatización de todas las empresas estatales de Brasil y la simplificación “brutal” de los impuestos. Bolsonaro propone recortar el número de ministerios de 29 a 15 y poner a generales a cargo de algunos de ellos.

Su fórmula le está ganando votos de apoyo. Las encuestas le dan el 28% [a la fecha, obtiene 30% según Ipobe y 17 según Folha, y definitivamente ganaría en la segunda vuelta] de los votos y es el claro favorito en la primera ronda de las elecciones del 7 de octubre. Este mes fue apuñalado en el estómago en una manifestación, lo que lo llevó al hospital. Eso solo lo hizo más popular y lo protegió de un examen más minucioso por parte de los medios y sus oponentes. Si se enfrenta a Fernando Haddad, el candidato del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) de Lula en la segunda vuelta a fin de mes, muchos votantes de la clase media y alta, que culpan a Lula y al PT por los problemas de Brasil, podrían terminar votando por él.

La tentación de Pinochet

Los votantes no deben ser engañados. Además de su visión social antiliberal, Bolsonaro tiene una preocupante admiración por la dictadura. Dedicó su voto a acusar a Rousseff, la comandante de una unidad responsable de 500 casos de tortura y 40 asesinatos bajo el régimen militar, que gobernó Brasil de 1964 a 1985. El compañero de lista de Bolsonaro es Hamilton Mourão, un general retirado que, el año pasado, mientras vestía uniforme, pensó que el ejército podría intervenir para resolver los problemas de Brasil. La respuesta de Bolsonaro al crimen es, en efecto, matar a más delincuentes, aunque, en 2016, la policía mató a más de 4,000 personas.

América Latina ha experimentado antes con la mezcla de políticas autoritarias y economía liberal. Augusto Pinochet, un brutal gobernante de Chile entre 1973 y 1990, fue asesorado por los “Chicago Boys” del libre mercado. Ayudaron a sentar las bases para la relativa prosperidad de hoy en Chile, pero a un terrible costo humano y social. Los brasileños tienen un fatalismo sobre la corrupción, resumido en la frase “rouba, mas faz” (“roba, pero actúa”). No deberían enamorarse de Bolsonaro, cuya máxima podría ser “torturaron, pero actuaron”. América Latina ha conocido todo tipo de hombres fuertes, la mayoría de ellos terribles. Para pruebas recientes, solo observemos los desastres de Venezuela y Nicaragua.

Bolsonaro podría no ser capaz de convertir su populismo en una dictadura de estilo Pinochet, incluso si quisiera. Pero la democracia de Brasil todavía es joven. Incluso un coqueteo con el autoritarismo es preocupante. Todos los presidentes brasileños necesitan una coalición en el Congreso para aprobar legislación. Bolsonaro tiene pocos amigos políticos. Para gobernar, podría verse obligado a degradar aún más la política, lo que podría allanar el camino para alguien aún peor.

En lugar de caer en las vanas promesas de un político peligroso con la esperanza de que pueda resolver todos sus problemas, los brasileños deberían darse cuenta de que la tarea de sanar su democracia y reformar su economía no será ni fácil ni rápida. Se han logrado algunos avances, como la prohibición de donaciones corporativas a fiestas y la congelación del gasto federal. Se necesitan muchas más reformas. Bolsonaro no es el hombre para lograrlo. Lampadia

Sebastiao Mendonca Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

El atentado y sus impactos

El 6 de septiembre, el ex-capitán del ejército y diputado federal Jair Bolsonaro, candidato a la presidencia de la república por el Partido Social Liberal, fue víctima de un atentado mientras realizaba una manifestación en la ciudad de Juiz de Fora, Minas Gerais. Bolsonaro se encuentra en cuidados intensivos y aún después de dos cirugías, su situación es grave y su fallecimiento no está descartado.

El autor del ataque fue Adélio de Oliveira, es un ex-militante del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), pero sin militancia política actual conocida[i]. Hasta estos momentos no se sabe si el acto fue una iniciativa personal o si hubo una organización por detrás de su accionar. Pero, sea una acción de un individuo mentalmente alterado o de una organización que lo manipuló, el objetivo político del atentado es indiscutible[ii].

En Brasil, los asesinatos políticos no son raros. Sólo en los últimos dos años, 36 regidores municipales han sido asesinados. La muerte de la regidora carioca del PSOL, Marielle Franco, ocurrido este año, ha sido el más renombrado, pero fue sólo uno más de esa larga lista de violencia política que es tradicional en Brasil. Sin embargo, esa violencia era y es típica de la “política local”. Los asesinatos de políticos y candidatos federales son muy raros en la historia política de Brasil.

El antecedente más próximo al atentado a Bolsonaro, ha sido un intento de asesinato del periodista conservador y candidato a diputado federal, Carlos Lacerda, ocurrido hace 64 años, el 5 de agosto de 1954. Lacerda, un periodista carismático, era uno de los principales críticos del cuarto gobierno de Getúlio Vargas, y un líder político reconocido a escala nacional.[iii]

En aquel entonces, Lacerda salió herido en el pie, pero el mayor Rubens Florentino Vaz, que lo acompañaba murió en el acto. Las investigaciones encontraron evidencias de que el hijo del presidente, Lutero Vargas, y jefe de la guardia personal de Getúlio, Gregorio Fortunato, estaban involucrados. El intento de asesinato disparó una crisis política que culminó con el suicidio de Getúlio Vargas, 19 días después. El atentado a Lacerda y el suicido de Getúlio cerraron los 34 años de la Era Vargas.

El actual intento de asesinato de Jair Bolsonaro, ha alterado el ambiente de la campaña electoral, introduciendo elementos emocionales y éticos en un momento crítico. Un candidato visto como un conservador radical, cuyas ideas generan preocupación en más de un sector político, de repente, es visto por la población como un ser humano que lucha por su vida después de un ataque criminal. Con 60 mil asesinatos por año, visibles en los noticieros, la experiencia de ser víctima de algún atentado criminal no es ajena ni distante para la población brasileña.

En los días siguientes, el atentado a Bolsonaro se volvió el tema central de las conversaciones políticas y de los comentarios de las redes sociales. Su estado de salud se volvió noticia, y el espacio ganado en la atención del ciudadano común ha sido significativo. Un porcentaje mayoritario de los electores podría no estar de acuerdo con las ideas de Bolsonaro, pero sí está en contra del intento de asesinato. Al ser la víctima, Bolsonaro ha ganado notoriedad y tiempo gratis en los noticieros más importantes de todo el país. Además, su tiempo de TV no es percibido como campaña electoral, lo que lo hace más significativo para el ciudadano no politizado.

El intento de asesinato a un candidato que estaba haciendo campaña, defendiendo sus ideas en forma pacífica, ha generado un sentimiento de rechazo al hecho, de simpatía hacia la víctima y de interés por sus ideas. La izquierda ha buscado contrarrestar ese sentimiento argumentando que el atentado a Bolsonaro es resultado de sus propuestas radicales. Aún que ese argumento hace sentido para los militantes de izquierda, el significado para la población (el mensaje implícito detrás del mensaje explícito, el meta-mensaje) es una actitud de indiferencia y crueldad hacia una persona que ha sido agredida y que está luchando contra la muerte. Esto le da a Bolsonaro una ventaja emocional sobre sus rivales de izquierda. Bolsonaro, a diferencia de la izquierda y la mayoría de los otros candidatos, no está vinculado a ningún caso de corrupción, lo que le da una ventaja moral ante la izquierda. La pérdida de esas dos ventajas (emocional y moral) de parte de la izquierda puede afectar significativamente las dinámicas de este proceso electoral[iv]. No está demás recordar que la izquierda, tradicionalmente ha buscado ganar y consolidar esas dos ventajas en sus estrategias electorales, y que sin ellas sus discursos políticos pierden fuerza.  

La reacción del electorado

Una encuesta nacional, realizada por IBOPE poco después del atentado, da elementos sobre como el electorado está reaccionando. El IBOPE es una de las encuestadoras más respetables del país y los resultados, aún que iniciales, son claros. Bolsonaro, quien venía subiendo ligeramente, dio un salto de 4 puntos porcentuales en solo una semana y de 6 puntos en 20 días.

Faltando solo tres semanas para las elecciones, las tendencias se muestran muy favorables al candidato conservador. No solamente sus intenciones de voto han aumentado sino el porcentaje de sus electores que no dejarían de votar por él, por ningún motivo, ha pasado de 41% a 54%, un aumento de 13 puntos, evidenciando una reacción de mayor firmeza política de parte de su electorado.

El otro elemento importante de esos últimos días es la oficialización de Fernando Haddad, como el candidato del Partido de los Trabajadores, PT, en sustitución de Lula da Silva. Lula ha hecho inscribir su candidatura aún en contra de la legislación brasileña, presionando políticamente al poder judicial. Sin embargo, sus 17 habeas corpus y sus inúmeras maniobras políticas no lograron anular sus sentencias en 1ª, 2ª y 3ª instancias, y el PT ha tenido que cambiar de candidato la semana pasada.

Con la oficialización de Haddad como el representante de Lula, su intención de voto pasó de 4% a 6% y a 8%. El crecimiento de Haddad era previsto, pues corresponde a la transferencia de los votos de Lula. Pero, mover solo cuatro puntos es una variación menor de lo esperado. Sin embargo, en un contexto en que sus rivales populistas (Ciro Gomes y Marina Silva) y el candidato del PSDB (Geraldo Alckmin) están estancados, ese crecimiento puede mantenerse en las próximas semanas. Si ello ocurre, la disputa de la segunda vuelta será entre Bolsonaro y Haddad/Lula.

Aún es muy temprano para analizar las posibles segundas vueltas, pero las encuestas pueden dar una idea de cómo los electores están reaccionando hoy y como podrían reaccionar en aquél entonces. Lo destacable de los escenarios mostrados por el IBOPE es que Bolsonaro mejora notablemente sus posibilidades en la segunda vuelta. Antes del atentado, Bolsonaro perdía para casi todos y solo empataba con Haddad. Ahora, Bolsonaro gana a casi todos y solo empata con Marina Silva. Sin embargo, Marina ha venido cayendo desde antes del atentado y sus probabilidades de llegar a una segunda vuelta son cada día menores.

Conclusiones

Lula ganó las elecciones del 2002 evitando el radicalismo de sus campañas anteriores (Lula, paz y amor). Sin embargo, ahora Lula y el PT se han radicalizado y él ya advirtió que, de ganar las elecciones, una de sus acciones será vengarse de quienes lo traicionaron, enjuiciaron, condenaron y enviaron a la prisión. El PT es ahora un factor de polarización política e de inestabilidad institucional. Además, los petistas tienen una evaluación (errónea) es que ellos perdieron el poder por ser programáticamente moderados y por buscar una alianza con los grandes empresarios en vez de seguir el camino de Chávez y Maduro[v]. Su postura actual es de llevar a cabo una revancha si regresan al Palacio del Planalto. De esto están avisadas todas las otras fuerzas políticas y las instituciones del país. Fuera de los petistas, y algunos grupos de extrema izquierda, nadie quiere el regreso de la Era PT.

A Jair Bolsonaro le conviene la polarización con el PT pues le permite canalizar los temores que el regreso de la “Era PT” genera en amplios segmentos políticos y sociales. Al PT también le conviene la polarización con Bolsonaro pues le permite reactivar su desgastado discurso político y captar los temores al conservadorismo. De consolidar la polarización PT-Bolsonaro, ello neutralizaría a las fuerzas moderadas que tradicionalmente han canalizado a la mayoría de los votos a nivel nacional, y el PT encontraría, en dicha polarización, una forma de recuperar parte de la importancia que tuvieron un día en la política de Brasil.

Sin embargo, Haddad puede chocar con barreras para seguir creciendo, quedando en un tercer o cuarto puesto, permitiendo así que Ciro Gomes, Marina Silva o Geraldo Alckmin se constituya en la alternativa a Jair Bolsonaro. Si ocurriera algo así, el PT perdería vigencia, y la política brasileña estaría marcada por esa nueva polarización. En ese contexto, y con Lula en prisión, el PT tendría gran dificultad para prevenir un proceso sostenido de decadencia política.

Un atentado a un candidato siempre altera la agenda y el tono de la campaña. El componente racional de la campaña se debilita y el emocional se fortalece, facilitando el uso de ataques y de etiquetas personales como recurso de lucha política. En este caso, el impacto principal es de mayor polarización, cerrando los espacios para los candidatos del centro político, tanto populistas como liberales, y haciendo más difícil su crecimiento relativo. La reciente encuesta de IBOPE da indicios de que esto es lo que ya está sucediendo. Las simpatías y rechazos al atentado opacan los posibles argumentos racionales justo en la fase final de la disputa, en que lo emocional tiende a fortalecerse. En una campaña polarizada, la primera vuelta termina parecida a una segunda vuelta, forzando a todos a alinearse a dos opciones polares.

Es difícil apostar por un resultado específico para estas elecciones. Las tendencias son favorables a Bolsonaro, pero Lula tiene una base electoral sólida, una militancia numerosa, mucha astucia política y muchos recursos económicos e institucionales. Las próximas encuestas permitirán ver hacia donde está marchando las preferencias de la población. Veremos si la victimización de Bolsonaro es pasajera o no, y si el representante de Lula ha podido sostener su crecimiento respecto a sus actuales pares. Mientras tanto, los analistas exploran las posibilidades en juego y la bolsa de valores (BOVESPA) sube o baja ante cada indicio en una u otra dirección.

Sebastiao Mendonca Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

El 7 de octubre próximo se realizarán las elecciones presidenciales en Brasil, en poco más de 40 días el país escogerá el próximo presidente para el período 2019-22. Si nadie logra más de 50% en la primera vuelta, el 28 de octubre, tres semanas después, se realizará la segunda vuelta con los dos más votados. Este será un proceso electoral muy breve para tomar una decisión con grandes implicancias para el futuro.

Con una economía semi paralizada y una situación fiscal insostenible, Brasil va necesitar de reformas políticas y económicas difíciles pero indispensables para viabilizar una nueva fase de crecimiento económico. La población respalda a Lava Jato y está clara sobre la necesidad de luchar contra la corrupción, pero tiene poca claridad sobre las condiciones necesarias para que sus aspiraciones comiencen a volverse una realidad. En esas condiciones, la población es una presa fácil para los discursos populistas, y los populistas abundan en Brasil.

Son 13 los candidatos a la presidencia, pero solo 5 tienen alguna posibilidad de llegar a la segunda vuelta, hasta ahora.

En la última encuesta de Data Folha (agosto)[i] el ex-presidente Lula da Silva lidera las intenciones de votos con 39%, seguido del diputado ultra-conservador Jair Bolsonaro con 19%. Sin embargo, Lula está condenado en segunda instancia y ratificado en tercera instancia, y según la ley, él no puede postular a ningún cargo público.

La única opción para que Lula pueda participar en las elecciones es que el Supremo Tribunal Federal (STF) anule su condena, o emita una resolución haciendo una excepción legal con nombre propio para viabilizar su candidatura. Considerando el gran poder económico y político de Lula, la probabilidad de que el STF, a estas alturas, tome tal decisión no es nula. Pero considerando también que tal decisión provocaría una crisis en el poder judicial del país (romper la ley para que un condenado en segunda instancia sea candidato) dicha probabilidad es muy baja.

Por lo tanto, el segundo escenario es el más probable. En ese escenario es el ex-alcalde de Sao Paulo, Fernando Haddad, quien será el candidato del PT a la presidencia.

Si se explora el escenario en que Lula no está presente, Bolsonaro salta a 22%, seguido por la ambientalista y populista Marina Silva con 16%, el populista tradicional Ciro Gomes con 10%, el socialdemócrata Geraldo Alckimin, ligado a Fernando Henrique Cardoso, con 9%, y el representante de Lula, Fernando Haddad, con 4%.

En ese segundo caso, sin la participación de Lula, habría que ver cuánto del electorado del PT efectivamente votaría por Haddad. Data Folha dice que el 31% de los encuestados se inclinarían a votar por un candidato indicado por Lula y un adicional de 8% podría hacerlo. Ello significa que Fernando Haddad tiene un gran potencial de crecimiento. Sin embargo, los otros candidatos populistas, Marina Silva y Ciro Gomes, ya están posicionados y van disputar férreamente el voto de los electores de Lula. Las encuestas del escenario 2 evidencian cómo ellos crecen más que Haddad con la ausencia de Lula. Además, el tiempo de campaña es muy breve y el electorado brasileño dedica por espacio mental a los temas electorales.

Afectado por su condena a 12 años y por su encarcelamiento, Lula orientó su partido a mantenerlo como su candidato hasta el final. El 15 de agosto, el PT ha inscrito a Lula como candidato a la presidencia y a Haddad como su vice-presidente. Con esta estrategia maximalista, el PT ha debilitado la imagen del candidato sustituto de Lula. Sin proponérselo, el PT ha estado enviando el mensaje de que Lula es insustituible y que nadie más en su partido tiene la estatura para ser un buen candidato presidencial. Durante todo este tiempo, los otros candidatos populistas (Marina y Ciro) han podido presentarse como dignos sustitutos de Lula y han fortalecido sus posiciones.

La persistencia de Lula en ser el candidato del PT ha contribuido a la polarización política favoreciendo al candidato ultra conservador, Jair Bolsonaro, opuesto a Lula. No es gratuito que, faltando seis semanas para la elección, Bolsonaro tenga 22% de intención de voto y Haddad, el candidato sustituto de Lula, tenga solo 4%. El PT va tener que hacer una campaña excepcional de demolición de las imágenes de Bolsonaro, Marina Silva y Ciro Gomes para poder llegar a la segunda vuelta. El PT sabe destruir las reputaciones de sus críticos y rivales. Esta es, en realidad, una de sus mayores habilidades, pero no es fácil destruir a varios candidatos en pocas semanas sin que el suyo no resulte afectado en ese combate. Además, según la encuesta de Data Folha, en una segunda vuelta, Bolsonaro derrotaría a Haddad. Entonces, si Haddad llega a la segunda vuelta, la victoria del PT no estará asegurada.

En el caso de que el PT no llegue a la segunda vuelta, y la disputa sea entre Bolsonaro y Marina Silva o entre Bolsonaro y Ciro Gomes, el PT tendrá la opción de apoyar al rival de Bolsonaro, llevando a que un populista, no muy distinto del PT, gane el gobierno federal. Ello permitiría al PT arribar a acuerdos políticos con esos candidatos y tener buenos aliados en Brasilia, mientras busca reconstituir sus fuerzas.

Hay un candidato liberal, Joao Amoêdo, que merece una atención especial. Amoêdo es un empresario que ha creado un partido político llamado “Novo”, es decir, nuevo. Amoêdo es contrario al financiamiento público de los partidos políticos, ha rechazado dicho financiamiento público para su campaña en la TV y ha apostado en hacer campaña electoral solo con donaciones privadas, operando en las calles y en las redes sociales. Un casi desconocido, Amoêdo ha comenzado a crecer en las últimas tres semanas y ya tiene 2% de intención de voto. Amoêdo apoya a Lava Jato, a la economía de libre mercado, y tiene el plan de gobierno y el discurso electoral más coherente con los desafíos del país. Sin embargo, es poco probable que en cuatro semanas logre crecer lo suficiente para llegar a una segunda vuelta. Lo atractivo de Amoêdo para los sectores más educados de la clase media, es que él se presenta como una nueva forma de hacer política en Brasil, y la gente está harta con la forma corrupta de hacer política en Brasil.

Gane quien gane las elecciones, van a presentarse dos opciones: O se hacen las reformas fiscales y legales, o el Brasil sigue en el estancamiento o va hacia una segunda crisis económica en el corto plazo.

• Si gana un conservador (Bolsonaro) o un liberal (Amoêdo) las probabilidades de reforma son mayores, pero la oposición estará asegurada.
• Si gana Haddad, es decir Lula, el escenario más probable es una crisis institucional, económica y política en el corto plazo, con la destrucción de Lava Jato y el desencadenamiento de un conflicto político abierto.
• Si gana otro populista (Marina o Ciro), su dilema va ser difícil pues, para salir del estancamiento y evitar la crisis, va tener que hacer una serie de reformas que son opuestas a su discurso electoral, y si no hace las reformas las perspectivas no serán positivas para nadie.

El dilema de los populistas puede representarse en una frase conocida en Brasil:

• Si corres el bicho te alcanza, si te quedas quieto, el bicho te come
  (Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come).

En cualquiera de los casos, el ambiente social, político y de negocios en Brasil no será tranquilo ni agradable en los próximos años. Sin embargo, desde el 2013 el país ha ingresado a un período de profundos cambios políticos: se desencadenó la mayor operación anti-corrupción (Lava Jato) y las mayores movilizaciones de la historia brasileña, surgieron nuevos movimientos políticos, y se cerró la Era PT. Es muy probable que ese proceso continúe y que se desarrollen corrientes de pensamiento liberales y conservadoras que en el futuro puedan constituirse en alternativas de gobierno al populismo que ha dominado la política brasileña por muchas décadas. Lampadia