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La paridad afecta el valor del voto en las elecciones primarias

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La comisión de Constitución del Congreso, presionada por la cuestión de confianza, aprobó el viernes un principio que es incongruente con el de las elecciones primarias obligatorias: la paridad y alternancia en las listas de candidatos al Congreso en cada circunscripción electoral. Dice así:

Artículo 116.- Las listas de candidatos al Congreso en cada circunscripción electoral deben incluir cincuenta por ciento (50%) de mujeres o de varones, ubicados de manera alternada, es decir, una mujer-un varón o un varón-una mujer. En las circunscripciones en que se inscriban listas con tres candidatos, por lo menos uno de los candidatos debe ser varón o mujer.

Esto se hará en forma gradual. 40% el 2021, 45% 2026 y 50% en 2031. En la práctica es un 50% desde ahora porque ¿cómo aplicamos el 40% en una circunscripción de 4 escaños, por ejemplo?

Es decir, si en la elección primaria interna los ciudadanos elegimos, en una circunscripción electoral dada, a todos hombres o a todos mujeres –lo que perfectamente puede darse-, la paridad obliga a dejar de lado a la mitad de los elegidos. O si elegimos a 3 mujeres y 1 hombre, por ejemplo, habrá que dejar de lado a una mujer.  En otras palabras, mi voto puede no valer. ¿Para qué hacer primarias obligatorias si al cabo una parte de los votos –de los resultados- no será respetada?

En realidad, se trata de una decisión de política: le damos más peso al voto por aquellos –hombre o mujeres- que, habiendo quedado rezagados en la votación, entran sin embargo para llenar el porcentaje de género. La implicancia ontológica es que el voto de los ciudadanos no es igual, no tiene el mismo valor. ¿Se puede subordinar el valor del voto –elemento constitutivo de una democracia- a un principio distinto, de valor instrumental, como el de conseguir una participación paritaria? Dejo la pregunta.

Distritos electorales más pequeños

Ahora bien, si parte del voto va a carecer de valor, por lo menos acotemos el efecto. Hagamos las circunscripciones electorales lo más pequeñas posibles, de modo que haya una verdadera relación de representación con mi congresista, por más que en la primaria yo no haya votado por él o ella. El verdadero voto preferencial es el que ejerzo en un distrito uni nominal (o binominal) al votar por un candidato frente a otros de otros partidos. Por lo demás, como hemos argumentado, ese tipo de relación directa con mi representante es la única manera en que la democracia representativa puede recuperar terreno frente a la democracia directa de las redes sociales y las encuestas, o, mejor dicho, de usar las redes sociales a favor de la democracia representativa, de la función de representación.

El proyecto aprobado el viernes modifica el artículo 21 de la Ley Orgánica de Elecciones estableciendo que en las elecciones internas y primarias se aplica el voto preferencial, pero mantiene las mismas circunscripciones electorales departamentales que ahora existen donde Lima, por ejemplo, tiene 37 representantes. Esto debe ser modificado.

El proyecto de la Comisión de Alto Nivel consideraba distritos electorales con un máximo de 5 escaños. Esto es un avance, aunque distante aun del ideal. Se volvían en la práctica más pequeños, sin embargo, con la propuesta de elección del Congreso por mitades cada dos años y medio, porque allí si en cada elección se elegiría a la mitad de los congresistas de cada distrito electoral. Es decir, dos o tres máximo. Esta propuesta no fue recogida por el Ejecutivo. El Congreso podría retomarla y hacerla suya, junto con el restablecimiento de la bicameralidad, puesto que distritos pequeños tienen sentido sobre todo en la cámara baja mientras el Senado puede ser elegido, por lo menos en parte, en distrito nacional único.

Primarias ya no tienen efecto cancelatorio

Ahora bien, hay dos disposiciones adicionales, aprobadas ya por el Pleno, que también les restan valor a las primarias. La primera es que el partido que no pase la valla del 1.5% (de los que votaron en la elección anterior) en las elecciones primarias, ya no podrá presentarse a las elecciones generales subsiguientes, pero no pierde la inscripción. Es decir, las primarias tendrán un efecto cancelatorio de la continuidad del partido en la carrera electoral, pero no de la inscripción del partido, que era lo que se planteaba en el proyecto del Ejecutivo.

Esto abre la incongruencia de que tendremos partidos que sí pasarán la valla de las primarias, pero no la del 5% en las elecciones congresales, perdiendo la inscripción, mientras muchos partidos que no pasaron la primera valla no la pierden. Subsistirán entonces los partidos cascarón, solo que sin poder participar en la elección general. Aunque es cierto que luego deberán presentar candidatos a todas elecciones de todos los niveles de gobierno para mantener la inscripción.

La idea del planteamiento de la reforma de bajar las barreras de entrada y subir las de permanencia, ha quedado diluida en alguna medida. En efecto, la inscripción de nuevos partidos no va a ser tan fácil como era la intención del proyecto de la Comisión de Alto Nivel, porque el Congreso subió el número de afiliados a 24 mil e incluyó el requisito de formar 20 comités departamentales y 66 provinciales. Si el cierre de la inscripción de nuevos partidos se da en julio del 2020, como propone la ONPE, los proyectos de nuevos partidos tienen 12 meses a partir de la fecha. No es mucho tiempo. Y tendrían que presentar a las primarias un candidato presidencial atractivo, para superar la valla del 1.5% de los que votaron en la elección del 2016. Unos 280,000 votantes.

Partidos inscritos deberían optar por primarias plenas

Lo mismo tendrán que hacer los partidos inscritos, si quieren pasar la valla. Pero -y aquí viene la tercera afectación a las primarias- a éstos se les ha dado la posibilidad de que por esta vez no sea la población la que ejerza el voto preferencial en sus listas en las primarias. Los electores simplemente ratificarían la lista cerrada que el partido les presente y la primaria solo serviría para efectos de pasar o no la valla. Esta fórmula fue propuesta por el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, para salvar el impasse y viabilizar la aprobación de las primarias obligatorias, pero los partidos inscritos deberán pensarlo bien si les conviene acogerse a ella, porque para un elector será una burla ir a una elección en la que no tiene nada que elegir. Entonces, si quieren pasar la valla del 1.5%, acaso les convendría optar por las primarias plenas para que más gente se sienta atraída a votar en las elecciones internas del partido en cuestión porque su voto tendría sentido.

Eso sería lo lógico, además. Sería absurdo que se inscriban muy pocos o ningún partido nuevo y que se arme toda una elección primaria obligatoria para no elegir nada. Sería un gasto inútil, salvo por el hecho de servir como una valla que, dicho sea de paso, será superada acaso por 6 u 8 partidos a lo sumo, considerando la elección presidencial del 2016, donde solo 6 partidos superaron los 280 mil votos en la primera vuelta.

En resumen, sería bueno que el pleno del Congreso introduzca las siguientes modificaciones a lo aprobado en la Comisión o por el propio Pleno:

  • Aprobar la bicameralidad
  • Aprobar distritos electorales uni o binominales, o, en su defecto, distritos con un máximo de 5 escaños, pero con renovación por mitades del Congreso cada dos años y medio.
  • Que no pasar la valla en las primarias cancele también la inscripción
  • Eliminar el régimen transitorio de las primarias.

Lampadia




Una reforma política para atenuar los efectos del populismo político presidencial

Una reforma política para atenuar los efectos del populismo político presidencial

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El Presidente Martín Vizcarra aprovechó el envío al Congreso de los proyectos de reforma política y los acuerdos logrados con las comunidades en el diálogo en Chalhuahuacho para pasar al contraataque: no solo retomó el evangelio de las grandes reformas institucionales, sino que sacudió al Congreso por demorarse en la aprobación de los proyectos de reforma del sistema judicial y fustigó a los malos empresarios y las grandes corporaciones que eluden el pago de impuestos y a los poderosos que se oponen a su lucha contra la corrupción y a sus reformas.

“Esta firme decisión de corregir y cambiar el sistema político, judicial y tributario, ha afectado grandes intereses y grupos de poder que han reaccionado atacando sistemáticamente al gobierno y a su presidente”, resumió. Acudió así al clásico mecanismo populista de inventar enemigos poderosos que lo atacan por defender los intereses del pueblo y del país.

Pero hay algo de desorbitado e impostado en esta retórica. Sería interesante saber cuáles son esas grandes empresas y corporaciones qué él imagina conjurándose para digitar ataques contra él. Pareciera estar siguiendo el guion de una obra que ya no tiene público, porque, en realidad, el también atacó al punto que el supuesto “enemigo” político fue descabezado, perdió la mayoría en el Congreso y luce ahora dividido y más bien proclive a los entendimientos. El mayor esfuerzo de construcción partidaria de la última década ha sucumbido ante una criminalización de la política que resultó cuando menos funcional al gobierno.

Y, lamentablemente, lo que sí podemos decir es que el presidente resultó el principal enemigo de sí mismo en su intención de mejorar la institucionalidad política del país. Vamos a terminar, como temíamos, sin bicameralidad y sin reelección de congresistas, la peor combinación posible. El presidente ha sacrificado la construcción de la institucionalidad política del país en aras de una popularidad efímera. Proponer la no reelección de los congresistas y oponerse luego a la bicameralidad con el argumento del contrabando que el Congreso había introducido, le valió subir a un pico extraordinario de aprobación popular, que le duró apenas tres o cuatros meses. Por esa gloria pasajera de unas cuantas semanas el país quedará condenado lustros o décadas a una institucionalidad política tullida.

El Congreso debería aprobarla

Salvo, por supuesto, que el Congreso reconozca su parte de culpa en este desenlace y tenga la entereza y la superioridad moral de aprobar la bicameralidad con el mismo argumento que el presidente debió usar para proponerla: que el voto por el No a la bicameralidad en el referéndum no fue contra la bicameralidad como tal, sino contra el supuesto contrabando que el Congreso había introducido. Fue eso lo que el presidente explicó para inducir a los ciudadanos a votar de esa manera.

Donde sí no habría argumento válido para contradecir el resultado del referéndum, es en el tema de la no reelección de congresistas. Sobre eso no se puede hacer nada por ahora, pero sí debería cuando menos aprobarse la posibilidad de la reelección inmediata de los alcaldes y gobernadores regionales. Es un derecho del pueblo que no puede ser recortado, y ya existía un consenso antes de todo esto para restablecerlo.

Ahora bien, hay que decir que, en este contexto, la comisión Tuesta hizo un trabajo meritorio para compensar y tratar de morigerar los efectos de esas amputaciones. Y el Ejecutivo ha recogido la mayor parte de ese trabajo.

Acabamos de ver que un congreso unicameral con mayoría opositora puede hacer muy difícil la gobernabilidad. Por lo tanto, la reforma política debe estar orientada a fortalecer al Ejecutivo y prevenir que algo así ocurra. La no reelección, por su parte, conspira contra la consolidación de los partidos y de una clase política experimentada. La reforma debe estar orientada entonces a crear la mayor cantidad de condicionamientos posibles para que los partidos funcionen realmente pese a esa limitación.

Fortalecimiento del Ejecutivo

Y podemos decir que las reformas propuestas cumplen esos cometidos. Esos son, en realidad, los dos objetivos principales de la reforma planteada. Es claro que ella busca fortalecer el Ejecutivo cuando propone:

  • Elegir al Congreso junto con segunda vuelta
  • Dos tercios del número legal de congresistas para la insistir en una ley observada por el presidente, lo que refuerza el veto presidencial
  • Eliminar la censura a los ministros. Sólo cabe la censura al gabinete, pero cuando se produce todos deben renunciar.
  • Eliminar la vacancia presidencial por incapacidad moral, que se presta a la arbitrariedad. Solo es posible por incapacidad física permanente.
  • Que cuando el presidente del congreso convoca a elecciones éstas sean para la presidencia de la república y también para el congreso de la republica

Fortalecimiento de los partidos

Y es claro también que la reforma busca que haya partidos reales, no cascarones, cuando propone:

  • Que la inscripción de un partido ya no se haga con firmas de adherentes sino presentando una lista de afiliados o militantes que sea como mínimo el 0.075% de los que sufragaron última elección. En el caso de los movimientos regionales el requisito es más exigente: 1%, lo que está bien.
  • Elecciones abiertas con participación obligatoria de todos los ciudadanos para elegir candidatos a elección popular, organizadas por la ONPE, a fin de reconectar a la ciudadanía con los partidos.
  • Que el candidato a la presidencia debe ser afiliado
  • Eliminar el voto preferencial, lo que suprime la lucha fratricida que dicho voto incentivaba
  • Obligar a una participación y presencia permanentes, pues se pierde la inscripción:
    • Al no presentar candidatos en 4/5 de los gobiernos regionales, ½ de los provinciales y 1/3 de los distritales
    • Al no alcanzar 5% de los votos (8% en caso de las organizaciones regionales)
    • Al no alcanzar 1.5% de los que sufragaron en la elección anterior en las elecciones internas (4% en organizaciones regionales)

Lo que sí parece ya una intromisión excesiva, es obligar a la paridad de género en los cargos de dirección del partido político.

Think Tanks partidarios X Impuestos

Una medida que no ha sido propuesta, pero resultaría decisiva para consolidar partidos con capacidad de propuesta, es la de “partidos X impuestos” o, más específicamente, “think tanks partidarios X impuestos”. Es decir, que las empresas puedan financiar, con parte de los impuestos que pagan, think tanks o centros de estudios en los partidos. Esto permitiría, de un lado, que los congresistas que ya no pueden reelegirse, puedan reciclarse en su periodo sabático en el centro de estudios del partido para estudiar la realidad y formular propuestas de política. Así la no reelección no elimina ni corta la carrera de los buenos cuadros.  Y, de otro lado, el partido adquiere capacidad de análisis y discusión de los problemas nacionales y de formulación de planes de gobierno, para que no llegue al poder a improvisar. Tendríamos partidos políticos serios, pensantes.

Por lo demás, tampoco tiene sentido prohibir que las empresas privadas formales aporten a los partidos –como lo hace el proyecto-, si es que este aporte es público y transparente. Eso no solo fortalecería aún más a los partidos, sino que contribuiría a que las empresas desarrollen su compromiso con el país. Lampadia




¿Qué hacer para reconvertir en positiva la unicameralidad sin reelección?

¿Qué hacer para reconvertir en positiva la unicameralidad sin reelección?

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El referéndum ha servido para consolidar la aprobación presidencial y para canalizar el rechazo de la población al Congreso y a la clase política. Pero, como sabemos, las soluciones respaldadas por el pueblo no son las mejores para consolidar una democracia funcional y eficiente. La unicameralidad sin reelección es un albur completo, y no sirve para consolidar una clase política capacitada ni para reconstruir un sistema de partidos. En ese marco, ¿qué podemos hacer?

La solución que había conversado en privado el presidente Martín Vizcarra con el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, era que luego del referéndum, el Congreso aprobaría el establecimiento de la bicameralidad vía dos legislaturas ordinarias, lo que sería respaldado por el Presidente para darle respaldo político. Pero el resultado del referéndum ha sido abrumador en este punto: sólo un 9% del voto válido respaldó el SI a la bicameralidad. Más de un 90% lo ha hecho por el NO. ¿Es viable políticamente que el Congreso proceda a aprobar una reforma constitucional que el pueblo ha rechazado de manera tan contundente?

Muy difícil. Si, como parece, no queda más remedio que resignarse a mantener la unicameralidad, solo quedan tres medidas para controlar en alguna medida tanto la tentación del poder como la eventual mala calidad o el populismo de las normas que pueda dictar una cámara única:

  • La primera sería que la insistencia del Congreso ante una ley observada por el Ejecutivo, sólo pueda ser aprobada por los 2/3 del número legal de congresistas (como es en casi todas las democracias) y no solo por la mitad más uno, como es ahora, que limita severamente el poder de veto presidencial. La observación de leyes excesivas por parte del Ejecutivo cumpliría en alguna medida el papel del Senado.
  • La segunda es que las exoneraciones de segunda votación o del pase a comisiones, o sean prohibidas, o requieran también una votación bastante más alta que en la actualidad.
  • La tercera es aún más importante: crear en el Congreso una Oficina de Análisis de Impacto Regulatorio y Económico de los proyectos de ley, cuyos informes no tengan necesariamente poder vinculante pero sí sirvan como una referencia tanto para el legislador como para la opinión pública, que podrá juzgar si una ley tiene efectos contraproducentes o un costo mucho mayor que el beneficio que traería. El congresista Alberto de Belaunde planeó a inicios de este Congreso un proyecto de ley para crear dicha Oficina, pero no ha sido considerado hasta ahora. 

Por su parte, la no reelección de congresistas, que dificulta la formación de una clase política y atenta contra la consolidación de los partidos políticos, obliga a aprobar una reforma política que ayude a consolidar unos pocos partidos serios y a que los congresistas que no pueden reelegirse de manera inmediata puedan reciclarse en un think tank partidario un su período sabático.  Las reformas serían las siguientes:

Para reducir el número de partidos:

  • Distritos electorales más pequeños, uni o binominales
  • Subir la valla a las alianzas, para que no sean una manera de saltar la valla del 5%
  • Obligación de participar en todas las elecciones generales y en todas las subnacionales con candidatos por lo menos en el 50% de las circunscripciones

Para fortalecer los partidos:

  • Eliminar el voto preferencial (reemplazándolo precisamente por distritos electorales más pequeños)
  • Elecciones internas, de preferencia primarias y abiertas, organizadas por la ONPE

Para que los congresistas que acaban su periodo puedan tener la opción de seguir en actividad política en el partido y contribuir así a firmar una clase política preparada:

  • Que las empresas puedan financiar con el pago de sus impuestos think tanks en los partidos. Es decir, Partidos por Impuestos (PxI), una muy buena propuesta de Carlos Meléndez.

Esta reforma como esta ayudaría de paso a fortalecer los partidos políticos, pues tendría el efecto importantísimo de permitir que las organizaciones partidarias se conviertan en centros de estudios y discusión de la realidad nacional e internacional de modo que puedan formular planes de gobierno serios que les sirvan para gobernar cuando llegan al poder. Esto redundaría, entonces, en la gobernabilidad del país, haciendo la democracia más eficiente y capaz de responder a los problemas del pueblo.  

El Congreso debería aprobar estas propuestas, a fin de sacar el mejor provecho posible del referéndum del 9 de diciembre del 2018. Lampadia




Mi voto en el referéndum

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

A pocos días del referéndum, cada vez más gente pregunta como votar. La verdad sorprende que algo tan importante como la modificación de nuestra Constitución, no haya merecido una buena campaña informativa neutral de parte del gobierno. Más bien hemos visto al presidente Vizcarra, haciendo campaña por su opción personal.

Lamentablemente, el clima político de los últimos meses sube la temperatura de los ciudadanos y distorsiona un proceso de carácter estructural, como es un cambio constitucional.

Tratando de abstraerme del ruido político, quiero hacer un ejercicio no académico, para explicar mi voto, que comparto líneas abajo:

Pregunta 1: ¿Aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia (antes Consejo Nacional de la Magistratura)?

SI

El Consejo Nacional de la Magistratura, de funestos resultados, debe desaparecer. La nueva figura institucional, la Junta Nacional de Justicia, tendrá mejores capacidades de fiscalización y control de la labor judicial.

Pregunta 2: ¿Aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de las organizaciones políticas?

NO

El financiamiento de las organizaciones políticas debe ser abierto y transparente. Si se establecen limitaciones, se abren las ventanas para aportes oscuros de las mafias que pululan en el país.

Pregunta 3: ¿Aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República?

NO

El país requiere una clase política eficiente y efectiva. Si no hay reelección, si en cada ocasión se renueva toda la cámara se atenta contra la calidad legislativa. Por lo demás, en la práctica nunca se reeligen más del 20% de los congresistas. La no reelección es un aprovechamiento populista y facilista que deja mucho que desear.

Pregunta 4: ¿Aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República?

SI

Un Senado es mucho más que una segunda instancia. Es una instancia de otra naturaleza, de otra visión, y de otro ‘tempo’.

Una cámara única, con su sistema electoral basado en la representación regional, trae el parlamento las mismas visiones sub-nacionales de los gobiernos regionales. Por lo tanto, se pierde la posibilidad de que la importante labor legislativa se inspire también en una visión compartida del país que debe moldearse y construirse.

Un Senado debe ser la amalgama que le dé contenido político al Perú ‘unitario’. (Ver en Lampadia: Un Senado es mucho más que una segunda instancia.)

El voto del domingo no debe distorsionarse por pasiones políticas de ningún color, ya sea por una sentida animadversión contra el Congreso, o un rechazo a las actitudes del ejecutivo.

La Constitución no es un elemento de la coyuntura política, su carácter es estructural y su normativa de largo plazo. Lampadia




El Presidente tiene que buscar un acuerdo para dar el SI a la bicameralidad

El Presidente tiene que buscar un acuerdo para dar el SI a la bicameralidad

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Cuando el presidente Martín Vizcarra o el Premier Cesar Villanueva reiteran su posición de votar por el NO a la bicameralidad, cabe preguntarse si no están pensando más en la aprobación popular que en el país.

Blog de Fernando Tuesta Soldevilla

Primero, porque es difícil pensar que no se percaten del daño irreparable que ocasionará a nuestra democracia y a nuestra propia gobernabilidad tener durante las próximas décadas un congreso unicameral sin reelección de congresistas. Un congreso de esa naturaleza contiene todos los peligros imaginables:

  • Podríamos tener una mayoría opositora cerril conformada por personajes novatos algunos de los cuales podrían ser aventureros sin control o populistas desenfrenados. Es decir, una mayoría obstruccionista sin el contrapeso de un Senado elegido con un sistema más proporcional.
  • Con un congreso de esa naturaleza será más difícil consolidar un sistema de pocos partidos políticos estables y serios (como veremos más adelante) y más complicado aún consolidar una clase política experimentada. Nos condenamos a la improvisación como sistema.
  • Las leyes resultantes tenderán a ser de mala calidad, sin revisión posterior, y eventualmente muy destructivas de la estabilidad fiscal, que es una conquista histórica del pueblo peruano.

Ventajas de la bicameralidad

Por eso es que siempre ha existido el planteamiento de retornar a la bicameralidad, pero una bicameralidad mejorada en la que la Cámara de Senadores no tenga iniciativa legislativa, sino que su función sea revisar y aprobar o desaprobar los proyectos de ley aprobados en la Cámara de Diputados. A fin justamente de mejorar la calidad de las leyes y moderar los ímpetus populistas y eventualmente abusivos de la Cámara baja.

Con el añadido de que dos cámaras hacen posible que una de ellas –Diputados- pueda ser elegida en distritos electorales más pequeños –uni o binominales- para que la gente se sienta realmente representada al saber quién es su congresista, y para reducir, de paso, el número de partidos porque al elegir solo a uno o dos diputados en cada circunscripción, los partidos pequeños, sin opción a ser elegidos, buscarán unirse con partidos más grandes para tener chance de llegar al Congreso.

En cambio, la Cámara de Senadores puede ser elegida en distrito único nacional o en distritos macroregionales, lo que permitiría rescatar para la política a personas muy calificadas de los distintos sectores de la sociedad y permitiría además moderar la tendencia del sistema de distritos pequeños a sobre representar al partido más votado.

Las ventajas de la bicameralidad, como vemos, son enormes. Por eso era ya un escándalo que la clase política peruana y los sucesivos congresos unicamerales estuvieran eludiendo la necesidad de esta reforma fundamental durante lustros, y esa fue la razón por la que apareció como una gran idea y una gran oportunidad para el país que el gobierno planteara esa reforma vía el referéndum, de modo que pudiera ser aprobada como parte del conjunto de reformas y con la recomendación de un mandatario que ha conquistado credibilidad popular.

Ver en Lampadia: Un Senado es mucho más que una segunda instancia.

La cuestión de confianza

Lamentablemente el propio presidente está echando por la borda esta gran oportunidad al cambiar su respaldo a la bicameralidad por su rechazo a ella. El pretexto es el cambio que el Congreso aprobó a la institución de la cuestión de confianza, que le resta potencia como arma de contrapeso del Ejecutivo frente a posibles excesos de un Congreso opositor u obstruccionista.

Yo fui el primero en señalar –por medio de dos tuits la misma noche en que se aprobó, y de mi columna en el Comercio dos días después- que ese cambio era un grave error porque alteraba el equilibrio de poderes a favor del Congreso en un país como el Perú que más bien requiere de un Ejecutivo fuerte capaz de llevar a cabo con eficiencia las tareas de desarrollo. No solo eso. Señalé que las fuerzas políticas en el Congreso estaban actuando así acaso por reacción visceral ante la amenaza del Ejecutivo de disolver el Congreso si no se aprobaba la nueva cuestión de confianza planteada, pero sin mirar más allá de sus propias narices porque esa medida repercutiría en su contra como un boomerang si llegaban a ser gobierno el 2021 o más tarde.

El presidente reaccionó recién cinco días después, luego de que en un primer momento felicitara al Congreso por la aprobación de las cuatro reformas. Anunció que el Ejecutivo en el tema de la bicameralidad se pronunciaba por el NO. Pero en lugar de usar esa posición para buscar un diálogo con el Congreso a fin de lograr un acuerdo que permita modificar esa parte nociva del proyecto de reforma constitucional, desoyó los llamados en esa dirección que algunos congresistas empezaron a sugerir.

La oportunidad desperdiciada para un acuerdo

Por eso también es que pensamos que está poniendo su aprobación por encima de los intereses del país. Porque la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucionales las modificaciones que meses atrás el Congreso había efectuado a la ley del reglamento del Congreso en los mismos términos que luego incluyó en el proyecto de reforma constitucional, era la oportunidad de oro, si realmente pensara en el destino de la democracia peruana, para recoger esa sentencia y sobre la base de ella pedir un acuerdo con las bancadas para modificar la parte infectada de la reforma. No lo hizo. No solo eso, desoyó manifestaciones en esa línea del vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, y del vocero de su propia bancada, Gilbert Violeta.

Pero aún estamos a tiempo. La iniciativa, según lo que vemos, tiene que venir del propio Congreso. Si ya la principal bancada de oposición y la del gobierno parecen estar de acuerdo en la necesidad de enmendar esta absurda situación, sería conveniente que, sumando a otras, soliciten una reunión con el presidente para proponerle un acuerdo de modificación de los artículos cuestionados a cambio de que el presidente restablezca el Sí a la bicameralidad. Que esto no se caiga por la indolencia de la clase política.

La cuestión de confianza es menos gravitante en un congreso bicameral

Por último, los asesores del presidente deberían explicarle que aun si no se lograra ese acuerdo, la institución de la cuestión de confianza, tal como está redactada en nuestra Constitución, es más gravitante e importante frente a un congreso unicameral, que ante uno bicameral. Por la sencilla razón de que la existencia de dos cámaras ya constituye un mecanismo de autolimitación del poder del Congreso. Si la cuestión de confianza es un instrumento para contrapesar el poder del Congreso, este poder se reduce o limita a sí mismo con la bicameralidad. Entonces la cuestión de confianza, siendo importante, no lo es tanto como ante un congreso unicameral.

Y esto es así porque la Cámara de Senadores modera las extralimitaciones de la Cámara de Diputados. Y lo hace no solo porque, en general, se trata de un cuerpo de parlamentarios de más edad y mejor preparación, sino por el sistema de elección de los senadores, en distrito único nacional o en distritos macroregionales, que es mucho más proporcional de modo que, como decíamos arriba, la fuerza más votada no sobredimensiona tanto su porcentaje de parlamentarios. En otras palabras, si Diputados estuviera dominado por una fuerza opositora, lo más probable es que en Senadores esa fuerza opositora no tendría la mayoría o ésta sería muy precaria. Nuevamente, eso hace la cuestión de confianza menos decisiva.

Eso no es todo. El presidente, si quisiera, podría solicitar la aprobación de otras reformas constitucionales que contribuirían a que la cuestión de confianza aún menos necesaria. Por ejemplo, elegir el Congreso junto con o después de la segunda vuelta presidencial. Eso tenderá a darle mayoría en el Parlamento al Ejecutivo. Otra reforma en la misma línea es una que ni siquiera es constitucional, sino legal: que la insistencia del Congreso en las leyes observadas por el Ejecutivo no se apruebe por la mitad más uno del número legal de miembros del Congreso, sino con los 2/3 de dicho número, como es en todas las democracias de América Latina.

De modo que, si el presidente quisiera realmente resolver el problema planteado pensando en el futuro de la institucionalidad democrática y la gobernabilidad, tiene varios recursos a la mano y varias razones para recomendar lo que debe recomendar: el Sí a la bicameralidad. Lampadia




Lima está muy sub-representada en la propuesta del Ejecutivo

Lima está muy sub-representada en la propuesta del Ejecutivo

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, y el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, acudieron ayer a la comisión de Constitución del Congreso a sustentar el proyecto de reforma del artículo 90 de la Constitución que establece dos cámaras y fija el número de senadores y diputados y la manera de elegirlos.

La novedad fue que el Premier presentó la delimitación de los macro distritos electorales para elegir senadores y la de los micro distritos electorales para elegir diputados.

Esta es la delimitación de los distritos electorales macro-regionales para elegir senadores:

Esto significa que habría seis macro-distritos para elegir senadores:

Al mismo tiempo, el Premier presentó la delimitación de los 50 distritos binominales para elegir diputados:

Como podemos ver en el siguiente cuadro, que resume las implicancias de ambas delimitaciones. Allí podemos ver en cuántos micro-distritos binominales se divide cada departamento y cuantos congresistas termina teniendo sumando diputados y senadores.

La primera constatación es que la delimitación en ambos casos no se basa en el criterio de la equivalencia poblacional, sino en el de la existencia de una realidad macro o micro-regional en términos de relaciones económicas, sociales o culturales. Ese criterio es correcto y mucho más realista que el puramente demográfico, aunque puede haber algún grado de arbitrariedad en la conformación de algunas macro-regiones, por ejemplo.

Pero hay un caso en que el criterio poblacional sí debe prevalecer: es el de Lima Metropolitana. Porque lo que la propuesta trae es una notoria sub-representación de Lima Metropolitana en comparación a su participación poblacional, cuando lo que el país requiere es recuperar para la política la a dirigencia nacional en los campos profesional, gremial, académico y empresarial, que incorpore una mirada nacional de largo plazo a los problemas, y que lamentablemente está concentrada en la capital. Lima tendría 12 diputados (12% del total) y 5 senadores (16% del total), con cerca del 30% de la población. Queda claramente infra representada. Por supuesto, la mejor alternativa para recuperar la dirigencia nacional sería que el Senado se elija en distrito único nacional, pero no es eso lo que se ha planteado y podría llevar a tener en ambas composiciones políticas muy diferentes que no favorezcan la gobernabilidad.

Conclusión

La solución, entonces, si nos mantenemos dentro de los términos planteados por el proyecto del Ejecutivo, sería incrementar el número total de senadores y diputados en la cantidad necesaria para darle a Lima su participación proporcional en la población nacional. Eso supone dividir a Lima en un número mayor de distritos binominales y asignarle más senadores.

La Gran Lima

La presentación del Premier incluyó también la división de Lima (incluyendo Callao), en seis distritos binominales, que son los siguientes:

Evidentemente, si se respetara la participación demográfica de Lima, esta tendría que ser dividida en alrededor de 14 distritos binominales.

Lampadia




La constitución y la situación actual

La constitución y la situación actual

Natale Amprimo
Para Lampadia 

La Constitución Política es una norma de ordenación del poder. Una suerte de protocolo de convivencia política, que fija los límites de los diversos actores que participan en la vida pública.

En el derecho público, a diferencia de lo que ocurre en el privado, lo no permitido es prohibido; ahí no juega la libertad de acción que tenemos las personas en nuestra vida cotidiana, y que se resume en el viejo aforismo “lo no prohibido es permitido”.

La Constitución establece los límites de la representación que el pueblo otorga a las autoridades que ejercen el poder de manera temporal.  Los elegidos no pueden salirse de ese corsé; pues ello sería como que un apoderado, autorizado solo para alquilar la casa de su representado, decidiese venderla, porque el precio ofrecido es muy bueno.

Lamentablemente, muchas veces los gobernantes no entienden esos límites, y en aras de lo que consideran el bien de la Nación, transgreden los topes que, a su representación, le fija la Constitución.

Cuando a Víctor Andrés Belaúnde, el maestro socialcristiano, le pidieron que describa el “poder”, dicen que lo hizo comparándolo con una orgía, pero sin orgasmo, porque el gobernante nunca se daba por satisfecho. 

Hay que recordar que Belaúnde, ya en 1931, en su obra “La Realidad Nacional”, señaló que el síntoma típico de nuestra crisis ha sido el “absolutismo presidencial”. Incluso, al día de hoy, como lo recuerdan César Ochoa y Baldo Kresalja, se ha exacerbado el presidencialismo de la Constitución histórica del Perú al extremo de llegar a un “presidencialismo hipertrófico”, que se caracteriza por una concentración de poderes legislativos proactivos y reactivos del Presidente de la República.[1]

Sobre el particular, Torres Arancibia lo desarrolla con nitidez, cuando señala: “Si el autoritarismo en el Perú ha encontrado campo fértil se debe en buena medida al absolutismo presidencial. En este punto no debe confundirse absolutismo presidencial con régimen dictatorial. El segundo es, como se sabe, un régimen de facto, cuyo origen espurio y principalmente por la fuerza, lo vuelve ilegítimo. El primero, por su parte –y para el caso peruano– está sustentado en la propia legislación. En otras palabras, en el Perú, la historia jurídica republicana ha fomentado siempre una figura presidencial fuerte, con mucho poder, casi omnímoda. Tal circunstancia llevó a decir a Víctor Andrés Belaunde en un célebre discurso dado en la Universidad de San Marcos en 1914 que ‘el presidente de la República es un virrey sin Monarca, sin Consejo de Indias, sin oidores y sin juicio de residencia’. Pero la afirmación de Belaunde se quedaba corta: ningún virrey del Perú tuvo tanto poder como un presidente peruano actual”.[2]

Lowenstein, el famoso constitucionalista alemán, en 1957 desarrollo la teoría de la “enigmática triada”, según la cual el hombre tiene tres incentivos fundamentales que dominan su vida en sociedad y rigen la totalidad de las relaciones humanas, y que de una manera misteriosa están unidos y entrelazados: el amor, la fe y el poder.

La historia, dice Lowenstein, muestra cómo el amor y la fe han contribuido a la felicidad del hombre, y cómo el poder a su miseria; y añade: hay algo común en estas tres fuerzas: el hombre puede sentirlas y experimentarlas, así como apreciar su efecto por sí mismo y su medio ambiente; pero lo que no llega es a conocer su íntima realidad, pues toda preparación lógica es insuficiente para penetrar en su esencia.  Por ello, el intento humano de querer comprender el amor, la fe y el poder tiene que quedar reducido a constatar y valorar sus manifestaciones, sus efectos y resultados.  Se podrá conocer cómo estas fuerzas operan, pero no se podrá captar lo que ellas son realmente”.[3]

Hago estas reflexiones previas pues, como lo he referido en algunas entrevistas brindadas a diversos medios de comunicación, percibo un panorama de confrontación que, penosamente, me recuerda el que vivimos –y pocos combatimos- previo al 5 de abril de 1992; en el que, todos los días, veíamos al presidente de entonces confrontando con el Congreso para capitalizar el descontento popular.

La única forma seria de salir adelante como país es fortaleciendo nuestras instituciones; y ello solo se logra si, más allá de nuestras conveniencias coyunturales, nos damos una suerte de “baño de legalidad”, o de “constitucionalidad” mejor dicho; lo que implica que se actúe respetando, y haciendo respetar ese código de convivencia y buenas costumbres que es la Constitución, aunque esa tarea sea a veces ingrata, dada lo encendidas que están las pasiones.

Es fácil caer en la tentación de hacer eco a los cánticos de la barra, inclusive más fácil aún es dirigir a un rebaño desorientado sobre la base de decirle lo que quiere escuchar, pero eso, más temprano que tarde, generará una nueva desilusión. De ahí mi crítica a lo que veo actualmente: una vez más pareciera que se sirve la mesa para que los radicalismos nos gobiernen. Se destruye lo construido, con todo el esfuerzo y sacrificio que ello significó, en aras de seguir acentuando el odio y la contradicción.

Veamos: Se plantea bicameralidad, sobre la base que el proceso legislativo requiere una mayor reflexión y pausa, y a la vez se levanta la voz porque no se aprueban las reformas en 40 días; o, se levanta como bandera la lucha contra la corrupción, pero en el proyecto de modificación se propone que para habilitar la acusación constitucional contra altos funcionarios se requerirá 2/3 de los votos del futuro Senado; entre otras contradicciones.

En el fondo, acaso no nos damos cuenta que lo que hay detrás de algunos, es generar el precedente para, vía un futuro proceso de reforma fast track, variar el régimen económico y volver a un Estado interventor de la economía, como el que teníamos antes de la Constitución de 1993.

Estamos notificados. Lampadia

 

[1] KRESALJA, Baldo y OCHOA, César. Derecho Constitucional Económico. Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2009. Páginas 823 -824.

[2] TORRES ARANCIBIA, Eduardo. Buscando un Rey: el autoritarismo en la historia del Perú, siglos XVI – XXI. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2007. Página 151.

[3] LOWENSTEIN, Karl. Teoría de la Constitución. Ediciones Ariel. Segunda Edición. Barcelona, 1970. Página 23.




Tal como estaba previsto, se aprobó la reforma del CNM

EDITORIAL DE LAMPADIA

Tal como estaba previsto en el cronograma aprobado, la comisión de Constitución aprobó ayer el dictamen de la reforma constitucional del CNM, que debe aprobarse a su vez hoy en el pleno del Congreso. Como hemos explicado también ayer, el segundo borrador de ese texto estaba listo desde el viernes o sábado, mucho antes de que el Presidente Vizcarra anunciara la innecesaria cuestión de confianza. El primer borrador se había discutido el martes pasado.

Y acto seguido, la Comisión de Constitución adelantó para ayer por la tarde la discusión del predictamen sobre restablecimiento de la bicameralidad, que originalmente se iba a debatir hoy en la misma Comisión. Lo interesante es que quizá esa reforma se apruebe también en el pleno de hoy, con lo que la cuestión de confianza quedaría prácticamente fuera de juego.

Novedades

El dictamen sobre reforma del CNM tiene algunas novedades en relación al proyecto que remitió el Ejecutivo. Se establece, por ejemplo, que además de la ratificación de los jueces y fiscales cada 7 años, el CNM realiza, conjuntamente con la Academia de la Magistratura, una evaluación parcial de desempeño de los jueces y fiscales cada tres años y medio. En realidad, la evaluación de desempeño de jueces y fiscales es algo que deberían hacer internamente tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público todos los años, permanentemente.  La mencionada evaluación parcial ejecutada por el CNM y la Academia de la Magistratura debería tener como insumo estas evaluaciones permanentes ejecutadas por las mismas instituciones. Esto es algo que debería establecerse en la ley de desarrollo constitucional que al efecto se dé.

Otra innovación consiste en la obligación del CNM de presentar un informe anual al Pleno del Congreso.      

El meollo de la reforma está, como es sabido, en que los miembros del CNM son elegidos por concurso público de méritos. El dictamen aprobado sube a de 5 a 7 el número de consejeros, lo que es apropiado por la carga de trabajo que tendrá el Consejo. Y en cuanto a quiénes integran la Comisión Especial encargada de realizar el concurso de méritos para escoger a los consejeros, el dictamen aprobado ha agregado dos más a los considerados en el proyecto del Ejecutivo: “un rector elegido en votación por los rectores de las universidades públicas licenciadas con más de cincuenta años de antigüedad”, y un rector de las universidades privadas también de más de cincuenta años. La verdad, no se entiende bien por qué agregar a estos miembros. Tratándose de rectores y de las universidades públicas y privadas antiguas, esperemos no hagan daño.

Rectificaciones

En cuanto a la entidad encargada de dar el apoyo técnico a la Comisión Especial para llevar a cabo el concurso que elija a los consejeros, el dictamen ha corregido, felizmente, su versión inicial en el sentido de que se trataría de una secretaría ad hoc, siempre manipulable, pero no ha restablecido explícitamente la propuesta del Ejecutivo en el sentido de que ese soporte técnico esté dado por SERVIR sino –dice- por “una Secretaría Técnica Especializada”. SERVIR cabe dentro de ese concepto, de modo que sería recomendable que la ley de desarrollo constitucional que se dé así lo establezca. SERVIR es la entidad encargada precisamente de normar la implantación de la meritocracia en el Estrado peruano. No hay entidad más apropiada que esa.

En cuanto a los requisitos para ser miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, el dictamen felizmente ha restablecido casi todos los que fijó el proyecto del Ejecutivo y que habían sido eliminados en el predictamen. Incluso el de “tener reconocida trayectoria profesional y solvencia e idoneidad moral”. Pero se eliminó lo de “trayectoria democrática y respeto a los derechos humanos”, acaso para evitar que esa formulación pudiera ser usada arbitrariamente para marginar a algún postulante por razones políticas o ideológicas. Además, se incluyó también que la función de los consejeros “no debe incurrir en conflicto de intereses”, disposición que había sido retirada en el predictamen original.

Y, como hace días se difundió, también se restableció en el dictamen final la disposición complementaria transitoria que autoriza al CNM a revisar los nombramientos y ratificaciones efectuadas por los consejeros removidos, algo fundamental que tampoco había sido considerado en el predictamen inicial y que sí estaba en el proyecto del Ejecutivo.

En suma, el dictamen finalmente aprobado en la Comisión de Constitución ha sido el fruto de un productivo intercambio de opiniones y argumentos en el seno de la Comisión que ha permitido agregar nuevas disposiciones interesantes y al mismo tiempo recuperar los aportes positivos que venían del Ejecutivo y habían sido desechados en el predictamen original. El Congreso hizo, en este caso, su tarea dentro del plazo establecido. Si, además, se aprueba hoy en el pleno el dictamen que restablece la bicameralidad, el gobierno debería proceder a retirar anunciada la cuestión de confianza, por carecer de objeto. Lampadia




Más tiempo para la reforma política

Más tiempo para la reforma política

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Ya hemos advertido, apenas el Presidente Vizcarra anunció el referéndum, que consultar la no reelección de los congresistas es una decisión populista irresponsable porque condenaría al país a no consolidar nunca una clase política profesional y a que ninguna persona de buena voluntad y vocación de servicio pueda optar por hacer carrera política, quedando el Congreso cada vez en manos de oportunistas e improvisados. Quizá se pensó que consultar esto junto con la bicameralidad, era una manera de lograr que se apruebe también esta última, que sería muy buena para el país, pero de nada nos serviría una bicameralidad –incluso bien diseñada- si los actores son personas no idóneas.

El problema es que nadie en el Congreso querrá asumir la causa responsable, pero impopular, de rechazar el proyecto de ley de no reelección de los congresistas. Menos aún Fuerza Popular, cuya popularidad –la de su lideresa- viene cayendo abismalmente. Es la trampa perfecta. Entonces solo caben dos posibles soluciones:

  • Una es que el propio Ejecutivo retire la propuesta, algo improbable porque de todas maneras la presentó pese a las críticas formuladas y porque sin duda parte importante del incremento de la popularidad presidencial obedece a esta propuesta. El argumento de que no se puede sacrificar el futuro de la democracia en aras de un incremento efímero de la popularidad parece que no ha removido la conciencia presidencial.
  • La segunda solución sería avanzar en octubre con el referéndum sobre la reforma del CNM y quizá sobre el financiamiento de los partidos, pero dejar los otros dos temas para diciembre o para más adelante, sobre todo porque el proyecto de ley para el establecimiento de la bicameralidad, siendo muy rico, requiere más análisis y debate en algunos de sus puntos, algo que no se podría hacer en tan corto tiempo.

Analicemos, en este artículo, dicho proyecto, a fin de identificar los puntos que requerirían más estudio y debate. Pues el proyecto contiene diseños interesantes junto con otros inconvenientes y algunas omisiones.

A nuestro juicio, es relativamente innovadora la división de funciones que se propone entre las cámaras de Diputados y Senadores. También es positivo –en principio- el sistema de distritos electorales que se propone para elegir ambas cámaras, y el hecho de que se elimine el voto preferencial para la elección de los senadores, aunque debería eliminarse también para la elección de los diputados. En cambio, no se aprovecha para cambiar la fecha de la elección del Congreso, como veremos.   

División de funciones interesante

De acuerdo al proyecto, la Cámara de Senadores tiene una función revisora de los proyectos aprobados en la Cámara de Diputados. Es decir, en ella no se presentan proyectos de ley. Sólo en Diputados. Así es como debe ser. Con una excepción inteligente: sólo en la cámara de Senadores se puede presentar proyectos relativos a reformas constitucionales y leyes orgánicas. Es decir, en los temas que requieren más reflexión, más importantes, la responsable de presentarlos es precisamente la llamada cámara reflexiva.

Otra decisión de diseño inteligente es la disposición de que sea la Cámara de Senadores la que apruebe el Presupuesto de la República. Esto podría estar vinculado a la propuesta de conformación de los distritos electorales. En efecto, se plantea que la Cámara de Diputados sea elegida en distritos electorales micro-regionales binominales (dos congresistas por distrito), y la Cámara de Senadores en distritos macro-regionales. Que esa esta Cámara la que apruebe el Presupuesto podría ayudar a controlar la atomización de la obra pública y el tráfico de proyectos relativamente pequeños impulsados por diputados vinculados a alcaldes o empresas constructoras locales. Ayudaría a mejorar la planificación de las infraestructuras.

¿Senado en distritos electorales macro-regionales o distrito nacional único?

La idea misma de elegir a los senadores en distritos macro-regionales y a los diputados en micro-regionales binominales, es positiva. Esta propuesta fue formulada originalmente por Carlos Meléndez, con la idea de asociar las representaciones a las macro y micro regiones económicas efectivamente existentes, lo que es una idea muy sugerente.

Una alternativa sería elegir al Senado en distrito único nacional, con la idea de rescatar para la política a una élite con visión nacional y de largo plazo. Pero, de un lado, esto es algo que, de todas maneras, aunque en menor medida, ocurriría si los distritos macro regionales son grandes (no más de 4 o 5) y si Lima tiene la participación que demográficamente le correspondería. O si, como veremos más adelante, parte de la cámara de diputados se eligiera en distrito único y el resto en distritos uninominales.

De otro lado, hay un problema de consistencia para la gobernabilidad. En efecto, si los diputados son elegidos en distritos binominales, habrá una tendencia a que la primera mayoría tenga más representantes que el porcentaje de votos que efectivamente obtenga, lo que favorecería la gobernabilidad si el presidente perteneciera al mismo partido. En cambio, si elegimos al Senado en distrito único, funcionaría el sistema proporcional puro, con lo que el presidente que fuere elegido no tendría mayoría salvo que su bancada senatorial hubiese obtenido más del 50% de los votos. Entonces el presidente tendría mayoría en Diputados, pero no en senadores. En la medida en que los distritos macro-regionales son elegidos aplicando también el principio proporcional, pero para elegir alrededor de 6 senadores por distrito, la votación no se concentra tanto como en los distritos micro-regionales pero tampoco se dispersa entre todos los partidos, de modo que hay más probabilidades de que el Presidente tenga mayoría también en el Senado.

Elección del congreso con la segunda vuelta

Claro, para tener más probabilidades que esto ocurra, debería aprovecharse para modificar la Constitución en lo relativo a la fecha de la elección del Congreso: ya no con la primera vuelta presidencial, sino con la segunda o después de ésta. Pero, lamentablemente, el proyecto del Ejecutivo no plantea este cambio. La comisión de Constitución debería introducirlo. La propia experiencia de Pedro Pablo Kuczynski debería llevarlos a proponer esta reforma.

Distritos pequeños y gobernabilidad

Aquí es bueno comentar un argumento que ha formulado Ignazio de Ferrari en El Comercio. Ha escrito: “La tentación del poder absoluto es tan grande que en el Perú no deberíamos desechar el sistema proporcional de elección del Congreso. Un sistema mayoritario de distritos uninominales –en el que en cada distrito se elige un solo representante–, como ha sido propuesto más de una vez, conduciría con mucha probabilidad a mayorías parlamentarias permanentes. El Perú no está hecho para que ningún partido tenga tanto poder”.

En realidad, la experiencia histórica del Perú muestra que cuando un presidente ha carecido de mayoría parlamentaria, el gobierno terminó interrumpido por alguna forma de golpe de Estado. Ocurrió con Bustamante, con Belaunde, con Fujimori y recientemente con Pedro Pablo Kuczynski que, si bien no por un golpe de Estado sino de manera constitucional, su gobierno no pudo terminar. Es obvio que tener mayoría parlamentaria facilita la gobernabilidad. Ese es el secreto de los sistemas parlamentarios, donde el Ejecutivo tiene mayoría congresal por definición porque nace de ella.  Deberíamos incluso avanzar a la regla de que el Presidente pueda disolver el Congreso sin expresión de causa y sin esperar dos censuras de gabinete, pero eso ameritaría una discusión mayor para la que no hay tiempo en esta circunstancia.

A propósito, el proyecto de ley de modificación constitucional no aprovecha para resolver un problema de la constitución actual, que establece en su artículo 108º que el Congreso puede insistir y promulgar las leyes observadas por el presidente de la República con el voto sólo de más de la mitad del número legal de los miembros del Congreso (de cada Cámara en el nuevo supuesto). En casi todos los países la insistencia en una ley observada requiere de los 2/3 del número legal de miembros del Congreso. Esto es lo que deberíamos tener para facilitar la gobernabilidad.

Micro-distritos binominales y número de diputados

Ahora bien, debemos suponer que el hecho de que el Ejecutivo haya propuesto distritos binominales en lugar de uninominales para elegir la Cámara de diputados, obedecería a la idea de morigerar el efecto del llamado voto mayoritario (distrito uninominal) que tiende a que el porcentaje de diputados del partido ganador sea mucho mayor que el porcentaje de votos obtenido por ese mismo partido. Pero, al haber limitado dicha Cámara a 100 diputados (para no incrementar el número total actual de congresistas y facilitar así la aprobación de la bicameralidad), tendríamos entonces 50 distritos binominales en cada uno de los cuales elegimos a dos representantes. Al respecto, Alfredo Torres formula las siguientes observaciones: “Algunos distritos de Lima como Ate o Comas podrían tener representantes directos, pero otros tendrían que integrarse para llegar a los 460 mil electores. Lo mismo ocurriría con muchas provincias. Unas pocas, como Huancayo, bordean esa cifra, pero la mayoría tendría que integrarse con otras para formar una microrregión. Incluso habría departamentos como Moquegua y Tacna que tendrían que juntarse para elegir a sus diputados; otros, como Madre de Dios, que tendrían que sumarse a parte del Cusco para alcanzar representación… Como es evidente, esta ingeniería electoral puede ser fuente de muchas tensiones, dado el arraigado sentimiento regionalista vinculado a la tradicional división departamental. Por eso, los sistemas uninominales o binominales suelen funcionar con un mayor número de distritos electorales. El Congreso podría revisar la propuesta del Ejecutivo en esa dirección”.

No veo mayor problema en agregar provincias, pues en la actualidad están todas agregadas a nivel departamental. Más bien estaríamos disgregándolas del departamento o región e integrándolas en unidades más pequeñas definidas por las relaciones económicas y sociales que tienen entre ellas, reconociendo así la realidad existente y dándoles más protagonismo. Esto supone un estudio geoeconómico para identificar las redes comerciales existentes en el territorio, que sirvan de base para la demarcación.

En cambio, sí podría haber un problema en agregar departamentos para formar un micro-distrito electoral. En la medida en que esto solo se presente en dos o tres casos, quizá no sea un obstáculo para la aprobación de la bicameralidad en el referéndum. Si lo fuere, quizá sería conveniente, entonces, una combinación de distritos ‘bi’ y ‘uni’ nominales, o incrementar en alguna medida el número de diputados a fin de tener más distritos binominales. Como fuere, es un asunto que debería ser más analizado. De allí la necesidad de más tiempo. 

La alternativa es la que ha señalado Fernando Tuesta: dejar la definición del número de diputados y senadores para la ley (orgánica). No es un tema constitucional.

Distritos uninominales y distrito único en diputados sin voto preferencial

Otra alternativa sería elegir, de los 100 diputados, a 70 –digamos- en distritos uninominales, y a 30 en distrito nacional único, para balancear los efectos mayoritario y proporcional, es decir, corregir, con la representación elegida de manera proporcional en distrito único, los efectos de sobre-participación del partido ganador en los distritos uninominales. Esto quizá sería lo mejor. En Alemania es así, en una proporción 50-50.

Debe decirse que otro elemento positivo de la propuesta es que elimina el voto preferencial para la elección de Senadores en macro-regiones, donde la elección será en lista cerrada y bloqueada. Nos evitamos así la guerra fratricida entre los candidatos de un mismo partido. Pero lo que no queda claro es por qué sí se mantiene el voto preferencial en los micro-distritos binominales para elegir diputados. Si se vota por una lista de dos y se ejerce voto preferencial por uno de los dos, lo único que logramos es reeditar la competencia entre los dos candidatos de una misma lista por obtener el voto ciudadano, en lugar de que la competencia se dé con los miembros de otras listas. Es decir, reeditaríamos en enfrentamiento intra partidario en lugar de inter partidario. Absurdo.

Nos evitamos estos problemas si vamos a un sistema de distritos uninominales –donde por definición el candidato de un partido compite con los candidatos de los demás paridos, y donde habría menos candidatos entre los cuales elegir, lo que mejora las posibilidades de elegir mejor- combinado con un distrito único –como sugeríamos- para elegir la Cámara de Diputados.

Ahora bien, lo que no tiene sentido es forzar la fórmula paritaria entre hombre y mujeres en las listas. Podríamos estar dejando de lado a dos personas de primer nivel de un sexo por imponer a una de otro sexo.

Conclusión

En resumen, lo que tenemos es una propuesta interesante y bien lograda de división de funciones entre las Cámaras de Senadores y Diputados, pero aún hace falta discutir un poco más los aspectos vinculados a los distritos electorales para elegir los diputados, eliminar el voto preferencial en la elección de diputados, proponer la elección del Congreso con la segunda vuelta presidencial o después de ella, e incrementar la proporción de votos necesaria para insistir en una ley observada por el Presidente. Esto para tener reglas de juego que ayuden a la gobernabilidad.

Por supuesto, la no reelección de congresistas tendría consecuencias muy negativas para la institucionalidad democrática. Debe ser desechada.

En consecuencia, lo recomendable sería no apurar el referéndum en los temas políticos, y consultar en octubre solo la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura. Lampadia




De la calle y las redes a las Políticas de Estado

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

En su Mensaje a la Nación, el presidente Martín Vizcarra ha hecho bien en recurrir a la figura del referéndum para acelerar la reforma judicial, pero ha hecho muy mal al recurrir a dicha figura para la reforma política, concretamente, para los muy importantes asuntos de la bicameralidad, la reelección de los congresistas y el financiamiento privado de los partidos políticos.

Esta es una manera de recoger los gritos de las calles y de las redes: “que se vayan todos” y de quitarle el cuerpo a la necesidad de liderazgo, puesto que debemos estimar que, en un referéndum, se eliminaría la reelección de congresistas, condenando al Perú a no poder construir una buena clase política. Además, con seguridad, nos quedaríamos sin senado, una institución muy buena para la buena gobernanza y dejaríamos que, a falta de financiamiento privado (transparente) de los partidos políticos, este lo provean las mafias y platas negras. 

El grito de las calles y de las redes “Que se vayan todos” retumba en nuestros oídos, pero no debe obnubilar nuestros sentidos ni turbar nuestro criterio. Una reflexión adecuada debería llevarnos a plantear el tema de otra manera: ‘¿Qué se vayan todos? O ¿Qué vengan todos?’

Cómo publiqué en el diario La Primera, en agosto del 2005, el grito ‘que se vayan todos, es:

Una reacción y reclamo que pueden parecer naturales a muchos, dada la gran frustración (…) y sobre todo ver como se comporta nuestra desaprensiva clase política.

Sin embargo, el ‘que se vayan todos’ es un salto al vacío, que más allá de las reacciones hepáticas – por más entendibles que éstas puedan ser, no es otra cosa que una gran irresponsabilidad, falta de análisis y de visión para enfrentar los problemas, por más grandes que estos sean.

(…) nuestro problema actual es que estamos atravesando una profunda crisis de confianza. De que otra manera puede calificarse el que el prestigio de todas las instituciones públicas nacionales, esté por los suelos; el que toda la clase política tenga niveles de desaprobación tan altos; (…) el que el 87% de nuestros jóvenes esté pensando en abandonar su patria en búsqueda del bienestar.

(…) Hace pocos días leyendo una entrevista al argentino Felipe Noguera, encontré una muchísimo mejor respuesta: ‘Que vengan todos’.

(…) La gravedad de la crisis llama a la participación ciudadana, especialmente a nuestras reservas morales, (…).

Cuidado con apresurarnos y seguir pensando en que es hora de ‘Que se vayan todos’. Es hora de que ‘Vengan todos’.

No, Señor Presidente Vizcarra, la reforma política debe ser liderada por las autoridades políticas. Los pastores van detrás de la grey, pero los líderes marcan el camino.

Los muy importantes temas de la reforma política requieren un concienzudo análisis y largos debates en todas las instancias de nuestra nacionalidad. No tenemos que acelerar el paso, como en el caso de la reforma judicial. Este ordenamiento tendrá recién efecto para las elecciones generales del 2021.

Detrás del tema de la reelección de los congresistas está la reforma de los partidos políticos, que es donde está el fondo de nuestras debilidades actuales. Para provocar debate y dar un ejemplo de nuestras opciones, permítanme compartir algunos alcances de mi artículo Hacia un nuevo sistema de partidos políticos del 22 de agosto, 2013:

(…) un país que no tiene partidos políticos que ejerzan una auténtica representación nacional, tanto en aspectos regionales como nacionales, está condenado a sufrir un liderazgo político de muy corto plazo y, por lo tanto, impredecible, populista, electorero y carente de propuestas estructuradas de gobierno.

Los vicios y malas prácticas políticas de un sistema así tienden a perennizarse y hacen muy difícil que el sistema pueda reestructurarse a sí mismo.

(…) A continuación deseo presentar una propuesta provocadora, que puede parecer irrealizable o utópica, una simulación institucional, como una ayuda para salir del molde actual e, imaginar una reforma que ofrezca una solución efectiva. La idea sería crear un nuevo diseño institucional en cuanto a la estructura, orientación y fortaleza de nuevos partidos políticos para que estos se constituyan en auténticos representantes de la sociedad peruana, con raíces en todas las regiones y que representen la visión de desarrollo de los ciudadanos, proyectada al bienestar de sus propios hijos, por su enfoque en el largo plazo.

[Algo similar se hizo en Alemania después de la guerra y en Brasil, al final de su última dictadura militar].

Propuesta para el Rediseño del Sistema de Partidos Políticos

  1. Se anulan todas las inscripciones partidarias en el Jurado Nacional de Elecciones para efecto de los futuros procesos electorales.
  2. Se crean dos nuevos partidos políticos, uno de Centro-Izquierda, el Partido Rojo, y otro de Centro-Derecha, el Partido Blanco, los colores de la Bandera Nacional, para que juntos representen el conjunto de nuestra nacionalidad.
  3. Se establece el financiamiento del Estado para ambos partidos, en la misma proporción. Cuando estos partidos sean operativos, contarán con un presupuesto anual por el equivalente de UD$ 25´000,000, cada uno.
  4. Dichos presupuestos deberán sustentar actividades partidarias muy intensas en todo el territorio nacional, congresos, foros, debates, visitas de formación y capacitación de líderes, etc.
  5. Las asignaciones presupuestales estarán sujetas a todos los controles establecidos para los pliegos estatales.
  6. Se establecerá un período de un año para promover la inscripción de los ciudadanos en ambos partidos, fomentando una atracción especial hacia los jóvenes.
  7. Terminado el período de inscripción, se organizarán los procesos de elecciones internas en ambos partidos a nivel nacional y regional. Estas serán reguladas y desarrolladas por el Jurado Nacional de Elecciones y la ONPE.
  8. Una vez elegidos sus dirigentes, ellos procederán a dar contenido ideológico y programático a sus partidos.
  9. Los nuevos partidos tendrán una exclusividad de diez años para participar en todos los procesos electorales, nacionales, regionales y locales.
  10. Después de diez años se abrirán las inscripciones para nuevos partidos que cuenten con planillas del 10% de ciudadanos hábiles para votar, debidamente auditadas por las autoridades correspondientes.
  11. Luego de diez años, los presupuestos de los partidos, a cargo del Estado, serán en proporción a sus niveles de votación nacional.
  12. Solo saliéndonos del molde podemos aquilatar la brecha entre nuestra realidad actual y un sistema que responda a la naturaleza de nuestras  necesidades. 

Este momento de nuestra vida nacional reclama audacia con liderazgo. Lampadia




Presidente decidido a sacar las reformas judicial y política

Presidente decidido a sacar las reformas judicial y política

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El presidente Martín Vizcarra ha sorprendido positivamente yendo más allá de lo que se esperaba. Es claro que ha decidido asumir un liderazgo fuerte para sacar adelante la reforma del sistema judicial e incluso la reforma política, y hacerlo de la mano de la ciudadanía. Por eso ha propuesto llevar a referéndum varios temas vinculados a esas reformas. Ello está muy bien para el caso de la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura –por concurso público de méritos-, pero en los temas de reforma política planteados, si no es posible llevar a cabo un debate público realmente esclarecedor que involucre a la mayor parte de la ciudadanía y una masiva campaña de medios –ahora prohibida por la ley Mulder- que explique las reformas propuestas, la convocatoria a referéndum terminará siendo un alarde de populismo político con consecuencias que pueden ser negativas para la consolidación de la institucionalidad política en el país.  

Consejo Nacional de la Magistratura, Control y lo que falta

Es muy bueno el planteamiento de consultar por referéndum la reforma Constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura en el sentido de eliminar “el sistema de representación en la elección de los consejeros y reemplazándolo por un concurso público de méritos”. Es lo que nosotros veníamos proponiendo. Y muy bueno también que “se autorice la revisión de los nombramientos y ratificaciones realizadas por el Consejo Nacional de la Magistratura cuyos integrantes fueron removidos por el Congreso”, como demandó Fausto Salinas en Lampadia.

Este cambio es clave, pero debe ir de la mano con la reforma de la Corte Suprema, que no ha sido detallada, y con la reforma del control interno, porque no basta nombrar fiscales y jueces supuestamente idóneos, sino que es necesario depurar la magistratura tantos años infectada, detectar las redes internas de corrupción vinculadas a organizaciones criminales de usurpadores, nacotraficantes, extorsionadores y otras, y prevenir que esas cosas no ocurran a futuro. Se necesita para eso una oficina de control con capacidad de investigación de inteligencia en las Cortes Superiores, muchas de ellas cooptadas, como decimos, por redes ilícitas externas de diverso tipo.

Al respecto, el Presidente anunció un proyecto de ley que crea la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, en reemplazo de la OCMA y de la Fiscalía de Control Interno. Se trataría de “un verdadero sistema especializado interno de anticorrupción donde sus titulares sean elegidos por concurso público”. Agregó que “el Poder Ejecutivo se comprometerá a asignar una policía especializada para el apoyo de su labor; promoviendo un control preventivo identificando las áreas posibles de riesgo”. El propio Poder Judicial, en el Plan de reformas que acaba de publicar, propone crear una “Oficina de Investigaciones especiales” integrada por investigadores especializados para indagar sobre redes de corrupción en el Poder Judicial y el Ministerio Público. Y fortalecer el sistema de protección del denunciante.

Muy bien. Parece que vamos por buen camino en el tema de la reforma del sistema judicial. Faltó, sin embargo, anunciar un proyecto de ley para modificar el artículo 454 del Código Procesal penal que impide acusar directamente y detener, en los mega-operativos, a los fiscales y jueces vinculados a organizaciones criminales. También faltó incluir propuestas para la reforma y depuración de la Policía Nacional, algo que requiere acuerdo político y una ley  a fin de que los policías cesados no sean repuestos por el Poder Judicial precisamente.  

La no reelección de congresistas sería un grave error: populismo político

El problema está en la reforma política. El Presidente anunció que sometería referéndum la reelección de los Congresistas. Su explicación fue: “Actualmente la ley prohíbe la reelección de alcaldes, gobernadores regionales y del Presidente de la República. Siendo todas estas autoridades elegidas por el pueblo, deseamos consultar a todos los peruanos si los legisladores debieran o no estar exceptuados”.

Se desprende que para el Presidente la reelección de los congresistas sería mala, y lo que se buscaría es que la población la desapruebe. Sería un grave error. Para comenzar, fue una mala decisión prohibir la reelección de alcaldes y gobernadores regionales, y existía ya un consenso para dar marcha atrás en esa enmienda constitucional.  Es el pueblo quien tiene que decidir si reelige o no a una autoridad. No se le puede quitar el derecho a reelegir a quien lo hizo bien. En el caso de los congresistas, este principio democrático se aplicaría nítidamente si tuviéramos un sistema de distritos electorales más pequeños, uni o binominales, en los que pudiese haber una relación directa entre el ciudadano y su representante de modo que si el ciudadano estuviese disconforme con la gestión de su congresista, pues no lo reelige, y punto. Pero si hubiese desempeñado bien su función de representación o como legislador, pues pudiera reelegirlo. Eso es lo democrático.

Distritos pequeños

En ese sentido, en lugar de llevar a referéndum la pregunta por la reelección de los congresistas que, por lo demás, no estaba en cuestión ni había sido planteada por nadie, lo que debería consultarse a la población es si está de acuerdo con el voto preferencial o si, más bien, no preferiría tener su propio representante elegido en un distrito electoral más pequeño. Esa reforma sí sería fundamental, porque llevaría no solo a elegir mejor a los representantes –porque se escoge entre un número menor de candidatos de distintos partidos- y a mejorar los canales de representación de modo que el ciudadano sienta que tiene voz y voto, sino porque un sistema de distritos electorales pequeños lleva a la larga a reducir el número de partidos porque fomenta la agregación de éstos.

Clase política y partidos

Pero hay otra razón de fondo por la que sería de grave perjuicio para la institucionalidad política del país que se aprobara la no reelección de los congresistas: que perderíamos toda esperanza de consolidar una clase política que conozca los problemas del Estado y el sistema constitucional y legal. Ya es un problema la baja tasa de reelección de nuestros congresos (27% en la última elección). En cada congreso nuevo muchos tienen que comenzar de cero y el país avanza poco. Lo que deberíamos analizar y remediar, más bien, son las razones por las que dicha tasa de reelección es tan baja. Y lo es por la fragmentación y volatilidad partidaria. Tenemos que consolidar un sistema de partidos, y para eso lo funcional es ir a un sistema de distritos electorales pequeños, como decíamos arriba, y disponer que la elección del congreso se haga junto con o después de la segunda vuelta presidencial.

Ese hubiese sido un tema de consulta mucho más relevante: que la población se pronuncie si los congresistas debieran ser elegidos luego de la segunda vuelta.

Financiamiento privado

El segundo tema de reforma política que el Presidente anunció llevaría a referéndum, es el del financiamiento Privado de los Partidos Políticos y las Campañas Electorales. Es probable, si no se explica bien, que la población se prenuncie en contra de esa posibilidad. Pero si no se establece simultáneamente que será el Estado quien financie cuando menos la publicidad en televisión de las campañas electorales, pues el único resultado de esto es que serán las organizaciones mafiosas –narcotráfico, minería ilegal, usurpadores de tierras, extorsionadores, etc.- las que financiarán a los postulantes o pondrán sus propios candidatos. Eso es algo que se manifestará clamorosamente en estas elecciones municipales y regionales que se vienen.

Bicameralidad

Y el tercer tema de la reforma política que se someterá a referéndum, es el del restablecimiento de la bicameralidad, “sin que ello signifique el incremento del número actual de legisladores”. Este es quizá el tema más apropiado para llevar a consulta popular. Si bien será difícil ganar, una buena campaña podría lograrlo y serviría para educar en el principio de la democracia como limitación del poder y en la necesidad de meditar bien las leyes antes de promulgarlas.

Fuera de estos temas relacionados a reformas constitucionales, el Presidente anunció cinco proyectos de ley interesantes. Ya hemos reseñado uno de ellos, pero uno muy importante es el que crea el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia. Este consejo será presidido por el propio Presidente de la República e integrado por los presidentes del Congreso, Poder Judicial, Fiscal de la Nación, Tribunal Constitucional, presidente del Consejo Nacional de la Magistratura y el Defensor del Pueblo. Está bien, porque, en la medida en que este Consejo está liderado por el un Presidente de la República que está realmente comprometido con la reforma, este mecanismo permitirá mantener el impulso y realizar el seguimiento necesario para asegurar que los cambios se ejecuten y que podamos, al cabo de uno años, contar con un sistema judicial moderno, eficiente y probo.

Conclusión

A nuestro juicio, el Presidente debería anunciar que para pensar mejor qué temas relativos a la reforma política se someterían a referéndum, se conformará una comisión que le formule una propuesta. La nuestra la acabamos de formular. Los temas que podrían someterse a referéndum, en cuanto a reforma política, son:

  1. Bicameralidad
  2. Eliminación del voto preferencial y su sustitución por distritos electorales pequeños
  3. Elección del Congreso luego de la segunda vuelta presidencial
Lampadia