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El sector privado tiene que ser mucho más proactivo

Entrevista de Lampadia
Liliana Rojas-Suárez
Directora de la Iniciativa Latinoamericana: Center for Global Development

Para Liliana Rojas-Suárez, la única forma de reactivar la economía es mejorar la confianza en que la situación se va a manejar de la mejor manera posible. La crisis es fiscal. El gobierno tiene que compensar a la gente con bonos, transferencias directas, no con moratorias o controles de tasas de interés, medidas que distorsionen el sector privado y financiero y que pueden afectar el acceso a financiamiento externo, que es vital. Debería planificarse un segundo bono, pues para los pequeños los mecanismos de garantías a los bancos no funcionan.

Pero se necesita que el sector privado sea mucho más proactivo, que comparta la carga. Debe plantearse qué hacer para ayudar al país a salir del problema, por su propio bien. Podría proponer un plan de recuperación, un listado de proyectos de inversión. El Perú no tiene cultura de reuniones público-privadas, pero esa no debería ser una restricción para el sector privado, no necesita la convocatoria. 

“No veo sentido de unidad, como ayudo. Sólo veo críticas”.

Añade que el proceso electoral será positivo si los partidos confluyen hacia lo que la gente demanda: inversiones en salud, resolver la informalidad. La gente se formaliza cuando siente el beneficio de la formalidad. Con los bonos la gente ha visto los beneficios de formalización digital. Hay que construir sobre esos beneficios.




El perjudicial cierre de las escuelas

El perjudicial cierre de las escuelas

En Lampadia: Se generan importantes daños y desigualdad advertimos de los grandes costos que entraña el cierre de escuelas para los países en vías de desarrollo como el Perú, en particular, por el estancamiento de la movilidad social que se genera producto de interrumpir el cierre de brechas de capital humano de los primeros años de escolaridad.

“La reapertura de las escuelas puede parecer un experimento precipitado con vidas jóvenes. De hecho, es un ejercicio de equilibrio de riesgos. Las escuelas son los motores más poderosos de movilidad social en cualquier sociedad. Deje entrar a los niños y déjelos aprender”.

A estos costos, cabe agregar otros de carácter colateral como por ejemplo la pérdida de productividad – y por ende de ingresos – de los padres que, por no poder solventar un cuidador/a, tienen que sustituir horas de trabajo por horas de cuidado de sus hijos. Otro aspecto a tener en cuenta también es que ante una recesión económica, como la que se está produciendo por el covid 19, se generan choques negativos en el gasto de los hogares lo cual produce una menor provisión de adecuada alimentación  hacia los niños, algo que los colegios podían proveer de mejor manera. En muchos casos, por la misma precaria situación económica, los niños podrían verse obligados por los padres al trabajo infantil, exacerbando las desigualdades anteriormente descritas.

Si es que se tiene en cuenta que la evidencia disponible al momento presenta poca letalidad del covid 19 hacia los niños además de una baja probabilidad de contagio de ellos hacia sus familias, se puede concluir que los costos de cerrar los colegios en la presente crisis sobrepasan largamente a los beneficios.

El MINEDU pues debería reflexionar una vez más sobre la decisión del cierre total de escuelas y por el contrario, diseñar un plan progresivo de reinicio del sector, considerando por supuesto ciertos protocolos de seguridad y sanidad que eviten los contagios. Un reciente artículo de The Economist,  que compartimos líneas abajo, presenta algunas ideas sobre cómo podría estructurarse este plan, dividido en varios fases y priorizando en la fase inicial a los niveles educativos más primarios, que es donde la literatura ha enfatizado como fases críticas en los procesos de aprendizaje y que además comprometen el potencial durante toda la vida de las personas. Lampadia

Los niños no están bien
Al facilitar los desbloqueos, los gobiernos deberían abrir primero las escuelas

Los costos de mantenerlos cerrados son demasiado altos

The Economist
30 de abril, 2020
Traducida y comentada por Lampadia

El covid-19 ha cerrado las escuelas del mundo. Tres de cada cuatro niños viven en países donde todas las aulas están cerradas. La interrupción no tiene precedentes. A menos que termine pronto, su efecto en las mentes jóvenes podría ser devastador.

Durante algunas epidemias es sabio mantener a los niños en casa; son propagadores eficientes de enfermedades como la gripe estacional. Sin embargo, parecen ser menos propensos a la captura y transmisión de covid-19. El cierre de las escuelas puede traer algún beneficio al frenar la propagación de la enfermedad, pero menos que otras medidas. Contra esto, se acumulan los altos costos para el desarrollo de los niños, para sus padres y para la economía.

Algunos países, como Dinamarca, están reabriendo gradualmente las escuelas. Otros, incluida Italia, dicen que no lo harán hasta el otoño. En EEUU, a pesar de los recientes llamamientos del presidente Donald Trump para que se abran las escuelas, la mayoría de los estados planean mantener sus aulas cerradas por el resto del año académico, y posiblemente más tiempo. Eso es un error a medida que los países alivian el distanciamiento social, las escuelas deberían estar entre los primeros lugares para desbloquear.

Considere los costos de excluir a los niños del aula. Ninguna cantidad de crianza en helicóptero o videoconferencia puede reemplazar a los maestros de la vida real o las habilidades sociales adquiridas en el patio de recreo. Incluso en los países mejor preparados para el aprendizaje electrónico, como Corea del Sur, la escuela virtual es menos buena que la realidad.

Los niños más pobres son los que más sufren. Las lecciones de zoom son de poca utilidad si su casa carece de una buena conexión Wi-Fi, o si tiene que pelear con tres hermanos por un solo teléfono. Y mientras que las familias más ricas a menudo incluyen padres bien educados que incitan a sus hijos a hacer su tarea y ayudar cuando se quedan atascados, las familias más pobres pueden no hacerlo.

La escuela también es importante para los padres, especialmente aquellos con niños pequeños. Aquellos que trabajan en casa son menos productivos si se distraen con fuertes lamentos y el misterioso silencio que presagia la mermelada que se extiende en el sofá. Los que trabajan fuera del hogar no pueden hacerlo a menos que alguien se preocupe por su descendencia. Y dado que la mayoría del cuidado infantil lo realizan las madres, perderán terreno en el lugar de trabajo mientras las escuelas permanecen cerradas.

En los países pobres los costos son aún mayores. Las escuelas a menudo ofrecen almuerzos gratis, evitan la desnutrición y sirven como centros para vacunar a los niños contra otras enfermedades. Los alumnos que se quedan en casa ahora nunca pueden regresar. Si el encierro empuja a sus familias a la penuria, es posible que tengan que salir a trabajar. Es mejor volver a abrir las escuelas, para que los padres puedan ganar y los niños puedan estudiar.

La réplica obvia es que cerrar las escuelas trae beneficios. El covid-19 puede ser mortal. Los padres no quieren que sus hijos lo contraigan o se lo den a la abuela.

De hecho, aunque los niños son muy susceptibles a la gripe, el covid-19 es diferente. Dos estudios de China que rastrean los contactos de personas infectadas encuentran que, en el peor de los casos, los niños no tienen más probabilidades de contraer la enfermedad que los adultos, y posiblemente menos. Si lo consiguen, tienen 2.000 veces menos probabilidades de morir que alguien mayor de 60 años.

Tampoco hay evidencia de que los niños que terminan contagiando la enfermedad sean propagadores silenciosos que la transmiten a sus familias. Los investigadores en Islandia y los Países Bajos no han encontrado un solo caso en el que un niño haya traído el virus a su familia. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, la agencia de salud pública de la Unión Europea, dijo la semana pasada que la transmisión de niño a adulto “parece ser poco común”.

Algunas de estas conclusiones se basan en pequeñas muestras. Tal vez no se haya visto a los niños transmitir la enfermedad porque las escuelas cerraron temprano y no porque no representen una amenaza especial. Quizás comenzarán a esparcirlo en el patio de recreo.

Por lo tanto, las escuelas deberían volver a abrir por etapas. Los niños más pequeños deben regresar primero, a guarderías y escuelas primarias. Tienen los cerebros más sedientos y parecen tener el menor riesgo. También exigen la mayor parte de sus padres, ya que pocos han comprendido los principios del aprendizaje autodirigido. Es poco probable que los niños pequeños mantengan su distancia de nadie. Las clases deben dividirse a la mitad para que puedan asistir en días alternos.

Los que se enfrentan a los exámenes deberían venir después. Varios países han cancelado pruebas importantes; otros las han pospuesto. Los estudiantes mayores pueden estar en mayor riesgo que los más jóvenes, pero también son más capaces de seguir nuevos protocolos. El distanciamiento social es posible en las escuelas secundarias, particularmente si se reduce el tamaño de las clases.

Las aperturas escolares deberán ser monitoreadas. Los científicos deben ajustar las reglas si es necesario. Los niños que deben quedarse en casa deben ser contactados directamente por la escuela. Los maestros necesitarán apoyo. Las personas más vulnerables a las infecciones, como los diabéticos, deberían poder enseñar de forma remota. El resto necesitará orientación sobre higiene y el distanciamiento social. Deben ser probados regularmente por el covid-19.

Es comprensible que los gobiernos desconfíen de ser llamados mandones: ningún político quiere dar órdenes que puedan ser ampliamente desobedecidas. Francia está considerando reabrir escuelas pero hacer que la asistencia sea voluntaria. El problema con este enfoque es que puede afianzar la desigualdad educativa. Una encuesta reciente sugiere que el 48% de las familias acomodadas enviarían a sus hijos de regreso; solo el 17% de los pobres lo haría. Bajo el cierre de Gran Bretaña, más de 500,000 niños vulnerables han podido ir a la escuela, incluidos aquellos con necesidades especiales; solo el 5% ha aparecido.

El mejor enfoque sería aplicar las reglas de asistencia de manera sensible. Insista en que la educación es obligatoria, pero no sancione a los padres asustados involuntariamente, especialmente si tienen razones adicionales para temer la infección. A medida que regresen las clases, los padres verán que es seguro y se les ocurrirá la idea de enviar a sus propios hijos. Los gobiernos deberían ayudar a los niños a recuperar las lecciones perdidas con escuelas de verano gratuitas, vacaciones más cortas y días escolares más largos.

La reapertura de las escuelas puede parecer un experimento precipitado con vidas jóvenes. De hecho, es un ejercicio de equilibrio de riesgos. Las escuelas son los motores más poderosos de movilidad social en cualquier sociedad. Deje entrar a los niños y déjelos aprender. Lampadia




Un modelo de relaciones viable para la industria minera

Un modelo de relaciones viable para la industria minera

Lino Abram Caballerino
Para Lampadia

La explicación de la importancia de la industria minera en el Perú es un tema que podríamos llamar, en términos figurados, un “lugar común” por lo que no parece necesario agregar más argumentos que los que han sido expuestos por incontables medios incluyendo conferencias, discursos, artículos académicos, periodísticos, etc. Sólo diré, sin necesidad de hacer un esfuerzo argumental, que la Minería es una actividad de la mayor importancia para impulsar el crecimiento y el desarrollo socio-económico del Perú.

La aceptación de tal afirmación conduce el pensamiento a la pregunta de porqué los proyectos mineros u operaciones en marcha provocan tanta oposición y tanta insatisfacción, ¿es que tenemos motivaciones tanáticas? ó sus beneficios no son tan evidentes para algunos sectores de la población o peor aún dañan los intereses de esos sectores?  Descartemos, aunque sea por razones analíticas, el concepto de las motivaciones tanáticas y nos quedamos con que los beneficios por tener una operación cerca de casa, no son evidentes o no son tangibles para la mayoría de los vecinos, por lo que ven razonable adherirse a los líderes que se oponen de modo sistemático o eventual a proyectos u operaciones mineras.

Es un hecho reconocido que la generación de riqueza de la industria minera tiene su base en recursos naturales que son propiedad de la Nación, es decir de todos los peruanos, pero también es un hecho que quienes nacen, poseen, crecen, fundan familias, trabajan y tienen ancestrales raíces en las tierras donde subyacen los recursos minerales se sienten más propietarios de esos recursos que el resto de los peruanos… y no les falta razón.  Si agregamos al sentimiento de propiedad, que, los vecinos al sitio minero son protagonistas pasivos de inevitables cambios ambientales, sociales, paisajísticos, resulta obvio que merecen recibir compensaciones que hagan justificables los cambios que, en alguna medida, afectan su modo de vida y que la extracción de los recursos, valiosos y agotables, les abran las puertas para su desarrollo individual y colectivo a largo plazo.  Ver en Lampadia: Una gran idea que no entienden – El gobierno destruye la potencia del ‘adelanto social’.

Las compañías mineras que asumen la inversión y la explotación minera, legítimamente, remarcan que asumen ingentes cantidades de dinero por el pago de impuestos y contribuciones, además del costo de programas voluntarios de relaciones comunitarias, y que son materializados por la vía de pago de impuestos y/o contribuciones al Gobierno Central, Gobiernos Regionales, Gobiernos Municipales o incluso a la Comunidad vecina. La cuestión crítica es que el dinero generado por la industria minera y recibido por las autoridades de las entidades mencionadas no se traduce en beneficios visibles y significativos, ni individuales ni colectivos para los vecinos y, para cuando ocurra el agotamiento de dichos recursos sus condiciones de vida no habrán tenido el cambio que implica el “Desarrollo Económico-Social”.  No es necesario citar casos o ejemplos; sabemos que ésta es la realidad para la mayoría de las comunidades del entorno a la mina. La creación de puestos de trabajo, accesibles para los vecinos, beneficia directamente a una porción menor de ellos y el incremento de la actividad económica local no logra ser asociado racionalmente con la operación minera.  Los conceptos amplios de contribución de la operación minera al crecimiento del consumo, del PBI, generación de divisas u otros, no causan impacto en la mayoría de las poblaciones locales, ni siquiera en las nacionales.

Las negociaciones y acuerdos circunstanciales con los vecinos de las operaciones mineras tienden a atenuar temporalmente la insatisfacción existente.  Por supuesto, existen casos en los que no se han logrado, ni siquiera, estos acuerdos circunstanciales.  Los proyectos han debido ser suspendidos indefinidamente. Es palpable que se requiere cambiar sustancialmente el modelo de relaciones de la industria minera con el Estado y las Comunidades vecinas.  Es necesario contar con un modelo por el que cada vecino vea y perciba que recibe beneficios individuales, que son tangibles y significativos, para que el hallazgo de un recurso minero sea visto como una bendición. 

Empecemos por reconocer la realidad: Las entidades que administran los impuestos y/o contribuciones son ineficaces e ineficientes, que no tienen una visión de futuro a largo plazo para los pobladores de las comunidades aledañas.  Un aspecto clave para tener un modelo exitoso es eliminar su intermediación para trasladar la responsabilidad financiera y gerencial a un ente Ad Hoc, dirigido por la propia compañía minera y supervisado por las entidades estatales y locales.

El otro aspecto clave es la creación de un polo de desarrollo que se incluya en el proyecto minero, siendo éste el principal proveedor de recursos para el financiamiento de un programa de inversiones en beneficio de las comunidades vecinas. El programa de inversiones debería contener los elementos necesarios para que sus efectos se materialicen en plazo inmediatos, y que perduren más allá de la vida útil de la operación minera.

Conociendo las carencias de nuestro país, parece obvio que a los servicios de salud y educación les correspondería un lugar prioritario, ya que representarían un beneficio tangible en forma inmediata, pero también beneficios relevantes con permanencia a largo plazo.

Otro aspecto de crucial importancia sería la introducción de tecnologías modernas para las actividades agropecuarias y la identificación de las ventajas competitivas de la zona para promover negocios exitosos que generen actividad económica, más allá de la vida de la mina. Los costos asumidos por la operación minera serían compensados con las obligaciones tributarias que le corresponden, bajo un modelo similar al de “obras por impuestos”.

La existencia de un plan de desarrollo motivado por la presencia de una operación minera permitiría, a los pobladores vecinos, adquirir un sentido de pertenencia: La mina es de todos y los beneficios son para todos. La aprobación del plan de desarrollo y del proyecto minero se convierten así en un paquete apreciable y su rechazo resultaría claramente un acto irracional.

Durante el proceso de diseño de un plan de desarrollo y su posterior supervisión sería indispensable crear y respetar espacios para la participación de los líderes políticos locales y regionales, pues sería de la mayor importancia que ellos perciban que el producto de estos procesos es un activo político que les corresponde.  También deberían tener un rol en la supervisión de la ejecución del plan de desarrollo.

La puesta en práctica del modelo de relaciones que se describe en este artículo es una tarea compleja y requerirá, en cada caso, tiempo para obtener resultados consensuados, pero constituiría un reemplazo para la situación actual que, para ser exitosa, ha debido adaptarse a requerimientos arbitrarios o que muestra una elevada tasa de fracasos. Pensemos en los proyectos mineros que se encuentran paralizados y coincidiremos en que bien vale la pena desplegar el esfuerzo. Imaginemos, también, cómo se vería Cajamarca si los altos montos de impuestos pagados por Yanacocha se hubieran aplicado, durante los últimos 20 años a un plan de desarrollo.

Esta propuesta o cualquier otra orientada a eliminar la intermediación financiera del aparato burocrático significará una contribución para superar el rechazo que enfrentan los proyectos de explotación de recurso naturales por las comunidades vecinas…y el Estado estará presente del modo que les interesa a los ciudadanos. Lampadia




El Estado no puede premiar los delitos con obras y beneficios

El Estado no puede premiar los delitos con obras y beneficios

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Ha llamado a preocupación nacional la debilidad extrema del gobierno en sendos acuerdos firmados con los transportistas y con la comunidad nativa de Mayuriaga.

  • Los transportistas que cometieron el delito de bloquear carreteras, fueron premiados con una reducción en el precio del diésel que llevará a todos los peruanos, según Elmer Cuba, a subsidiar a los transportistas con nuestros impuestos, fuera de permitirles no pagar algunos peajes durante cinco meses.
  • Y la comunidad nativa que había cometido el gravísimo delito de sabotear el oleoducto, ha sido recompensada con una serie de beneficios, obras y promesas de servicios, a muchos de los cuales tendrían derecho, pero no luego de haber obturado el oleoducto.

Preocupación similar causan también algunas de las explicaciones del viceministro de Gobernanza, Raúl Molina, dadas el sábado pasado en El Comercio. Estrenó sus respuestas con una gran contradicción, muy elocuente: Se les ha dicho (a las comunidades) que, si queremos desarrollo, debemos respetar la ley. Las comunidades amazónicas tienen innumerables brechas por atender, pero la forma de obtener atención del Estado no es vulnerando la ley o atentando contra la propiedad ajena”. Muy bien, pero acto seguido, en la misma oración, agrega: “Tampoco vamos a desatender a una comunidad porque realizaron una mala acción para obtener atención”. Es el reflejo exacto de lo que ha ocurrido.

Fiscalía y corte supra-provincial

Su justificación es que no han cedido al pedido de la comunidad de retirar las denuncias, que están en manos de la Fiscalía. “La fiscalía es independiente y el Ejecutivo no hará nada por vulnerar sus competencias. Tienen que hacer su trabajo”. Bueno, pero ya sabemos de sobra que no hacen su trabajo. Las fiscalías locales no acusan a los locales. Allí está el caso del bloqueo de la carretera en Fuerabamba, Apurímac, con estado de emergencia y todo. Los conocidos abogados que reinan en el corredor minero, profesionales de la extorsión, se han auto-incriminado varias veces, y ni la Policía ni el Ministerio Público son capaces de armarles un caso. Menos a los dirigentes.

¿Qué se espera para crear una fiscalía y una corte supra-provincial con sede en Lima para acusar y procesar en estos casos que no solo constituyen delito flagrante, sino que comprometen el desarrollo del país al bloquear la salida de mineral y de petróleo? El imperio de la ley es fundamental si queremos tener los recursos justamente para cerrar las brechas históricas en nuestro país. Alentar los actos de violencia como método para atender brechas lleva a la destrucción de toda posibilidad de resolverlas en el mediano y largo plazo.

Sí hay lesionados, y muchos

Molina defiende el diálogo aun en condiciones de extorsión con el siguiente argumento: “La prueba es que tengo poco más de 10 meses en el cargo y no ha habido ningún lesionado en conflictos. Nuestra premisa es buscar soluciones dialogadas hasta el final”. Por supuesto que hay que buscar siempre el diálogo, pero también la aplicación de la ley. Uno no puede ir sin la otra.

Pero aquí hay dos atingencias importantes. La primera es que no es cierto que no haya habido lesionados. Hace solo algo más de un mes, en Fuerabamba precisamente, los medios informaron que 12 policías fueron heridos y dos de ellos de gravedad, y el campamento policial incendiado. Y no se conoce de ningún procesado por esos hechos. No solo eso: según la Defensoría del Pueblo, el 2018 hubo 134 heridos y 5 muertos en los conflictos.

De acuerdo a estos cuadros, en los últimos diez meses de gestión del señor Molina hubo 84 heridos y 2 muertos en conflictos sociales. Pareciera que el problema de los conflictos no está en su radar ni en su escala de prioridades. De lo contrario habría notado el número de víctimas que producen.

Las mesas de diálogo producen más conflictos

La segunda atingencia es que la creación de mesas de diálogo para resolver conflictos, solo ha producido más conflictos. Por la sencilla razón de que el Estado peruano no ha sido capaz de cumplir con los compromisos adquiridos en esas mesas. Según el reporte Willaqniki N°01-2019 de la Secretaría de Gestión y Diálogo Social (SGDS), que pertenece justamente al viceministerio de Gobernanza, hay en la actualidad 112 mesas de diálogo en curso. Pero, como podemos ver, esas mesas y otras anteriores han producido 1,462 compromisos pendientes de cumplimiento, de los cuales 1,118 corresponden al Estado, principalmente a los distintos sectores del Ejecutivo.

Lo que ocurre es sencillamente que las mesas de diálogo se resuelven con compromisos que después el Estado no puede cumplir o se olvida de cumplir. Los sectores, por ejemplo, no colocan en el presupuesto del siguiente año los compromisos adquiridos, y el sistema de seguimiento de los compromisos, a cargo de la mencionada Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM, no ha funcionado para asegurar su cumplimiento. El propio Molina lo reconoce en alguna medida: “Hay que firmar actas en procesos complejos como el de Mayuriaga, pero trabajamos para no firmar compromisos fuera de nuestro alcance. Las actas hoy son menos ambiciosas. Es mejor firmar varias actas progresivas que una enorme que no podamos cumplir”.

El problema es, efectivamente, que el incumplimiento por parte del Estado desata a su vez más conflictos, en un círculo vicioso:

Las mesas de diálogo se convierten en un recurso de última instancia cuando el conflicto ya ha estallado. Pero la cosa es aún más compleja. Muchas comunidades y dirigencias provocan conflictos para generar precisamente mesas de diálogo, porque se espera obtener a través de ellas de manera rápida lo que de otra manera tomaría todo el proceso presupuestal normal que tarda mucho tiempo. La mesa de diálogo es una suerte de fast track para obtener obras o servicios. Pero lo que ocurre es que para salir del problema el gobierno ofrece proyectos que luego no se ejecutan. Lo que a su vez provoca más conflictos.

De lo que se trata es de impedir que el conflicto estalle. Para eso se necesitaría no solo una SGDS capaz de montar un oportuno sistema de alerta temprana (tarea que el ministerio de Energía y Minas cumple mejor, dicho sea de paso), sino sobre todo un Estado capaz de estar presente para resolver los problemas y ofrecer servicios eficientes y desarrollo integral e integrado al mercado, de manera de prevenir que se gesten situaciones conflictivas. Es decir, no diálogos para resolver conflictos, sino una comunicación estructural permanente, un Estado internamente comunicado y conectado con la población.

Si las minas y el Estado se preocuparan por infundir tecnologías que aumenten la productividad rural, los campesinos no estarían golpeando a la mina para obtener beneficios, sino que estarían produciendo para el mercado y para la propia mina, convertidos en empresarios integrados a cadenas productivas dentro del mercado nacional.

No hay un alto funcionario coordinador

Y eso, un Estado presente y articulado, responsabilidad del propio viceministerio de Gobernanza de la PCM, no lo tenemos. Por ejemplo, en cada región minera debería haber un alto funcionario de la PCM asegurando la coordinación y la sinergia entre los sectores y entre los tres niveles de gobierno, con una visión territorial, para asegurar una acción coherente y oportuna del Estado en su conjunto. No existe tal cosa, como si la inversión minera no fuera vital para el crecimiento nacional.

No solo eso, resulta que la PCM efectivamente está creando este año 5 Agencias Regionales de Desarrollo para asegurar articulación intersectorial e intergubernamental, pero ¡en regiones no mineras!: La Libertad, Ayacucho, Tacna, San Martín y Piura. Como si no tuviera conciencia de la importancia estratégica de la minería para el desarrollo nacional.

El único que intenta jugar un papel coordinador en el terreno es el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), que está creando unos llamados “Comités de Gestión e Información Minero Energético” en las regiones mineras para seguimiento de compromisos, información, buenas prácticas e impulsar proyectos de desarrollo y bienestar. Pero no tienen el empoderamiento de la PCM y carecen de capacidad de convocatoria.

El canon minero no funciona

Ahora bien, se extrañaría menos un Estado articulado y presente, si funcionara el canon minero. Pero no funciona. El canon no sólo no sirve para producir desarrollo integral en las zonas mineras, sino que genera gran corrupción y conflictos. Este es un caso de desperdicio absoluto de cuantiosos recursos. Mediante el canon minero el presupuesto nacional –el país- renuncia a disponer del 50% del impuesto a la renta que pagan las empresas mineras, para que sea invertido en el desarrollo de las comunidades y regiones donde están las minas. Esto, de paso, para que la población cercana a las explotaciones mineras perciba los beneficios que trae la minería. Pero eso no ha ocurrido.

El canon minero ha aportado a las regiones casi S/.40 mil millones entre 2000 y 2015, pero no ha producido desarrollo integral y, como podemos ver en los siguientes cuadros, la conflictividad ha subido junto con él. 

Fuente: Sebastiao Mendonca Ferreira: Para reducir la Conflictividad Minera.
Publicación de Lampadia 2017

El problema está en el manejo de los recursos del Canon, a cargo principalmente de los alcaldes distritales cercanos a la mina y también, en segundo término, de los alcaldes provinciales del departamento y del gobierno regional. Los alcaldes distritales carecen de capacidad de ejecución y la gestión de esos recursos se vuelve muy corrupta. Muchos alcaldes distritales usufructuarios del canon están hoy en la cárcel.

Es hora entonces de sincerar esta situación y avanzar hacia una reforma seria del manejo de los recursos del canon. Este debe hacerse dentro de fórmulas institucionales que aseguren la ejecución de un plan serio de desarrollo rural y urbano integral que conecte eficientemente y de manera sostenible a los campesinos y pobladores urbanos con el mercado. 

En ese sentido, el canon que produce cada empresa debería ser manejado por un organismo micro-regional o por un fideicomiso o por un PMO o por un esquema similar al que se aplicó para manejar las contribuciones voluntarias de la época de Alan García que luego Humala convirtió en gravámenes y derechos mineros que son captados a nivel central. Los alcaldes podrían integrar un directorio. Pero no se puede seguir soslayando irresponsablemente este tema.

Conclusión

En resumen, si queremos realmente prevenir los conflictos y lograr que la minería produzca el desarrollo de las regiones mineras y provea los recursos para el desarrollo nacional, necesitamos un Estado que coordine en el territorio, de servicios eficientes, use el canon para producir desarrollo integral, a la OEFA para garantizar equilibrio ambiental, y sea capaz de imponer la ley cuando hay delito.

Por supuesto, también necesitamos empresas mineras que expliquen bien sus procesos tecnológicos y fomentan integración de campesinos y economías locales al mercado aumentando su productividad. Es decir, que hagan desarrollo compartido. No es tan difícil.

Mientras nada de esto ocurra, seguiremos asistiendo a vergonzosas actas de solución de conflictos que premian la comisión de delitos, estimulando la violencia en el país. Lampadia




Acero: Aumento de aranceles de EEUU es un boomerang

El proteccionismo del gobierno de Trump está desmontando el sistema de libre comercio que tomó muchos años en forjarse, habiendo sido los EEUU su principal impulsor.

La nueva ola proteccionista se expresó con gran show y promesas de bienestar para la industria local y para el estadounidense común con el caso del acero, que empezó con una tasa de 25%, que hoy alcanza a 59 tipos diferentes de acero. Pero lo peor, es que, para efectivizar la medida, el gobierno ha tenido que recurrir a procesos de licencia previa de importaciones, mediando las correspondientes superaciones de las oposiciones de los productores locales. Algo que empezó con plazos de 30 días y ya se ha salido de las manos. Medidas que los peruanos conocemos por experiencia propia durante los fatídicos años 80.

No solo eso. Más allá de las justificaciones falsas para justificar la medida arancelaria, como, por ejemplo, seguridad nacional, los resultados en el empleo ya se ven negativos, tal como sucedió en el gobierno de Georg W. Bush, quién tuvo que desmontar el esquema a los 18 meses de su incepción.    

Así es el proteccionismo, solo termina desprotegiendo a quienes supone proteger.

Los agentes económicos responden a incentivos, y muy espacialmente a las señales de precios. Los impactos de la manipulación de precios, mediante elementos ajenos a las decisiones de negocio y de mercado, terminan, generando una serie de efectos colaterales adversos. Además, los procesos proteccionistas se terminan auto reproduciendo y multiplicando vertical y horizontalmente. Ver en Lampadia: Cuando el Estado interviene en los mercados se cae en abismos (Del ‘ogro filantrópico` o la ‘mano negra’).

¿Tendrá el gobierno de Trump la capacidad de enmendar errores? Está por verse.

Como invocamos hace medio año, con ocasión de la Cumbre de América, el Perú debe levantar las banderas del libre comercio, el único espacio económico global que nos permite traer riqueza desde el exterior para propiciar el bienestar de los peruanos. 

Luego de leer nuestro análisis los invitamos a leer el informe de Project Syndicate al respecto:

El lío proteccionista de Trump

Anne O. Kruger
Traducido por Esteban Flamini
15 de noviembre de 2018
Project Syndicate
Glosado por Lampadia

Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos lideró al mundo en la reducción de barreras proteccionistas y la creación de un sistema comercial abierto basado en reglas. Eso dio lugar a medio siglo del crecimiento económico más rápido de la historia de la humanidad. Pero el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump se ha lanzado a deshacer el progreso alcanzado, echando a correr un proteccionismo contagioso, que probablemente se extenderá mucho más allá de las industrias que el presidente quiere aislar de la competencia extranjera.

Tómese por ejemplo la importación de acero, a la que el gobierno de Trump impuso en marzo un arancel del 25%.

  • Como fundamento para la medida se adujo la “seguridad nacional”, pese a que la industria militar estadounidense equivale a apenas el 3% del consumo de acero del país.
  • Si a Trump realmente le preocupa la seguridad nacional, ¿por qué Estados Unidos no mantiene mineral sin explotar como reserva estratégica para futuras hostilidades?
  • En cualquier caso, los aranceles también alcanzan a aliados de Estados Unidos como Canadá, lo que desmiente el argumento de la seguridad nacional, de una vez y para siempre.
  • En el caso de rivales como China, las importaciones de acero ya estaban sujetas a aranceles de hasta el 70%, y solo se correspondían con un 2% del consumo estadounidense de acero.

Ahora Estados Unidos grava la importación de 59 tipos diferentes de acero. Si una empresa estadounidense no puede obtener un proveedor local, debe pagar el arancel o solicitar una exención (“exclusión”). Si opta por lo segundo, debe declarar la cantidad y la fortaleza del acero que necesita, su composición química, las dimensiones del producto (por ejemplo, tubos o láminas), etc.; y tiene que presentar una solicitud por separado para cada tipo de acero, incluso si la única diferencia son las dimensiones. Además, hay que demostrar que no se pudo obtener localmente. [El mismo procedimiento que tuvimos en el Perú en los años 80 con las fatídicas y fatales licencias de importación].

Una vez recibida la solicitud, se publica por 30 días, para dar a productores locales la posibilidad de cuestionarla. Si no aparece ningún proveedor alternativo, se supone que el solicitante recibirá una exención, válida por un año, en un plazo de siete días desde el final del período de oposición. Pero en realidad, las exenciones se están otorgando con grandes demoras.

El Departamento de Comercio de Estados Unidos contrató a 30 empleados nuevos para que revisaran las solicitudes como parte del proceso de oposición y exenciones. Pero al 1 de noviembre, se habían presentado 31,527 solicitudes y 14,492 oposiciones de productores de acero. Según QuantGov, la Oficina de Industria y Seguridad de Estados Unidos aprobó 11,259 solicitudes, rechazó 4,367, y todavía tiene que procesar más del 50% de las que recibió. Al 2 de noviembre, el precio del acero laminado en caliente en Estados Unidos registraba un alza interanual del 33.4%.

Allá por el 2002, cuando la industria estadounidense del acero convenció al presidente George W. Bush para que subiera los aranceles a las importaciones del 8% al 30%, el sector empleaba a unos 187,000 trabajadores. Se calcula que los nuevos gravámenes llevaron a la creación de unos 6,000 puestos de trabajo en el sector, pero se perdieron unos 200,000 empleos en las empresas estadounidenses consumidoras de acero. El gobierno de Bush terminó anulando todos los aranceles 18 meses después de haberlos introducido.

Hoy en Estados Unidos hay unos 80,000 trabajadores del acero, y las empresas consumidoras emplean a varios millones más. Según un estudio publicado en marzo, los aranceles de Trump al acero y al aluminio pueden crear 33,400 puestos, pero destruirán 180,000 puestos en el resto de la economía.

Todo esto era predecible. Los aranceles al acero ya están poniendo a las empresas consumidoras (por ejemplo, fabricantes de autos, máquinas herramientas y equipamiento agrícola) en seria desventaja respecto de sus competidoras extranjeras. Y mientras esas empresas pierden cuota de mercado, la industria estadounidense del acero también perderá competitividad, al estar protegida de la competencia extranjera.

Como demuestra la enorme cantidad de solicitudes de exención, administrar una política proteccionista es extremadamente complejo, incluso si se trata de una sola industria. Y ahora, el lío proteccionista de Trump se está poniendo peor. Corea del Sur aceptó adoptar “restricciones voluntarias a las exportaciones” a cambio de una exención respecto de los aranceles estadounidenses al acero, y ha encargado a su asociación local de productores la distribución de cuotas de exportación entre sus miembros. Pero las autoridades aduaneras estadounidenses todavía tendrán que incurrir en el costo de controlar todas las importaciones de acero.

Para colmo, el gobierno estadounidense analiza la introducción de otros aranceles. En un mitin de agosto, Trump volvió a amenazar con imponer un gravamen del 25% a los automóviles, en particular los importados desde la Unión Europea. El Instituto Peterson para la Economía Internacional calcula que, si cumple las amenazas, el costo de un auto nuevo en Estados Unidos aumentará entre 1,400 y 7,000 dólares, tanto si es de fabricación nacional o extranjera. Además, Benn Steil y Benjamin Della Rocca, del Consejo de Relaciones Exteriores, hallaron que los aumentos de costo derivados de los aranceles al acero ya han puesto en riesgo hasta 40,000 empleos en la industria automotriz estadounidense.

En síntesis, los aranceles de Trump al acero ni reducirán el déficit de cuenta corriente de Estados Unidos ni generarán creación neta de empleos. Los aranceles a las importaciones no tendrán ningún efecto sobre esos indicadores, pero sin duda aumentarán los costos para los consumidores y productores estadounidenses. Lampadia




No hay peor esclavitud que la ignorancia

Una frase decía que ‘todos somos esclavos de nuestra propia ignorancia’, pero cuando desde las plataformas de quienes están llamados a informar, educar y empoderar a los ciudadanos, se siembra ignorancia, se está utilizando el privilegio de comunicar para fines protervos que debemos rechazar con toda nuestra indignación.

El proyecto en los medios

Una vez más el diario La República siembra mentiras, tuerce las informaciones y promueve que los jóvenes (a los que ha engañado con sus publicaciones) exijan que se les quiten oportunidades de mejorar su deficiente educación.

Como mostraremos líneas abajo, el proyecto de ley sobre las ‘experiencias formativas en situaciones reales de trabajo’ no pretende esclavizar a ningún joven, sino, darles mejores oportunidades de formación. Pero se ha presentado así:

Pero esta torpe actitud mediática ha ido mucho más allá del diario La República. Por ejemplo, la noche del 21 de febrero pasado, en que se difundió la noticia, la periodista de RPP mal informó y, lo que es peor, luego de recibir la llamada de la autora del proyecto, la congresista Bartra le aclaró el tema, pero la periodista insistió en mal informar. Peor aún, RPP nunca enmendó el error de su periodista, lo hizo suyo en varias otras ocasiones.

En este caso, al contrario de los consejos de Christine Amanpour en su discurso sobre “Veracidad antes que neutralidad”, donde afirma que debemos tener cuidado en dar equivalencia moral. Para RPP bastó el comentario de la congresista Indira Huilca, la que por razones políticas miente sobre la muerte de su padre, para desvirtuar un proyecto aprobado por unanimidad en la comisión de educación.

Pero pasados varios días, en que las aclaraciones se habían multiplicado, los medios más representativos, como América Televisión anoche, 25 de febrero, en su programa icónico ‘Cuarto Poder’ (alguna vez llamado, ‘poder de cuarta’), su conductora, Sol Carreño, siguió sembrando mentiras y distorsionando la realidad. Ante las explicaciones de la congresista Bartra, que desvirtuaban sus asertos, terminó afirmando sibilinamente que seguramente habían ‘intereses’ de las empresas que se iban a beneficiar con el ‘trabajo’ gratuito de los jóvenes y preguntó, ¿está usted segura que María Isabel León no ha intervenido en el proyecto? Porque ella tiene intereses en los institutos de educación. ¡Qué barbaridad! Esto no es periodismo.

La verdad del proyecto

  • No se refiere a trabajo juvenil.
  • No se refiere a prácticas pre-profesionales.
  • No beneficia a las empresas.
  • Solo pretende mejorar la calidad de los componentes de estudios prácticos.
  • Tiene un tope de 20 horas semanales, y un promedio de 15 horas mensuales (448 / 3años = 150 horas anuales. 150 / 10 meses por año = 15 horas mensuales en promedio).
  • Es voluntario para todas las partes.
  • ¿Por qué lo necesita un alumno de un instituto técnico? Porque, ante las limitaciones económicas de los institutos que no cuentan con equipos de última generación, para que los jóvenes se familiaricen con ellos, complementando la formación teórica con educación práctica, se encontró una modalidad imaginativa para extender el espacio de formación a algunas instalaciones de empresas privadas.
  • Las empresas que hagan los convenios, tendrían que hacer algunos sacrificios, y asumir algunos costos, para permitir la interacción con los estudiantes, que solo puede darse razonablemente, por períodos muy cortos, pues implica una pérdida de productividad, en relación a su personal capacitado.
  • El proyecto no salió entre gallos y medianoche. Se presentó el 2016, se aprobó en abril del 2017. Se recabaron varias opiniones institucionales. Se aprobó por mayoría en la comisión de educación.

Ver el pdf del proyecto en el siguiente enlace: Modificación de la Ley 28518.

Opiniones de miembros del Gabinete

La primera ministra, Mercedes Aráoz, también fue víctima de las reacciones mediáticas y de las expresiones de los jóvenes llevados a las calles por la manipulación político-mediática.

Mercedes Aráoz, que ya tuvo una gran confusión en Davos, representando al Perú, se acomodó al ruido político. Planteó que se contemple una remuneración, lo que desvirtuaría completamente la naturaleza del proyecto, creando una relación laboral. Lo que seguramente impediría ir adelante con una simple ampliación del espacio de estudios en instalaciones que, con esfuerzo, algunas empresas podrían poner al alcance de estudiantes que no cuentan con instalaciones adecuadas en sus centros de estudios.

La declaración de Idel Vexler, ministro de educación, si se destacó como consecuente: “Es preferible mejorar el desempeño y la calidad de la educación de los institutos en beneficio de sus estudiantes”.

Conclusión

El resultado de esta reacción absurda y destructiva, será que no se pueda mejorar la formación de los alumnos de los institutos técnicos. Como siempre sucede con las obstrucciones irracionales, los más perjudicados serán los más pobres, que no tienen como costear su formación en institutos privados de primer nivel, unos terminarán sin empleo, otros laborando en oficios de menores exigencias técnicas.
 
Resulta que las congresistas Marisa Glave e Indira Huilca, las que con gran sentido de oportunidad se multiplicaron en los medios para encender las cajas de resonancia que tienen bien engrasadas en varias empresas periodísticas, terminan llevando al país de la nariz a los despeñaderos que siempre promueven. ¡Qué vergüenza! Lampadia



Los peruanos aseguran que la minería es esencial para el Perú

Los peruanos aseguran que la minería es esencial para el Perú

La economía sigue bajando su ritmo de crecimiento. Las expectativas de crecimiento bajan constantemente, pasando de un 4% a un 2%. Esto se debe a que, desde el inicio de la gestión del nuevo gobierno, se evitó poner la necesidad de recuperar la inversión minera en la primera fila. El gobierno nos ofreció un crecimiento que se daría como producto de la simplificación de trámites y de la inversión en infraestructuras. 

Pero el problema no radica solamente en destrabar proyectos, sino en un cambio de mentalidad de los peruanos y de los medios de comunicación e instituciones. En el Perú se desarrolló una campaña para llevarnos a rechazar el desarrollo del sector minero, afirmando que la minería “exporta piedras”; comparando el desarrollo de la minería con el del guano y el caucho (en el libro “¿Qué se puede hacer con el Perú?” de Piero Ghezzi y José Gallardo y en el de Carlos Ganoza y Andrea Stiglich, “El Perú está calato”).

Fuente: semanaeconomica.com

Estas expresiones son erróneas y parte de agendas subalternas que pretendieron desmerecer nuestro crecimiento y sostener, falazmente, que somos primario-exportadores, que estaríamos sufriendo la ‘enfermedad holandesa’, que somos víctimas de la maldición de los recursos naturales y que las exportaciones mineras no tienen valor agregado. Ver en Lampadia: El sorprendente valor agregado de la minería

Pero parece que la aguja está cambiando de dirección, ya que durante la edición 33 de la convención minera Perumin, se ha publicado la última encuesta de El Comercio-Ipsos, que analiza las percepciones sobre la actividad minera en el Perú urbano. Las tres preguntas principales analizan la importancia del sector minero, su contribución a la economía del país y si las personas consideran conveniente desarrollar estos proyectos. La respuesta es innegable: ¡Sí, queremos! Entre el 79% y 87% (cifra varía dependiendo de la pregunta) de las personas encuestadas están de acuerdo.

Este consenso por el aporte de la minería no se ha visto ni en época electoral. Parece que por fin las personas han decidido que no quieren tirar por la borda una riqueza que ha producido muchos beneficios económicos y sociales y que puede crear mucha riqueza adicional por largos años. Dicha riqueza es esencial para generar los recursos que nos permitan superar nuestras brechas sociales y económicas y, sobre todo, para que ante la revolución tecnológica en ciernes podamos nivelarnos con los países más desarrollados en el más corto plazo posible.

Mejor aún, las personas encuestadas son conscientes de los grandes aportes de la minería al país. Reconocen los aportes de la minería en generación de empleo de calidad, en transferencia de tecnología, en generación de producción industrial peruana, en los múltiples encadenamientos que tiene con otros sectores, en generación de divisas y en aportar importantes recursos fiscales; mediando por supuesto, los mejores estándares ambientales y sociales. La minería debería recibir el apoyo abierto de la población, a lo que puede ser una de sus palancas más efectivas de desarrollo.

La minería tiene una gran capacidad de dinamizar el empleo en toda la economía. Por cada puesto generado de forma directa en el sector minero extractivo se generan adicionalmente 6.25 empleos en el resto de la economía. De estos 6.25 empleos adicionales, 1 se genera a consecuencia del efecto indirecto, 3.25 por el efecto inducido en el consumo y 2 por el efecto inducido en la inversión.

Recordemos que, según un estudio del IPE, titulado El Valor Agregado de la Minería en el Perú, “Se puede apreciar más claramente la importancia del sector en los últimos años si se analiza la contribución minera al crecimiento mensual del PBI. Por ejemplo, con el inicio de los últimos proyectos mineros grandes, Toromocho y Las Bambas, en diciembre del 2015 la minería contribuyó con 2.5 p.p. a un crecimiento mensual de 6.5%. Durante el 2016, el aporte continuó aumentando y, durante los meses de abril y mayo alcanzó a contribuir 2.5 p.p. y 3.7 p.p. a crecimientos de 2.7% y 4.8% respectivamente. Es decir, en esos meses el mayor crecimiento mensual nacional se debió directamente a la actividad del sector minero”.

Como afirma El Comercio (en su artículo compartido líneas abajo), “las expectativas de crecimiento de los próximos años podrían multiplicarse si, gracias a la recuperación de los precios de los principales metales que produce el Perú en el último año, se avanza con la exploración y ejecución de nuevos proyectos de mediana y gran dimensión. Quellaveco, de AngloAmerican, con una inversión estimada de entre US$4.000 millones y US$5.000 millones, ha vuelto a acaparar los reflectores.”

Dado que ya sabemos qué necesitamos hacer para lograr el bienestar general, debemos sindicar a los responsables de atentar contra proyectos positivos contra el Perú y actúa en consecuencia. Contamos con un sector que aporta un gran valor agregado a la economía, generando miles de millones de dólares de exportaciones. Pongamos en valor los recursos mineros que tenemos el privilegio de tener y actuemos en pro del desarrollo integral, duradero y sostenible, sin que los mitos y las mentiras nos aparten del camino de la reducción de la pobreza. Lampadia

 




Luchemos por el empoderamiento de las mujeres

Ayer fue un día de conmemoración a la lucha de la mujer por la igualdad. No es un día de festejo por ser mujeres, sino un día de agradecimiento a todas aquellas que pelearon para que las mujeres puedan opinar, votar, estudiar, trabajar, elegir el matrimonio (o no), elegir una religión, elegir el alto de una falda, etc. Y también es una manera de impulsar la constante e interminable lucha para que todas las mujeres puedan viajar solas sin correr peligro, caminar por las calles sin sentirse acosadas, disfrutar de una vida sin ser juzgada y tener iguales oportunidades laborales que los hombres.

Fuente: Twitter

Hoy, para muchos es increible que por la división de roles en la época de la caza y recolección, los seres humanos hayamos mantenido, por milenios, distintas formas de discriminación y desprecio por las mujeres que amamos y de quienes dependemos para respirar y alimentarnos nuestros primeros días de vida, para aprender a amar, para recibir la cultura de nuestros pueblos y para trascender a través de nuestros hijos.

Como afirmó José Ignacio Torreblanca, profesor de Ciencia Política en la UNED, en El País de España: “¿De verdad queremos seguir viviendo en una sociedad que discrimina a nuestras madres, hermanas, esposas, hijas y amigas solo porque son mujeres? No cabe la menor duda de que ellas están haciendo su parte; nosotros, no.

Y es que la igualdad no es una “preocupación de la mujer”, sino la responsabilidad de todos los individuos y de la sociedad en su conjunto y requiere la contribución activa de las mujeres y los hombres. En el pasado, la lucha por la igualdad ha sido principalmente liderada por mujeres. En la última década, sin embargo, ha habido un reconocimiento creciente del rol de los hombres en la construcción de la misma en el mundo.

Cada uno de nosotros puede ser un líder dentro de nuestras propias esferas de influencia adoptando una actitud pragmática para acelerar la neutralidad. A través de una colaboración decidida, podemos ayudar a las mujeres a avanzar y liberar su potencial en todo el mundo.

Según la Organización Mundial de la Salud, más de un tercio de las mujeres en todo el mundo han sufrido algún tipo de violencia de una pareja o violencia sexual de otro hombre. La ONU estima que alrededor de 133 millones de niñas y mujeres han sufrido mutilaciones genitales femeninas. En el lado económico, Christine Lagarde, del Fondo Monetario Internacional, afirma que existe “una conspiración insidiosa” contra las mujeres a través de leyes que varían en escala en todo el mundo y que impiden que las mujeres trabajen con los mismos derechos y beneficios que los hombres.

Líneas abajo podemos observar el Glass Ceiling Index de The Economist, donde cada país es calificado por el promedio ponderado de diez indicadores de educación superior, participación en la fuerza laboral, salario, costos del cuidado de los niños, derechos de maternidad, solicitudes a programas educativos de negocios y representación en empleos de alto nivel. Los países nórdicos continúan a la vanguardia en cuanto a la probabilidad de ofrecer trato igualitario en el mercado laboral, pero la mayoría se mantiene estable en el promedio de la OCDE.

En Lampadia agradecemos a las mujeres luchadoras que continúan incesantemente su lucha por lograr su igualdad y también a los hombres que protegen, cuidan y aman a sus mujeres (madres, esposas, hermanas e hijas) y que se unen diariamente a dar el ejemplo. Lampadia

Los mejores y peores países para ser una mujer trabajadora

El índice de ‘glass-ceiling’ de The Economist mide la igualdad de género en el mercado laboral

El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, una fecha designada por la ONU para celebrar y defender los derechos de la mujer. Para proporcionar un punto de referencia para el progreso de la igualdad de género en el mercado laboral, The Economist ha publicado su quinto “índice de glass-ceiling” anual. Combina datos sobre la educación superior, participación en la fuerza laboral, salario, costos del cuidado de los niños, derechos de maternidad, solicitudes a programas educativos de negocios y representación en empleos de alto nivel en una sola medida de donde las mujeres tienen las mejores oportunidades de igualdad de trato en el lugar de trabajo. El puntaje de cada país es un promedio ponderado de su desempeño en los diez indicadores.

El cuadro general muestra que la larga tendencia de mejorar las condiciones para las mujeres trabajadoras se ha estancado dentro de la OCDE, un club de países en su mayoría ricos. En 2005, el 60% de las mujeres estaban en la fuerza de trabajo; diez años después, esta proporción había subido ligeramente hasta 63% (era de 80% para los hombres en ambos años). Con relativamente pocas mujeres subiendo a los altos mandos, y redes masculinas ayudando a los hombres a llegar a la cima, la representación femenina en empleos bien remunerados y de alto estatus está más cerca de un tercio que a la mitad. Y la diferencia de salarios entre hombres y mujeres, dividida por los salarios masculinos, sigue siendo alrededor del 15%, lo que significa que las mujeres, en promedio, ganan el 85% de lo que reciben los hombres.

Estos anchos promedios ocultan amplias variaciones entre países. Los países nórdicos claramente lideran el mundo en temas de igualdad de género en el trabajo. Las cuatro primeras posiciones de este año pertenecen a Islandia, Suecia, Noruega y Finlandia, tal como lo hicieron en 2016 (aunque Suecia y Noruega cambiaron de lugar). Las mujeres de estos países tienen más probabilidades que los hombres de tener un título universitario y estar en la fuerza laboral. Constituyen el 30-44% de los directorios de las empresas, en comparación con un promedio de 20% en la OCDE. Y las participaciones voluntarias en partidos políticos significan que las mujeres están bien representadas en los parlamentos. En octubre, las mujeres ganaron un récord del 48% de los escaños en la cámara baja de Islandia. Posicionada en alrededor de dos quintos, la proporción de mujeres escandinavas en los escaños parlamentarios ocupa el 10% en el ranking mundial.

En el otro extremo del índice están Japón, Turquía y Corea del Sur. Las mujeres constituyen sólo alrededor del 15% de los parlamentos de estos países, y están subrepresentadas en puestos directivos y en directorios de empresas. En Corea del Sur, sólo el 2% de los directores de empresas son mujeres. Del mismo modo, menos mujeres que hombres han completado la educación terciaria y son parte de la fuerza de trabajo. Sólo el 35% de las mujeres turcas están trabajando o buscando trabajo, y sólo un 16% se han graduado de la universidad.

El progreso en la igualdad de género tiende a construirse sobre sí mismo. En Islandia, que actualmente ofrece el entorno de trabajo más igualitario para las mujeres según nuestro índice, las trabajadoras organizaron una protesta el pasado mes de octubre en la que salieron temprano de sus oficinas para llamar la atención sobre la brecha salarial del 14%. Si las mujeres japonesas y turcas hicieran lo mismo, saldrían mucho antes de sus oficinas.

 

 

 

 




Aprendamos de la gran crisis del 2008-2009

En este análisis presentamos la cuarta publicación de The Economist sobre las más importantes teorías económicas explicadas de una manera menos ‘matematizada’ y con énfasis en cómo estas teorías se aplican en la actualidad. Este artículo se refiere al gran debate sobre la adecuación de políticas públicas expansivas o contractivas para guiar las fluctuaciones del ciclo económico, especialmente en situación de crisis, como se hizo en el 2008/09.

Por un lado tenemos la austeridad. Los beneficios, en el campo de la gestión del presupuesto público, es que elimina gastos superfluos, mejora la eficiencia recaudatoria, devuelve la confianza a los mercados financieros internacionales, reduce el coste de la deuda y posibilita alcanzar un equilibrio entre ingresos y gastos que culmina con un relanzamiento de la economía del país después de un periodo (en teoría relativamente corto) de ajuste, en que se ha reducido el crecimiento y el empleo.

Sin embargo, como afirma The Economist, los efectos contractivos pueden provocar un debilitamiento en la capacidad productiva del país y una reducción significativa de la recaudación impositiva por efecto de la caída de rentas y del estímulo al fraude fiscal. Bajo estas condiciones pueden realimentarse los temores de impago de la deuda soberana en los mercados financieros internacionales, elevación del costo de una deuda pública creciente y entrar así en un círculo vicioso de austeridad y reducción del crecimiento y del empleo.

Por otro lado tenemos el estímulo fiscal, una de las propuestas innovadoras de John Maynard Keynes, quien afirmaba que cuando la economía está trabajando por debajo del pleno empleo, es la demanda más que la oferta quien determina la inversión y la renta. En estas situaciones, el dinero adicional gastado por el gobierno añadiría directamente producción, trabajo y rentas a través de los contratistas de obras, funcionarios o receptores de las políticas de bienestar social. Además, el nuevo gasto tendría efectos en cadena que podrían multiplicarse en el tiempo.

El debate económico en términos de la necesidad del estímulo fiscal o austeridad fiscal llegó a los gobiernos durante la última crisis económica internacional, donde Europa y Estados Unidos actuaron de manera completamente opuesta. Durante esta crisis ha quedado claro que los planes de estímulo propuestos por EEUU han triunfado en detrimento de las políticas de austeridad de Angela Merkel.

El estímulo económico de Barack Obama ha contribuido a terminar con la caída en picado de la economía; ha creado o conservado millones de puestos de trabajo; ha dejado un importante legado de inversión pública y privada. Y es que EEUU supo minimizar los efectos de la crisis mediante un plan agresivo de inyección de efectivo en la economía. Desde el año 2009 cuando se produjo un frenazo en la producción estadounidense, EEUU ha crecido a una media de más del 2.5% del PBI rebajando la tasa de desempleo hasta el 5.3%.

Por otro lado, en Europa se llevó a cabo la política contraria, la de los recortes y austeridad, que lo único que ha hecho es enfriar la economía.

Como afirmó José Luis Sardón, cuando era decano de la UPC, “el Perú debe recoger las lecciones aprendidas por las economías más desarrolladas, cuidando de no utilizar estímulos económicos similares, frente al eventual enfriamiento de la economía. Desde que la clave del éxito de una economía es la asignación de los recursos productivos a sus usos más valiosos, la única manera sana de estimular la economía es devolviendo la decisión sobre la asignación de los recursos productivos a quienes los generan con su creatividad y laboriosidad.”

Es importante que analicemos cuidadosamente las consecuencias de lo que sucedió en la crisis para que estemos preparados para los nuevos “períodos de vacas flacas” y que estos no afecten negativamente las perspectivas de desarrollo del Perú. Lampadia

Estímulo versus austeridad

Dudas soberanas

El cuarto en nuestra serie de artículos sobre la crisis financiera ve en el aumento de la deuda pública y el debate sobre la rapidez con que los gobiernos deben hacer recortes.

The Economist

18 de Agosto de 2016

Traducido y glosado por Lampadia

Los economistas son argumentativos. Sin embargo, antes de la crisis, la mayoría estaba de acuerdo en que el estímulo fiscal era una reliquia obsoleta. La política monetaria parecía totalmente capaz de domar el ciclo económico. Los esfuerzos del gobierno para aumentar el gasto o reducir los impuestos para luchar contra el desempleo solamente ensuciarían las cosas. Sin embargo, cuando la crisis golpeó en 2008, se evaporó el consenso.

La aterradora velocidad del colapso económico obligó a los gobiernos a tomar acción, a pesar de las dudas doctrinales de los economistas. En 2009, muchos países implementaron grandes medidas de recortes de impuestos y mayor gasto con la esperanza de activar el crecimiento. Este estímulo fue de 2% del PBI en promedio entre los miembros del club del G-20. Entre las primeras medidas de Barack Obama como presidente estaba firmar la Ley de Recuperación y Reinversión, un plan de estímulo valorizado en US$ 831 mil millones, o casi el 6% del PBI de ese año, de la cual la mayor parte se gastaría durante los próximos tres años.

Los partidarios del estímulo seguían las ideas de John Maynard Keynes, economista británico. Sus acólitos razonaron que la depresión se produce cuando hay demasiado ahorro. Cuando demasiadas personas quieren ahorrar y muy pocos quieren invertir, entonces los recursos (incluidos los trabajadores) se estancan. Las empresas y las familias pueden ahorrar demasiado debido a la incertidumbre financiera o porque están trabajando para “reducir el apalancamiento”.

En tiempos normales, los bancos centrales tratan de estimular el crecimiento mediante el ajuste de las tasas de interés para desalentar el ahorro y fomentar el endeudamiento. Sin embargo, a principios de 2009, los bancos centrales habían reducido sus principales tipos de interés casi a cero, sin conseguir el resultado deseado. El sobreendeudamiento, conjeturaron algunos, podría haber impedido que las personas pidan todos los préstamos que quisieran, sea cual sea el tipo de interés. Los keynesianos afirman que los gobiernos necesitan compensar por la falta de préstamos de las empresas y familias, pidiendo prestado y gastando más (o gravando menos) para fomentar el consumo del exceso de ahorro.

Cuando la economía está débil, los estímulos fiscales pueden ser especialmente potentes gracias a un efecto “multiplicador”. Un dólar gastado en la construcción de un ferrocarril, por ejemplo, podría ir a los salarios de un trabajador de construcción. A continuación, el trabajador puede utilizar el ingreso extra en comestibles, enriqueciendo al dueño de la tienda, que a su vez va de compras y así sucesivamente. Cada dólar de estímulo podría ser el resultado de dos dólares de output con un multiplicador de dos. (Los multiplicadores también se aplican a los recortes gubernamentales, amplificando la reducción del PBI.) Eso permite a los gobiernos entregar una explosión económica considerable con un costo fiscal moderado.

Sin embargo, el estímulo fiscal es más necesario cuando los gobiernos ya tienen costos adicionales que solventar. De 2007 a 2010, los países ricos vieron la proporción de su deuda soberana bruta con respecto al PBI subir de 74% a 101% en promedio. La deuda pública británica subió de tan sólo el 44% del PBI a 79%, mientras que el alza de Estados Unidos fue de 66% del PBI a 98%. Grecia se elevó en 40 puntos porcentuales, hasta el 148% del PBI (véase el gráfico 1). El déficit de Grecia era tan alto que cuando el gobierno lo anunció, la admisión desencadenó una crisis de confianza en las finanzas públicas en el sur de Europa, y por lo tanto en la viabilidad del propio euro.  

El estímulo no fue la razón principal de la acumulación de la deuda: el mayor lastre para las finanzas públicas provino de los ingresos fiscales más bajos, gracias a las ganancias débiles y el alto desempleo. Los rescates financieros añadieron a la cifra fiscal, al igual que los “estabilizadores automáticos”, medidas como las prestaciones por desempleo que elevan el gasto de forma automática y apoyan la demanda cuando se produce una recesión. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que casi el 60% del aumento de la deuda pública desde 2008 se debe al colapso de los ingresos, más del doble que el costo del estímulo y los rescates combinados.

Dado que el crecimiento volvió en 2010, algunos líderes argumentaron que era el momento de recortar el gasto público. Otros temían que la recuperación era demasiado frágil para permitir cualquier indicio de austeridad. No había duda de que “la consolidación fiscal” podría ser eventualmente necesaria, pero había mucha controversia acerca de cuándo se debía comenzar.

Gran Bretaña se movió rápidamente hacia la ‘sobriedad’, poniendo fin a su estímulo en 2010 y planificando futuros recortes. De 2010 a 2011, el gobierno redujo su déficit “estructural” del presupuesto (es decir, ajustado para tener en cuenta los costos cíclicos tales como estabilizadores automáticos) en dos puntos porcentuales, con caídas adicionales de un punto porcentual en 2012 y 2013. Varios países del sur de Europa tuvieron que hacer recortes aún más profundos ante la propagación de la crisis. Pero Estados Unidos mantuvo el gasto, agregando nuevas rebajas de impuestos al estímulo anterior. Como resultado, el déficit estructural disminuyó más lentamente.

El debate sobre estas políticas giraba en torno a dos cruciales incertidumbres. Una de ellas era el tamaño del multiplicador. Los escépticos estimaban que sería bajo, y que ni el estímulo ni la austeridad tendrían mucho efecto en la producción o el empleo. El estímulo simplemente absorbería recursos que de otro modo habrían sido utilizados por empresas privadas, argumentaron. Por otra parte, las empresas y los hogares probablemente guardan su parte de las ganancias, en lugar de impulsar la economía con el gasto, ya que se asume que la generosidad del gobierno era sólo temporal y que las contribución pronto iban a subir.

Los de una inclinación keynesiana le restan importancia a estas preocupaciones. Con un alto desempleo y una baja demanda privada de préstamos, había poco riesgo de que el gobierno “desplace” la actividad privada. De hecho, en una “recesión de balance”, con las familias endeudadas, forzadas pagar los préstamos rápidamente por la caída de precios de los activos, impulsando los ingresos de un estímulo fiscal que aceleraría el ajuste financiero, y generaría así una recuperación más rápida.

La otra pregunta era la cantidad de deuda que los gobiernos ricos podrían asumir sin dañar la economía. Por lo general, a medida las deudas públicas crecen, los prestamistas exigirán a los derrochadores gobiernos tasas de interés cada vez más altas. Eso conduce a tasas más altas para todos los demás, que reduce el crecimiento económico. Pero los partidarios del estímulo argumentan que una economía en crisis, con bajísimas tasas de interés, no tiene ninguna razón para temer de los ‘vigilantes’ del mercado de bonos. 

La evidencia académica, inevitablemente, también ha sido disputada. Carmen Reinhart y Kenneth Rogoff, de la Universidad de Harvard, publicaron un artículo muy citado afirmando que las tasas de crecimiento económico bajan bruscamente cuando la deuda pública supera el 90% del PBI. Los estudios complementarios también presentaron una relación negativa entre el crecimiento y la deuda, aunque no siempre en el mismo umbral. La investigación realizada por Alberto Alesina, de Harvard, y Silvia Ardagna de Goldman Sachs, mostró que la rectitud fiscal, sobre todo en forma de recortes de gastos en lugar de aumentos de impuestos, en realidad podría impulsar el crecimiento.

Los keynesianos cuestionaron las conclusiones de Reinhart y Rogoff, señalando que el crecimiento lento podría ser una causa de la elevada deuda en lugar de un síntoma de la misma. También pensaban que la “austeridad expansiva” de Alesina era una quimera. En el pasado, se observó que se había producido sólo bajo condiciones muy diferentes. Si el endeudamiento público hubiera estado tomando el  escaso crédito, empujando hacia arriba las tasas de interés para las empresas privadas, entonces los menores déficit podrían reducir las tasas y desencadenar un auge de la inversión. Pero  la mayoría de tipos de interés del mundo rico ya eran bajos; el problema era el ahorro excesivo.

Lo que es más, los keynesianos sustentan que los multiplicadores son mucho más altos durante las crisis más fuertes que en otras épocas. La investigación realizada por Lawrence Christiano, Eichenbaum Martin y Sergio Rebelo de la Universidad Northwestern sugiere que cuando las tasas de interés están cerca de cero, el multiplicador podría ser mayor que dos, ya que las personas tienen un incentivo mayor de lo habitual a gastar que a ahorrar. Una crisis financiera también eleva los multiplicadores, encontró otro estudio. El trabajo de Larry Summers, el arquitecto del estímulo de Obama, y ​​Brad DeLong de la Universidad de Berkeley en California, argumenta que dado el costo del desempleo prolongado, el estímulo podría pagarse por sí mismo durante una larga recesión. 

El tiempo ya está dejando veredictos. A principios del año pasado, un estudio de McKinsey señaló que el des-apalancamiento financiero en EEUU funcionó más rápidamente que en el Reino Unido y Europa. También el año pasado, el FMI publicó un análisis de sus previsiones económicas, y encontró que la austeridad engarza crecimiento mucho más de lo que se había esperado. Mientras mayores fueron los recortes previstos, más cayó la previsión de crecimiento, concluyó el FMI. El multiplicador sobre los recortes de gastos fue tal vez el doble de lo que los investigadores habían previsto en un principio. La austeridad española redujo el déficit estructural del gobierno en más de dos puntos porcentuales entre 2011 y 2012. Pero los recortes ayudaron a impulsar la economía en recesión. En realidad, el endeudamiento neto del gobierno aumentó.

En abril de este año, una investigación de la Universidad de Massachusetts socavó la conclusión de Reinhart-Rogoff que afirmaba que el crecimiento se desacelera bruscamente cuando la deuda supera el 90% del PBI. Resulta que un error en el análisis y datos cuestionables habían sustentado el resultado. No hay consenso entre los economistas en cuanto a qué nivel de la deuda daña el crecimiento, o si incluso si es posible establecer una regla de ese tipo.

Eso no quiere decir que el aumento del endeudamiento público no es nada de qué preocuparse, sin embargo. Una nueva investigación sugiere que los gobiernos menos endeudados son mucho más propensos a recurrir a los estímulos para fomentar el crecimiento económico, presumiblemente debido a que sienten que pueden permitirse el lujo de hacerlo. Puede tomar un buen tiempo en llegar (la deuda pública de Japón asciende actualmente a 245% del PBI), pero en algún momento demasiada tinta roja dará lugar a una crisis de la deuda. Las preocupaciones sobre la solvencia de un país conducirán a los acreedores a exigir mayores tasas de interés, que a su vez agravarán sus problemas fiscales.

Saber justo cuando cambiará el mercado de bonos depende de una serie de factores. Economías vistas como refugios, como Estados Unidos y Suiza, tienen más libertad: la agitación económica tiende a reducir sus costos de endeudamiento en lugar de aumentarlos. Ayuda si la mayoría de los acreedores son locales, como en Japón, ya que los pagos ayudan a impulsar la economía doméstica.

El pánico es más probable cuando la deuda se da en una moneda que el gobierno no controla, ya que el banco central no puede actuar como prestamista de última instancia. La incertidumbre sobre si el Banco Central Europeo va a desempeñar este rol ha avivado la crisis de la zona euro, por ejemplo. Si se lleva al extremo, la compra de deuda pública puede alimentar temores sobre la inflación, que a su vez puede dar lugar a mayores costos por intereses, mientras que los acreedores exigen una prima de riesgo de inflación. Sin embargo, durante la crisis, las economías eran tan débiles que las compras de los bancos centrales de bonos del gobierno, demostraron ser más tranquilizadores que preocupantes para los inversores, en parte debido a la reducción del riesgo de pánico y de default.

La hora de la verdad, sin embargo, puede estar más cerca de lo que parece. Bancos en quiebra pueden transformar rápidamente las cargas de deuda de moderada a galopante. Antes de la crisis, los activos de los bancos comerciales de Irlanda aumentaron a más del 600% del PBI. Las deudas de Irlanda explotaron de 25% del PBI en 2007 a 117% en 2012, sobre todo gracias a la suposición del gobierno sobre las deudas de los bancos después de la crisis.

Cada corte tiene su día

La austeridad, en conclusión, todavía tiene su lugar. Pero ¿qué tipo? Mientras que algunos economistas recomiendan recortes de gastos, otras investigaciones indican que los impuestos más altos también pueden funcionar. Ambos enfoques tienen sus costos. Gravar pagos puede distorsionar los mercados de trabajo; los impuestos al consumo pueden conducir a la inflación, provocando una política monetaria contractiva. Sin embargo, la reducción del gasto es más impopular y puede exacerbar la desigualdad.

La experiencia de los últimos años ha respondido la pregunta del cuándo. El momento de tomar el camino de la austeridad es, idealmente, cuando la economía puede soportarlo. No todos los gobiernos pueden darse ese lujo, por supuesto: el de Grecia, por ejemplo, no podría retrasar los feroces recortes puesto que ya no podría pedir prestamos suficientes para financiar sus déficits. Los que tienen más espacio para respirar deberían tratar de estabilizar sus deudas en el largo plazo, indica el FMI, mediante el establecimiento de planes para reducir sus déficits. Mientras más creíble sean sus planes, tendrán mayor margen de maniobra para apartarse de ellas si las condiciones lo justifican. Como insistía Keynes, el tiempo para la austeridad es el boom no la crisis.

Lampadia




Un economista de Harvard le pone colores políticos a la globalización

(El término “izquierda caviar” tiene su origen en la expresión francesa gauche caviar, que hace referencia a los políticos de izquierda que provienen de una clase social privilegiada. En el Perú se refiere a su estilo de vida de la burguesía).

En Lampadia pensamos que es muy importante que nuestros ciudadanos se nutran de la evolución del pensamiento sobre desarrollo y políticas públicas del mundo global. Pero, comprobamos una y otra vez, que la perspectiva que reflejan muchas publicaciones, incluso las de las luminarias de las mejores universidades de EEUU y Europa, requieren un análisis crítico para que podamos aprovecharlas debidamente.

Por ejemplo, en los últimos años, tanto en EEUU como en Europa, ha tomado mucho espacio el tema de la desigualdad que, efectivamente, ha crecido dentro de los países más ricos. Pero, a nivel global, la desigualdad entre ellos y los países emergentes, ha disminuido de manera importante.

En esta ocasión queremos analizar un último artículo de Dani Rodrik, titulado La abdicación de la izquierda, que publicó Project Syndicate (11 de julio, 2016). Rodrik es uno de los gurús de la Universidad de Harvard. En su articulo habla sobre el Brexit, la globalización y la política, el cual nos parece poco académico y más bien ‘jesuítico’.    

“Mientras el mundo no termina de recuperarse de la conmoción del Brexit, economistas y políticos comienzan a darse cuenta de que subestimaron seriamente la fragilidad política de la forma actual de la globalización. (…) reafirmación de identidades locales y nacionales, demanda de mayor control y rendición de cuentas democráticos, rechazo de los partidos políticos centristas y desconfianza hacia las élites y los expertos”.

“Algunos economistas (entre los que me incluyo) advirtieron sobre las consecuencias de llevar la globalización económica más allá de los límites de las instituciones que regulan, estabilizan y legitiman los mercados. La hiperglobalización comercial y financiera, dirigida a la plena integración de los mercados mundiales, desgarró las sociedades locales”.

En el plano económico, la globalización se expresa principalmente en el comercio y el financiamiento y las inversiones. Efectivamente, este proceso es en esencia un desarrollo de mercado. Sin embargo, en el plano institucional y político, seguimos con las instituciones de la pos guerra. Como hemos afirmado anteriormente, el mundo global necesita una mejor gobernanza global. Eso no hace negativa la integración comercial.

La integración comercial y financiera ha integrando efectivamente los mercados globales y ha producido inmensos beneficios para la humanidad en su conjunto, como una gran disminución de la pobreza global y de la desigualdad entre los países más ricos y los más pobres. En los últimos 40 años se ha duplicado la población mundial y se ha formado una clase media global de 3,000 millones de habitantes y, hoy los más pobres tienen mejores condiciones de vida que nunca antes, con mayor esperanza de vida, mejor alimentación y mejor salud. Se estima que en 20 años podamos superar del todo la pobreza.

Los problemas reales de los países más ricos no son por la globalización, son porque no han sabido medir y manejar sus capacidades. Han creado sociedades con fallas y déficits estructurales, crearon más derechos que deberes y, más pasivos que activos, son menos trabajadores, ahorrativos y creativos que antes y que otros, tienen más privilegios que nunca.

Sin embargo, ante los problemas actuales, incluso los académicos más afamados, prefieren echarle la culpa a la globalización.  

“Pero lo que sorprende más es el giro decididamente derechista que tomó la reacción política. En Europa, el proceso ha llevado al surgimiento de una serie de partidos mayormente populistas nativistas y nacionalistas, mientras que la izquierda solo ganó terreno en unos pocos lugares como Grecia y España”.

“Tal como a regañadientes concede el nuevo consenso que comienza a aparecer en el establishment, la globalización acentúa las divisiones de clase entre quienes cuentan con habilidades y recursos para aprovechar la existencia de mercados globales y quienes no”.

Otra vez, un análisis parroquial que ante la falta de respuestas más consistentes, recurre a un obsoleto marco de análisis ideológico.

“Tradicionalmente, las diferencias de ingresos y clase, siempre fortalecieron a la izquierda. ¿Por qué esta fue incapaz de presentar un cuestionamiento político significativo a la globalización?”

“Las democracias latinoamericanas son un contraste elocuente. Para estos países la globalización fue ante todo un shock del comercio internacional y la inversión extranjera, más que un shock de inmigración. Por eso la reacción populista en América latina (en Brasil, Bolivia, Ecuador y, más desastrosamente, Venezuela) fue hacia la izquierda”.

“(…) revela una debilidad mayor de la izquierda: la ausencia de un programa claro para remodelar el capitalismo y la globalización para el siglo XXI”.

“Gran parte de la culpa es de los economistas y tecnócratas de izquierda. (…) [quienes] lideraron el movimiento hiperglobalizador en momentos cruciales”.

“La entronización de la libre movilidad del capital como norma por parte de la Unión Europea, la OCDE, y el FMI fue probablemente la decisión más fatídica para la economía global que se haya tomado en las últimas décadas.

Muy curioso que se califique la movilidad de capital como el gran demonio del bienestar. Arbitrariamente, Rodrik suprime todos los demás factores que han moldeado la realidad del mundo global. No registra que esa movilidad de capitales ha permitido financiar buena parte del crecimiento de los países emergentes. Tampoco registra que, a diferencia de las décadas de menor integración (cuando los países, llamados entonces ‘en desarrollo’), estaban sobre endeudados y sin capacidad de mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos, ahora, los países más ricos son los que están sobre-endeudados y se ven forzados a ajustar el ritmo de vida de sus ciudadanos.

“La buena noticia es que el vacío intelectual de la izquierda se está llenando. Hay un corpus económico “respetable” cada vez mayor del que los políticos de izquierda deberían extraer inspiración (Anat Admati, Simon Johnson, Thomas Piketty, Tony Atkinson, Mariana Mazzucato, Ha-Joon Chang, Joseph Stiglitz, Jeffrey Sachs, [et al]). Aquí hay suficientes elementos para construir una respuesta económica programática desde la izquierda”.

“Una diferencia crucial entre la derecha y la izquierda es que la primera prospera profundizando divisiones en la sociedad (“nosotros” contra “ellos”), mientras que la izquierda, cuando es exitosa, las supera por medio de reformas que unen a las partes”.

Increíble afirmación en boca de un líder en análisis ‘económico’. Por definición las izquierdas son las contestatarias y por lo tanto, las que dividen. Pero además, hay que preguntarse ¿cuándo fueron exitosas las izquierdas?

  • ¿Con el laborismo británico antes de la Thatcher, en el ‘winter of discontentent’ de Callahan?
  • ¿Con el socialismo de Mitterrand en Francia, que sentó las bases de una economía sobre regulada, relativamente cerrada y poco competitiva, que ahora debe ser reformada por el nuevo socialismo de nuestros días?

Ese es pues nuestro mundo. Mucha información y poco análisis. Con más mitos y contrabando intelectual no arreglarán sus problemas los países más ricos, como no los arreglamos antes los países emergentes con la ‘teoría de la dependencia’.

Por nuestro lado, los peruanos debemos buscar las perspectivas adecuadas para acomodar nuestras políticas y no dejarnos llevar por lo que en la banca se denomina ‘name lending’ (te presto por tu nombre y no por lo que vales). No basta pues ser un profesor de Harvard para que tomemos sus opiniones ‘face value’. 

Lampadia




La reforma laboral que los peruanos necesitan

La reforma laboral que los peruanos necesitan

(Shhh, ¡Cuidado, de eso no se debe hablar!)

Uno de los temas principales en la agenda pendiente del Perú, para promover el empleo de calidad y superar la informalidad, que condena al 70% de los trabajadores, a vivir sin derechos laborales efectivos, es la normativa laboral. Nuestras regulaciones laborales inhiben la formalización del trabajo y, contrariamente, a los considerandos con que se fue creando, solo favorece a los pocos que tienen trabajo formal y, de facto, es elitista y está representada por cúpulas sindicales, como la CGTP, que solo pueden hablar en nombre de una ínfima proporción de trabajadores.

El arreglo de esta situación conlleva el tener que enfrentar una reforma laboral  que despercuda nuestras normas de sus estipulaciones fariseas e hipócritas. La manipulación populista de este tema ha llegado a tal nivel de penetración, que durante la reciente campaña electoral, ninguno de los candidatos se atrevió a tocar el tema por miedo a recibir un ‘bullying’ político y mediático.

Esta situación de inconsecuencia llega a tal nivel, que en el pasado mes de abril, cuando el gobierno socialista francés planteo una reforma laboral modernizante, la noticia no fue difundida por los medios nacionales, con excepción de Lampadia (ver: Reforma laboral francesa: flexibilidad o más desempleo). Solo cuando las protestas de los jóvenes franceses tomó cuerpo, algunos medios reportaron los desmanes.

Todo esto ejemplifica, una vez más, la debilidad de nuestra clase dirigente y la falta de líderes visionarios que muestren tercamente el camino de la prosperidad.

Según el World Economic Forum, por las normas de contratación y despido, el Perú es uno de los países con mayor rigidez laboral en el mundo; ocupamos el puesto 14 de 144 (donde el primero es el de mayor rigidez). Como afirmó Iván Alonso en La reforma laboral (Comentado por Lampadia): “¿Qué aspiración al desarrollo podemos contemplar si nuestro sistema laboral es más rígido y menos propicio para la creación del empleo formal que en todos los países desarrollados que integran la OECD? ¿Qué Alianza del Pacífico queremos forjar si el Perú tiene los costos no salariales y costos para el despido mucho mayores que en Chile, Colombia y México?”

Una reciente publicación de EY titulada Guía de Negocios e Inversión en el Perú (publicada en nuestra sección documentos), describe en una de sus secciones los principales elementos de nuestra legislación laboral, los cuales analizamos líneas abajo.

Contratación

Se da mayormente mediante contratos a plazo indefinido, y otorga al trabajador todos los derechos y beneficios laborales creados por la profusa normativa (ver líneas abajo).

Además de regímenes especializados para ciertos sectores, existen otros dos tipos de contratos: a plazo fijo y a tiempo parcial. El primero es por un periodo en particular y también cuenta con todos los beneficios, mientras que el segundo es de a lo mucho cuatro horas a la semana en promedio y no cuenta con el beneficio de indemnización por despido arbitrario ni compensación por tiempo de servicios (CTS) y solo cuenta con 6 días laborables de vacaciones anuales.

En el caso de los extranjeros, se dan las mismas opciones, pero, adicionalmente se requiere que sus contratos sean aprobados por el MTPE con la estipulación de ‘calidad migratoria habilitante’. Esto podría ser más complicado de lo que parece. Por ejemplo, gracias a la Ley Universitaria (Mora – Saavedra), para ser profesor universitario, es obligatorio tener una maestría con 48 créditos y haber culminado con una tesis.  El problema es que en el extranjero, muchas maestrías solo tienen 24 créditos y no necesariamente requieren de tesis. Ergo: un escondido mecanismo de protección para evitar la competencia de extranjeros que perjudica al objetivo del sistema educativo: el estudiante. (Una maestría de la Universidad Alas Peruanas permite la docencia, pero una del MIT, Yale o Harvard, no).

Beneficios Laborales

Estos beneficios son un gran dilema para la formalización del empleo. El exceso de beneficios y la obligación de que se apliquen uniformemente, sin tomar en cuenta diferencias de tamaño y productividad de las empresas, inhibe su aplicación en el llamado sector informal. El conjunto de estos derechos laborales crea grandes sobrecostos. Según Alonso, “sumando las gratificaciones, CTS y otros beneficios, y dividiendo entre los 12 sueldos por año, se llega a la conclusión de que hay unos sobrecostos del orden del 50% o 60%”.

Despido

El mayor inconveniente de las regulaciones radica en el costo de despido, que en teoría es de 1.5 remuneraciones por año trabajado hasta un tope de 12 remuneraciones.

Pero, más allá del costo monetario, está la ‘suerte de estabilidad laboral absoluta’ que se ha ido generando como producto de fallos de la Corte Suprema y del Tribunal de Garantías Constitucionales. Éstos llevan a tener que hacer reposiciones que desconocen la realidad económica de las empresas, destruyen la productividad y hasta, en instituciones como la Policía Nacional, por orden judicial, se obliga a reponer a elementos separados por actos delincuenciales. En este caso, se ha llegado a judicializar la disciplina en las Fuerzas Policiales.

Tributos y aportes que gravan las remuneraciones

El empleador asume la responsabilidad de retener y pagar el impuesto a la renta de sus trabajadores, monto que dependerá del ingreso anual del mismo. Además, el empleador asume el pago de los siguientes elementos:

El ‘Valle de la Muerte’

Tal vez el mayor escollo para la formalización, mayor al tributario, es el laboral, pues los fiscalizadores laborales pueden exigir compensaciones y multas hasta por los diez años anteriores. El resultado de esta eventual carga es de tal proporción, que de aplicarse efectivamente ‘quiebra’ a la empresa es lo que Pedro Olaechea ha llamado “el valle de la muerte” (el imposible paso de micro y pequeña empresa a una categorías de mayor tamaño y formalización). Ver en Lampadia: Sin flexibilidad laboral perdemos empleo y productividad.

Por eso es que el Perú no tiene muchas empresas medianas. Las que se atreven a hacer la transición mueren y, las demás se inhiben de formalizarse.

Como hemos reseñado líneas arriba, el Perú es uno de los países de mayor rigidez laboral del mundo. Lo que es más, durante los últimos 15 años hemos transitado de regreso a la estabilidad laboral absoluta, uno de los grandes frenos a la creación de empleo formal y de calidad. Una afrenta injustificable e hipócrita que afecta a los trabajadores más humildes y más necesitados de una protección laboral adecuada y efectiva.

¿Quién le va a poner el cascabel al gato?

La reforma laboral ha devenido en ser un acto de justicia social y por lo tanto debiera ser afrontada con realismo y responsabilidad, tal como ha tenido que plantear el gobierno francés, otrora modelo de políticas populistas que solo generaron a los galos, desempleo y pérdida de competitividad. Esperamos que el nuevo gobierno esté a la altura de las verdaderas demandas sociales. Lampadia




Necesitamos más datos para empoderar a las mujeres y niñas

Necesitamos más datos para empoderar a las mujeres y niñas

Recientemente, la Fundación Bill y Melinda Gates ha anunciado que estaría invirtiendo US$ 80 millones para recolectar mejores datos para luchar contra la desigualdad de género de mujeres y niñas.

Según un video publicado por la fundación (ver líneas abajo), todavía no tenemos suficiente información acerca de los desafíos que muchas mujeres y niñas enfrentan en sus vidas. Existen grandes puntos ciegos en temas mundiales de salud y desarrollo. Esto es especialmente cierto a la hora de analizar la información más básica sobre las mujeres y las niñas – dónde y cuándo nacen, cuántas horas trabajan, si se les paga, si han sufrido violencia, etc.

La dura realidad es que en muchos lugares no existe información. Lo que es peor: incluso si es que existe, a menudo tiene un sesgo sexista. Se minimiza a las mujeres y las niñas en su totalidad, o subestima y disminuye el valor de su contribución económica y social a sus familias, comunidades y países.

Esta falta de información obstaculiza nuestra capacidad para identificar las causas de la desigualdad de género. Si no se registra el nacimiento de una niña, ella no tiene una identidad oficial, lo cual daña sus posibilidades de ir a la escuela y, por lo general, significa que no pueden votar u obtener una cuenta bancaria en el futuro. Además, estas brechas y sesgos refuerzan los estereotipos y las prácticas nocivas que se basan en actitudes que subestiman a las mujeres y a las niñas. En Lampadia hemos comentado y criticado esta actitud en: La igualdad de género empieza con una buena educación.

Con una mejor comprensión de la forma en que las mujeres viven sus vidas; de las dificultades, humillaciones e injusticias que les impiden avanzar todos los días, podemos ver qué es lo que necesita ser corregido, si las soluciones están funcionando y qué progresos se están realizando. 

Como afirma el video, “la recopilación y el análisis de datos hace visible lo invisible”. Queda claro que el cierre de la brecha de género requiere cerrar la brecha de data.

Ver transcripción del video:

La data que no conoces de la brecha de género

Fuente: Melinda Gates

Transcrito, traducido y glosado por Lampadia

Vivimos en la era de la información. Unos asombrosos 2.5 trillones de bytes de datos se crean  todos los días. Aún así, todavía hay algunos puntos ciegos. Todavía no se sabe lo suficiente sobre las desigualdades e injusticias que enfrentan las mujeres y las niñas.

La gente ha trabajado durante décadas para lograr que las mujeres y las niñas estén en el centro de la agenda global de salud y desarrollo. Eso fue para darle una voz a los que no la tenían. Ahora, se trata de hacer visible lo invisible.

En demasiados casos, no estamos reuniendo la información necesaria sobre la vida de las mujeres y los desafíos sociales, políticos y jurídicos que enfrentan; e incluso cuando lo hacemos, a menudo es muy poca, está muy atrasada o no se utiliza correctamente. Mientras que las mujeres sean invisibles, los beneficios del desarrollo no les llegarán. El resultado es que millones de personas todavía no tienen acceso a atención primaria de salud o a la escuela.

A menudo son las mujeres las que se ocupan de sus hogares y familias; sin embargo, su estatus social es mucho menor que la de los hombres. Sus contribuciones a la economía son, en su mayoría, ignoradas y, aunque sabemos que muchas mujeres son víctimas de abusos, mal pagadas y se les niegan derechos básicos como identificación, propiedad de la tierra y cuentas bancarias; sin buena data, nos estamos perdiendo los detalles cruciales para poder cambiar las cosas. No podemos ver exactamente qué es lo que hay que solucionar.

Sin importar si las soluciones actuales están funcionando o no, o cuánto estamos progresando para lograr la igualdad de género; el desencadenar una revolución de data para llenar este vacío de conocimiento abrirá los ojos del mundo a las vastas disparidades y discriminación que enfrentan las mujeres y las niñas. Pero la data por sí sola no va a cambiar la vida de las mujeres. Los países tienen que diseñar programas basados en mejor información.

Sólo aprendiendo más sobre la vida de las mujeres, y las barreras que les impiden avanzar, vamos a ser capaces de ayudar a más mujeres a alcanzar su máximo potencial. Hay un montón de maneras de mejorar la forma de obtener y utilizar datos. Simplemente con el registro de nacimientos y matrimonios se revelan los matrimonios precoces y forzados. También da una identidad jurídica individual a las mujeres. En muchos lugares, es la única manera de que los derechos sean totalmente experimentados y ejercidos. La medición con precisión de todas las formas de trabajo puede ayudar a exponer cuándo la mujer trabaja sin remuneración o es mal pagada. Un mejor seguimiento de las nuevas infecciones del VIH puede alertar sobre una epidemia cada vez mayor entre las adolescentes y nos ayudará a asegurarnos de que reciban el tratamiento necesario. 

La recopilación de data y análisis puede parecer abstracta y complicada, pero la razón por la que tenemos que hacerlo es concreta y simple. Empodera a más mujeres y niñas para transformar sus vidas, y cuando lo hacen, todos se beneficiarán: las familias, las comunidades y los países; porque las mujeres y las niñas no sólo se benefician del progreso, sino que lo conducen.

Lampadia