Una de las actividades económicas que sigue viéndose seriamente afectada por los embates de la pandemia en nuestra región es el turismo. Encontrándose aún muy lejos de sus niveles de producción y empleo prepandemia, sufre las amenazas de cortar su recuperación en el 2022, ahora con la presencia de la nueva variante OMICRON que ha lanzado a algunos países desarrollados, europeos y del Asia, a cerrar sus fronteras y a evaluar implementar dicha política a futuro. Ello complica aún más las perspectivas que dilucidaban una recuperación plena del turismo global hacia el 2024.

El caso del Perú, que pide a gritos una mejora del empleo formal a nivel nacional, tiene entre sus atributos a un sector turismo competitivo – que llega a 4.4 millones de turistas en un año normal – y altamente intensivo en mano de obra, sin mencionar que produce importantes cantidades de divisas – alrededor de US$ 4,784 millones de dólares en un año normal – además de la agroexportación y la minería. 

Como sugiere The Economist en un reciente artículo que compartimos líneas abajo, el trabajo de los gobiernos pues debe concentrarse en dar medidas de salud asequibles en toda la cadena turística para las empresas, algo que lamentablemente en los dos gobiernos anteriores no se entendió y se pretendió dar protocolos draconianos, sobretodo hacia los micro y pequeños empresarios, sin contar la feroz cuarentena que acometió Vizcarra en 2020 que estuvo a punto de liquidar a esta industria. 

Hasta ahora, el gobierno de Castillo parece no entender los balances correctos de control de riesgos y de recuperación del sector. Lampadia

América Latina espera el regreso de los turistas

Hasta que lo hagan, las economías cojearán

The Economist
27 de noviembre de 2021
Traducida y comentada por Lampadia

“Perú, despeguemos nuevamente” reza el lema en letras grandes a través del frente de vidrio de la terminal del aeropuerto de Lima. En la Plaza de la Independencia en el corazón colonial de Quito, capital de Ecuador, un pequeño grupo de turistas rubios se destaca como una especie exótica en un mar de vendedores ambulantes de cabello oscuro. Desde las playas del Caribe hasta los lagos de la Patagonia, la pregunta que se plantea es la planteada a principios de este año en una caricatura de El Roto en El País, un diario español. Dibujó dos tumbonas vacías y una preguntaba a la otra: “¿Crees que vendrán?”

La respuesta importa. El turismo juega un papel importante en la mayoría de las economías de América Latina y el Caribe. En un promedio simple de los 34 países de la región, representa alrededor del 20% del PBI, según un índice elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La cifra varía desde más de un tercio para varias islas del Caribe hasta el 15% en México y el 8% en Brasil. Además, el turismo proporciona una gran parte del empleo, desde el 80% más o menos en países como Aruba y Antigua hasta el 13% en México y el 8% en Brasil. El Caribe también depende del turismo para obtener divisas y representa alrededor del 10% de los ingresos por exportaciones en Ecuador y Perú.

El turismo extranjero en la región se ha hundido en el pasado debido a las crisis internacionales. En 2009, durante la crisis financiera, cayó un 5%. Pero esta vez “el turismo se cerró como un grifo”, ​​dice Henry Mooney del BID. Las llegadas cayeron un 70% en 2020 ya que tanto los países de destino como los de origen cerraron sus fronteras. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTCC), un organismo de la industria, estimó que la industria turística de la región en su conjunto perdió US$ 230,000 millones y 12.4 millones de puestos de trabajo en 2020. Las aerolíneas de América Latina han recibido una paliza. LATAM y Avianca, dos de las tres mayores aerolíneas, buscaron protección por quiebra. Los ingresos por turismo en el Caribe el año pasado fueron solo una cuarta parte de lo que se había pronosticado.

Ahora se está produciendo un modesto renacimiento, especialmente en el Caribe, a medida que avanza la vacunación y se reabren las fronteras. Los cruceros están navegando de nuevo, aunque luchan por adaptarse a las normas sanitarias. Los estadounidenses se están aventurando a regresar a las playas. El WTTC dice que el turismo se está recuperando más rápido en el Caribe que en otras partes del mundo, con un crecimiento pronosticado del 47% este año con respecto al año pasado, lo que significa US$ 12,000 millones adicionales en ingresos.

La reapertura es más lenta en América del Sur, un vuelo más largo desde la mayoría de los grandes mercados. Los latinoamericanos y los estadounidenses están regresando, pero no los asiáticos ni los europeos, dice Pedro Morillas, dueño de un hotel de cuatro estrellas con 350 habitaciones en Cusco, Perú. “Tuvimos muchas reservas para el segundo semestre de este año, pero muchas canceladas”, dice Roque Sevilla, jefe de Metropolitan Touring, un gran operador turístico en Ecuador, que posee tres barcos en las Islas Galápagos y un refugio en un bosque nuboso. Con recorridos desde US$ 5,000, excluyendo vuelos internacionales, para muchos “Ecuador es el viaje de su vida y quieren estar seguros de que no sufrirán restricciones y estarán seguros”. Muchos en la industria piensan que los viajes no alcanzarán su nivel prepandémico hasta 2024.

Para algunos, será demasiado tarde. Una encuesta de 255 empresas realizada por la Asociación de Hoteles y Turismo del Caribe en febrero encontró que era poco probable que el 14% de ellos reabrieran. Para otros, la lenta recuperación significa una lucha por adaptarse. La tasa de ocupación en el hotel de Morillas, normalmente el 85%, con turistas extranjeros casi todos los huéspedes, se redujo a cero, lo que lo obligó a despedir a sus 150 empleados. “El golpe fue repentino y drástico”, dice. Sin ingresos, se acumularon los intereses de su deuda con el banco. Pero el hotel está abierto de nuevo, ha vuelto a contratar a 15 empleados y ha negociado un período de gracia sobre el préstamo bancario. “El hotel sobrevivirá”, dice.

Como parte de un gran conglomerado con bolsillos profundos, Metropolitan Touring estaba mejor ubicado.  Sevilla siguió pagando a sus 850 trabajadores el 75% de sus salarios durante un año antes de despedir a regañadientes a 85. Ha reducido los precios y ha encontrado un nuevo mercado para los turistas ecuatorianos. LATAM y Avianca están a punto de salir de la quiebra.

Los gobiernos pueden ayudar a acelerar la recuperación, dice Mooney, trabajando con la industria para coordinar las medidas de protección de la salud a lo largo de la cadena turística y llevar a cabo estudios de mercado y de marketing. “La gente viajará de manera diferente y necesitará cosas diferentes”, dice. Muchos países de América Latina están cerca de superar su nivel de producción económica anterior a la pandemia. Pero el empleo se está quedando atrás. Cuanto antes regresen los turistas, más rápido cambiará. Lampadia

Con Sebastiao Mendonca Ferreira y su equipo del Centro Wiñaq, en Lampadia hemos venido desarrollando un análisis sistemático sobre el aprovechamiento de nuestros recursos naturales, con especial énfasis en la conflictividad socio-política que ha venido frenando las inversiones mineras, con un impacto clarísimo en la desaceleración de la economía y una menor disminución de la pobreza. Ver nuestra biblioteca virtual: Recursos Naturales y Desarrollo.

En base a este trabajo, se publicó el libro: Para Reducir la Conflictividad Minera. En esta ocasión, queremos compartir con nuestros lectores, la presentación de Mendonca en Perumin33 la semana pasada.

Presentación realizada por Sebastiao Mendonca Ferreira en la  Convención Minera, Perumin 33, en Arequipa, 2017.

La conflictividad minera, hasta ahora, ha resistido los esfuerzos de las empresas mineras y de las instituciones publica que han buscado superarla o por lo menos reducirla de manera significativa.
En nuestra forma de pensar la razón principal de ese hecho es el entendimiento limitado que se tiene del fenómeno.

Esta presentación busca desarrollar elementos de un enfoque que podría generar estrategias más efectivas en ese campo.

Introducción

Antes de ingresar al tema central consideramos necesario explicitar una hipótesis conceptual.

La permanencia de cualquier empresa o institución en una sociedad depende de su legitimidad o, dicho de otro modo, es imposible lograr la sostenibilidad sin lograr la legitimidad social. La falta de legitimidad puede llevar a la abolición de actividades económicas. Por ejemplo: algunas provincias argentinas has prohibido la minería a tajo abierta, en Costa Rica y el Salvador prohibió la minería metálica.

Lo desafiante es que la legitimidad es una percepción la población local, esta percepción es construida sobre la base de las creencias, valores y expectativas de dicha población, dichos elementos pueden ser muy distintos de aquellos de la empresa minera que está buscando legitimarse.

Entre 2005 y 2015, la minería ha entregado a las regiones mineras una cantidad extraordinaria de recursos: 40 mil millones de soles.

Una cantidad de recursos que nunca antes había fluido hacia las regiones.

Lo esperable es que una transferencia a las regiones mineras de grandes cantidades recursos creados por la minería debería generar satisfacción en la población local y una defensa de la actividad minera por dicha población.

Es común el discurso de que la minería extrae los recursos locales y no contribuye al desarrollo. Sin embargo, un estudio del BID sobre el impacto de la minería en las zonas mineras del Perú ha evidenciado que la minería sí ha traído desarrollo económico y social. Múltiples estudios muestran que la minería trae desarrollo local.

Sin embargo, el desarrollo económico y la transferencia del canon y el desarrollo económico no han sido efectivos para reducir la conflictividad.

Ello significa que la falta de progreso económico y social, repetido en esos discursos, no es la explicación para la conflictividad minera.

Durante ese mismo período, las empresas mineras han firmado varios principios voluntarios con ICMM y varios otros estándares globales, y han realizado notables mejoras en sus prácticas ambientales y sociales.

Sin embargo, la conflictividad social es el principal factor de riesgo para el sector extractivo y puede producir pérdidas de miles de millones de dólares a las empresas, al Estado y a las poblaciones locales.

Ello cuestiona que las prácticas ambientales y los aportes sociales de las empresas mineras sean los factores centrales de la actual conflictividad social.Cuestionando así el discurso de los grupos hostiles a la minería y la interpretación predominante en las publicaciones sobre el tema. Que consideran que la conflictividad se genera por la disputa de los recursos naturales y falta de beneficios locales.

Si la evidencia empírica cuestiona las explicaciones que predominan en el país entonces, ¿cuáles podrían ser las causas de los conflictos mineros?

Ello nos obliga cuestionar la narrativa tradicional y abrir nuestras mentes para otro tipo de explicaciones para la conflictividad minera.

A través de nuestros estudios en el Centro Wiñaq hemos encontrado algunas de las causas de los conflictos mineros.

Aunque los conflictos son -casi siempre- presentados como si fueran ambientales, ello no refleja la realidad de sus causas.

Es común que los promotores de conflictos busquen alarmar a la población con la cuestión ambiental pues ello genera el clima social que genera movilizaciones. Esos grupos lo hacen exagerando los hechos o simplemente inventando rumores.

La narrativa ambiental de los conflictos ocurre porque es creíble. Es decir, si un grupo dice que está luchando porque una mina los está contaminando, el periodismo, los lideres de opinión y la población en general tiende a creer que es verdad.

Sin embargo, si se investigan los antecedentes de los conflictos y las plataformas de lucha y de negociación de la mayoría de los conflictos mineros, se encuentra que las cuestiones ambientales están ausentes o tienen un papel secundario.

Ello no quiere decir que no existan problemas ambientales en algunos conflictos, pero si quiere decir que, en la mayoría de los casos, las causas principales son otras.

Los conflictos mineros son fenómenos con muchos actores y múltiples dimensiones y sus procesos son non-lineales y con saltos cualitativos (Ver teoría de la complejidad).

Ello significa que no existen balas de plata, es decir, que no existen estrategias mágicas basadas en un solo factor.

Sin embargo, existen análisis que pueden servir como radiografías que ayudan a salir de las interpretaciones ideológicas y a entender mejor algunas de sus dimensiones.

Existen muchas expectativas de que los conflictos sociales puedan tener soluciones puramente económicas: distribución de canon, proyectos de desarrollo, adelanto social, etc.

Si revisamos las plataformas de lucha de los conflictos vamos encontrar que los beneficios económicos están presentes y reciben una prioridad muy superior a los temas ambientales.Sin embargo, las expectativas económicas de la población son casi infinitas. Es decir, la atención de una expectativa económica no significa que no se presentarán otras demandas.

Lo más importante, es imaginar los incentivos que la economía genera. Es decir, lo más importante no es lo que las personas ya recibieron como beneficio en el pasado sino sus expectativas sobre los beneficios adicionales posibles de obtenerse. En especial es importante conocer las consecuencias económicas personales de liderar conflictos antimineros. Es detrás de esas expectativas que se mueven los líderes de los conflictos mineros.

El tema de los incentivos es muy descuidado, pues predominan las interpretaciones basadas en las narrativas.

Los sistemas de incentivos son percepciones de la población sobre cual es la forma de obtener el máximo provecho de una situación, de la minería en este caso.

Esos sistemas de incentivos indican a la población cual es la mejor manera de relacionarse y sacar más provecho de la minería.

La minería se desarrolla, principalmente, en zonas rurales con economías tradicionales, principalmente agrícola y de con muy baja productividad. Según el INEI, la renta per-cápita anual en la sierra rural en el 2013, era de US$ 1,250, algo más de US$ 100 mensuales.

La llegada de una mina, con productividades decenas de veces superiores a la agricultura genera una zona de economía moderna, ligada a la minería.

El surgimiento de un sector moderno en medio de una economía tradicional desencadena un cambio en las estrategias de capitalización de las familias. En una situación así, las rutas de capitalización de las familias, y sus poderes relativos, dependen en forma crítica de su relación con ese sector moderno.

Con la llegada de la minería, la cuestión de cómo beneficiarse con la minería se vuelve la preocupación estratégica dominante de la población local.

William Easterly, analizando las economías de los países emergentes, hace hincapié de que los seres humanos reaccionamos a los incentivos. También en la conflictividad minera, las personas están reaccionando al sistema de incentivos.

La minería genera tanta riqueza que abre nuevas posibilidades de ascenso social en las regiones donde opera.

Para algunos grupos de la población, la conflictividad constituye en una de esas formas ascenso social.

La población puede beneficiarse de la minería de múltiples formas. La mayoría de esas formas son constructivas.

Sin embargo, también hay formas destructivas de sacar provecho de la minería. Esas formas destructivas solo benefician a una minoría, pero puede hacer que el conflicto se vuelva una actividad rentable. Algunas de estos beneficios provienen de la posibilidad de acceder a la riqueza minera, pero otras son por el acceso a fondos públicos o de la cooperación internacional. También están presentes los incentivos políticos, es decir, la posibilidad de acceder a la notoriedad política y a cargos de autoridad.En Perú, no son pocas las personas que han logrado puestos en municipalidades, regiones e incluso en el Congreso de la República promoviendo conflictos hacia la minería.

Para incidir sobre la conflictividad es necesario entender el sistema de incentivos que predomina en las zonas mineras. ¿Qué ha aprendido la población y líderes locales sobre la conveniencia o no de armar conflictos?

¿Qué incentivos existen para buscar una relación de cooperación con la actividad minera?

¿Para los campesinos, empresarios, instituciones, autoridades y universidades es más provechoso colaborar o conflictuar con las empresas mineras?¿A quiénes premia el Estado con sus decisiones e inacciones?

El sistema de incentivos es el verdadero paisaje o contexto económico de las zonas mineras. Sin conocer el sistema de incentivos es difícil tener éxito en la superación de los conflictos.

William Baumol, ha clasificado los tres tipos de emprendedorismo: productivo, improductivo y destructivo.

En el caso de la conflictividad minera son importantes los tipos uno y tres. ¿En que medida el sistema de incentivos predominante en las zonas mineras favorece al emprendedorismo destructivo, que aumenta sus rentas por medio de la conflictividad?

La acumulación de riqueza por medio de la violencia es muy antigua. Los Vikingos crearon una institucionalidad especializada en el saqueo. Las mafias peruanas, como en zonas del norte peruano, viven de la extorsión. ¿cuánto hay de este tipo de emprendedorismo en el entorno de las operaciones mineras? Una observación objetiva de muchos conflictos mineros puede sorprender a quienes están influenciados por las explicaciones ideológicas.

La cuestión institucional es fundamental. Según Daron Acemoglu, el éxito o fracaso de los países está ligado a la calidad de sus instituciones.

La conflictividad minera también está ligada a la calidad de las instituciones en el país, especialmente en las zonas mineras.

Cuando una mina se instala en una zona rural, las instituciones locales no están listas para recibir una actividad económica de tan grande escala, ni menos para procesar las nuevas expectativas y conflictos sociales que desencadena.Esta deficiencia institucional genera impunidad e inseguridad jurídica en dichas zonas.

En el Perú, hay tres niveles del Estado de derecho.

En los barrios de clase media y alta de Lima predomina un nivel básico del imperio de la ley. No ocurren saqueos de malls, ni invasiones de oficinas de bancos, ni bloqueos de avenidas. Los conflictos, cuando ocurren, se canalizan por la vía institucional.

En el VRAE (Valle del Río Apurímac y Ene), zona de narco tráfico y terrorismo, los ciudadanos y empresas no tienen ninguna seguridad, ni jurídica ni física.

En las zonas mineras existe una situación intermedia: la ley se cumple parcialmente y predomina la impunidad para las actividades violentas contrarias a la minería: bloqueo de carreteras, invasiones de propiedad, destrucción de maquinaria, etc.

Esa impunidad incentiva las acciones violentas y las amenazas a las empresas mineras, e incluso estimula que algunos grupos busquen extorsionar a las empresas mineras. En más de una región minera se han identificado comportamientos de extorción en grupos locales.

Hasta estos momentos, la mayoría de los intentos de reducir la conflictividad social han demostrado poca efectividad. No es que las acciones de relaciones comunitarias de las empresas sean completamente inefectivas, sino que son insuficientes para bajar la conflictividad social de los doscientos casos listados por la Defensoría.

Considerando los sistemas de incentivo y las condiciones institucionales es posible iniciar un camino de reducción de la conflictividad.

Antes de sugerir algunas ideas para la reducción de la conflictividad es conveniente clarificar que esa labor desborda las posibilidades de las empresas mineras. La solución a la conflictividad social no se reduce a mejorar la relación entre las empresas mineras y las comunidades del entorno. Hay varios otros actores cuya participación es indispensable.

La reducción de la conflictividad involucra al Estado Nacional, a las autoridades políticas regionales y locales, a las instituciones públicas que operan localmente, las universidades, las instituciones civiles locales e incluso a las empresas que se benefician de la actividad minera.

Sin el adecuado involucramiento de esa constelación de actores, los esfuerzos de las empresas mineras tendrán un éxito limitado.

Como explica Acemoglu y Robinson, las instituciones resisten a los cambios. Ver su esquema de cómo se reproducen las instituciones políticas y económicas y las condiciones para que ocurran los cambios institucionales. En su artículo, él explica que para que los cambios institucionales ocurran se requieren de modificaciones en el poder político formal y de-hecho.

En un corto y mediano plazos lo más viable es modificar la operatividad de las instituciones nacionales en los temas relativos a la minería y en el contexto de las regiones mineras. Esos cambios en la operatividad pueden lograrse si existe la voluntad política de apoyar el desarrollo minero del país.

Aunque algunos de los actores de la conflictividad minera son nacionales e incluso globales, los conflictos son fenómenos principalmente locales y su evolución depende en alto grado de la configuración de las instituciones locales.

La armonización o alineamiento de las instituciones en el contexto local puede crear condiciones favorables para reducir la conflictividad.

Ese cambio en el marco institucional local puede ocurrir sin cambios radicales en el marco institucional nacional, que serían de muy difícil obtención. Es posible así reducir la inseguridad jurídica de la minería sin tener que realizar modificaciones mayores en el marco legal e institucional. Se puede generar reformas institucionales focalizadas en las áreas problemáticas para el desarrollo de la minería en el país.

Ya hemos tratado el tema del sistema de incentivos, o de los intereses. Pero, para completar el enfoque de reducción de la conflictividad hay que considerar las ideas de las personas, su forma de pensar sobre la minería y como imaginan su futuro personal y colectivo.

La influencia en la forma de pensar de la población es una prioridad para los grupos hostiles a la minería. Ellos dedican años montando los mecanismos para influenciar a la población. Sinneutralizar su narrativa es poco probable que pueda crearse un clima social local y regional duradero.

En gran medida, lo que está ocurriendo es una batalla de ideas acerca de la minería y su papel para la realización de las expectativas de progreso de las personas.

Los grupos hostiles a la minería son muy claros en ese campo. Son más claros que las empresas mineras y sus instituciones.

La conflictividad social disminuirá cuando las personas crean que su progreso personal y familiar está ligado a la actividad minera, cuando sientan alegría por el aprovechamiento de la riqueza mineral del país.

En aquellas regiones y localidades en que el ambiente social sea de temor a la contaminación o de resentimiento hacia las empresas mineras los pronósticos son reservados. El problema es que esas regiones no son pocas y parecen estar expandiendo en el Perú.

Los grupos hostiles a la minería trabajan diariamente en la generación de temores, desconfianza y resentimientos en la población de las regiones mineras del país, y sobre esa base desarrollan una narrativa hostil a la minería.

Muchas empresas mineras creen que la actitud de la población local puede ser modificada con campañas transitorias de comunicación. Ello es una ilusión.Las percepciones dependen mucho más del flujo diario de mensajes en los medios que de breves campañasde comunicaciones.

Las percepciones de la población se moldean a lo largo de muchos años. Los rumores que generan temores hacia la minería, los discursos políticos que cultivan resentimientos, las opiniones de los periodistas sobre la minería y el desarrollo, y los gestos simbólicos de los líderes, a lo largo de varios años van moldeando las creencias y percepciones de la población. Los cambios en ese sistema de creencias y en las percepciones de la población requieren mucho más que estrategias comunicacionales. Una población que está bajo cerco cognitivo difícilmente cambiará sus percepciones a causa de campañas comunicacionales de las empresas mineras.

Quienes quieran reducir la conflictividad minera necesitan entender en profundidad a la población y sus temores y expectativas en relación a la actividad minera: afectación a la calidad y cantidad del agua, daño ambiental, cambios en las posiciones sociales, etc.

¿Como piensan sobre los manantiales, sobre el agua que consumen, sobre la minería, sobre las empresas mineras, etc.? ¿En qué aspectos confían y en qué otros aspectos desconfían de las instituciones públicas ligadas a la minería?¿MINEM, ANA y OEFA? ¿Por qué? ¿Qué significa la minería en su imagen de futuro? ¿Qué opinan sobre los conflictos? ¿Creen que los conflictos son positivos o negativos para sus expectativas personales? ¿Por qué? No hay que olvidar que la legitimidad de una actividad económica se define en base al sistema de creencias y valores de la población local.

Si alguien quiere llevar adelante un proyecto minero, expandir sus operaciones o trabajar en un clima social favorable necesita crear algunas condiciones.

La más importante de todas es que la población tenga una opinión favorable sobre el proyecto y sobre la actividad minera.

Para protegerse de los rumores y campañas de los grupos hostiles a la minería es indispensable tener voceros creíbles, dotados de una narrativa pro-desarrollo y con capacidad de rebatir las falacias anti-mineras.

Para que los micro-conflictos no escalen localmente o regionalmente, es necesario contar con el apoyo político y social de personas e instituciones creíbles para la población local.

Para que la violencia no sea una característica frecuente en los conflictos mineros, es necesario que dichos actos no queden impunes. Ello requiere el Estado tenga monopolio en al uso de la fuerza y que la ley impere.

Para los recursos de los gobiernos locales se apliquen en acciones de desarrollo y evitar la práctica de los grupos anti-mineros de financiar sus actividades con el presupuesto de autoridades afines a sus intereses, el uso de los recursos públicos debe ser cuidadosamente supervisado.

La primera responsabilidad del Estado es garantizar el monopolio del uso de la fuerza y el imperio de la ley en las zonas mineras.

Sin este monopolio los anti-mineros podrán amedrentar a sus opositores, amenazar la propiedad privada e impedir el accionar de las Empresas y el Estado.

Dada las deficiencias de la institucionalidad peruana, ya señaladas, su efectividad requiere que el Estado logre un alineamiento en los tres niveles (local, regional y nacional) de las instituciones y autoridades que pueden influir en al clima social relativo a la minería y en el manejo de los conflictos sociales.

Para tranquilizar a la población y evitar la propagación de rumores de contaminación, es importante que los procesos de aprobación y socialización de los EIA sirvan para ilustrar a la población sobre la minería y esclarecer sus preocupaciones. No es suficiente que se cumpla el proceso de manera formal, es necesario que la población entienda y confíe.

La población necesita de referencias institucionales para creer que las empresas mineras están actuando bien y que el Estado está garantizando sus derechos. Para ello el Estado debe dar mucha atención en fortalecer la credibilidad de las instituciones públicas por la población. Sin fedatarios institucionales, la población se queda vulnerable a los discursos demagógicos.

El Estado, en sus tres niveles (local, regional y nacional) tiene la responsabilidad de aplicar bien los recursos públicos, especialmente el canon minero, con el propósito de generar oportunidades para todos los sectores sociales y fortalecer los incentivos para el emprendedorismo constructivo.

Las empresas mineras tienen la obligación de cumplir con altos estándares ambientales y sociales.

Sin embargo, ello no es una garantía de que no tendrán conflictos. Además de atender esos estándares, las empresas necesitan conocer como piensa la población, cuáles son sus sentimientos hacia la minería y a las empresas mineras, las autoridades locales y las instituciones públicas que operan en la zona.

Debido al carácter formativo del flujo diario de mensajes sobre las percepciones de la población, las empresas mineras conocer y saber analizar dicho flujo, especialmente los mensajes y rumores que pueden afectar su legitimidad social. Este es un tema descuidado por muchas empresas mineras en el país.

Necesitan conocer también quienes son los promotores de la conflictividad, como operan y cuáles son las comunidades que están bajo su influencia. Ello es fundamental para que las empresas mineras puedan neutralizar sus actividades antes que ellas se transformen en conflictos.

Hoy, predominan los enfoques equivocados sobre la conflictividad social y como manejarla. Las empresas mineras necesitanque sus gerentes tengan un entendimiento claro en ese campo.

Necesitan tener la capacidad de analizar el flujo de mensajes que moldean las percepciones de la población y como ello afecta su legitimidad y las perspectivas de cooperación o conflicto en la zona.

¿Cuáles son los disparadores de conflictos entre la población local: expectativas exageradas, temores, resentimientos, etc.?

¿Existen en las zonas mineras voceros pro-desarrollo con credibilidad y con capacidad para rebatir los discursos anti-mineros? ¿Tienen esos voceros acceso a los medios locales, o están aislados?

¿Cuentas las empresas con personal capaz de tranquilizar a la población y de explicar los beneficios que la minería puede traer? ¿Su narrativa está o no está influenciada por la narrativa anti-minera?

Esta es una lista incompleta de las capacidades que una empresa minera necesita construir para poder incidir sobre las dinámicas de la conflictividad social en sus zonas.

Fuentes recomendadas 

Mendonca, S. (2017) Para reducir la conflictividad minera. Lima, Perú: Lampadia.(Accesible para download en https://www.facebook.com/centrowinaq/). Ferreira, C. & Olcese, F. (2017). Como se organizan los conflictos mineros: http://www.lampadia.com/analisis/mineria/spin-explica-la-convergencia-de-fuerzas-anti-mineria/ Ferreira, C., & Mendonca, S. (2017). Herramientas anti-minería y cerco cognitivo. Lima, Perú: Wiñaq. 70 artículos sobre conflictividad minera escritos por Sebastiao Mendonca Ferreira, Camilo Ferreira Legua y Franco Olcese en Lampadia: http://www.lampadia.com/

Sobre la productividad de la minería y la agricultura: 
Mendoza, W. & Collantes, E. (2017). La economía de PPK. Promesas y resultados: La distancia que los separa. (Documento de trabajo 440). Lima, Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú.

Sobre Teoría de Juegos: 
https://www.coursera.org/learn/game-theory-1

Sobre la organización de los conflictos mineros, SPIN:
Gerlach, L. (1999) The structure of social movements: Environmental activism and its opponents. In Jo Freeman &Victoria Johnson (editors), Waves of Protests: Social movements since the sixties, chapter 9. Uploaded from: https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monograph_reports/MR1382/MR1382.ch9.pdf

Sobre el uso de la prensa:
Barrell, H. (2014). Press your case to the media: Activism and the media. Sessions 1, 2, 3, & 4. Non-Violent Conflict: https://www.youtube.com/watch?v=wMek2e_tzzs

Sobre el emprendedorismo:
Baumol, W. (1990). Entrepreneurship: Productive, Unproductive, and Destructive. Journal of Political Economy, 98 (5), 893-921. Chicago: The University of Chicago Press. http://www.jstor.org/stable/2937617.

Sobre las instituciones y el desarrollo económico y social de los países:
Acemoglu, D., & Robinson, J. (2013). Why nations fail. Crown Business.
Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. (2005). Handbook of economic growth. P. Aghion and S. Durlauf (editors), volume 1, Amsterdam, The Nederland: Elsevier B.V.

Pachamama Raymi, al igual que el programa de Sierra Productiva (SP), ha desarrollado un programa muy exitoso orientado a mejorar la producción de los minifundios alto andinos, a insertar a los campesinos en los mercados regionales y, algo muy importante, al igual que el programa de SP, que hemos presentado en varias ocasiones, genera un significativo salto cualitativo en la autoestima de los campesinos y sus familias.

Este programa se difunde mediante relaciones ‘campesino-a-campesino’, que evitan la tradicional resistencia al cambio que se presenta en programas promovidos por expertos de la FAO, ONU, BID, Banco Mundial, ministerios, etc., etc. Al igual que con SP, este es uno de los grandes componentes del programa, que ya ha permitido una cobertura de 14,000 familias en diversas regiones.

Lamentablemente, nuestros gobiernos prefieren hacer sus propios programas, así sean menos efectivos, más costosos y muchas veces penetrados por la corrupción, antes de reconocer la capacidad de entidades civiles o privadas para hacerlo éxito.

El siguiente video de TED-x-Tukuy, presentado por el creador de Pachamama Raymi, el holandés Guillermo van Immerzeel, describe el programa en sus distintos aspectos:

Lampadia

Continuamos nuestro esfuerzo por mostrarle a la sociedad los varios caminos que se abren en el mundo para una mejor educación. Solo la toma de consciencia por parte de la sociedad civil, podrá generar las presiones necesarias para que las autoridades del sector, los padres de familia y el sindicato de maestros, tengan que asumir las responsabilidades que nos lleven en el menor tiempo posible a volcarnos a desarrollar una nueva estrategia educativa.

Esta tendrá que recoger las mejores prácticas globales, ser adaptada con sapiencia a nuestra realidad y llevada a cabo con el apoyo de toda la sociedad. Su dirección es de un esfuerzo colectivo grande para poder avanzar tres años en uno, estableciendo prioridades básicas y sobretodo, como hemos visto en nuestras últimas publicaciones, empoderando al alumno, haciéndolo el centro absoluto de los servicios educativos en ambientes abiertos, participativos, entretenidos y retadores.

Veamos otras propuestas, esta vez del BID.

6 iniciativas de conocimiento abierto que están mejorando la educación

Por Antonio Moneo, Sección de Aprendizaje y Gestión del Conocimiento, BID

Publicado por el Blog del BID

30 de junio de 2016

Traducido y glosado por Lampadia

Derribar barreras físicas. Deshaciéndose de requerimientos de más papeleo. Permitiendo un acceso simple a la información que generamos. Estos son los pilares del movimiento del conocimiento abierto, una tendencia que está ganando momentum y que pronto se convertirá  en un importante motor para la economía de muchas naciones.

La información juega un papel clave en la educación y no es sorpresa que ésta tenga mucho que ganar por el incremento del libre acceso a las fuentes de conocimiento. Solo en los EEUU, el movimiento del conocimiento abierto puede traer mil millones de dólares al sector educativo.

Tomando esto en cuenta, te mostramos seis proyectos que nos muestran el inmenso potencial que tienen las plataformas de conocimiento abierto para abordar problemas complejos en el sector educativo:

CIMA

El Centro de Información para la Mejora de los Aprendizajes (CIMA) es el portal de Estadísticas Educativas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esta innovadora plataforma presenta 40 indicadores comparables entre sistemas educativos de América Latina y el Caribe e incluye perfiles nacionales para visualizar el panorama educativo en cada país. De esta manera, con su uso se ayuda a promover el diseño e implementación de políticas educativas efectivas basadas en la evidencia y que contribuyan a mejorar la calidad de los aprendizajes en la región.

Open Text Book

Open Text Book es una iniciativa nacida en Estados Unidos que propone el acceso libre y gratuito a los contenidos de los libros de texto, aprovechando la flexibilidad de las licencias de la plataforma Creative Commons. Este movimiento comenzó a tomar forma en 2010 y ha tenido un fuerte impacto en las universidades americanas. Según algunos estudios, en algunos casos, se han logrado tasas de ahorro en libros hasta del 80%.

Portal de Datos Abiertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

El Portal de datos abiertos de la UNAM es un ejemplo de cómo los datos abiertos pueden servir para generar herramientas pedagógicas. Por ejemplo, más de un millón de entradas del Instituto de Biología dan cuenta de todas las especies identificadas por la Universidad en el mundo, creando un repositorio de gran valor para estudiantes, investigadores y público en general.

El caso Chile: Formulación de políticas educativas utilizando técnicas de análisis de datos masivos

En Chile, este trabajo del Centro de Investigación Avanzada en Educación, ganador  del premio Gobernarte del BID, demuestra el potencial que los datos pueden tener para la formulación de políticas públicas educativas. El proyecto utilizó y comparó datos del censo de población con los datos de matrícula para comprender el desplazamiento de los estudiantes a las escuelas. Se detectó que existen desequilibrios en la oferta educativa y que, en ocasiones, los estudiantes más desfavorecidos se ven obligados a recorrer mayores distancias para poder llegar a la escuela. También demostró que este desplazamiento incluye recorridos por zonas con mayores tasas de inseguridad, lo cual permite predecir y prevenir fenómenos de alto impacto social como la deserción y el abandono escolar.

México: Mejora tu escuela

Esta exitosa plataforma permite a los ciudadanos conseguir información sobre el rendimiento de las escuelas en ese país. Con una metodología de análisis de datos que toma como base los resultados agregados de los alumnos en matemáticas y español, la plataforma genera un índice de rendimiento para cada escuela en el país. Los resultados se transforman en un “semáforo educativo” que permite realizar comparaciones entre escuelas. El proyecto genera información relevante para los padres y también para los diseñadores de políticas, quienes pueden identificar las escuelas que necesitan mayor atención. La aplicación también permite conocer los programas públicos para la mejora de la educación.

Open Badges

Esta iniciativa puesta en marcha por Mozilla Foundation, busca generar una categorización más precisa de las habilidades profesionales de las personas a través de un sistema de certificados digitales que son accesibles y reutilizables. En el sector educativo, estos certificados se han utilizado para reconocer los esfuerzos de los profesores y educadores que apuestan por la innovación, así como para facilitar la transición de la universidad al mercado laboral.

Lampadia

En 2050, el aumento del nivel del mar, de la temperatura y los cambios en los patrones de lluvia en América Latina y el Caribe se traducirán en un costo anual estimado de alrededor de 2-4% del PBI en la región, según el BID. El cambio climático está cambiando los negocios, lo que significa que también cambiarán las prioridades de política y la asignación de recursos a proyectos con fondos insuficientes. Pero también, el cambio es siempre una oportunidad para hacer las cosas de manera diferente, y la oportunidad de innovar.

Esto es justamente lo que se analiza en el reciente informe del BID titulado: Innovación en Vivo: Soluciones efectivas frente al desafío del cambio climático en América Latina y el Caribe. El informe afirma que “el desafío del clima brinda la oportunidad de cambiar nuestro modelo de desarrollo hacia un desarrollo resiliente y bajo en carbono, lo que abre nuevas oportunidades para los más de 600 millones de habitantes de América Latina y el Caribe”.

América Latina tiene la oportunidad de convertirse en un foco de innovación, centrándose en la inversión en sistemas de transporte ‘verdes’ y energía limpia, así como servicios ambientales y programas de reforestación y explotación racional de los bosques, que combinan tecnología avanzada con el conocimiento de las comunidades locales.

En las agendas de los gobiernos, América Latina es líder en la legislación para evitar o mitigar los efectos del cambio climático. En el informe se mencionan varios ejemplos en Perú, Bolivia, Ecuador y Costa Rica. Brasil también ha demostrado su liderazgo mediante la promulgación de uno de los regímenes de conservación más eficaces del mundo en la Amazonía, en gran medida en temas de la deforestación. Sin embargo, el problema de la región ha sido siempre convertir la legislación en realidades concretas.

El informe se divide en tres pilares que, según el BID, han cambiado radicalmente la forma en que los países enfrentan las cuestiones climáticas: las nuevas tecnologías, los esquemas financieros variables y la generación de marcos políticos que permiten consolidar estas opciones.

Tecnología inteligente

Las nuevas tecnologías tienen un efecto ‘disruptivo’ en la transformación hacia una economía más ‘verde’, transformando sectores como la agricultura, el manejo de los recursos hídricos y la generación de energía. En Lampadia hemos escogido algunos ejemplos de transferencia de tecnología y conocimiento a nuevos mercados y de utilización de Big Data para mejorar la adaptabilidad climática y la gestión en los sectores de la agricultura y la gestión del agua.

En Perú, existe un proyecto implementado en el 2014 que tiene como objetivo recuperar la producción de terrazas agrícolas precolombinas, controlando la erosión y previniendo desastres naturales mientras se garantiza la seguridad alimentaria. Según el BID, “De los agricultores que participaron en la prueba piloto, el 84% ha visto mejorías en sus ingresos gracias al aumento de la productividad que, por ejemplo, en el caso de la quinua se duplicó.”

Por otro lado, en Haití, se implementó en el 2013 un proyecto llamado ‘Agrimonitor’, una nueva plataforma de conocimiento para el monitoreo y análisis de las políticas de agricultura. Es una herramienta en línea para el análisis agrícola con el objetivo de mejorar las políticas y prácticas de cultivo.

El BID considera que esta herramienta cuantitativa, diseñada por la Universidad de Stanford, creará una mejor comprensión de las políticas que afectan a la seguridad alimentaria, la integración comercial, la competitividad y la pobreza rural y sus vínculos con el cambio climático en la región.

Financiación Inteligente

El BID tiene como objetivo movilizar financiamiento internacional para ayudar a expandir modelos innovadores. Además, crea nuevas formas de financiamiento privado, como los ‘bonos verdes’, los cuales canalizan inversionistas hacia nuevas oportunidades de negocio en proyectos de desarrollo sostenible.

Según este informe, “para poder mantener o fortalecer el crecimiento económico hasta 2030 será necesario un aumento significativo de la inversión, incluyendo unos US$89 billones de inversión en infraestructuras. Con el fin de lograr un crecimiento económico sostenible, se necesitarán inversiones en eficiencia energética y tecnologías bajas en carbono por un total estimado de US$ 13,5 billones adicionales”.

Uno de los proyectos más interesantes en este tema es el proyecto de financiamiento para la sostenibilidad de los ecosistemas y la biodiversidad, trabajando en conjunto por varios países: Brasil, Colombia, Guyana, Guatemala, México y Perú.

Lo interesante de este proyecto son las estrategias de desarrollo bajas en carbono mediante las cuales se establecen políticas que orientan el crecimiento económico sin generar presión en sus bosques. Además, se lanzó una alianza global entre gobiernos, líderes financieros y comerciales, conservacionistas y donantes públicos y privados para financiar el Programa Áreas Protegidas de la Amazonia (ARPA Life). Este programa recibirá US$4,5 millones para proteger parte de la región amazónica durante los próximos 25 años.

Específicamente para el Perú, el BID nos ha ayudado a recibir donantes internacionales como Noruega y Alemania para “para reducir la deforestación y hacer frente a los problemas sociales subyacentes a través de un enfoque integral que incluye el reconocimiento de las tierras indígenas y el fortalecimiento de los procesos participativos, reformas de políticas, un mecanismo de distribución equitativa de beneficios y un sistema de monitoreo forestal sólido, entre otros”.

Políticas sólidas

Un enfoque innovador en políticas públicas puede cambiar la manera en la que un Estado invierte los recursos disponibles y transforma el marco regulatorio para lograr avances en proyectos ‘verdes’, desde un mejor y más sostenible uso del agua hasta cambios en la regulación del mercado energético para promover una matriz más limpia.

Desde 2001, el BID ha apoyado a Perú en la implementación y consolidación de una gestión integrada que culminó con la aprobación de la Ley de Recursos Hídricos en marzo de 2009. “Ese mismo año se reforzó el apoyo institucional a la recientemente creada Autoridad Nacional del Agua (ANA) y a los instrumentos de gestión de las cuencas hidrográficas. En tres de ellas (Chira-Piura, Tumbes y Tacna), a modo de prueba, se establecieron consejos con una metodología de visión compartida que se convirtió en un paso fundamental hacia la implementación de las reformas futuras”.

Para citar al presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim: “Nunca vamos a acabar con la pobreza si no abordamos el cambio climático.” El camino para lograrlo es vía el incentivo de la innovación.  La innovación crea nuevas ideas y métodos para lograr nuestros objetivos, lo que permite un ciclo virtuoso que nos llevará hacia un mejor futuro. 

Lampadia

La startup Laboratoria acaba de firmar una alianza a 3 años con el Banco Interamericano de Desarrollo para apoyar la expansión de su proyecto y así continuar formando a jóvenes mujeres talentosas que transformarán el sector digital.

El BID es el principal agente de financiamiento multilateral del país y un socio de primera línea en el desarrollo del Perú. Su estrategia está orientada a contribuir a cerrar las brechas económicas y sociales entre zonas urbanas y rurales y a apoyar el incremento de la productividad de la economía como base del crecimiento inclusivo y sostenible. Es por este motivo que aportará más de US$ 900,000 dólares a Laboratoria, incentivando la inclusión educativa en el Perú. Ver otras empresas incentivadas por el BID en nuestra nota sobre ‘Demand Solutions: Idear Soluciones’ para Mejorar Vidas, un evento anual que reúne a las mentes más creativas del mundo para discutir y compartir soluciones innovadoras.

Laboratoria es una empresa a través de la cual se quiere lograr que el creciente sector tecnológico se convierta en fuente de oportunidades para jóvenes mujeres en el Perú. Mariana Costa, su fundadora, lanzó esta startup hace poco más de un año con la idea de convertir un gran problema en una gran oportunidad. Según afirma, en América Latina hay 22 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan y el 70% de ellos son mujeres.

Ella tiene como objetivo que su modelo sea auto sostenible en los próximos años. Este consiste principalmente en brindar 5 meses de capacitación de programación de sistemas a mujeres jóvenes, quienes luego son insertadas al mercado laboral. El “contrato” consiste en que, una vez contratadas, tienen que aportar el 10% de su sueldo por los siguientes 3 años, financiando así a la siguiente promoción de mujeres emprendedoras.

Líneas abajo compartimos la nota de prensa de Laboratoria.la en la que anuncia su alianza con el BID. Lampadia

LABORATORIA recibe apoyo del BID para expandir su impacto

Publicado por Laboratoria.pe

25 de febrero de 2016

Este lunes 22 de febrero, la vicepresidenta del BID a nivel mundial, Julie Katzman, y la cofundadora y directora general de Laboratoria, Mariana Costa Checa firmaron un acuerdo a 3 años, para lograr la inclusión educativa y laboral de miles de mujeres jóvenes en el sector digital de América Latina. El FOMIN – Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)- aportará más de $900.000 dólares a Laboratoria, quien a su vez se compromete a generar una suma similar de contrapartida para superar las metas del proyecto.

Uno de los principales problemas que enfrenta la región de América Latina es la falta de oportunidades educativas y laborales de calidad para los jóvenes y esto se intensifica en el caso de las mujeres. Según la OIT, 70% de los jóvenes que no estudian ni trabajan en la región son mujeres y, según la CEPAL, 54% de las mujeres que trabajan, lo hacen en la informalidad.

Laboratoria existe para transformar esta realidad. Su misión es darle una carrera a mujeres jóvenes de bajos ingresos en el sector digital. En tan solo 2 años, más de 130 jóvenes han culminado con éxito su programa, graduándose como desarrolladoras web en un programa intensivo de 5 meses. Más importante aún, 68% de sus egresadas en el 2015 consiguieron un empleo de calidad en el sector digital, con un salario promedio 3 veces mayor al que tenían antes de empezar el curso.

El inicio de una carrera

Varias de sus egresadas han sido contratadas en el área de servicios de Laboratoria, donde se han unido a un equipo de expertos para atender a clientes locales e internacionales, dando inicio a su carrera en el sector digital. Una de ellas es Arabela, quien por dificultades económicas no había podido terminar sus estudios y venía trabajando en múltiples oficios para mantenerse y apoyar a su familia. Arabela culminó con éxito el programa de formación de Laboratoria y pasó a ser contratada en el área de servicios de Laboratoria, donde atiende a grandes clientes como UTEC y La Positiva. “No puedo creer que yo hice la página web de La Positiva donde los peruanos solicitamos el SOAT” nos dice Arabela, segura de finalmente poder mostrar todo su talento, crecer profesionalmente y tener una carrera.

Para el BID y su Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), Laboratoria es un ejemplo de inclusión educativa y laboral. Su programa de formación orientado al trabajo, conecta a mujeres jóvenes de bajos recursos con una oportunidad de transformar su futuro, entrando al creciente mercado digital que tanto las necesita. El presente proyecto apoyará su crecimiento en Perú, así como el fortalecimiento de sus operaciones en Chile y México, países a donde recientemente se expandió la empresa social peruana.

 “Rara vez consigues un proyecto que tenga una excelente estrategia y también una excelente ejecución. Laboratoria tiene las dos cosas.” comentó Julie Katzman el día de la firma, quien se ha involucrado de cerca en el proyecto y confía en el impacto que Laboratoria puede llegar a tener en la región.”

Acerca del BID:

El Banco Interamericano de Desarrollo tiene como misión mejorar vidas. Fundado en 1959, el BID es una de las principales fuentes de financiamiento a largo plazo para el desarrollo económico, social e institucional de América Latina y el Caribe. El BID también realiza proyectos de investigación de vanguardia y ofrece asesoría sobre políticas, asistencia técnica y capacitación a clientes públicos y privados en toda la región.

Acerca del FOMIN:

El Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del grupo BID, apoya el desarrollo del sector privado, beneficiando la población de bajos recursos, sus negocios, pequeños productores agrícolas y hogares. Tiene por objetivo proporcionar las herramientas para incrementar sus ingresos, asegurar el acceso a mercados y capacidades para competir en esos mercados, el acceso a financiamiento y a servicios básicos, incluyendo el uso de tecnologías verdes. La misión central del FOMIN es actuar como laboratorio, experimentando, siendo pionero y asumiendo riesgos para construir y sostener modelos de negocios éxitos. Conozca más en www.fomin.org

Acerca de Laboratoria:

Laboratoria es un emprendimiento social de tecnología fundado en en el 2014, en Lima, Perú. En el 2015 expandieron sus operaciones a Arequipa, México D.F y Santiago de Chile. Laboratoria ofrece un programa de formación en desarrollo web a mujeres jóvenes con limitaciones económicas. Al final del programa, Laboratoria conecta a las egresadas con empresas empleadoras del sector digital. Solo aquellas que consiguen empleo, pagan por el curso de forma retroactiva, con un porcentaje de su salario por tres años. Laboratoria fue reconocido con el premio Kunan al emprendimiento Social en el año 2014 y ha recibido el apoyo de prestigiosas instituciones como CONCYTEC, Telefónica, Google, Microsoft y Linkedin. Ahora se une el FOMIN, como el principal financista de Laboratoria. Lampadia

En el Perú, hemos venido escuchando cada cierto tiempo sobre la “vulnerabilidad” de la clase media. Ahora, parece que el mismo Banco Mundial ha mejorado su perspectiva con respecto a esta medición afirmando que: “Incluso con la desaceleración, este grupo social está en menos riesgo de regresar a la pobreza en la región” (publicado en El País de España).

Esto sustenta algo que venimos diciendo desde hace mucho en Lampadia. Tras una década de crecimiento récord, la clase media de Perú se ha incrementado significativamente (a pesar del bajo crecimiento del último año). Según una declaración anterior de Fidel Jaramillo, representante del BID en el Perú, la clase media se habría quintuplicado en 5 años, superando el 50% de la población en el 2014. (Ver en Lampadia: La Clase media en Perú: cuantificación y evolución reciente). 

Asimismo, en sus conclusiones, el BID afirmó en su momento que: “El crecimiento económico ha sido pro pobre y pro clase media. (…) Resulta razonable afirmar que la consolidación del proceso del Perú hacia el desarrollo económico, es en gran parte la consolidación de los niveles de vida de sus estratos medios”. (Ver mayor análisis en Lampadia: Entre la ficción y la realidad).

Recordando un poco,en 2011, por primera vez en la historia, la región de América Latina tenía más gente en la clase media que en la pobreza (ver gráfico inferior). El rápido crecimiento de los ingresos ayudó a expandir la clase media a 32 % de la población total de la región en 2011. Por primera vez, este grupo superó los pobres, los cuales tenían un total de 27 % sobre la base de los US$ 4 (la línea de pobreza). Según el Banco Mundial, el crecimiento en las ganancias representó aproximadamente tres cuartas partes del aumento de la clase media entre 2003 y 2011, mientras que el asistencialismo contribuyó la cuarta parte restante.

Fuente: Banco Mundial

Sin embargo, también según el Banco Mundial, a pesar de estos impresionantes resultados, alrededor del 40% de los latinoamericanos siguen siendo vulnerables de volver a caer en la pobreza. ¿Qué es la ‘clase’ vulnerable? Ya no son pobres, pero aún no se les considera de clase media consolidada. Se calcula que un hogar de América Latina no tienen más de un 10% de probabilidades de recaer en la pobreza durante un período de cinco años requiere un ingreso de al menos US$ 10 por persona por día (PPP 2005). El Banco Mundial llama a aquellos con un ingreso diario de entre US$ 4 y US$ 10, “los más vulnerables” o la “clase media baja”.

Específicamente en el Perú, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el crecimiento de la clase media entre el 2004 y el 2011 fue de 67%. Y si analizamos hasta el 2014, la clase media es el grupo poblacional que más ha crecido, pasando de 16.2% (2004)a40.1% (2014). Desde el 2012, el aumento ha sido menor, debido principalmente a la desaceleración de la economía (creció tan solo 1.9% anual en el 2013 y el 2014).

Fuente: Forbes

¿A qué se debe este aumento de la clase media a pesar de la desaceleración del país? Según el Banco Mundial, “el crecimiento económico fue el principal impulsor de la reducción de la pobreza y la desigualdad a través de un mejorado ingreso laboral más que por medio de políticas de redistribución, que solo explican 15% de la reducción de la pobreza.“ Esto también se viene diciendo hace mucho en Lampadia: Al menos 80% de la reducción de la pobreza es por el crecimiento y Perú: Crecimiento disminuye la Desigualdad.

Justamente es la tendencia generalizada a invertir parece ser una de las principales razones detrás de crecimiento continuo de Perú. La inversión privada, liderada por la minería, ha permitido un crecimiento sostenido del PBI, multiplicando por 4 el PBI per cápita, reduciendo la pobreza, la desigualdad, la desnutrición y mortalidad infantil. Además de la estabilidad macroeconómica, la inversión, el empleo y el incremento de los ingresos fueron superiores fuera de Lima, llegando a los más pobres y ayudando a disminuir la pobreza en el país.

Además del crecimiento de la economía en el Perú, que ha llevado a los ingresos medios en Lima a subir un 60% desde el año 2005, hay otros factores que dan cuenta de la aparición de la clase media en el país. Entre ellas: una mayor formalización del trabajo, sobre todo en las clases A y B y un mayor grado de confianza general que conduce a la formación de la pequeña empresa y el espíritu empresarial.

Es por eso que se debe empezar a facilitar el impulso de grandes proyectos, para atraer a los inversionistas y que desarrollen su potencial. Para esto, es necesario eliminar o acortar el número de normas y permisos que enfrenta la actividad minera y los proyectos de infraestructuras. Ver en Lampadia: Destrabemos la construcción de nuestro futuro.

Solo así podremos continuar con nuestra senda de crecimiento. Recordemos que la HSBC planteó un análisis prospectivo muy importante, en el que proyectaba queal 2030 el 80%  de la población contaría con ingresos medios y altos, y 90% hacia el 2050. 

Para lograr estos indicadores, según el propio HSBC, debiéramos crecer al 5.5% promedio y privilegiar mejoras sustanciales en educación, instituciones, infraestructuras y clima de inversión.

La actual desaceleración del Perú y los recortes en inversión privada pone en peligro la situación de los ingresos de muchos hogares vulnerables (ver gráfico inferior). En los últimos años se han mantenido alejados de la línea de pobreza, lo cual les ha brindado un margen para amortiguar el cambio. 

Fuente: Forbes

Para evitar que los ingresos de las personas “vulnerables” se alejen más de la clase media y prevenir su descenso a la pobreza nuevamente, es necesario retomar la inversión privada y la senda de crecimiento del Perú. No perdamos todos los logros que hemos alcanzado en una década. Tenemos un gran potencial y no podemos desperdiciarlo. Lampadia

A diferencia del Asia, en América Latina, la política y el manejo de la cosa pública siguen teñidos por las ideologías, básicamente por aquellas que responden a las ‘ideas muertas’, como lo explica Moisés Naím. Ver: El amor a ideas muertas.

Por esa suerte de maldición, es que varios países de la región se encaminaron al llamado ‘socialismo del siglo XXI’ y destruyeron sus economías, empobrecieron a sus pueblos y desperdiciaron los mejores años de crecimiento de la economía global. Esta ideología capturó a buena parte de la región: Brasil, Argentina, Venezuela, Ecuador y Bolivia. 

En el Perú, nos libramos de caer en lo mismo en 2006, cuando el entonces ‘chavista’ Humala perdió las elecciones contra Alan García. Sin embargo, después de ‘aggiornarse’ Humala llega al gobierno el 2011, ya sin las ataduras revolucionarias del socialismo del siglo XXI, pero mantiene una profunda desconfianza en el sector privado que percoló a todos los niveles de la administración pública.

Solo a mediados del gobierno se empieza un cierto acercamiento con el sector privado y se logra instituir las Asociaciones Público Privadas (APP) para permitir que el sector privado pueda, mediante concesiones, invertir, operar y mantener obras de infraestructuras. Es así, que desde 2012 se han presentado 55 iniciativas privadas autosostenibles y 237 iniciativas privadas cofinanciadas, pero solo se llegaron a ejecutar cinco iniciativas privadas autosostenibles, pues la gran mayoría de las demás cayeron víctimas de la maraña burocrática o la desidia del aparato público.

Con mucho nivel de certeza se puede afirmar que esta pobre performance de la ejecución de las APPs se debe a que lo promovido por la mano derecha, ha sido inhibido por la mano izquierda. Producto de esa lejanía del gobierno y la burocracia estatal con el sector privado.

No se quiso entender, como ahora no lo entienden muchos de los candidatos a la Presidencia de la República, que el Perú ha cambiado. Ya no ese pequeño y empobrecido país diseñado por el nefasto velascato, donde lo que predominaba era el Estado, estado de cosas que subsistió hasta 1993 en que aprobamos la nueva Constitución. Ahora, las ‘Medidas del Perú son 90-90-90’.  Redondeando las cifras: 90% del empleo, la inversión y los recursos fiscales provienen del sector privado. Ver en Lampadia: 90-90-90.

Como un ejemplo muy exitoso de las APP que lograron pasar las vallas de la mentalidad estatista, tenemos los hospitales de ‘Bata Blanca’ de ESSALUD:  Alberto Leopoldo Barton Thompson y Guillermo Kaelin de la Fuente. (Ambos iniciados en el gobierno anterior). Ver en Lampadia: APPs en salud: Poniendo a la población por delante y Las APP han generado servicios de salud de alta calidad. Estos son los mejores hospitales del Estado (y probablemente también, del sector privado) que se hayan construido en toda nuestra historia. Pero, ¿ha aprovechado esta experiencia el gobierno para difundirla como ejemplo de lo que significa una APP para la población? No, en verdad está muy escondida de la opinión pública. Lo que es más, el propio ESSALUD no pretende replicar el éxito en los nuevos hospitales, que está desarrollando en la modalidad de ‘Bata Gris’ (que excluyen los servicios médicos).

En otras palabras, en el Perú hemos tenido una experiencia de APP muy exitosa en el tema más sensible a las necesidades sociales: la salud. Pero, ni por eso nos hemos volcado a promover el desarrollo EFECTIVO de las APPs. 

A continuación reseñamos un par de publicaciones del BID sobre la importancia de las APP en el desarrollo urbano.

BID: ¿Cómo financiamos la infraestructura urbana?

9 mayo 2014

Por Juan Ellis J., Coordinador General de la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles

“Las agencias internacionales de desarrollo estiman que se requiere alrededor de 5% del PIB para responder a las necesidades anuales de inversión en infraestructuras y asegurar un crecimiento de la economía promedio del 4% anual en nuestra región. Durante el periodo de 2010 – 2012 solo se invirtió un promedio de 2.4% del PIB en la región, incluyendo la inversión pública y privada. Del total de estas necesidades de inversión en infraestructura, los gobiernos sub-nacionales de la región representan aproximadamente el 60% (US$ 150,000 millones, base PBI 2012).

http://blogs.iadb.org/ciudadessostenibles/2014/05/09/financiar-infraestructura-urbana/

Financiando la Infraestructura Urbana en Ciudades Emergentes: Asociaciones Público-Privadas

Por Luis Schloeter

Publicado en el Blog del BID

28 enero 2016

Glosado por Lampadia

(…) Analizaremos las Asociaciones Público-Privadas (APP) como una alternativa para satisfacer la creciente demanda de servicios de infraestructurasurbanos en nuestra región.

Los gobiernos sub nacionales que hayan agotado las fuentes tradicionales de ingresos (por ejemplo, impuestos locales; tarifas a los usuarios; y transferencias), pueden asociarse con el sector privado mediante Asociaciones Público-Privadas (APPs) para traer recursos, experiencia e innovación para la provisión de servicios de infraestructura.

Las APPs son contratos a largo plazo (por lo general duran entre 20 y 30 años) entre entidades públicas y privadas para la prestación de bienes o servicios. Bajo el esquema de una APP, los riesgos del ciclo del proyecto se transfieren al consorcio privado y los pagos se vinculan a la prestación del servicio, que usualmente los cubren los usuarios, el sector público, o una combinación de ambos.

Si la APP se articula correctamente, el consorcio privado tiene todos los incentivos para trabajar de manera eficiente durante el diseño, la construcción, la operación y el mantenimiento del proyecto, reduciendo así sus costos sin afectar los estándares de calidad del servicio. Adicionalmente, los contratos de APPs minimizan la inversión pública inicial para proyectos de infraestructura, reduciendo la presión fiscal que usualmente acompaña las inversiones de capital. Dado el potencial de las APPs para la expansión de los servicios de infraestructura, las APPs sub-nacionales se están convirtiendo cada vez más populares en ALC, especialmente en Brasil.

Un informe reciente de The Economist Intelligence Unit estima que la mayoría de las APPs en Brasil entre 2006 y 2014 se concentraron a nivel sub-nacional—39% a nivel municipal y 55% a nivel estatal. Las APPs sub-nacionales en Brasil atienden una amplia variedad de sectores que van desde los residuos sólidos y educación hasta transporte y salud. Por ejemplo, la ciudad de Belo Horizonte—la tercera más grande de Brasil—tiene varios programas de APPs para el transporte, edificios gubernamentales y educación. De hecho, la primera APP para la educación en Brasil fue desarrollada con el apoyo de la Corporación Financiera Internacional (CFI) y el fondo del BID para el desarrollo de las APPs en Brasil. Una mirada más cercana a este último proyecto aclara por qué Belo Horizonte es la referencia para otras ciudades, cuando se trata de Asociaciones Público-Privadas para la educación.

APPs para la Educación: Belo Horizonte marca la pauta

En 2010, Belo Horizonte estableció el desarrollo infantil temprano (DIT) como una prioridad dentro de su amplia estrategia para mitigar la pobreza y la desigualdad. Sin embargo, satisfacer la creciente demanda de servicios de educación inicial en la ciudad para la época (un estimado de 11,000 niños estaban en lista de espera en 2010) requería importantes inversiones para la construcción de escuelas; inversiones irrealizables por el gobierno municipal. Para superar los obstáculos financieros, el gobierno municipal recurrió a un esquema de APP.

Después de una licitación competitiva, la concesión de la APP fue otorgada al Consorcio Educar en 2012. Por un período de 20 años, el consorcio privado debe financiar, diseñar, construir, equipar, operar y mantener 32 nuevos centros preescolares y 5 escuelas primarias, alcanzando una inversión privada de US$ 80 millones. Al transferir al sector privado los riesgos de diseño, construcción y mantenimiento de las obras, el gobierno espera que el proyecto se desarrolle con la mayor eficiencia posible, disminuyendo los tiempos de construcción y los costos de mantenimiento a lo largo del ciclo del proyecto.

Escuela pública en Belo Horizonte. Foto: Banco Mundial

Según el contrato de la APP, el gobierno municipal debe pagarle al consorcio privado la prestación de servicios sobre la base de una evaluación de la calidad; identificar los sitios para la construcción de las escuelas; y la prestación de servicios educativos, incluyendo la contratación de maestros y monitoreo de la calidad educativa. Una vez completado, el proyecto beneficiará a unos 18,000 niños de bajos ingresos, brindándoles acceso a servicios de educación.

Lecciones aprendidas

A continuación, algunas lecciones sobre la experiencia de Belo Horizonte:

• Las APPs son una opción viable para la ampliación de la prestación de servicios en tiempos de restricciones fiscales.
• La distribución adecuada de los riesgos en una APP puede aumentar la eficiencia de los proyectos.
• Las instituciones multilaterales pueden desempeñar un papel importante en la expansión de las APPs a nivel sub-nacional.
• Las licitaciones competitivas y transparentes para las APPs pueden resultar en precios más eficientes.

Existe un curioso negacionismo con respecto a la evolución de la Clase Media en el Perú. Constantemente se habla de que ésta se ha reducido o que está aumentando la pobreza crónica. Parece que solo quisiéramos ver malas noticias. ¡Ya basta! A pesar del descalabro creado por este gobierno, algunas cosas siguen avanzando.

En la última década, la clase media en América Latina creció un 50%, según el Banco Mundial. Mientras más personas reciben mayores ingresos, también gastan más en bienes personales, requieren un mayor acceso al crédito y comienzan a exigir mejores infraestructuras y esperan gobiernos más confiables.

Tras una década de crecimiento récord, la clase media de Perú se ha incrementado significativamente (a pesar del bajo crecimiento del último año). Según Fidel Jaramillo, representante del BID en el Perú, la clase media se habría quintuplicado en 5 años, superando el 50% de la población en el 2014. (Ver en Lampadia: La Clase media en Perú: cuantificación y evolución reciente). Asimismo, en sus conclusiones, el BID afirma: “El crecimiento económico ha sido pro pobre y pro clase media. (…) Resulta razonable afirmar que la consolidación del proceso del Perú hacia el desarrollo económico, es en gran parte la consolidación de los niveles de vida de sus estratos medios”. (Ver mayor análisis en Lampadia: Entre la ficción y la realidad)

Según estadísticas publicadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, el crédito bancario al sector privado aumentó un 16.6% del 2013 al 2014. Gran parte de este aumento se vio impulsado por el crecimiento de los créditos de consumo y vivienda.

Además, el reciente estudio de Arellano Marketing, basado en su Estudio Nacional del Consumidor Peruano 2015 (ENCP), afirma que el poder adquisitivo de la clase media ha crecido y que, principalmente, los niveles socioeconómicos B y C presentaron un significativo incremento en Lima y provincias.

La gerente de la consultora a cargo del estudio, Jhoan Vega, señaló recientemente que se han reducido las brechas entre las principales provincias del país y la capital desde el último estudio en el 2013.  Esto se debe a que la clase media creció en Lima y en provincias.

Un tema muy resaltante del estudio de Arellano Marketing es el aumento de ingresos en los NSE B y C tanto en Lima (8%) como en provincias (6%). Esto es importante porque una clase media fuerte promueve el desarrollo de capital humano y una población bien educada. Además, crea una demanda estable de bienes y servicios e incuba la próxima generación de emprendedores. Serán estas personas quienes fomentarán las instituciones políticas y económicas inclusivas que sustentan el crecimiento económico.

Además, se puede observar un aumento en el ingreso familiar declarado. A nivel nacional, se sitúa en 1,900 soles mensuales; en Lima 2,000 soles y en las principales provincias del país 1,700 soles. Lo más importante es el fuerte aumento en los ingresos de provincias, más de 20% entre el 2013 y 2015.

Este desarrollo en provincias normalmente trae impactos múltiples, como una disminución del analfabetismo y mejoras en la calidad de vida. Además, a menudo ha significado una ampliación de las instalaciones de agua potable, expansión de la electricidad, mayores ofertas laborales, mejoras en infraestructuras, educación y servicios de salud.

Uno de los aspectos más resaltantes del estudio es la participación de los gastos del hogar que es utilizada para la alimentación. Al 2014, el gasto en alimentación corresponde al 22% de los gastos del hogar a nivel nacional (23% en Lima y 21% en provincias). Una disminución de 8.6% con respecto al 2004, ya que, según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del INEI, entonces la cifra era de 30.6% (el 21.9% del gasto de consumo se destina a la adquisición de alimentos y bebidas preparados y consumidos dentro del hogar.  Si se adiciona el consumo en restaurantes, la proporción es de 30.6%). En 1988, la proporción del gasto en alimentos era de aproximadamente 40% a nivel nacional.

Este comportamiento tiene sustento en la Ley de Engel, la cual establece que conforme mejora el ingreso del hogar, el peso relativo del grupo alimentos disminuye. Su importancia relativa es menor ya que otras necesidades como transporte, recreación educación, etc, incrementan su participación porcentual en la distribución del ingreso.

Existen varios factores que han contribuido al sostenido crecimiento de la clase media. Entre ellos, el Jefe Regional del Banco Mundial en América Latina, Augusto de la Torre, dijo que el aumento está “relacionado con la caída de las tasas de desempleo y el empleo informal. Por lo tanto, el crecimiento de la clase media en los últimos diez años está relacionado a la dinámica de crecimiento y creación de empleo”.

Muchos dicen que nada de esto hubiera sido posible sin un auge mundial de precios de los productos impulsados ​​por los mercados emergentes, especialmente China, sin embargo se olvidan que si el Perú no hubiera optado por el retorno de la inversión privada y, dentro de ella, la inversión minera, hubiéramos visto pasar el boom de precios como una película de ciencia ficción.

El Perú ha logrado un progreso indiscutible en los últimos años, el reto ahora es retomar un clima de negocios interno más favorable, que el crecimiento continúe y, sobre todo, que con este evitemos que los grupos sociales más vulnerables, más cercanos a la línea de la pobreza, no se deslicen nuevamente debajo de ella. Lampadia

A pesar de los múltiples ejemplos de realidades exitosas y de sustanciosos análisis sobre el tema, se sigue hablando de la maldición de los recursos naturales y de la enfermedad holandesa para justificar las supuestas debilidades de nuestro “modelo primario exportador”, el cual nos llevaría eventualmente a una gran crisis. Sin embargo, esta vez el Banco Interamericano de Desarrollo, en su informe “Gobernanza con transparencia en tiempos de Abundancia”, producido por 19 especialistas (publicado en Lampadia), nos ilustra sobre los beneficios de las industrias extractivas llevadas con transparencia y una regulación eficaz, afirmando que “el debate de las políticas públicas en estos  países [de Sudamérica] debe ir más allá de esta simple dicotomía [la maldición de los recursos naturales] y tener en cuenta de qué maneras el sector extractivo interactúa con el resto de la economía, sobre todo en los niveles institucional y local.”

Esta dicotomía de la que se habla tanto está vinculada a las experiencias económicas, sociales e institucionales de cada país, y no puede ser generalizada. Entonces, ¿en qué sociedades los recursos naturales se convierten en una maldición y en cuáles en una bendición? En Lampadia hicimos un primer análisis de este tema en marzo del 2013, ver: Recursos naturales: Bendición, no maldición.

El trabajo del BID hace un exhaustivo análisis del tema, se afirma que: a lo largo de la historia, existe mucha literatura que indica que los recursos naturales son perjudiciales para el desarrollo, y que generaron políticas como la de sustitución de las importaciones. Sin embargo, con años de experiencia y estudios, se han impugnado estas conclusiones, ya que se ha encontrado evidencia que “los países ricos en recursos naturales tenían mejores indicadores de capital humano (…) y los pobres tienen más probabilidades de beneficiarse del crecimiento en las economías extractivas en desarrollo que en las economías no extractivas en desarrollo”.

Un ejemplo cercano de esto en nuestro propio país, es el de Moquegua, la región con mayor PBI per cápita del país (S/. 50,213). Su producción crecerá en 5% en 2015 y, según el gobernador regional, Jaime Rodríguez, en un año se constituiría en una economía de pleno empleo, gracias a la expansión de la actividad minera, en conjunto con la actividad agraria y pesquera. 

Fuente: Grupo Propuesta Ciudadana

Es claro que las grandes dotaciones de recursos generan altas tasas de crecimiento en las primeras etapas de la extracción y tasas más lentas cuando los depósitos de recursos maduran. Países muy exitosos como Australia, Noruega y Estados Unidos han logrado un gran desarrollo gracias a las actividades extractivas.

Lo que afecta las fluctuaciones macroeconómicas en los mercados emergentes son las políticas internas y el marco institucional que regula las inversiones y la producción minera. Existe una correlación positiva entre la recaudación de ingresos, las decisiones de los productores y el desempeño económico del sector extractivo.

Por ejemplo, en el caso del Perú, el BID cita la investigación Cooper y Morón (2012) sobre el sistema tributario peruano, la cual afirma que “una ley aprobada en septiembre de 2011 sustituyó el sistema basado en regalías a partir de las ventas brutas por un nuevo marco basado en tasas marginales aplicables al margen ope­rativo y que exige que las nuevas empresas que entran en el mercado paguen impues­tos. Esta reforma significó un cambio en la base imponible, desde el valor de mercado de la producción hasta los beneficios opera­tivos.”

Por lo tanto, según el BID, el debate sobre el modelo primario exportador y las políticas extractivas no de­bería fundarse en argumentos basados en teorías de la dependencia o en la maldición de los recursos naturales. Al contrario, debería avan­zar hacia una mejor comprensión de cómo el sector extractivo puede interactuar de la mejor manera con el resto de la economía. Este es el mismo enfoque que utilizo el IPE en su estudio “Efecto de la minería sobre el empleo, el producto y recaudación en el Perú“.

Será necesaria una gobernanza efectiva para poder lidiar con problemas de diseño e implementación de políticas en los múltiples sectores relacionados como: agua y saneamiento, infraestructuras, medioambiente y protección social.

Durante los últimos veinte años, el Perú ha fortalecido su economía con el desarrollo de mercados abiertos y la prevalencia de sus instituciones democráticas. Estas políticas han permitido reducir la pobreza en más del 60%, desde 1990, multiplicar el PBI per cápita en 6.9 veces (US$ ppp), disminuir la desigualdad y la desnutrición crónica.

Ya se han perdido 67 mil millones de dólares de inversión minera por el aumento de los conflictos sociales (Ver: El costo económico de la no ejecución de proyectos mineros ) y se ha estancado el crecimiento de nuestro país. Es estúpido e inmoral no aprovechar el aporte potencial de nuestros recursos naturales para cerrar las brechas económicas y sociales acumuladas durante las décadas perdidas (60, 70, 80s), en educación, salud, infraestructuras, ciencia y tecnología y superación de la pobreza.

No sigamos creyendo en fantasmas inexistentes y actuemos de manera transparente,  responsable y racional para lograr el desarrollo del país mediante la explotación de nuestras grandes reservas productivas. Máxime ahora que estamos entrando en la tercera revolución industrial que, como afirma el historiador Yuval Harari (Ver Diálogo sobre la tecnología y el futuro), quienes pierdan el tren no tendrán una segunda oportunidad. Hoy en día, si un país, un grupo de personas, se queda descolgado, no tendrá una segunda oportunidad, no tendrán ninguna relevancia”. Lampadia

En los últimos años, especialmente luego de la crisis económica del 2008, diversos analistas debaten sobre el crecimiento y la desigualdad. Muchos de ellos intentan mostrar a estos dos fenómenos como contrapuestos. Es decir que a mayor crecimiento se genera una mayor desigualdad. Sumándose a esta corriente, recientemente, el columnista de la República, Mirko Lauer escribió un artículo al que tituló con sensacionalismo: “Los ricos nos impiden crecer más”. 

En él señala: “Un estudio del FMI [elaborado por algunos funcionarios] emitido este lunes [15 de junio] sostiene que el aumento de la fortuna de los ricos debilita el crecimiento de la economía en un país. (…) a contrapelo de la teoría del chorreo (…). Al no chorrear, el mayor enriquecimiento en la cumbre aumenta todavía más la desigualdad en una economía. El informe FMI para discusión… va más allá de un saludo a la pura justicia distributiva y plantea, con cifras en la mano, que además de no haber chorreo, esta ausencia es nociva para el crecimiento de la economía en su conjunto. En tal medida la desigualdad creciente debe ser vista como un factor de crisis”.

Este informe no representa la posición oficial del FMI, sin embargo, sí es cierto es que el Fondo viene discutiendo estos temas de un tiempo atrás.

Además del citado informe, el 2014, el Fondo ha publicado dos estudios sobre la desigualdad. En ambos documentos, deja en claro que no recomienda políticas redistributivas. En el informe titulado “La redistribución, desigualdad y crecimiento” se indica: “El Fondo ha sido con razón cauteloso acerca de recomendar el uso de políticas redistributivas ya que dichas políticas pueden en sí mismas reducir la eficiencia económica y rebajar las perspectivas de crecimiento sostenido”.  Asimismo en el paper llamado “Política Fiscal y Desigualdad” se afirma: “es necesario identificar los instrumentos fiscales que permitan alcanzar los objetivos de distribución a un costo mínimo para la eficiencia económica”, es decir no impedir el crecimiento.

Como hemos señalado, la preocupación que existe en los países occidentales, para entender el origen de la crisis del 2008 y la creciente desigualdad de los países ricos, así como el descontento consiguiente con sus líderes y las estructuras de la economía de mercado. Algo que por supuesto no ocurre en los países emergentes y, en especial, en los del Asia en dónde, salvo algunas excepciones, las naciones no dejan de crecer reduciendo la pobreza y expandiendo a su clase media, generando así un bienestar impensado tan solo unas décadas atrás para cientos de millones de personas. El liderazgo de China e India ha permitido el surgimiento de una clase media de más de 2,500 millones de personas. Ver en Lampadia: El próximo gran salto adelante de la humanidad – Hacia el final de la pobreza (The Economist).

Perdiendo de vista esta perspectiva, arrecian los embates contra el capitalismo y renacen posturas populistas que empiezan a despertar desprevenidas simpatías en Europa. Sin tomar en cuenta la historia del populismo en América Latina y su nueva versión que está desquiciando aVenezuela, Argentina, Ecuador, Bolivia yBrasil.

Como advierte bien el economista de la Universidad de Columbia, Xavier Sala i Martín: “El capitalismo no es un sistema económico perfecto. Pero cuando se trata de reducir la pobreza en el mundo, es el mejor sistema económico que jamás ha visto el hombre”. Algo que corroboran Bill Gates y Hans Rosling (Ver en Lampadia: Bill Gates y Hans Rosling debaten el fin de la pobreza extrema).

En el caso concreto del Perú habría que recordar lo que señala el Banco Mundial sobre nuestro proceso de crecimiento de la última década: “Uno de los rasgos más importantes del crecimiento en el Perú es que es de amplia base. En tal sentido, aunque se mantiene elevada la desigualdad de ingresos, esta, medida por el Coeficiente Gini, ha declinado de 0.49 en el 2004 a 0.44 en el 2013”.

Por su lado el BID ha afirmado sobre el crecimiento peruano, que “este ha sido ‘pro-pobre’ y ‘pro-clase media’”, lo que confirma la singularidad de nuestro proceso de crecimiento alto con reducción de la desigualdad, no usual en la historia económica de otros países. Por lo tanto, un proceso claramente virtuoso.

En el Perú, como indican estas cifras, el crecimiento ha reducido la desigualdad. Y no por chorreo precisamente, como se nos quiere hacer creer, sino por un proceso más complejo, como el de los ‘manantes’ (Ver en Lampadia: No es chorreo son manantes).

En un reciente artículo Richard Webb nos recordaba que “nunca antes el Perú había conocido una sostenida expansión económica que resultara más favorable para los pobres que para los ricos. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), durante el último quinquenio el ingreso promedio del quinto más pobre en la escala de familias aumentó 34%, mientras que el del quinto más rico aumentó 8%. Y desde hace 25 años los ingresos rurales crecen más rápido que los urbanos”.

A nivel de deciles, este fenómeno es más claro aún:

Además, Webb también señala, que se ha incrementado nuestro capital humano, algo fundamental para combatir la desigualdad: “el analfabetismo se ha reducido de 13% a 4% de la población adulta y la proporción con estudios superiores se ha elevado de 20% a 31%”.

Todas estas cifras son una demostración que el Perú ha recorrido la senda correcta al enfocarnos en el crecimiento que nos ha llevó a reducir la pobreza, incrementar la clase media y mejorar la calidad de vida de nuestra población (ver en Lampadia: Las cifras de la prosperidad y El libro blanco de la clase media).

Está claro que el crecimiento no es suficiente para superarla pobreza, en especial la extrema. Nadie puede ser indiferente ante la situación de gente que vive enen condiciones de miseria. Para cumplir con este objetivo son necesaria políticas específicas que permitan que este sector de la población, por las condiciones en las que se encuentra, salga de esa estanciarápido y de forma sostenida. El enfoque, en este caso debe ser traer a los pobres ala economía de  mercado. Eso es, precisamente, lo que ha hecho China y lo que ha venido ocurriendo en el Perú, como demuestra Webb en su libro Conexión y Despegue Rural.

Para lograr que este proceso se mantenga y se fortalezca se necesita además de un Estado fuerte que pueda tener funcionarios bien calificados y remunerados hasta en el distrito más alejado del país. Es decir una burocracia meritocrática capaz de enfrentar este y otros retos de manera eficiente y eficaz (ver en Lampadia: Instalemos un Estado Meritocrático en el Perú). Así mismo, no se puede lograr un desarrollo duradero sin reformas profundas de nuestras instituciones y de la calidad de los servicios públicos.

Las experiencias de nuestro país, por más de cincuenta años, nos exigen hacer análisis profundos, con contexto histórico y encontrar nuestros caminos sin que los contaminemos por realidades ajenas y afanes políticos. Lampadia

En Lima no es usual que los líderes de opinión, académicos y medios, se contradigan los unos a los otros. Pero en Lampadia, donde hemos fomentado el debate sobre la Clase Media en el Perú, hemos creado una sección llamada: El Libro Blanco de la Clase Media, hemos tenido que contrastar opiniones en reiterados casos, puesto que por un lado tenemos un compromiso con la rigurosidad, y por otro, el mandato de nuestro objetivo: “Empoderar mediante información y análisis a un millón de peruanos”.

Es así, que en esta ocasión tenemos que cuestionar la reciente publicación de Alfredo Torres en El Comercio del 27 de mayo pasado: Clase media: entre la ficción y la realidad. Alfredo es un apreciado amigo de esta casa, pero nos parece, que después del largo debate sobre este tema, sus afirmaciones muestran, más que una contribución positiva a la difusión de la realidad, una defensa cerrada de los paradigmas con los que desarrolla su actividad comercial desde hace más de 30 años.

Torres hace las siguientes afirmaciones: “Es tentador entusiasmarse con titulares del tipo: “la clase media se ha quintuplicado en 5 años”, o “la clase media superó el 50% en el 2014”. Pero una cosa es la ficción y otra la dura realidad”. Estas son afirmaciones que acaba de hacer en Lima Fidel Jaramillo, nada menos que el representante del BID en el Perú, que se basan fundamentalmente en el documento firmado por el propio Jaramillo en marzo del 2013: La Clase media en Perú: cuantificación y evolución reciente, que es el último documento que analiza la situación peruana en profundidad.

Alfredo Torres recoge una último ‘documento de trabajo’  de funcionarios del área social del BID, referido a América Latina en conjunto, y que para el Perú se basa en cifras del mismo año de la ‘Nota Técnica’ de Jaramillo, el 2013.

Alfredo se alegra de haber encontrado este documento: “Pobreza, Vulnerabilidad y la Clase Media en América Latina” (marzo, 2015)  que resulta muy ilustrativo de la situación de la región y específicamente del Perú. (…) El BID ha adoptado el criterio prevaleciente entre las empresas de investigación de mercados y opinión pública [si el BID hubiera adoptado esa metodología, su representante en el Perú, nunca hubiera hecho sus últimas declaraciones] según el cual se pueden identificar cinco estratos en la sociedad. El BID los llama: Altos Ingresos, Clase Media, Clase Vulnerable, Pobres Moderados y Pobres Extremos”. 

“Para el Perú los resultados [del BID] son: altos ingresos: 1%, clase media: 26%, clase vulnerable: 40%, pobres moderados 14% y pobres extremos 19%”.

“La clase media no se ha quintuplicado pero sí ha crecido significativamente. Se puede discutir si esta representa 26%, como afirma el informe del BID,  o 35%, como sostenemos en Ipsos, pero lo que no es razonable afirmar es que esta es mayor al 50% de la población peruana, como sostuvo recientemente un funcionario internacional en el Perú”. [Nada menos que el representante del BID].

Termina Alfredo: “En Lima, prevalece la clase media pero en gran parte del territorio nacional predomina lo que el BID y el Banco Mundial llaman la clase vulnerable”.

Veamos que dice el BID en la Nota Técnica referida al Perú:

El BID presenta cuatro metodologías, cuyos títulos figuranen el cuadro anterior. Contrariamente a la afirmación de Torres, expresa lo siguiente:

“Aunque el BID no tiene una definición oficial de clase media, en esta nota técnica se ha adoptado una definición ecléctica de la clase media como la población ‘no pobre y no rica’.

Continua: “De acuerdo a datos oficiales, en 2011 el27.8% de la población en Perú se encontraba por debajo de la línea de pobreza. Este grupo de familias está de plano fuera de la definición de clase media como familias no pobres-no ricas”.

(…) Utilizando el criterio de no pobres-no ricos, la clase media peruana sería aproximadamente 48,9% de la población”.

(…) “Si aplicamos el concepto de seguridad económica del Banco Mundial, que define a la clase media como las familias con un ingreso entre US$10 per cápita por día y US$50 per cápita por día, ajustado por PPP, la clase media pasó de ser 11.9% en 2005, a ser 40.1% de la población en 2011, con lo cual la clase media se habría más que triplicado en dicho período”.

(…) “Finalmente, utilizando definición ecléctica de la clase media como la población no pobre-no rica, (…) se puede observar que la clase media pasó de ser aproximadamente 25.9% de la población total en 2005, a ser 48.9% de la población en 2011, con lo cual la clase media se habría casi duplicado en el periodo de referencia”.

“En conclusión, más allá de la definición de clase media y su metodología de cálculo, (…) existe fuerte evidencia que el crecimiento económico experimentado por Perú en años recientes tuvo un efecto significativo sobre la clase media. Tal y como se puede observar en la representación gráfica siguiente, (…) se puede afirmar que la clase media en Perú ha experimentado un proceso sostenido de expansión y consolidación en los últimos años”.