La semana pasada se llevó acabo el III Congreso Internacional de Gestión e Infraestructura 2017, organizado por AFIN. Durante dicho evento, EY Perú (Ernst & Young) y AFIN publicaron el informe “Reflexionar hoy para construir el mañana – Mecanismos de inversión en infraestructura para un desarrollo sostenible”, el cual propone un ‘plan nacional de infraestructuras’ que utilice las Asociaciones Público-Privadas (APPs) para contribuir a la provisión de servicios públicos y equiparlos con infraestructuras modernas o para modernizar las existentes.

La verdad es que cerrar nuestras brechas de infraestructuras es una de las tareas pendientes más importantes. Según el informe, “debemos sostener un ritmo de inversión de al menos 6% del PBI cada año, durante unos diez años seguidos, para cerrar la brecha de infraestructura estimada en US$160,000 millones y salir de la pobreza”.

Eliminar las brechas no solo permite mejorar la competitividad del país y reducir los costos de transacción de las empresas, también democratiza el acceso de los pobres al mundo moderno, dándoles acceso a electricidad, caminos y telecomunicaciones, por lo tanto, cerrarlas con prontitud, es un objetivo social ineludible.

Por su importancia como política de Estado, es indispensable que el ‘plan’ trascienda los diferentes periodos de gobierno, con un portafolio de proyectos sólido, que genere la escala necesaria para interesar a los inversionistas institucionales y coloque al Perú en el mapa de países atractivos para invertir en infraestructura.

Como los gobiernos no tienen la capacidad financiera para superar estas brechas, es indispensable recurrir al sector privado. Para esto, el mecanismo más adecuado es mediante las APP (Asociaciones Público Privadas). Según el informe, “el Perú necesita desarrollar tanto obras públicas como APPs en el futuro, porque éstas permiten optimizar la utilización de recursos fiscales escasos y aseguran la buena operación y el mantenimiento de la infraestructura a lo largo de 30 años de concesión”. En este sentido, las APPs continuarán siendo en los años venideros un factor sumamente importante para satisfacer las necesidades básicas de la población y su conexión al mercado. La experiencia acumulada puede servir para estandarizar y mejorar la preparación de los procesos y los contratos de APPs, y acortar el tiempo que toma iniciar las obras tras la firma del contrato. Se puede hacer bastante para atraer más postores de primera línea, con procesos transparentes.

En los últimos tres años se invirtió en promedio el 4.8 % del PBI. Y, en 2016, en el año electoral, se invirtió tan solo el 4.2 %. Como afirma EY Perú, “no solo es importante incrementar este porcentaje, sino realizar un gasto eficiente en obras de infraestructura”. Como se puede observar en el cuadro inferior, el gasto presupuestal en 2016 alcanzó la suma de 26,871 millones de soles, de la cual 22,530 millones se destinaron a obras públicas directas (84%) y 4,341 millones (16%) al cofinanciamiento de Asociaciones Público Privadas (APPs). 

Como se puede ver en el siguiente gráfico, en el Reino Unido, donde se mantiene al día el desarrollo de infraestructuras, la inversión pública directa se limita a un 13%, y el resto 87%, lo desarrolla la inversión privada, ya sea directa, por iniciativas privadas o mediante APPs.

Para el Perú, la propuesta de AFIN contempla la participación del sector privado en un 40%: 

Sin embargo, el gobierno no logra invertir alrededor de US$3,000 millones de promedio al año. Según AFIN, en 2016 lo que no se gastó (S/12,642 millones), es casi 3 veces lo que se gastó en APPs cofinanciadas (S/4,341 millones).

En resumen, los gobiernos locales y regionales gastaron el 67% del total devengado en el 2016. Entonces queda claro que un reto importante que enfrenta el país es implantar un sistema de control y seguimiento del avance y la calidad en la ejecución de los miles de obras públicas. Por lo tanto, la selección y priorización de proyectos necesita institucionalizarse con criterios exclusivamente técnicos, considerando tanto el impacto social como el económico de proyectos que contribuyan al cierre de brechas, evitando la interferencia política.

Una de las áreas más importantes de necesidades de desarrollo de infraestructuras es la de los servicios de saneamiento, capturados desde siempre por la política del absurdo: ‘priorizar a los trabajadores del sector sobre los usuarios-ciudadanos’. Los servicios de agua y desagüe están capturados por mafias, que hasta heredan los puestos a sus familiares y, absurdamente, es más importante quién presta el servicio: El Estado versus el sector privado (esa suerte de fuerza de invasión extranjera, según el ‘populismo del agua’). Veamos un resumen de las necesidades insatisfechas:

Sin embargo, las paralizaciones de obras se multiplican es en el sector de agua y saneamiento. Según el informe, existen 142 proyectos de obras de agua y saneamiento por un importe superior a S/1,159 millones, que están paralizados.

El rol de las APPs en los proyectos de infraestructuras

Tradicionalmente, el financiamiento de las infraestructuras ha quedado en el ámbito del sector público, pero ante la envergadura del reto y el desarrollo de esquemas contractuales eficientes entre el sector público y privado, han tomado mucha relevancia las APPs, los cofinanciamientos y las iniciativas privadas, lamentablemente más en la teoría que en la práctica. Justamente las APPs para la ejecución de obras de infraestructura social se caracterizan por ser proyectos de alta rentabilidad social, pero baja rentabilidad privada. Debido a lo anterior resulta necesario el cofinanciamiento por parte del Estado para captar el interés del sector privado por dichos proyectos.

Una de las mayores ventajas de los contratos de concesión de infraestructuras es que incluyen las provisiones necesarias para el mantenimiento de las instalaciones correspondientes, con lo cual queda asegurada la calidad de los servicios en el tiempo y evitándose los desastres históricos en los que se rehacía las mismas obras varias veces por el típico abandono en su mantenimiento.

Según el informe de EY Perú (Ernst & Young), existen cinco tendencias clave que todos los Gobiernos deben considerar:

1. Incentivos para desplegar el modelo APPs
2. Estandarización de principios, procesos y documentos
3. Intervención proactiva en los mercados de capital
4. Evaluación del Valor por Dinero
5. Evaluación retrospectiva de los proyectos de APPs y la contratación

En Lampadia hemos insistido varias veces en la necesidad de ser ambiciosos e imaginativos para cerrar las brechas de infraestructuras en el menor plazo posible. Ver: Sobre cómo financiar e invertir US$ 80,000 millones y Estrategia para el financiamiento de las Infraestructuras. En esencia, nuestra propuesta pretende inyectar unas chispas que enciendan el debate sobre cómo financiar nuestros requerimientos de infraestructuras aprovechando las condiciones estructurales, favorables de nuestra economía.

En abril del 2014 propusimos una estrategia para financiar la brecha de infraestructuras. Ver: Sobre cómo financiar e invertir US$ 80,000 millones. Pero parece que los gobiernos no muestran mayor interés por evaluar ideas de los ciudadanos. Siendo este un tema vital para el futuro del país, trataremos de hacer una mejor explicación de la propuesta. Lampadia

La reforma del sistema de salud es una tarea pendiente que ya no puede ser ignorada. La calidad de los servicios de salud  en ESSALUD no cumple con estándares mínimos de servicio para citas, operaciones quirúrgicas y procesos médicos. El sector está en crisis; tienen que trabajar en condiciones precarias, con gran parte de los equipos malogrados y con escasez de medicinas esenciales. Sin embargo, ya existe en el Perú una solución que ha probado brindar una gran mejoraría en la calidad del servicio de salud: un modelo de concesión de salud vía APPs que incluye el diseño de los hospitales, su construcción, equipamiento y servicios médicos en la modalidad ‘bata blanca’.

Esta estrategia de servicios de salud, le permite al Estado fijar las características y estándares de todas las infraestructuras (locales, y equipamiento), y de los estándares  operativos (plazos de atención y niveles de satisfacción). Todo, previos concursos internacionales públicos, y la especialización del Estado en la supervisión del cumplimiento de la metas de salud fijadas, a costos, hasta mejores que los asumidos por el Estado en sus operaciones directas.

Este sistema, desde su adopción en los hospitales de ESSALUD en el Callao y Villa María del Triunfo, ha sido resistido por el staff de ESSALUD y sobre todo por los médicos, que lo califican como “la privatización de los servicios de salud”, para desdibujarlo y meterlo en el callejón de la política que hace décadas destruyó la calidad de los servicios públicos. La verdad es otra:

• “Nunca se pierde el carácter público del servicio”
• En la operación de los hospitales de ‘bata blanca’, el personal, médicos, enfermeras y técnicos, son peruanos, mejor capacitados y equipados para brindar un mejor servicio
• Cada hospital del sistema recibe una asignación nominativa de asegurados, lo que induce a la muy importante tarea de desarrollar un servicio de prevención

Como en todos los demás casos de servicios públicos, cuando el Estado da el servicio, nadie controla su calidad ni sus costos, pero en el sistema de APP+BATA BLANCA, el Estado fija los estándares, supervisa y controla.

No es aceptable que, teniendo una experiencia de APP+BATA BLANCA muy exitosa en el tema más sensible a las necesidades sociales: la salud, ni por eso, nos hemos volcado a multiplicarla. En Lampadia ya hemos analizado dos ejemplos muy exitosos de las APP que milagrosamente lograron pasar las vallas de la mentalidad estatista, los hospitales de ‘Bata Blanca’ de ESSALUD, Alberto Leopoldo Barton Thompson y Guillermo Kaelin de la Fuente. Ver en Lampadia: APPs en salud: Poniendo a la población por delante y Las APP han generado servicios de salud de alta calidad. Estos son los mejores hospitales del Estado (y probablemente también, del sector privado) que se hayan construido en nuestra historia.

El esquema central en ambos hospitales es que se han desarrollado creando incentivos muy positivos que determinan un modelo “Ganar-Ganar”. El contrato establece una asignación o pago fijo al operador por cada asegurado sin importar el número o tipo de atenciones. De esta manera se crea la necesidad de que el operador promueva que su población (de clientes) sea lo más sana posible, pues a mejor salud de su población, habrá menos asistencias y por lo tanto mayores ingresos para el operador. Un esquema brillante: muy positivo para la población, pues recibirán atención de salud preventiva y de buena calidad; positiva para el operador, pues podrá generar mayores márgenes con una mejor salud y satisfacción de sus clientes; y muy positivo para ESSALUD (que se debate en una gravísima crisis de servicio), pues con un costo fijo puede generar una gran calidad de servicio sin correr el riesgo de los sobrecostos que generan la imprevisión, la ineficiencia y/o la corrupción.   

El esquema funciona porque se evalúan distintas métricas constantemente, a diferencia de otros hospitales públicos. Si se revisa el contrato (ver contrato), las exigencias requeridas se basan en los siguientes indicadores (solo mostramos los principales):

Además, el contrato fija objetivos absolutmente inalcansables en el servicio público. La base de analisis se basa en los siguientes indicadores:

• Máximo 8 días para una resolver una queja resuelta satisfactoriamente
• Meta de 30 días de espera para una operaciones quirúrgicas.
• No más de 7 días para el reingreso de un paciente

Tan solo hay que darle una mirada al cuadro inferior (que es parte de un Informe del operador, titulado ‘GESTIONANDO LA SALUD DE LAS PERSONAS: Modelo APP en Salud Integral’), que se presentó en el III Congreso Internacional de Infraestructuras que integra a más peruanos, organizado por AFIN, para ver la diferencia entre un hospital con APP sin gestión clínica (bata gris) y uno con gestión clínica (bata blanca). Claramente, el nivel de éxito entre ambos, en cualquiera de sus indicadores (equipos, servicios, tecnología, atención, etc.) es abismal y no queda duda de cuál sistema funciona mejor.

Pero, ¿ha aprovechado esta experiencia el gobierno para difundirla como ejemplo de lo que significa una APP para la población? No, en verdad está muy escondida de la opinión pública. Lo que es más, el propio ESSALUD no pretende replicar el éxito en los nuevos hospitales, que está desarrollando en la modalidad de ‘Bata Gris’ (que excluyen los servicios médicos).

Lamentablemente, esta iniciativa ha desatado la tradicional resistencia: El Sindicato Nacional de Médicos afirmó que “los hospitales APP de Villa María del Triunfo y Barton del Callao nos cuestan S/. 300 millones al año y no han solucionado problemas de pacientes.” Esto es una mentira ya que, según cálculos realizados por Essalud en el año 2015, el costo operativo de los Hospitales APP es menor al costo que asumiría la Institución de gestionar y administrar un modelo similar. Esto genera ahorros para Essalud, con una muy mejor calidad de atención:

Otro de los grandes mitos es que se perdería el carácter público del servicio. Esto es parte del gran miedo de la ´privatización’, que todavía aterroriza a gran parte de la población. La verdad es que bajo el esquema de contratos (bata blanca), nunca se pierde el carácter público del servicio.

En realidad, solo se trata de contratar la operación, la gestión, del establecimiento, a cambio del cumplimiento de metas fiscalizables. Es la manera de servir mejor al ciudadano. La acusación de “privatización” esconde el temor a perder las prebendas que una gerencia privada desterraría, o a tener que incorporarse a un régimen de trabajo más disciplinado y exigente, o quién sabe si al aprovechamiento de mafias (según reiteradas denuncias), que se perennizan por la ausencia de controles  De hecho, por ejemplo, se reducirían las posibilidades de vender servicios por lo bajo o de desviar pacientes hacia la práctica privada (que significa que la privatización ya existe; pero es la privatización para el usufructo de los médicos).

Por ejemplo, en los casos de los Hospitales Kaelin y Barton, construidos y administrados por consorcios privados, tienen un sistema de incentivo correcto: reciben un pago capitado (por cada persona del área asignada al hospital), de modo que les conviene hacer prevención a fin de que la gente no se enferme y de esa manera incrementar las utilidades. Utilidades y salud se complementan, se refuerzan mutuamente. Pero los ospitales son del Estado y de lo que se trata es sólo de una concesión temporal.

En realidad, los hospitales y establecimientos, e incluso las redes, deberían ser administrados por empresas privadas contratadas para ese fin por medio de contratos de gerencia. De esa manera los huecos se cerrarían y habría más recursos para pagar mejor a los médicos. Y habría más eficiencia, más productividad y mucha mejor atención al usuario, que es lo que en realidad interesa. Esto se puede observar claramente en los cuadros inferiores.

Cabe recalcar que los Hospitales Kaelin y Barton son los que lideran la encuesta de satisfacción con mayor porcentaje de mejoras percibidas por los asegurados. De acuerdo al cuadro líneas abajo, el Hospital Kaelin ocupó el primer puesto de Implementación de estándares para mejorar la atención de los asegurados.

Es lamentable que, a pesar de las indudables ventajas del modelo, aún existen fuertes resistencias al uso de APP+BATA BLANCA para la atención de salud que, en realidad, es una alternativa efectiva para proveer infraestructura, equipamiento y servicios de calidad en el sector salud. Se debiera estar multiplicando el esquema.

Los peruanos no podemos seguir aceptando malos servicios de salud, teniendo la posibilidad de mejorarlos sustancialmente con la colaboración de esquemas más efectivos que pueden ofrecerse despolitizando los servicios públicos. Con APP+BATA BLANCA se pueden fijar metas de cobertura, calidad, tiempos de atención y todos los indicadores de servicio, que son imposibles de lograr con los servicios estatales, penetrados por mafias que debemos desterrar a la brevedad, como una obligación moral. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Lima, 15 de setiembre de 2017
Para Correo Ica y Lampadia

La carencia más apremiante de la Región Ica es el agua; me refiero al Agua Grande como le llamamos los iqueños. Agua nueva que contrarreste la sobreexplotación del acuífero ocasionada por el extraordinario desarrollo de nuestra pujante agricultura de exportación. 

Durante los últimos 50 años los iqueños hemos esperado infructuosamente que el Estado haga por nuestra región, lo que hizo por Moquegua y Arequipa con Pasto Grande y Majes. ¿Por qué a Ancash el Estado le dio Chinecas y a La Libertad, Chavimochic? ¿Qué hicieron Lambayeque y Piura para merecer las grandes obras de Gallito Ciego, Tinajones, Olmos, San Lorenzo y Poechos? ¿Por qué a ellos sí, y a nosotros no? Esas eran las preguntas que los iqueños nos hacíamos – frustrados y resentidos – sin respuesta.

Pero ya no; el resentimiento con el Estado ha quedado en el olvido. Ahora contamos con una propuesta de inversión – bajo la modalidad de APP– que implica un trasvase de aguas sobrantes del Río Pampas en Huancavelica hacia la laguna de Choclococha;un trasvase de aguas sobrantes del Río Pisco para irrigar las pampas de Lanchas y Villacurí; y la construcción de varios reservorios en las partes altas de las cuencas de los ríos Ica y Pisco – o sea, en las provincias de Huaytará y Castrovirreina en Huancavelica – para que dichas provincias huancavelicanas tengan agua todo el año, y aguas abajo… Pisco e Ica, también.

¿Qué pasó? ¿Por qué – de buenas a primeras – el ánimo de huancavelicanos e iqueños es ahora de esperanza y optimismo? ¿Acaso el Estado se compadeció de nosotros y se metió la mano al bolsillo para desembolsar los US$ 400 millones – o más – que costarán las obras?

¡Nada qué ver! Y menos en estos tiempos en que las finanzas públicas andan color de hormigas. Lo que ha pasado es que, gracias a nuestra legislación de promoción de inversiones en infraestructura, una empresa privada ha propuesto invertir en el proyectoantes mencionado, y recuperar su inversión a través del cobro por el uso del agua por parte de agricultores y usuarios urbanos e industriales.

Aquí, los grandes beneficiarios serán los comuneros del Alto Pampas, y las poblaciones de Castrovirreyna y Huaytará en Huancavelica, y – por supuesto – los agricultores de las provincias de Pisco e Ica en la Región Ica. La hermandad del agua entre Huancavelica e Ica se hará realidad, gracias a este proyecto de carácter público privado.

Al margen de las bondades de esta gran obra de ingeniería, y sus enormes implicancias en el desarrollo futuro del pueblo “huancaveliqueño” (así nos autodenominamos iqueños y huancavelicanos para destacar nuestra atávica hermandad social, cultural y geográfica) es menester destacar cómo el sector privado puede participaren la atención de diversas necesidadesde orden público.

Por ejemplo, aparte de la propuesta del Agua Grande antes mencionada, gracias a estas APP´s, la Región Ica contará con:

• Una autopista de doble calzada que recorrerá la región desde Chincha hasta Nasca.
• Todas nuestras provincias tendrán carreteras de penetración a la Sierra debidamente pavimentadas.
• Un tren de cercanías unirá Barranca e Ica en un dos por tres.
• Dos súper puertos – uno en Pisco y otro en Marcona – atenderán de manera eficiente y segura toda la carga de exportación e importación del sur del país.
• Y ya se está hablando de un tren entre Apurímac y Marcona que dinamizará toda la minería de esa parte de nuestra serranía.

Como se ve, en la Región Ica el sector privado es un gran socio de nuestro desarrollo. Es verdad que algunos iqueños no respaldan la pertinencia de las asociaciones público privadas, pero ni modo… lo lamento por ellos. La mayoría de los iqueños no somos retrógrados. En la medida que las empresas privadas generen progreso y bienestar – y cumplan las leyes de nuestro país – bienvenidas sean a Ica. Lampadia

Ya hemos explicado cómo se produjo la destrucción de la dignidad de nuestros servidores públicos y el deterioro de sus servicios a los ciudadanos. Uno de los casos más clamorosos es el del cuidado de la salud, que no solo no llega a todos los peruanos, peor aún, la calidad de sus servicios y la falta de compromiso con los ciudadanos es patética e insoportable para una sociedad que se respete. Ver en Lampadia: La desgracia de nuestros servidores públicos.

Por enésima vez, los gremios de los médicos (Federación), incluyendo al Colegio Médico, optan por una confrontación política con el conjunto de la sociedad, a la que chantajean cortando servicios esenciales mediante huelgas (desde el 4 de julio) y otras acciones más aún más radicales. La disculpa, como siempre, es la mejora del prepuesto del sector, incrementos salariales, compra de insumos para los hospitales y la mejora de las infraestructuras. Pero la verdadera motivación de sus afrentas es evitar la reforma del sector salud y mantener sus privilegios a costa de los sufridos ciudadanos.

Los servicios de salud, tanto del MINSA como de Essalud (con la excepción de sus hospitales que operan mediante APPs de ‘bata blanca’), no cumplen con estándares mínimos de servicio para citas, operaciones quirúrgicas y procesos médicos. Buena parte de los médicos trabajan medio turno en los servicios públicos y el resto de sus jornadas lo hacen en prácticas privadas.

Es cierto que el sector está en crisis; tienen que trabajar en condiciones precarias, con gran parte de los equipos malogrados y con escasez de medicinas esenciales.

Fuente: larepublica.pe

Fuente: larepublica.pe

¿Qué está pasando en el sector salud?

La calidad de los servicios de salud deja mucho que desear. Esto se traduce en que la demora y el maltrato en la atención sean los principales problemas reportados (como se puede ver en el gráfico inferior). Tanto los profesionales de salud como los usuarios recomiendan un mayor número de médicos.

Por otro lado, según el informe del IPE del sector salud, la brecha en infraestructuras sigue siendo muy amplia, “Se ha avanzado poco en reducir el déficit de hospitales, tan solo 484 menos personas por hospital en casi 20 años (…) Actualmente la demanda excede la oferta de servicios de salud. Es necesario ampliar y mejorar la infraestructura del sector. Se recomienda la creación de hospitales estratégicos provinciales, puestos y centros de salud dirigidos a ciudades pequeñas con el fin de aumentar la cobertura y evitar el abarrotamiento en grandes hospitales.”

En Essalud, un operación quirúrgica puede demorarse en practicarse, más de un año. Una vez que el paciente se admite en el hospital, tiene que cuidar su cama por largos días para no perder el turno de la sala de operaciones. Más allá de la información oficial, es necesario ver las denuncias de pacientes maltratados que se multiplican todos los días en las redes sociales. 

El verdadero enfoque del MINSA debería incluir APPs, los cuales son más efectivos. Lamentablemente el sector público sigue siendo muy resistente a promover la participación del sector privado en los servicios de salud. Por ejemplo, habiendo tenido ESSALUD un tremendo éxito en sus dos hospitales de ‘bata blanca’ (modelos de concesión de salud, que incluye construcción, equipamiento de las infraestructuras y servicios médicos), ha descontinuado el proceso y está retrocediendo a esquemas de ‘bata gris’ (Consiste en la construcción de la infraestructura de salud a cambio de la gestión de los servicios no médicos como limpieza, lavandería, mantenimiento, seguridad, restauración, etc).  Este cambio de enfoque es para aceptar las presiones de los gremios de médicos y enfermeras que mantienen bajo su control sus servicios médicos. Ver en Lampadia: Asociaciones Público Privadas: Una solución efectiva ‘HOY’.

Fuente: Quincenario de AFIN N° 206

Actualmente ya existen dos complejos hospitalarios gestionados bajo el modelo de APP por EsSalud que están generando muy buenos resultados en la prestación de salud en el Perú. Son los complejos son el hospital especializado Alberto Leopoldo Barton Thompson en el Callao y el hospital Guillermo Kaelin de la Fuente en Villa María del Triunfo, junto con sus respectivos Policlínicos.

Fuente: Quincenario de AFIN N° 206

Sus niveles de satisfacción (según sus pacientes) superan el 90%, algo difícil de imaginar en los hospitales nacionales y en muchas clínicas privadas. “Ocupan el 3° y 4° lugar del Ranking de Establecimientos de EsSalud con mayor número de consultas atendidas en 2016 a nivel nacional, y sus respectivos policlínicos ocupan las posiciones 8° y 11°. En conjunto representan 33 % de las consultas atendidas por los primeros 12 establecimientos en el país. El Ranking considera a los más de 400 establecimientos con los que cuenta actualmente ESSALUD”.

Fuente: Quincenario de AFIN N° 206

El concepto bajo el cual se han desarrollado estas APP crea incentivos muy positivos que determinan un modelo “Ganar-Ganar”. El contrato establece una asignación o pago fijo al operador por cada asegurado sin importar el número o tipo de atenciones. De esta manera se crea la necesidad de que el operador promueva que su población (de clientes) sea lo más sana posible, pues a mejor salud de su población, habrán menos asistencias y por lo tanto mayores ingresos para el operador. Un esquema brillante: muy positivo para la población, pues recibirán atención de salud preventiva y de buena calidad; positiva para el operador, pues podrá generar mayores márgenes con una mejor salud y satisfacción de sus clientes; y muy positivo para ESSALUD (que se debate en una gravísima crisis de servicio), pues con un costo fijo puede generar una gran calidad de servicio sin correr el riesgo de los sobrecostos que generan la imprevisión, la ineficiencia y/o la corrupción. Ver en Lampadia: Las APP han generado servicios de salud de alta calidad y APPs en salud: Poniendo a la población por delante.

Cabe recalcar que los Hospitales Kaelin y Barton son los que lideran la encuesta de satisfacción con mayor porcentaje de mejoras percibidas por los asegurados. De acuerdo al cuadro líneas abajo, el Hospital Kaelin ocupó el primer puesto de Implementación de estándares para mejorar la atención de los asegurados.

Según AFIN: “Las estadísticas mostradas evidencian la mejora en el acceso a servicios, eficiencia y calidad que ofrece la incorporación del modelo APP de bata blanca en el Sector Salud, sin que se pierda el carácter de servicio público, dada la modernidad y calidad en instalaciones, equipos y atención a los pacientes que brindan”.

Críticas al modelo de ‘bata blanca’

El pasado 20 de julio, EsSalud promulgó una norma que aprueba la creación del ‘Comité de Promoción de la Inversión Privada’, un grupo de trabajo que buscará alianzas público–privadas para brindar servicios de salud a miles de asegurados a nivel nacional. 

Lamentablemente, esta iniciativa ha desatado la tradicional resistencia: El Sindicato Nacional de Médicos afirmó que “los hospitales APP de Villa María del Triunfo y Barton del Callao nos cuestan S/. 300 millones al año y no han solucionado problemas de pacientes.” Esto es una mentira ya que, según cálculos realizados por Essalud en el año 2015, el costo operativo de los Hospitales APP es menor al costo que asumiría la Institución de gestionar y administrar un modelo similar. Esto genera ahorros para Essalud:

Fuente: Quincenario de AFIN N° 206

Conclusiones

Es lamentable que, a pesar de las indudables ventajas del modelo, aún existen fuertes resistencias al uso de APPs para la atención de salud que, en realidad, son una alternativa efectiva para proveer infraestructura, equipamiento y servicios de calidad en el sector salud. Se debiera estar multiplicando el esquema. 

El sector salud (MINSA, EsSalud y el SIS) debe ser declarado en emergencia para ser reestructurado integralmente. Esta labor debería ser conducida por la actual ministra Patricia García, pues tiene las capacidades necesarias para hacerlo y ya se ha compenetrado con la realidad del sector.

Los peruanos no podemos seguir aceptando malos servicios de salud, teniendo la posibilidad de mejorarlos sustancialmente con la colaboración de esquemas más efectivos que puede ofrecer el sector privado, al que se le pueden fijar metas de cobertura, calidad, tiempos de atención y todos los indicadores de servicio, que son imposibles de lograr con los servicios estatales, penetrados por mafias que debemos desterrar a la brevedad. Lampadia

Uno de los tres factores que está haciendo inviable el gobierno de PPK es la falta de inversión pública, ejemplificada dramáticamente en la parálisis de los proyectos de infraestructuras. Esto además de la otra parálisis de la inversión, la de los proyectos mineros, más, por supuesto, el entrampamiento político que se ha ido urdiendo, con altísimos niveles de irresponsabilidad, por parte de los representantes del Ejecutivo y el Legislativo, junto con los aderezos aportados por nuestra pequeña izquierda; hacen temer, que durante el gobierno de PPK, en vez de corregir las deficiencias de los últimos cinco años de gobierno, acentuemos la falta de liderazgo, dejando que el Perú regrese al siglo XX.

En los próximos días analizaremos la inversión minera y la trampa política. En esta ocasión, presentamos nuestro análisis de las inversiones en infraestructuras sobre la base de la excelente publicación de The Economist Intelligence Unit. 

Una de las grandes falencias del Perú es su pobre nivel de infraestructuras. Estas brechas nos afectan de dos maneras: económica y socialmente. A nivel económico, no nos permiten mejorar nuestra competitividad en las actividades productivas del país y, a nivel social, son un obstáculo para que los pobres tengan acceso a un mejor nivel de vida y a la economía de mercado.

El EIU resalta que, según la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL), la inversión en infraestructura en la región alcanzó un promedio del 3.5% del PBI en los años ochenta, pero en las siguientes décadas disminuyó a un rango promedio del 2-3% del PBI. Por otra parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) destaca que el nivel y la calidad de la infraestructuras en la región es “inadecuado y se identifica como una de las principales barreras al crecimiento y desarrollo, a pesar de las mejoras en la infraestructuras de la región durante la década pasada”.

En el Perú, además de la brecha de infraestructuras, tenemos grandes dificultades en el desarrollo de los proyectos de inversión. Primero en cuanto a la demora entre las adjudicaciones y los cierres financieros de los contratos de APPs, como puede verse en el siguiente cuadro comparativo con otros países. Además, una vez finalizados los convenios, se dan mil dificultades para el inicio de las obras, tanto por trámites con otras agencias del Estado, como los municipios y por inmensas dilaciones en los procesos de expropiación que son parte de los proyectos.

Tradicionalmente, el financiamiento de las infraestructuras ha quedado en el ámbito del sector público, pero ante la envergadura del reto y el desarrollo de esquemas contractuales eficientes entre el sector público y privado, han tomado mucha relevancia las APPs, los cofinanciamientos y las iniciativas privadas, lamentablemente más en la teoría que en la práctica. Una de las mayores ventajas de los contratos de concesión de infraestructuras es que incluyen las provisiones necesarias para el mantenimiento de las instalaciones correspondientes, con lo cual queda asegurada la calidad de los servicios en el tiempo y evitándose los desastres históricos en los que se rehacía las mismas obras varias veces por el típico abandono en su mantenimiento.

En Lampadia hemos insistido varias veces en la necesidad de ser ambiciosos e imaginativos para cerrar las brechas de infraestructuras en el menor plazo posible. Ver: Sobre cómo financiar e invertir US$ 80,000 millones y Estrategia para el financiamiento de las Infraestructuras. En esencia, nuestra propuesta de Lampadia pretendía inyectar unas chispas que enciendan el debate sobre cómo financiar nuestros requerimientos de infraestructuras aprovechando las condiciones estructurales, favorables de nuestra economía.

Lamentablemente, el gobierno ha dificultado las inversiones en infraestructuras, a veces por desconfianza en el sector privado (al que algunos consideran una suerte de fuerza de invasión extranjera) y otras por los absurdos procesos burocráticos que han crecido como frondosas hiedras. Esperamos que el gobierno de PPK reaccione y tenga la responsabilidad necesaria para priorizar adecuadamente y sin complejos, mejores acciones de gobierno.

El siguiente gráfico resume el ranking del Perú en los cinco factores:

Fuente: Infrascope 2017, Economist Intelligence Unit, Mayo 2017, Traducido y glosado por Lampadia

Breve descripción del avance de las infraestructuras y de las APPs

Ya anteriormente hemos reportado sobre las escandalosas deficiencias de los servicios de agua y desagüe en el país, especialmente en lo vinculado a Sedapal. Ver en Lampadia: Agua Potable: Un servicio público menoscabado por la política, Cambiemos los paradigmas sobre el agua y Superemos los mitos sobre el agua. En esta ocasión presentamos el informe del ex Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Milton von Hesse, ‘Las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento’ en el evento organizado por AFIN el 13 de octubre pasado.

Ver el informe completo y las conclusiones del evento por su presidente, Gonzalo Prialé en nuestra sección ‘Documentos’: EPSs y Afin-Agua.

Como puede verse en la siguientes láminas, las cifras sobre los servicios de las EPSs muestran pobrísimos estándares de servicio: Cobertura de agua y desagüe insuficientes; discontinuidad de la provisión de agua de no más de 21.9 horas por día en Lima y un promedio de 16 horas en las regiones y; 36% de pérdida de facturación del agua producida (de 29% a 42% según la empresa).

Todos estos pésimos indicadores, que von Hesse califica además como no confiables, se deben fundamentalmente a la estructura de gestión de las empresas, una empresa pública sin controles en Lima y las EPSs en las regiones, controladas por los municipios.

Dada esta realidad, es inexplicable y sorprendente que el gobierno de PPK esté disponiendo reflotar financieramente estas empresas y dotarlas de recursos de inversión, sin corregir previamente la falta de profesionalismo y probidad con la que se manejan estas organizaciones, que en ningún otro país podrían llamarse empresas. Estas son, de alguna manera, una suerte de haciendas privativas de toda suerte de mafias.

Por ejemplo, en el mismo evento, Fernando Cilloniz, el Gobernador de la Región Ica informó, que teniendo la región la facultad de nombrar un Director de la EPS de Ica, su incorporación al directorio no se puede hacer efectiva, porque simple y llanamente, el directorio anterior no le da pase. Un grupo de mafiosos se han apoderado de la EPS y no pasa nada. Encima se piensa darles más recursos. Otro escándalo, oportunamente reportado por von Hesse mientras ejercía el cargo de ministro, es la ‘facultad’ de dar en herencia los cargos, que tienen algunos funcionarios de Sedapal. 

Es evidente que esto no puede continuar. Milton von Hesse propone las siguientes alternativas de solución: Desarrollar inicialmente contratos de gestión, puesto que la calidad de la información sobre las empresas es imposible de determinar y, una vez que se tenga una mejor apreciación sobre la situación de las empresas, hacer concesiones, APPs u OXIs (Obras por Impuestos), descartando eventuales privatizaciones por ser políticamente complicadas e innecesarias para corregir las deficiencias de los servicios.

Por su lado, el presidente de AFIN, Gonzalo Prialé, indicó que teniendo las necesidades que tenemos, durante los últimos cinco años (Humala), solo se ejecutaron 57% de los montos transferidos para obras en las EPSs. Según Prialé las EPSs pierden o no cobran el 75% del agua que distribuyen, y Sedapal el 40%. Esto determina un amplio margen de maniobra para la mejora de los servicios por aumento de productividad, sin la necesidad de eventuales aumentos de tarifas en otras estructuras empresariales.

Según AFIN, se debería establecer un objetivo concreto y ambicioso (que hacemos nuestro) para transformar esta realidad: “Cerrar la brecha quiere decir, brindar al 2025, 24 horas de agua con desagüe, a tarifas razonables, en todos los hogares del Perú”. Lampadia

El escándalo de corrupción del asesor presidencial, cirujano Carlos Moreno Chacón y la declaración de emergencia del sector salud (aunque no oficializada) han dejado a la luz la gran problemática que existe en nuestro país en el sector de la salud pública. En los audios, se oye a Carlos Moreno hablar de un ‘negociazo’ para beneficiarse económicamente de convenios entre el Sistema Integral de Salud (SIS), clínicas privadas con convenios con el Arzobispado de Lima e influencias indebidas en ESSALUD.

Este ‘negociazo’, según los audios, beneficiaría a Aldo Peirano, gerente del citado centro, con lo recaudado en los exámenes médicos, operaciones quirúrgicas y medicinas, debido a la mayor cantidad de pacientes y las tarifas complementarias del hospital Loayza. El ex asesor Carlos Moreno sería socio (en la sombra) de esa entidad.  El ex -asesor de PPK incluyó frases como “El SIS paga muy bien, vas a ganar plata” y “Esto es para hacer una millonada”.

Fuente: archivo.eltoque.com

Este caso de corrupción no es el único y solo es una ventana que muestra una de las tantas deficiencias en el sector. La calidad de los servicios de salud dejan mucho que desear. Como ya hemos informado múltiples veces en Lampadia, la calidad y acceso a la salud constituyen una de las grandes brechas sociales acumuladas desde las nefastas décadas perdidas entre los años 60 y 80. Desde la gran reforma de la economía con la Constitución de 1993, en que se permitió el retorno de la inversión privada, hemos progresado muchísimo, pero no hemos podido ponernos al nivel de nuestro desarrollo potencial.

En el cuadro inferior se puede observar claramente que la demora y el maltrato en la atención hospitalaria son solo algunos de los problemas reportados. Esto es imperdonable y debe ser solucionado lo antes posible.

Lamentablemente el sector público sigue siendo muy resistente a promover la participación del sector privado moderno en los servicios de salud. Esto también se ve en ESSALUD, donde a pesar de haber tenido un tremendo éxito en sus dos hospitales con APPs de ‘bata blanca’, ha descontinuado el proceso y está retrocediendo a esquemas de ‘bata gris’. Ver en Lampadia: Asociaciones Público Privadas: Una solución efectiva ‘HOY’.

El problema es que todo lo que se nomina como concesiones y APPs es tildado peyorativamente como “privatización”. Pero en realidad solo se trata de contratar la inversión, operación, la gestión, del establecimiento, a cambio del cumplimiento de metas preestablecidas y claramente fiscalizables por parte del Estado. En cambio, cuando los servicios se mantienen en manos del Estado, nadie supervisa, no hay estándares ni metas establecidas, no hay rendición de cuentas ni transparencia.

Estas objeciones a que se priorice el servicio a los ciudadanos antes que los resabios es producto de la ‘lluvia ácida’ socialistoide que hemos sufrido por décadas y, que se agravó sustancialmente en el gobierno del nacionalismo, que entendía al sector privado como una suerte de fuerza de ocupación extranjera y sembró funcionarios y procesos resistentes a su participación.  

Las APP son la mejor manera de servir mejor al ciudadano. La acusación de “privatización” esconde el temor a perder las prebendas que una gerencia privada desterraría, o a tener que incorporarse a un régimen de trabajo más disciplinado y exigente. De hecho, por ejemplo, se reducirían las posibilidades de vender servicios por lo bajo o de desviar pacientes hacia la práctica privada. Lo que se ha desarrollado es una forma de privatización de segundo nivel, sin concursos ni transparencia, y con operadores de cuestionable capacidad. Ver en Lampadia: No habrá ‘revolución social’ sin una verdadera reforma de salud.

El mejor ejemplo de lo adecuado que pueden ser las APP en el sector de la salud, que accidentalmente lograron pasar las vallas de la mentalidad estatista, son los hospitales de ‘Bata Blanca’ de ESSALUD: Alberto Leopoldo Barton Thompson y Guillermo Kaelin de la Fuente. (Ambos iniciados en el gobierno de García). Ver en Lampadia: APPs en salud: Poniendo a la población por delante y Las APP han generado servicios de salud de alta calidad. Estos son los mejores hospitales del Estado (y probablemente también, del sector privado) que se hayan construido en toda nuestra historia. Pero, ¿ha aprovechado esta experiencia el gobierno para difundirla como ejemplo de lo que significa una APP para la población? No, en verdad está muy escondida de la opinión pública. Lo que es más, el propio ESSALUD no pretende replicar el éxito en los nuevos hospitales, que está desarrollando en la modalidad de ‘Bata Gris’ (que excluyen los servicios médicos y un servicio integral).

El mayor aporte de los hospitales basados en APPs de ‘bata blanca’ para la calidad de la salud, es que al mismo costo por asegurado de la operación directa de Essalud, se logran estándares inmensamente mejores y verificables. Por ejemplo: solo pueden demorarse cinco días en dar la primera cita a un paciente, diez como máximo para la segunda cita y solo demorar 30 días en realizar una intervención quirúrgica en caso que esta sea necesaria.

Essalud está de retroceso con operaciones directas y concesiones de ‘bata gris’, para dar gusto a sus médicos que pretenden mantener su clamoroso nivel de servicio en todos los espacios posibles, y el Ministerio de Salud no  ha logrado recuperar el control y manejo en la aplicación de las políticas sectoriales en los gobiernos descentralizados, uno de los objetivos del Seguro Integral de Salud (SIS). Por lo tanto, ¿cómo queda el sistema público de Salud?

Fuente: cdne.ojo.pe

El SIS ya está en crisis. Miguel Palacios Celi, decano del Colegio Médico del Perú, afirmó que el número de afiliados aumentó de 12 millones en 2011 a 17 millones a junio del 2016. Sin embargo, en paralelo, el presupuesto otorgado ha venido de caída año tras año. Según el Colegio Médico del Perú, el SIS apenas destina S/. 24 anuales por cada asegurado a los hospitales.

Por otro lado, no podemos dejar de mirar la evolución de los servicios de salud en el mundo y su performance. Lo que nos permite mirar que adémas de nuestros problemas internaos, estamos muy lejos de  estándares racionales. Ver el ránking mundial de eficiencia en el sector salud elaborado por Bloomberg al final del artículo. 

Esperamos que tras este escándalo de corrupción, la reorganización anunciada por el Ministerio de Salud incluya una alianza con el sector privado moderno para lograr una verdadera revolución en el sector salud, que los peruanos  necesitamos a gritos. ¡La salud está antes que los atavismos, la ideología y los prejuicios! Lampadia

Después de haberse reestructurado el manejo de los servicios públicos de electricidad y comunicaciones, mediante las privatizaciones de los años 90, que permitieron una mejora sustancial de los servicios y el empoderamiento del Estado como el regulador de la actividad privada, hace prácticamente 20 años el país optó por mantener el servicio de agua potable y alcantarillado en manos del Estado.

A mediados de 1997, en la Embajada del Perú en Londres, durante una visita de Estado al Reino Unido del Presidente Alberto Fujimori, en una cena brindada por el Embajador Eduardo Ponce, con la presencia de inversionistas británicos, se produjo un incidente que tuvo consecuencias de largo plazo sobre el manejo del agua en el Perú.

Los representantes del Water and Sewage Authority, se pusieron malcriados con el Presidente del Perú, por los constantes cambios de planes, por los que no se concluían los términos de la reforma del servicio de agua con el ingreso de los capitales privados. Al final de la cena, el Ministro de Economía y Finanzas, don Jorge Camet Dickmann comentó, sotto voce: “se acabó la privatización de Sedapal, después de esto, el Presidente no irá adelante”.

Desde entonces, la politiquería ha ido solidificando un statu quo, a todas luces negativo: que impide a los ciudadanos el acceso a un servicio de calidad  y castiga a los más pobres a pagar por el agua hasta 15 veces más que las clases más acomodadas, que genera inmensas pérdidas de recursos públicos por inversiones inefectivas y; que permite la presencia de mafias corruptas que medran alrededor de las limitaciones de los pobres.

En el siguiente ensayo, Jaime de Althaus presenta un análisis de la situación del sector y la imperiosa necesidad de adoptar decisiones audaces e ingeniosas para salir de una trampa que no tiene cuando acabar. (Ver otras propuestas de reformas en nuestra biblioteca virtual: Estado del Siglo XXI).  

La reforma del agua potable

Cuando el 8 de julio del 2011 el Presidente Alan García inauguró la  planta de tratamiento de agua de Huachipa, proclamó que se trataba de la planta de Tratamiento de Agua más moderna y grande de Sudamérica, que, junto con la construcción del Ramal Norte de 27 kilómetros de longitud y 10 kilómetros de túneles, garantizaría que 2 millones 400 mil limeños y chalacos de los distritos de Lurigancho-Chosica, San Juan de Lurigancho, Comas, Carabayllo, Los Olivos, Puente Piedra, San Martín de Porres y el Callao, tengan asegurado el abastecimiento de agua potable de manera permanente.

Han pasado 5 años desde esa inauguración, y esos objetivos no se han  cumplido. La infraestructura funciona a un quinto de su capacidad. Según Fernando Momiy, Presidente de la Sunass, la Planta debería proporcionar 5 m3 por segundo pero sólo da 1 m3. Para comenzar, el llamado Ramal Norte que va desde Huachipa hasta Comas pasando por San Juan de Lurigancho, tuvo problemas desde el día mismo de la inauguración, cuando se rompió el tubo por la presión del agua, inundando 5 manzanas de San Juan de Lurigancho. A partir de allí, la cantidad de agua que lleva es mínima. Y como si ello fuera poco, resulta que en noviembre de 2015, cuando los constructores Camargo Correa y Veolia iban a entregar la planta a Sedapal luego de 4 años de operación, justo antes de la venida del Niño, se descubrió que la bocatoma se estaba desmoronando, cayendo a pedazos. Camargo Correa realizó una reparación provisional, a cuenta de una reparación mayor que tendría que hacer si así lo determina un peritaje que Sedapal ha convocado pero que se declaró desierto en abril del 2016, programándose la segunda convocatoria para agosto del 2016. “Que se sepa, ni la Contraloría ni la fiscalía han determinado responsables”, señaló Momiy. “Lamentablemente es una obra pública y no una concesión”, agregó.

Daños en la Bocatoma de la planta de agua potable de Huachipa

No obstante, Ramón Huapaya, Gerente General de Sedapal, asegura que la razón por la que el Ramal Norte sólo transporta 1 m3 y 5, no son las fallas en la construcción, que en el caso del Ramal ya fueron reparadas, sino el retraso en el tendido de redes en Pachacútec y San Martín de Porres, que debió estar listo con simultaneidad a las obras mayores. Recién en diciembre de este año estaría operativo de modo que en ese momento el Ramal Norte conducirá 4 m3 de agua por segundo. Veremos.

Como fuere, si esos problemas ocurren en Lima, con Sedapal, que se supone es la empresa de agua potable más organizada del país, y en una obra ejecutada por empresas internacionales en un proyecto que costó más de 800 millones de soles, ¿qué no pasará en el interior del país con Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) municipales cuya gestión, en su gran mayoría, es sumamente deficiente?

Graves problemas de gestión, corrupción y despilfarro presupuestal

El problema central de las EPS es que no son capaces de mantener adecuadamente las redes que manejan y menos aun de ampliarlas, porque tienen tarifas bajas o gastos de personal excesivos o mucha corrupción, y carecen de capacidad profesional para formular proyectos. Según la Sunass, las EPS no tienen proyectos ni proyectistas. La propia Sedapal sólo puede ejecutar 400 millones al año de los 650 millones que tiene disponibles.

En muchos casos las EPS se han convertido en botín laboral de los alcaldes, que ponen en ellas a allegados a quienes quieren favorecer con un empleo, sin consideración de capacidad o necesidad. El siguiente alcalde los despide, pero regresan vía judicial, en virtud de la estabilidad laboral absoluta que impera en nuestro país.

Como resultado muchas EPS tiene más personal del que necesitan y sin las calificaciones adecuadas. Y la corrupción cunde. El propio ex Ministro de Vivienda, Milton von Hesse, denunció que en Sedalib trabajadores venden por su cuenta el agua en algunos sectores periféricos de la ciudad. Es decir, la privatización de facto, a favor de trabajadores corruptos. Y el Premier Cateriano reveló hace unos meses que los puestos en Sedapal son hereditarios en virtud de convenios colectivos firmados con el sindicato. Inaudito.

Este es, pues, un sector que, con excepciones, ha sido abandonado al descontrol más absoluto y que ha terminado en manos de grupos que se benefician para su propio interés de un estado de cosas ruinoso e ineficiente.  

Por eso, por ejemplo, la instalación de micromedidores, que por ley es obligatoria, se cumple muy parcialmente. En el siguiente gráfico podemos ver, por ejemplo, que 10 EPS tienen un nivel de micromedición menor al 20%.

Número de EPS según % de micro medición

 Fuente: Benchmarking Regulatorio de las EPS, 2014, Sunass

Como consecuencia, las EPS tienen que estar recibiendo frecuentemente transfusiones de sangre del presupuesto nacional incluso para subsistir y mantener las plantas y las redes. Son huecos negros. De hecho, las rehabilitaciones, ampliaciones o nuevas plantas se hacen siempre con dinero del gobierno central, no con fondos de las EPS. El Estado transfiere a las EPS, Gobiernos Regionales y Municipalidades alrededor de 3 mil millones de soles anuales para obras de saneamiento. Parte de eso es para reparar o rehabilitar redes deterioradas. Y, según Fernando Momiy, cuando, con ese dinero, el gobierno regional o la municipalidad llevan a cabo proyectos de agua potable que encargan o transfieren luego a las EPS, esos proyectos suelen tener problemas de diseño, formulación, ejecución, supervisión y financiamiento. El resultado  es una gran cantidad de obras inservibles, paralizadas, inconclusas o en arbitraje. Y si la obra se termina y entrega pero está mal hecha, lo que se tiene son elevados costos de operación y mantenimiento. En los últimos 10 años el Estado ha invertido 20 mil millones de soles en obras de saneamiento y Momiy se pregunta en qué se ha ido ese enorme monto.

Por eso, la cifra de incremento de la cobertura de agua potable y alcantarillado puede resultar engañosa. En efecto, según el documento “Benchmarking Regulatorio de las EPS, 2014” de la Sunass, la cobertura promedio del servicio del agua potable a nivel nacional en las poblaciones que están dentro de área de influencia de las 50 EPS se incrementó desde 82.4% en el año 2009 hasta 90.5% en el año 2014, y en el caso del servicio de alcantarillado, pasó  de 75.4% a 83.6% en el mismo periodo. Es notorio el caso de las EPS Pequeñas cuya cobertura pasó de 68.02% a 86.40% en esos mismos cinco años, un incremento de 18%. Pero precisamente lo que ocurre es que muchas de esas obras tienen problemas de diseño, operación y mantenimiento y a la larga no podrán mantener el servicio salvo que reciban una inyección del gobierno regional o nacional, como de hecho ocurre. 

Lo anterior se advierte, por ejemplo, en la cantidad de horas al día en las que hay agua potable en las viviendas atendidas por las EPS. Salvo Sedapal, donde el promedio de horas al día era 21.9, en las viviendas atendidas por las demás EPS el promedio de horas de agua estaba alrededor de 16. Y, como podemos ver en el siguiente tráfico, hay 10 EPS en las que la cantidad de horas diarias está por debajo de 12.

Número de EPS según cantidad de horas de agua/día

Fuente: Benchmarking Regulatorio de las EPS, 2014, Sunass

Con mucha frecuencia, como decíamos, los proyectos están mal hechos y no funcionan. El caso más conocido es el de la planta de tratamiento de aguas residuales  y el sistema de alcantarillado de Iquitos, una obra de alrededor de 800 millones de soles también que fue, sencillamente, una estafa, porque las aguas servidas se salen en medio de la ciudad, inundan las calles y no llegan nunca a la planta de tratamiento. Esta, a su vez, fue construida en una zona inundable, de modo que a la primera lluvia importante se colmó de agua y los equipos eléctricos se malograron. Y el ex gobernador regional está libre y campante.

Un estudio reciente de la Sunass revela que de las 200 plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) que existen en el país, ninguna funciona adecuadamente. Más de 90% carece de autorización de de la Autoridad Nacional del Agua para vertimiento y reúso, y no puede cumplir la normativa de Límites Máximos Permisibles ni de los Estándares de Calidad Ambiental, debido a las tecnologías que usan y a las características del cuerpo receptor. También incumplen la ley de Residuos Sólidos por falta de lugares adecuados para la disposición final de los lodos y residuos sólidos y/o por falta de aplicación de estrategias de reúso de los lodos. (Ver: http://www.sunass.gob.pe/doc/Publicaciones/ptar2.pdf)

La cuantiosa deuda al Fonavi

A los graves problemas de gestión, personal y corrupción de las EPS, se suman serios problemas financieros. En efecto, las EPS sufren unas cargas financieras muy gravosas que no pueden atender: se trata de la deuda que tienen con el FONAVI. Resulta que en los años 90 las EPS recibieron fondos del FONAVI para hacer obras de agua potable y alcantarillado, o asumieron la deuda contraída por pobladores para ese fin. El resultado es una deuda de 4,200 millones de soles entre casi todas las EPS, que, por supuesto, no han incorporado en la tarifa que pagan los usuarios, salvo en tres casos. No pueden pagar esa deuda y cuando lo hacen, no pueden hacer obra. Y el problema es que los fonavistas se cobran precisamente del pago de esa deuda, y como quienes los representan son funcionarios del MEF, éstos accionan y eventualmente embargan a las EPS.

Soluciones

Esta situación solo se resolvería aumentando las tarifas de una manera apreciable, lo que resultaría casi imposible considerando que eso requiere de una audiencia pública y que más bien el problema suele ser de retraso tarifario. Por lo demás, de nada serviría aumentar las tarifas si la gestión de las EPS sigue siendo una coladera.

Capitalización de la deuda y APPs

La Sunass, entonces, propone una salida, a todas luces inteligente: que el Estado capitalice esas deudas, tome el control de las empresas y les consiga operadores solventes por medio de asociaciones público privadas. Es decir, aprovechar la deuda impagable de las EPS para resolver de una vez por todas el problema de gestión, de modo que los cuantiosos montos que invierte el Estado anualmente en saneamiento, en lugar de dilapidarse, se traduzcan en aumento real de la cobertura y de la calidad del servicio y se cierren las brechas existentes.

Activar el Fondo de Inversión Social en Saneamiento (INVERSAN)

Y para que los 3 mil millones vayan a proyectos realmente prioritarios y bien estudiados, la Sunass propone una segunda medida: activar el Fondo de Inversión Social en Saneamiento (INVERSAN), creado por la ley 29061 al final del gobierno de Alejandro Toledo pero que la administración siguiente, la de García, dejó de lado. La idea es transferir a ese fondo todos los años los 3 mil millones de soles que se gastan hoy de manera clientelista y sin planificación ni control alguno. Se trata de un fondo concursable, de modo que los recursos se asignarían a buenos proyectos de acuerdo a prioridades establecidas claramente, asegurando operación y mantenimiento, y no a los alcaldes o gobernadores regionales amigos del ministro.

Luego, a fin de que las EPS se avengan a tener tarifas reales, debería darse una ley por la que si la empresa no quiere aumentar la tarifa cuando es necesario, la diferencia la tenga que poner la Municipalidad de su presupuesto.

Catastros

Otra medida, sugerida por la Sunass, es algo que debería hacerse desde o por encargo del Ministerio de Vivienda: un catastro técnico que identifique donde están las redes en cada ciudad y qué antigüedad tienen, por un lado, y un catastro comercial, para saber con precisión quiénes son los usuarios pues, por ejemplo, hay muchas industrias que se camuflan como usuarios domésticos.

Resulta absurdo, por ejemplo, que muchas carreteras se ejecuten y mantengan por medio de asociaciones público privadas y esto no se pueda aplicar en el sector saneamiento, tan necesitado justamente de una gestión moderna y eficiente que garantice la ampliación, operación y mantenimiento de la infraestructura.

Compromisos políticos que deben superarse

Lamentablemente el plan de gobierno de Peruanos por el Kambio no contempla claramente la posibilidad de concesionar la administración de las EPS a asociaciones público privadas. Es más, en el acuerdo firmado con el sindicato de Sedapal, PPK se compromete a “no concesionar Sedapal ni las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS)”. Sorprende que el Presidente electo no se haya percatado de que lo que buscaban los sindicatos con este acuerdo era mantener el statu quo para conservar los privilegios y las prácticas corruptas antes mencionadas. Ver acta del compromiso:

Lo que ese plan plantea es que los usuarios estén representados en sus directorios de modo que tengan un incentivo para reducir las inmensas pérdidas de agua, y que las EPS con déficit en su gestión sean reincorporadas a la administración del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, específicamente al Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), para su “reflotamiento” administrativo y financiero. 

La ley de la OTASS le permite aplicar un “Régimen de Apoyo Transitorio” a las EPS con problemas. Este régimen transitorio dura un máximo de 15 años. Durante ese plazo, la OTASS puede promover la participación del sector privado en la administración de la EPS intervenida. La pregunta es si una APP se interesará por un plazo que es relativamente corto. En todo caso, la solución que plantea la Sunass es más práctica y directa y debería ser considerada si queremos tener éxito.

Lo cierto es que el gobierno entrante tendrá que tener las ideas claras respecto de lo que debe hacerse en este sector vital si es que realmente quiere cerrar la brecha de agua potable. Si no resuelve el problema de gestión de las EPS, se seguirá derrochando inútilmente el dinero de todos los peruanos. 

Resolver esto es algo que requerirá un manejo valiente, pues las necesidades de saneamiento no pueden seguir postergándose por más tiempo. Tal como el propio PPK ha preconizado a lo largo de los últimos años desde la conducción de su ONG ‘Agua para todos’. Lampadia

Un reciente estudio de EY “Las Asociaciones Público-Privadas y el desafío global en infraestructura”, brinda una visión de las APPs y los modelos más exitosos a nivel internacional. Grandes ejemplos de desarrollo e inversión en infraestructuras para el Perú. Las APP son una herramienta fundamental para superar las brechas de infraestructuras en todo el mundo y es la herramienta que están usando los países más desarrollados desde hace muchos años.

En el Perú tenemos grandes dificultades en el desarrollo de los proyectos de inversión, entre ellos los de infraestructuras. Primero por las demoras entre las adjudicaciones y los cierres financieros de los contratos de APPs. Además, una vez finalizados los convenios, se dan mil dificultades para el inicio de las obras, tanto por trámites con otras agencias del Estado, como los municipios y por inmensas dilaciones en los procesos de expropiación que son parte de los proyectos.  

En el estudio de EY, se afirma que “entre los años 2008 y 2014, se adjudicaron 60 proyectos de infraestructuras a través de APPs, por un importe de US$22.6 mil millones, los cuales crecieron a una tasa promedio anual de 51.5%, reflejando el gran interés del sector privado y público en establecer esta modalidad de proyectos, sobre todo en los sectores de transporte y energía (electricidad) que representaron el 34% y 29% de los proyectos adjudicados, respectivamente. (Ver gráfico inferior)

Tradicionalmente, el financiamiento de las infraestructuras en el Perú quedaba en el ámbito del sector público, pero ante la envergadura del reto y el desarrollo de esquemas contractuales eficientes entre el sector público y privado, han tomado mucha relevancia las APPs, los cofinanciamientos y las iniciativas privadas. Ver en Lampadia: Asociaciones Público Privadas: Una solución efectiva ‘HOY’.

Una de las mayores ventajas de los contratos de concesión de infraestructuras es que incluyen las provisiones necesarias para el mantenimiento de las instalaciones correspondientes asegurados por plazos de hasta 30 años. Según Gonzalo Prialé, Presidente de AFIN, en una entrevista con Lampadia, afirmó que “esa es la gran diferencia entre una obra público-privada y una obra pública que no tiene mantenimiento asegurado y termina perdiéndose lo invertido. Es la historia del Perú: carreteras rotas, obras destrozadas o inútiles, y ese capital perdido se debe a la falta de mantenimiento. Las APP son el vehículo que le permitiría al país atacar este problema con la mayor celeridad.”

Sin embargo, gracias a la maraña burocrática, a la desidia del aparato público y a las angustias fiscales del MEF, en el 2015 se ha reducido extremadamente el monto de inversión (ver gráfico superior), más aún si se considera que el número de proyectos adjudicados es el mismo que en el 2014 (10 proyectos).

En el estudio de EY, se presentan 5 tendencias clave que todo gobierno debe considerar para mejorar su participación de APPs en el mercado:

1. Incentivos para desplegar el modelo APPs

Los mercados de APPs más dinámicos del mundo son aquellos en los que el gobierno apoya y desarrolla proyectos a través de incentivos, ya sea desde el acceso a recursos especializados y la supervisión del gobierno u otra ayuda financiera, como las garantías.

2. Estandarización de principios, procesos y documentos

Los mercados que adoptan posiciones y documentos estandarizados desarrollan una mayor participación del sector privado y portafolios de proyectos más sólidos. Además, la estandarización vuele más sencillas las negociaciones del contrato, conduce a plazos de contratación más cortos y menores costos de licitaciones tanto para los socios del sector público y privado.

En el cuadro inferior se puede observar un claro ejemplo de la estandarización y facilitación de inversiones de APPs en 4 principales economías:

3. Intervención proactiva en los mercados de capital

La crisis financiera mundial ha dañado a los mercados de financiamiento de proyectos; sin embargo, esta tendencia ya está cambiando. En muchos países, las APPs están recuperando su participación en los fondos de pensiones y aseguradoras. Este aumento de la participación no ha sido un fenómeno instigado puramente por el mercado, sino también por intervenciones del gobierno, tales como el pago de intereses subvencionados.

4. Evaluación del Valor por Dinero

La evaluación ex – ante del Valor por Dinero (VPD) del modelo APP con respecto a los enfoques de licitaciones tradicionales sigue siendo un tema de mucho debate. En la mayoría de los ámbitos de la contratación, el “costo de oportunidad” para el gobierno y el mayor impacto sobre la economía son, a menudo, pasados por alto.

5. Evaluación retrospectiva de los proyectos de APPs y la contratación

El escrutinio retrospectivo de los proyectos es un medio importante para monitorear el desempeño continuo, el VPD y garantizar la transparencia.

En Lampadia, hemos analizado un ejemplo muy exitoso de las APP que lograron pasar las vallas de la mentalidad estatista, tenemos los hospitales de ‘Bata Blanca’ de ESSALUD: Alberto Leopoldo Barton Thompson y Guillermo Kaelin de la Fuente. (Ambos iniciados en el gobierno anterior). Ver: APPs en salud: Poniendo a la población por delante y Las APP han generado servicios de salud de alta calidad. Estos son los mejores hospitales del Estado (y probablemente también, del sector privado) que se hayan construido en toda nuestra historia.

Esperamos que con estos consejos de EY y la contrastación de las mejores experiencias internacionales, el gobierno adopte de manera permanente y continua el uso de APPs para cerrar las brechas de infraestructuras económicas y sociales. Solo así, podremos ofrecer a nuestros ciudadanos y empresas, los espacios de desarrollo de sus necesidades y ambiciones. Lampadia

¿Alcanzarán las reformas propuestas en los planes para superar las metas señaladas en el MMM?

Jaime de Althaus

Lampadia

Hay un cierto contraste entre el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) recientemente publicado por el MEF, y los planes de gobierno de Peruanos Por el Kambio (PPK) y Fuerza Popular (FP). En términos generales, el MMM advierte más riesgos en la economía global que dichos planes y es más conservador. Considera una tasa de crecimiento de mediano plazo de 4% a partir del 2018, mientras que PPK la pone en 5%. Postula un déficit fiscal de 1.8% del PBI el 2017 y 1.3% el 2018, mientras que el plan de PPK proyecta una déficit fiscal de 3% del PBI hasta el 2019.

El MMM plantea reducir el déficit fiscal sin afectar la inversión pública, lo que supondría aumentar la recaudación y reducir gasto no prioritario a fin de no reducir el gasto corriente necesario, que más bien tendría la presión de aumento que vendrá del avance de la reforma magisterial y de la del Servicio Civil. De otro lado, el MMM no incluye un incremento del endeudamiento externo ni tampoco una mayor utilización del Fondo de Estabilización Fiscal, como sí lo plantea el Plan de Fuerza Popular. Menos aún aconseja reducir tasas impositivas (PPK) sino más bien incrementar la eficiencia de la fiscalización tributaria a fin de reducir los niveles de evasión que aún son altos “y combatir la evasión de corporaciones internacionales que transfieren recursos hacia países de baja fiscalización”.

La pregunta que debemos hacernos es hasta qué punto ambos planes de gobierno están incluyendo las reformas y políticas necesarias para conseguir un crecimiento de mediano plazo superior al 4% así como una recaudación fiscal y una reducción de gasto no prioritario que permita financiar a la vez el desarrollo de la infraestructura y la consolidación de reformas que requieren aumento del gasto corriente (servicio civil, magisterial, Policía, Judicial). La necesidad de reformas profundas es tanto más necesaria cuanto existe el riesgo de que el entorno económico mundial se agrave si se desatan problemas financieros contenidos y la China crece menos aún de lo esperado, que ya es menor al 6%.

El examen de ambos planes permite encontrar coincidencias en torno a las siguientes reformas y políticas:

1. Eliminación drástica de trámites, requisitos y exigencias en todos los sectores, para impulsar inversión privada y destrabar proyectos de infraestructura.

2. Gobierno electrónico, digitalización del Estado, plataforma de interoperabilidad, integración de las bases de datos.

3. Profundizar la reforma del Servicio Civil y gestión por resultados en todos los niveles.

4. Afianzar la carrera magisterial meritocrática y mejorar los aprendizajes usando tecnologías de la información y pedagogía constructiva.

5. Reforma de la inversión pública:

• PPK: Nueva Proinversión que verá toda la obra pública y público-privada. Tendrá el banco de preproyectos de inversión y realizará los estudios de cada preproyecto. Tendrá un presupuesto quinquenal de preproyectos y priorizará los proyectos de inversión en base a una evaluación económica y social de los beneficios y contará con un sistema de monitoreo. Tendrá oficinas en todos los Gobiernos Regionales y locales.
• Fuerza Popular: Creación de un Sistema Integrado de Planeación de Políticas Públicas, que comprenderá funciones de planeación de la implementación de políticas y de inversión, así como de coordinación de dicha implementación entre niveles de gobierno. Tendrá Unidades de Gestión de Servicios y Procesos (UGSP) que tendrán a su cargo la identificación de las prioridades del Estado relacionadas con los servicios así como con la adecuada operación de los procesos de inversión pública.
• Ambos plantean impulsar y simplificar las APPs.

6. Descentralización: Fortalecimiento del control y de la capacidad del gobierno central para reformar y monitorear  los servicios y entregar recursos a cambio de resultados.

• Ambos plantean la reforma de la Contraloría (todos los auditores pasan a la Contraloría; fiscalizar resultados y dolo antes que cumplimiento de normas).
• PPK: la creación del Ministerio de Apoyo a las Regiones (MAR) y la  descentralización de Proinversión.
• FP:  Unidades de Gestión de Servicios y Procesos (UGSP) para acordar metas, reformar y garantizar los servicios de educación, salud, agua y saneamiento y la inversión pública.
  • Transferencias a gobiernos sub nacionales condicionadas a la reducción de brechas.

Pero ninguno de los dos planes plantea que el gobierno central pueda intervenir o sustituirse temporalmente en casos de falencia de algún servicio, ni tampoco una redistribución de funciones y competencias ni un proceso de recertificación de capacidades.

7. Formalización:

• Régimen especial temporal con tasas menores para mypes:
  • PPK: 10% del Impuesto a la Renta por 10 años, o Impuesto 2,5% de las ventas, a empresas que facturen hasta 2,300 UIT.
  • FP: Tributación cero durante los dos primeros años para las nuevas MYPES, y luego tarifa  progresiva.
• IGV:
  • PPK: Reducción del IGV hasta el 15%.
  • FP: Pagar IGV cuando se reciban los ingresos, etc.
• Incentivos a empresas que contraten jóvenes.
• PPK: ¿Seguro  de desempleo en lugar de CTS (2.5% del sueldo) y reducir el sobrecosto de los beneficios laborales en 10 puntos (PPK)?
• Reforma de la SUNAT (reorganizar, facilitar)
• Titular comunidades campesinas y nativas
• Formalización de la minería informal:
  • PPK: Nuevo Banco de Fomento Minero que adquirirá producto de los mineros
  • FP: Legislación diferenciada por  costa, sierra y selva, valla más baja. Pero se acaba de anunciar un acuerdo que despenaliza la minería ilegal.

No obstante, ninguno de los dos planes plantea flexibilizar la legislación laboral, sino fortalecer Consejo Nacional de Trabajo para lograr consensos que permitan quizá flexibilizar. Tampoco queda claro cómo sería una reforma integral de sistema de pensiones luego de la aprobación de las ley que permite retirar el 95.5% del fondo acumulado en la AFP al momento de jubilarse. 

8. Coincidencias en políticas productivas:

• “Adelanto social” en minería.
• Masificación del gas, petroquímica y modernización de PetroPerú.
• Extender Sierra Productiva (FP) o Haku Wiñay (PPK) a toda la sierra rural.
• Profundizar la diversificación productiva.
• Impulsar la investigación, ciencia y tecnología.
• Multiplicar el turismo.
• Plantaciones forestales en sierra y selva: 1 millón de has.
• Ley fomento de acuicultura (solo FP).

9. Políticas de reactivación:

• Impulso fiscal: (déficit 3%, utilización del FEF). Estas propuestas no están contempladas en el Marco Macroeconómico Multianual.
• Impulso tributario: (solo PPK). Propone reducir el IGV 3 puntos, incluir toda la inversión como gasto a fin de reducir el impuesto a la renta y mantener la reducción al impuesto a  la renta dictada por este gobierno. Fuerza Popular plantea derogar esa reducción.  

En conclusión, sea quien fuera que llegue a la presidencia, aplicará –si cumple su plan de gobierno- un conjunto de reformas que ayudarán a reanimar la inversión, mejorar la productividad de la economía y subir la tasa de crecimiento potencial. Sin embargo, hay dos temas clave en los que las propuestas son deficitarias: la reforma de la descentralización y la reforma laboral. Sin eso, será difícil mejorar apreciablemente la capacidad de gestión y calidad del gasto público y formalizar la economía y el trabajo a fin de multiplicar la inversión y aumentar la recaudación. Además, los planes entrañan un incremento significativo del gasto en nuevos programas propuestos, pero no se indica qué gastos o programas se reducirían para hacer eso posible, aunque sí se propone una nueva institucionalidad planificadora y priorizadora.

Lampadia

Una de las grandes falencias del Perú es su pobre nivel de infraestructuras. Estas son de dos tipos: económicas y sociales. Las económicas permiten un mejor nivel de competitividad de las actividades productivas del país. Las sociales permiten el acceso de los pobres a un mejor nivel de vida y a la economía de mercado. Ver la posición relativa de las infraestructuras peruanas con respecto al resto del mundo, en los siguientes dos gráficos.

El gremio empresarial vinculado a las empresas privadas de servicios públicos (AFIN), donde se agrupan una buena parte de las operadores de las infraestructuras, acaba de recalcular la brecha de infraestructuras del país, presentada en un estudio de la Universidad del Pacífico. El nuevo cálculo, ha diferencia de los anteriores incluye las infraestructuras sociales en salud y educación. La nueva brecha se ha calculado en US$ 160,000 millones hasta el 2025, con US$ 69,000 millones al 2020. Ver sus componentes:

Además de la brecha de infraestructuras, tenemos grandes dificultades en el desarrollo de los proyectos de inversión. Primero en cuanto a la demora entre las adjudicaciones y los cierres financieros de los contratos de APPs, como puede verse en el siguiente cuadro comparativo con otros países. Además, una vez finalizados los convenios, se dan mil dificultades para el inicio de las obras, tanto por trámites con otras agencias del Estado, como los municipios y por inmensas dilaciones en los procesos de expropiación que son parte de los proyectos.  

En cuanto al impacto de las infraestructuras entre los más pobres, el siguiente gráfico, del libro de Richard Webb, ‘Conexión y Despegue Rural’, muestra como el aumento de la conectividad rural, incide en la mejora de los jornales. Ver gráfico:

En cuanto al financiamiento de las infraestructuras en el Perú, hay que plantear las relaciones entre necesidades (brechas), ahorro y deuda pública. El Perú tiene reservas fiscales del orden de 15% del PBI y un nivel de deuda pública casi inexistente, 3.6% de deuda neta. En verdad es absurdo demorar el desarrollo de las infraestructuras que tienen un impacto económico y social tan importante, contando con amplias capacidades de financiamiento. Esta situación es solo producto de la falta de visión, capacidad de gestión e imaginación de las autoridades económicas del país.

Tradicionalmente, el financiamiento de las infraestructuras ha quedado en el ámbito del sector público, pero ante la envergadura del reto y el desarrollo de esquemas contractuales eficientes entre el sector público y privado, han tomado mucha relevancia las APPs, los cofinanciamientos y las iniciativas privadas, lamentablemente más en la teoría que en la práctica. Una de las mayores ventajas de los contratos de concesión de infraestructuras es que incluyen las provisiones necesarias para el mantenimiento de las instalaciones correspondientes, con lo cual queda asegurada la calidad de los servicios en el tiempo y evitándose los desastres históricos en los que se rehacía las mismas obras varias veces por el típico abandono en su mantenimiento.

En su reciente presentación en el Congreso de Infraestructuras, el ex Ministro de Economía y Finanzas, Luis Carranza, ha criticado que se haya cambiado la regla de déficit fiscal que limitaba el crecimiento del gasto corriente y dejaba espacio para la inversión en infraestructuras. Desde su cambio, por parte del actual gobierno, se ha disparado el gasto corriente y no se ha sabido promover la inversión pública. Ver el siguiente gráfico:  

Carranza planteó además, la posibilidad desarrollar estructuras financieras que permitan adelantar los futuros recursos del canon y regalías de determinados proyectos, lo que permitiría acelerar los beneficios de los proyectos fortaleciendo el apoyo social. Ver la presentación de Carranza en el siguiente enlace: Política de Financiamiento de Inversiones en Infraestructura de Uso Público.

En Lampadia hemos insistido varias veces en la necesidad de ser ambiciosos e imaginativos para cerrar las brechas de infraestructuras en el menor plazo posible. Ver: Sobre cómo financiar e invertir US$ 80,000 millones y Estrategia para el financiamiento de las Infraestructuras. En esencia, nuestra propuesta de Lampadia pretende inyectar unas chispas que enciendan el debate sobre cómo financiar nuestros requerimientos de infraestructuras aprovechando las condiciones estructurales, favorables de nuestra economía.

Lamentablemente, el gobierno de la inclusión ha dificultado las inversiones en infraestructuras, a veces por desconfianza en el sector privado (al que algunos consideran una suerte de fuerza de invasión extranjera) y otras por los absurdos procesos burocráticos que han crecido como frondosas hiedras. Probablemente, solo queda esperar que el próximo gobierno tenga la responsabilidad necesaria para priorizar adecuadamente y sin complejos, mejores acciones de gobierno. Lampadia  

Comentario de Lampadia

Poco a poco el Estado peruano va aceptando que trabajar con el sector privado no significa perder propiedad, soberanía ni control sobre aspectos de la gestión del propio Estado.

Así se manifiesta con las APPs (Asociaciones Público Privadas) y OXI (Obras por Impuestos) que permiten una mejor gestión de la salud, la educación y de las infraestructuras. Incluso Essalud, tiene dos muy exitosas APPs de ‘bata blanca’ para los nuevos hospitales del Callao y Villa El Salvador.

La semana pasada, mediante el Decreto Legislativo 1198, el gobierno peruano ha emitido un excelente dispositivo para permitir la gestión privada de los sitios arqueológicos. Como es de conocimiento público, el nacionalismo mal entendido ha determinado que el Perú no haya podido poner en valor gran parte de su riqueza cultural. Por un lado, no se ha invertido lo suficiente en el desarrollo de museos; por otro, sitios arqueológicos muy importantes están desatendidos por la incapacidad del Estado para movilizar recursos suficientes.

Es verdaderamente indignante ver como en algunos museos, los mantos de Paracas y las momias precolombinas están arrumadas en sótanos húmedos, en espera de su destrucción definitiva por no permitir su puesta en valor por parte del sector público.

Lamentablemente, esta buena norma está siendo rechazada por los políticos tradicionales de Cusco y, peor aún, por parte de quién detenta el importante cargo de la jefatura de la Dirección Descentralizada de Cultura del Cusco, Ricardo Ruiz Caro Villagarcía. Los primeros por expresión del tradicional chauvinismo que se ejerce en la política cusqueña que ha debilitado el desarrollo de ese majestuoso departamento. En el caso de Ruiz Caro, su oposición sería porque la gestión actual ha hecho mejoras en la gestión cultural pero, quién nos garantiza que eso siga así en el futuro, cuando cambien las autoridades.

Además, no deja de ser sospechosa la actitud de Ruiz Caro en cuanto a una soterrada defensa del statu quo, que se opone a la norma y reacciona pasándose al lado de los opositores. Así, por supuesto se tendría más tranquilidad pero, por falta de valentía, se condenaría al Cusco a la mediocridad.

A continuación publicamos la entrevista a la Ministra de Cultura, Diana Álvarez Calderón, del diario El Comercio, sobre este importante dispositivo:

“Inversión privada en patrimonio servirá para su puesta en valor sostenible”

El sector privado tendrá participación en la administración de sitios arqueológicos producto de unos decretos recientemente emitidos.

Entrevista a Diana Álvarez-Calderón, Ministra de Cultura

Por Camila Bozzo, El Comercio, 28 de septiembre 2015

La semana pasada se publicaron dos decretos en “El Peruano” que permitirán la participación del sector privado en el desarrollo de proyectos de cultura. La ministra Diana Álvarez-Calderón conversó sobre ellos en exclusiva con El Comercio.

El martes se publicó un decreto legislativo que autoriza al Ministerio de Cultura otorgar a entidades públicas o privadas la administración del Patrimonio Cultural de la Nación. ¿Qué va a implicar esa administración?

En primer lugar, la administración de bienes culturales es un modelo que se ha creado de manera ad hoc para Cultura. Es distinto a figuras como la concesión o la cesión en uso. En este caso, los bienes arqueológicos seguirán siendo de propiedad del Estado y se respetarán los tres principios de la Ley de Patrimonio Cultural: intangibilidad, inalienabilidad e imprescriptibilidad de los bienes culturales. El patrimonio arqueológico podrá ser gestionado tanto por entidades públicas como por privados, que van a poder dar una serie de servicios básicos en sitios arqueológicos.

¿Qué tipos de servicios van a poder prestar los privados?

Servicios de limpieza, seguridad, cafeterías, restaurantes, baños, museos de sitio y otros servicios turísticos. La inversión podrá ser hecha por el privado, por el Estado o en conjunto. Del resultado de la gestión del servicio habrá un porcentaje que será directamente invertido en el sitio arqueológico para su puesta en valor sostenible.

¿Cuál es el impacto que esperan tener con esta medida en turismo, conservación del patrimonio e investigación?

Una vez que se invierta y se ponga en valor el sitio, automáticamente aumentará el valor de toda la zona alrededor. La gente socializa, se apropia del lugar y este se convierte en un espacio público. Además, poner en valor un sitio arqueológico implica hacer trabajo de investigación y estudio. Así tendremos un lugar que no solo va a ser mantenido y cuidado por quien lo administre, sino también por la misma gente. El patrimonio del país es muy grande y el Estado no tiene los recursos para administrarlo. Esta es una nueva forma de obtener recursos para hacer lo que el Estado no ha hecho.

¿Bajo qué condiciones los privados podrán administrar el patrimonio cultural?

Ningún lugar que sea patrimonio mundial puede entrar en este régimen. Quien administre el monumento debe conservar su significado cultural y debe promover el acceso público. Además, tienen que cumplirse las mismas autorizaciones del Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, por el cual nos regimos ahora. La administración no conlleva el uso de garantías por parte del Estado; en esto se parece a la manera en que funcionan las asociaciones público-privadas. No habrá transferencia de recursos públicos a privados, solo puede ser tomado en cuenta lo recaudado por el boleto de ingreso. La administración se otorgará por concurso: una forma transparente y competitiva de acceder a ella.

¿Por cuánto tiempo se otorgará la administración de los bienes patrimoniales?

Por diez años.

Algunos podrían pensar que este modelo de gestión implica renunciar a la soberanía.

Esta figura no afecta la soberanía, porque en ningún caso se da la propiedad del bien, tampoco se cede en uso, ni el privado va a poder decidir sobre el sitio arqueológico. Este sigue perteneciendo al Estado y a los ciudadanos. La idea es promover que se invierta en estos sitios. En todo caso, no es una ley obligatoria. La región que no quiera que se haga inversión privada simplemente no la promoverá.

¿A quiénes convocarán en el proceso participativo para la elaboración del reglamento? ¿Cuándo calculan publicarlo?

Implementaremos mesas de trabajo en lugares estratégicos donde hay sitios arqueológicos y posibilidades de inversión, sobre todo en aquellos que tienen ejemplos claros de cómo debe hacerse. Un taller importante será el de Cusco. Habrá otros en Lambayeque, La Libertad y Puno. Quisiera que el reglamento esté listo en un mes.

Obras por impuestos

El sábado se publicó un segundo decreto legislativo que permite a su sector ejecutar proyectos de inversión bajo la modalidad de obras por impuestos (OxI).

Sí, el decreto amplía la cobertura para los sectores de deporte, cultura y medio ambiente. En el caso de Cultura, nosotros podemos usar recursos ordinarios, asignados por el MEF [Ministerio de Economía y Finanzas] a nuestro presupuesto, o recursos directamente recaudados que vienen del CIRA [certificado de inexistencia de restos arqueológicos] o de boletos, como en el caso de Machu Picchu, para realizar obras por impuestos.

¿Qué proyectos tiene planeado ejecutar bajo esta modalidad?

El primer proyecto importante lo tenemos en conjunto con el Gobierno Regional de Cusco. La Junta de Gobierno de Cusco ya lo aprobó. Es un centro de visitantes en Machu Picchu que va a recibir de forma ordenada a los turistas. Vamos a hacer una gestión de visitantes como se hace en otros museos del mundo. Además, ahora que se ha abierto esta posibilidad, tenemos ofertas de algunos empresarios interesados en invertir sus impuestos en sitios arqueológicos cercanos a sus inversiones.

¿El Museo Nacional podría financiarse por OxI?

El proyecto ya fue elaborado por el ministerio, lo único que faltan son los recursos… El presupuesto requerido sobrepasa el monto de inversión permitido por obras por impuestos. Quiero dejar el proyecto listo con expediente técnico, para que quede protegido y ver si podemos conseguir inversionistas que quieran hacer un trabajo de APP [alianza público-privada] con el Estado.

¿Cree que la obra de ese museo se pueda comenzar en este gobierno?

Difícil. Dependerá del fenómeno de El Niño y de qué recursos nos queden. Es un trabajo que requiere por lo menos cuatro años, implica diseñar lo que contiene el edificio y pensar el guion. Tendría que ser un proyecto que se haga para el año del bicentenario.

“Ya invertimos S/.22 millones en prevención”

El Ministerio de Cultura ha tomado precauciones para amenguar las consecuencias que traerían sobre el patrimonio cultural las inclemencias naturales generadas por el inminente fenómeno de El Niño. Pero los esfuerzos no serían suficientes, según la ministra Álvarez-Calderón.

¿Qué planes tiene el sector para proteger el patrimonio frente al fenómeno de El Niño?

Discutimos el tema en enero del año pasado e hicimos un estudio. Cuando el Consejo de Ministros comenzó a discutir sobre el tema de El Niño en mayo, nosotros ya teníamos un libro con todos los sitios que podían ser afectados y el trabajo que debíamos hacer como sector Cultura. Entonces, presentamos nuestro proyecto al Ministerio de Economía y Finanzas [MEF]. Al principio no fuimos parte de los sectores a los que se les otorgaron recursos. Hemos tenido que insistir y en setiembre del año pasado finalmente nos dieron alrededor de 22 millones de soles para techar 40.000 m2 en los lugares que habíamos decidido y hacer defensas en otros.

¿Va a ser suficiente ese presupuesto?

No, son muchos los monumentos. Los 22 millones de soles ya los invertimos; se terminaron de invertir a principios de este año y luego hemos hecho un nuevo pedido por 16 millones de soles para este año, que esperamos nos den.

¿Cómo van a priorizar los recursos?

Decidimos que solo invertiríamos en sitios que tienen construcciones de barro, debido a que son los que más sufren por las lluvias. Luego lo haremos en los sitios más afectados en los fenómenos de El Niño anteriores: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Áncash. Y posteriormente en sitios más importantes, los más emblemáticos. Así definimos cómo destinar los recursos de prevención. También hemos conversado con Agricultura, que tenía máquinas trabajando en ríos, para trabajar en conjunto. Hay una labor coordinada entre ministerios: Vivienda, Salud, Educación.

Cusco pide que lo excluyan de norma

Luego de la publicación del Decreto Legislativo 1198, que faculta al Ministerio de Cultura a dar a entidades públicas o privadas la administración de ciertos componentes de sitios arqueológicos, las autoridades cusqueñas del mismo sector muestran sus reparos a la norma.

El jefe de la Dirección Descentralizada de Cultura de Cusco, Ricardo Ruiz Caro Villagarcía, solicitará a las instancias pertinentes que en el reglamento del decreto se excluya de los alcances de esa disposición al patrimonio cultural de toda la región Cusco. El pedido se basará en que en esa región ya existe un modelo de gestión administrativa y financiera que garantiza la conservación de monumentos a través del boleto turístico. L