Camilo Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

Durante los últimos días, el conflicto en las Bambas ha venido ocupando un importante espacio en la agenda nacional y en los medios de comunicación. Los periódicos y noticieros difícilmente dejan pasar un día sin cubrir en mayor o menor medida los eventos ligado a este conflicto.

La cobertura que realiza la prensa respecto a un conflicto social es un poderoso determinante para su desenlace. Ello es así porque los actores políticos partícipes en el conflicto actúan en función a un sistema de incentivos frente al que se condicionan sus acciones. Sistema que, en buena medida, se ve determinado por la conducta que adopten los medios de comunicación.

En el caso del conflicto en las Bambas es necesario entender qué hay detrás de la incapacidad del gobierno para desbloquear las vías de acceso a la mina. Desbloquear la carretera se encuentra dentro de las capacidades reales y operativas de las fuerzas del orden peruanas; sin embargo, la acción no se ejecuta a pesar de los claros costos económicos y políticos que el conflicto actualmente genera. Esto es así porque el acto de desalojar a los manifestantes y aplicar el imperio de la ley a quienes bloquean la carretera implica un costo político para el gobierno; costo que el gobierno estima le perjudicaría más que los efectos de la carretera bloqueada.

Es importante entonces considerar como se construye este costo político. Se origina en función a la interpretación que la opinión pública podría generarse respecto al desalojo de la vía a las Bambas. Si el publico en general interpreta como una acción legitima justa y proporcional el desalojo, entonces aquella no significará un costo político para el Gobierno Central. Sin embargo, si la acción se considera como injusta, ilegitima y desproporcionada, entonces la misma implicará un alto costo político para el gobierno. Conforme más justa considere la población la causa de las posiciones anti-mineras mayor será el costo político para el Gobierno de aplicar el imperio de la ley y mayores incentivos tendrá este de impulsar un acuerdo que sea costoso para las empresas mineras. La cobertura que haga la prensa de la conflictividad social es decisiva entonces puesto que esta cobertura será determinante sobre la opinión publica.

Con el fin de poder analizar con mayor detalle el conflicto en “Las Bambas” hicimos un conteo de las notas surgidas en la prensa nacional respecto al Proyecto Las Bambas a partir del 18 de marzo cuando ya el conflicto se encontraba posicionado en la agenda nacional. En la grafica se muestra del numero de menciones que daban una cobertura positiva al proyecto minero las Bambas y aquellas que daban una cobertura negativa.

Se puede observar que en un inicio la prensa dio una cobertura favorable a “Las Bambas” y que paulatinamente fue girando hacia una cobertura cada vez mas hostil. Entre las razones que damos para que esto se de se encuentra la superioridad académica discursiva de los anti-mineros y en especial de la ONG Cooperacción. Esta es una ONG con un claro perfil pos-extractivista que ha conseguido con éxito posicionarse como una voz experta respecto al conflicto en “Las Bambas”. Este posicionamiento les ha permitido a sus voceros ser presentados por la prensa como expertos respecto a las Bambas y la conflictividad social. Pero no solo eso, gran parte de los expertos y analistas en conflictividad con exposición en medios terminan difundiendo parte del mensaje anti-minero debido a que casi la totalidad de los materiales académicos respecto a Las Bambas han sido realizados por anti-mineros. Ello hace que este material se convierta en un insumo casi inevitable de cualquier esfuerzo por estudiar el tema.

El mensaje anti-minero respecto a las Bambas, en buena medida desarrollado por Cooperaccion, va penetrando el discurso social respecto a este conflicto de manera paulatina. Ello se da vía dos caminos, el primero es el espacio mediático ganado por sus voceros y el segundo por la forma como convierten a los lideres de opinión en estaciones repetidoras de sus mensajes respecto a Las Bambas.

El proceso que describimos es sumamente informativo respecto a cómo es la superioridad en desarrollo académico y de discurso de los anti-mineros, producto de un esfuerzo sostenido a lo largo de años de producción académica y posicionamiento de voceros. Aquello facilita que los mismos puedan ir imponiendo su versión del conflicto frente a las empresas mineras. El sector minero no debería sorprenderse de cómo una y otra vez la prensa da espacio a voceros y expertos que le son hostiles y no presentan una contraparte afín a la minería o al menos objetiva del conflicto. Si el gobierno y el sector minero en general no han realizado esfuerzos anticipados para la elaboración de un discurso permeable hacia la población, así como una narrativa comparable a la de sus adversarios, entonces tampoco les debería sorprender porqué es que conflictos como las Bambas degeneran rápidamente en situaciones críticas y en desenlaces poco favorecedores para todos. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El arzobispo de Lima, Carlos Castillo, ha resultado un anti-minero y anticapitalista mucho más radical que el pos-extractivista Marco Arana, o que el ex Patria Roja Gregorio Santos, o incluso que el InkarrIslamista y anti “colonialista” Edwar Quiroga, que ya es mucho decir. Podría formar un frente con ellos, y liderarlo.

Ha declarado la semana pasada en el Canal N que “estamos en un problema de absorción minera del país, y podríamos decir, de destartalamiento humano por obra de la ambición financiera y la combinación entre ambas”. Lo que quiere decir, aparentemente, es que, entre la minería, que se está ¿tragando? al país, y la ambición financiera (¿de los capitalistas?), se está destruyendo o descomponiendo la humanidad de los peruanos.

Su visión es apocalíptica, catastrófica. Dice: “somos un país que todos ambicionan en este momento porque tenemos casi todo el mineral del mundo…, el asunto es que vamos acabar triturados ¿no?, porque nos van a saquear de mil formas y lo peor es que saquean toda nuestra naturaleza y a todas nuestras personas”.

La minería es el mal. Es un monstruo destructor, triturador. También “saquea”, usando la clásica expresión anti colonialista o anti imperialista de los años 70. Nuestro arzobispo se ha quedado en la era colonial, cuando la Cruz acompañaba y santificaba a la espada para saquear precisamente. Estaríamos ante un arrepentimiento secular demasiado tardío y equivocado en su objeto, porque la minería actual no es la de la Colonia ni la de los años 50, ni los campesinos andinos son arrastrados a la mita minera con la Biblia por delante.

La mediana y gran minería actual es ambiental y socialmente responsable. No genera pasivos ambientales sino activos ambientales. Por ejemplo: convierte los tajos vacíos en lagunas que dan agua a la agricultura, construye reservorios, siembra bosques, devuelve la naturaleza en el cierre de minas. Necesitamos que haya mucha más minería para sembrar y cosechar agua en toda la Sierra, forestar y luchar así, con recursos, contra el cambio climático.

Incluso para prevenir los huaycos e inundaciones que arrecian cada vez más. Como escribió Carlos Gálvez, ex presidente de la Sociedad Nacional de Minería: “Paradójicamente, ya desde hace algunos años observo las discusiones sobre la disponibilidad de agua para nuestros poblados y la actitud de rechazo a la propuesta del sector minero de:

• construir reservorios de agua en las alturas,
• sembrar Queñuales en la ribera de los ríos para rellenar el acuífero a lo largo de estos,
• canalizar o construir túneles que eviten que el agua de los ríos, aquella que muchas veces ha sido previamente turbinada por centrales hidroeléctricas, se vea impactada por todo el desmonte (basura, cascajo, árboles y ramas) arrojado por los pobladores ribereños antes de llegar a las plantas de tratamiento de agua como La Atarjea y Huachipa.  
• Y, lo más importante, regular las avenidas en época de lluvia y soltarla de manera regulada y limpia en el estío, convirtiéndose en un aliado estratégico del país”.

Las minas pueden ayudar a las familias campesinas a salir de la pobreza no dándoles dinero –que no es digno- sino tecnología de riego por aspersión para aumentar su productividad. Es decir, integrándolas al mercado productivamente. Algunas lo hacen. Otras menos. Otras caen en el círculo vicioso de las donaciones para aplacar pedidos en lugar de avanzar hacia el desarrollo compartido para generar economías locales auto sostenibles más allá de la existencia de la mina. Las tecnologías de Sierra Productiva son ideales para esto. Convierten a campesinos muy pobres en empresarios vibrantes en uno o dos años. En ciudadanos del Perú.

Eso es lo que la Iglesia debería promover: una relación virtuosa y no viciosa entre minería y comunidad, en lugar de fomentar el enfrentamiento o el rechazo de las poblaciones a las operaciones mineras. Pero quizá nuestro colonial arzobispo piensa que es malo que los campesinos salgan de la pobreza, que se conviertan en empresarios pujantes. Es decir, en capitalistas. El demonio. 

Países avanzados se desarrollaron con la minería o el petróleo, y siguen siendo mineros y sus principales exportaciones siguen siendo las mineras. Estamos hablando de Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Noruega, Chile. Ese es nuestro camino. Para eso necesitamos una institucionalidad estatal presente en el territorio, es cierto. Un alto representante del Premier en las zonas mineras que articule al Estado y lleve adelante un plan de desarrollo en esas zonas. Y prevenga así los conflictos. Y necesitamos reformar el canon para que no sea fuente de corrupción sino de desarrollo integral.

Necesitamos aprovechar el recurso que Dios nos ha dado –señor arzobispo- para redimir de la pobreza a nuestros campesinos y para tener el presupuesto necesario para mejorar sustancialmente la salud y la educación en nuestro país, y prepararnos para la cuarta revolución industrial.

Sería bueno que colabore en esta ruta al futuro en lugar de regresarnos a la Edad Media. 

Video de la entrevista al arzobispo:

Lampadia

Recientemente, el BCRP publicó las cifras de inversión directa extranjera (IDE) al cierre del 2018 (ver nota de El Comercio líneas abajo) y lamentablemente, estas no fueron auspiciosas. Así, refiere que por tercer año consecutivo, se retraen los flujos de capitales de largo plazo –esta vez con una fuerte reducción del 8.8%, con respecto al 2017–  lo cual termina de configurar y confirmar una tendencia a la baja que ya se venía observando desde principios del gobierno de Ollanta Humala, y que, la administración PPK-Vizcarra no ha podido revertir. Peor aún, los niveles actuales se encuentran aún muy por debajo de los observados en el 2012, como indica el siguiente gráfico.

Las causales de esta caída son variadas, pero consideramos a dos como fundamentales. En primer lugar y como se desprende directamente del gráfico, se observa un desplome de la inversión minera extranjera, la cual ha pasado de representar el 3.7% del PBI en el 2012 a 1.2% en el 2018.

Este desplome se ha dado principalmente por problemas internos producidos por los ataques por parte del movimiento anti minero que ha estado presente en muchas de las regiones al interior del país, en particular, Cajamarca. Como es de conocimiento público, estos movimientos imposibilitaron la puesta en marcha de dos proyectos mineros que eran cruciales para nuestro crecimiento, Conga y Tía María.

En segundo lugar, una creciente animadversión hacia la inversión privada que empezó con el gobierno nacionalista de Humala, reflejada en una caída de 14 trimestres consecutivos de este indicador entre los años 2014 y 2016. Ello indudablemente tuvo que afectar las expectativas de los empresarios a nivel internacional, redundado en una menor inversión extranjera.

Es importante notar que el tema de las cotizaciones de los metales tiene un impacto menor en el Perú, ya que, por ejemplo, el costo de producir cobre es relativamente bajo, de unos US$ 1.10 por libra.

Pero, ¿Por qué es relevante la IDE para las economías pequeñas y abiertas como el Perú?

En el caso peruano, si bien la IDE no tiene un peso tan significativo comparada con la inversión privada nacional -se ubicó alrededor del 20% del total de la inversión privada en la última década- su relevancia  descansa en que permite corregir cualquier déficit en cuenta corriente que pueda conducir a crisis de balanza de pagos con la consecuente devaluación de nuestra moneda. Estas crisis han sido recurrentes en América Latina en los años 80, incluida la del Perú, por ello es que es fundamental retomar la tendencia positiva de la IDE, con el fin de evitarlas.

Adicionalmente, la IDE es la mejor calificación del ambiente de negocios del país, que como es evidente, entre la burocratización, tramitología, conflictos sociales y corrupción, viene deteriorándose paulatinamente.

En contraste, tener una IDE lo suficientemente alta en el tiempo, que posibilite tener superávits en la balanza de pagos, le permite al BCRP acumular reservas internacionales, las cuales son imprescindibles para mantener la estabilidad del tipo de cambio y mitigar los efectos de cualquier choque externo internacional adverso, eventos altamente probables al ser el Perú una economía pequeña y abierta. Este ha sido el camino que ha seguido nuestro país en los últimos años y por ello al 2018, reportaba la mayor cantidad de reservas internacionales en la región, las cuales representaron el 27% del PBI.

Todo ello, por supuesto, sin considerar que la IDE, al ser un tipo de inversión, que además es de carácter permanente en el tiempo, resulta favorable para la generación de empleo y reducción de la pobreza, razón por la cual debemos promoverla con feroz ímpetu.

…Y cómo se viene comportando la inversión total, incluida la nacional?

Si bien los indicadores de inversión, tanto total, como el desagregado en inversión pública como privada han mostrado un cambio de tendencia a partir de la segunda mitad del 2017 – como bien advirtió el IPE en los últimos días  –  estos siguen estando muy por debajo de los niveles del 2013, año en el que se dio el punto de inflexión de crecimiento de la economía peruana, pasando de un período de crecimiento de tasas anuales comparables a las de los países del sudeste asiático – entre 6% y 9% – a magros crecimientos que si quiera alcanzan el 4% (ver Lampadia: Aterrizaje en la mediocridad). Como se puede observar en el siguiente gráfico, la brecha real de inversión en el caso de la inversión directa extranjera es de casi 4,000 mil millones de dólares.

Este cambio de fase de la economía peruana –  del que la caída en la inversión extranjera directa ha sido parte – ha tenido fuertes implicancias en diversos indicadores, como el estancamiento observado de la informalidad laboral en los últimos años. Sin embargo, el que vale la pena destacar es el relacionado a la pobreza. Así, después de haber reducido por más de 10 años consecutivos la pobreza – pasando de 58.7% en 2004 a 20.7% en el 2016- , esta subió un punto porcentual en el 2017, lo cual quiere decir que 375,000 peruanos pasaron a ser pobres.

Por todas las razones anteriormente expuestas no podemos permitir que los flujos de capitales extranjeros de largo plazo sigan yéndose de nuestro país, peor aún, si los indicadores de crecimiento para la economía peruana en enero y los proyectados para el primer trimestre de este año – de diversos centros de investigación, como el IPE, y reconocidos bancos comerciales, como el BCP – apuntan a un crecimiento no mayor al 4%. Como hemos escrito en Lampadia: Perú crece por debajo de su potencial, este crecimiento de 4% no solo no es suficiente para absorber toda la mano de obra que entra al año al Perú, sino que está por debajo del potencial que Perú debería tener para su nivel de desarrollo, en su calidad de país emergente.

No permitamos que nuestro país se aleje de los circuitos internacionales de inversión. Ello sería condenarnos a menor crecimiento, menor empleo y por ende, mayor pobreza, todos infortunios que nuestras futuras generaciones no merecen enfrentar. Lampadia

Inversión extranjera directa cayó por tercer año consecutivo

En el 2018 sumó 8.8% menos que el 2017, debido a la reducción en las reinversiones.

El Comercio
24 de febrero de 2019
Glosado por Lampadia

Según el Banco Central de Reserva (BCR), el año pasado la entrada de inversión extranjera directa (IED) fue inferior en 8.8% frente al ejercicio anterior, al sumar US$6,175 millones. En el 2016 y 2017, esta había caído en 17% y 1.4%, respectivamente.

El ingreso de capitales extranjeros en el Perú puede realizarse a través de aportes de dinero y otras operaciones, la reinversión en empresas establecidas en el país y préstamos entre dichas compañías con la casa matriz.

De acuerdo con el BCR, en el período de análisis el flujo de dinero destinado a la reinversión fue inferior en US$916 millones o en 16.6% respecto al año anterior, al cerrar en US$4,597 millones. En tanto que los aportes de capital disminuyeron en US$396 millones o 19.9%, al sumar US$1,588 millones. Así, al término del 2018, el monto de IED representó el 2.6% del producto bruto interno.

1.2% del PBI representó la inversión extranjera directa al sector minero en el 2018, según el BCR.

77.5% cayó la inversión extranjera directa en el cuarto trimestre del 2018. La reducción determinó la caída del año.

Por sector de destino, en el 2018 destacó el ingreso de IED a la actividad minera y manufacturera. En la primera, el influjo de capitales sumó US$5,654 millones, luego de que superara en US$541 millones el registro del 2017, es decir, hubo un aumento en 25.6%. En el segundo sector, la entrada de inversiones llegó a los US$1,389 millones, lo que implicó un aumento de 104.6% o US$710 millones.

No obstante, dichos incrementos fueron insuficientes para contrarrestar la salida de capitales en el sector financiero, energía y servicios no financieros. Lampadia

Como ya hemos comentado anteriormente (ver Lampadia: La Minería en el 2019, Mesías Guevara desconoce la realidad minera de su región) varias regiones con alto potencial minero al interior del país, tanto en el sur (Arequipa, Moquegua y Puno) como en el norte (Cajamarca) y el centro (Junín)  del territorio nacional,  se encuentran pasando por una situación política compleja, desde que las nuevas autoridades regionales asumieron funciones el pasado 1 de enero.

El discurso anti-minero que durante el gobierno de Humala provocó un aumento considerable de la conflictividad social en las regiones y que redundó en la paralización de grandes proyectos del sector como Tía María en Arequipa y Conga en Cajamarca – que eran fundamentales para el crecimiento de la economía peruana – ha resurgido en mayor y menor medida en varios de los discursos de los gobernadores regionales de las regiones anteriormente mencionadas. Veamos:

• El pasado 19 de enero en TV Perú, Mesías Guevara, gobernador regional  electo por la región Cajamarca afirmó “La minería solo ha traído conflicto, pobreza y desigualdad en Cajamarca”.
• El 18 de noviembre del 2018, en las postrimerías de las campañas electorales, el ahora gobernador regional electo por la región Arequipa Elmer Cáceres, declaró: “Tía María, no va; Zafranal, no va; Tambomayo, no va”.
• El pasado 20 de enero en una entrevista en Canal N, el gobernador regional electo por la región Puno, Walter Aduviri se mostró a favor de crear una nueva Constitución ya que consideró que en las zonas geográficas donde opera la minería se viola el derecho legítimo de las comunidades como el derecho a la consulta previa. 
• Vladimir Cerrón, gobernador regional electo por la región Junín, además de haber denunciado públicamente a empresas mineras de no pagar regalías ni canon, pretende imponer la creación de un nuevo currículo escolar regional, rechazando el currículo escolar del MINEDU.
• En Moquegua, el nuevo gobernador, Zenón Cuevas, pretende aplicar un impuesto a las utilidades de las industrias extractivas, en el orden del 10%, aumentando la contribución que actualmente pagan estas empresas por concepto de impuesto a la renta (29.5%).

Todas estas declaraciones claramente reflejan una completa incomprensión y una falta de entendimiento del potencial que ha generado y podría seguir generando la minería en esas regiones en materia económica y social. Antes bien, pareciera que quisieran impulsar agendas políticas extra regionales con las que pretenderían ganar notoriedad nacional, sacrificando a la población de sus propias regiones.

La minería ha demostrado ser una importante fuente de generación de empleo formal (directo e indirecto) y un motor protagónico de la reducción de  la pobreza fuera de la capital – tal como, por ejemplo, lo ha evidenciado el impacto del desarrollo minero en Apurímac y Arequipa. Mientras que, aquellas regiones que no han impulsado su potencial en este sector, como es el caso de la agenda anti-minera de Cajamarca, han terminado con un mayor empobrecimiento de sus comunidades.

Sin embargo ¿Por qué es especialmente relevante esta discusión para la economía nacional, específicamente, hacia al 2020?

Como bien ha advertido Macroconsult recientemente en uno de sus reportes económicos semanales, probablemente este  fenómeno, que eventualmente podría paralizar más proyectos en los próximos años-  es uno de los grandes riesgos que enfrentará la economía peruana en el corto-mediano plazo – por no decir el más álgido – conforme la cartera de proyectos  mineros aprobados se va agotando y el stock de proyectos de envergadura a la fecha ya experimentaron su fase máxima de producción.

Por otra parte, como hemos señalado también en Lampadia: Aterrizaje en la mediocridad , el sector minero se encuentra paralizado, tras haber caído en 1.1%  en el 2018, producto de una debilidad del gobierno por promover la inversión minera. Esta debilidad se ha puesto en evidencia con la marcha atrás del proyecto Tía María, que a pesar de que las encuestas sugerían que más de la mitad de la población de Arequipa estaba  favor del proyecto a setiembre del año pasado, el Ministerio de Energía y Minas no le otorgó la licencia de construcción a la empresa Southern (ver en Lampadia: El Gobierno no da luz verde  a Tía María pese a cambios en el valle).

Todo ello con el agravante de que el FMI prevé para este año y para el próximo una desaceleración de la economía mundial – principalmente por una mayor tensión comercial entre EEUU y China – lo cual indudablemente impulsará los precios de las materias primas a la baja, agravando aún más las condiciones de crecimiento de nuestra economía.  (ver Lampadia: Perú crece por debajo de su potencial).

En este escenario, consideramos que el presidente Vizcarra, dado el enorme capital político que ostenta, además de darle luz verde al proyecto Tía María, haría bien en desarrollar un discurso que promueva la minería y que explique a todos los peruanos los beneficios que ha tenido esta actividad, de manera que las poblaciones en las regiones entiendan que para que nuestra economía pueda retomar la senda del crecimiento alto de años pasados, el desarrollo minero es esencial.

No podemos seguir perdiendo la generación de riqueza y menos en las regiones, que es donde la pobreza está más presente. Si se promueve frontalmente la minería desde el Ejecutivo, los gobiernos regionales eventualmente podrían alinear su discurso al del presidente, considerando su enorme popularidad en varias regiones del país. Lampadia

Camilo Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

Introducción

El proyecto cuprífero las Bambas es el proyecto minero de mayor envergadura actualmente operativo en el país y representó una inversión de 10,000 millones de dólares, tiene una vida útil de 18 años y representa una producción de 453,000 toneladas de cobre al año. El yacimiento se encuentra ubicado en el distrito de Challhuahuacho en la provincia de Cotabambas en la región Apurímac.

Este proyecto ha estado asociado a conflictos sociales que han tenido ciertos picos el año 2012 y entre el 2015 y 2017. Período en el que se produjo el fallecimiento de cuatro personas en diversos enfrentamientos entre manifestantes y la policía.

En la actualidad el foco de los reclamos se encuentra asociado a (1) las posibles afectaciones sobre las comunidades en la ruta del traslado de mineral, (2) los compromisos asumidos por parte de la empresa y del Estado, y (3) las relaciones con la comunidad de Fuerabamba, la cual fue reubicada tras un acuerdo de compensación, debido a que se encontraba sobre el área del yacimiento.

Recientemente la conflictividad en la zona se reactivó al darse bloqueos en las carreteras utilizadas para trasladar el mineral al puerto de Matarani. Estas se iniciaron el 22 de agosto y terminaron el 3 de septiembre con el despeje de estos caminos.Sin embargo, los sentimientos de agravios, las expectativas y las demandas sociales no han sido resueltos, y es muy probable que estos se reactiven.El Estado había estado intentando manejar la conflictividad a través de la implantación de múltiples Estados de Emergencia (de enero de 2018 a mayo del 2018) y que habían logrado mantener el flujo de transporte en la vía en disputa. Sin embargo, ese mecanismo está perdiendo su efectividad original.

 La reasignación de actores.

La actual conflictividad se da en un contexto en el cual el activismo anti-minero se encuentra reasignando sus activos desde el norte peruano hacia el sur. En esta región se encuentra hoy el grueso de la inversión minera. El llamado Corredor Minero, involucra a las regiones de Cusco, Apurímac y Arequipa, y acumula el mayor volumen de inversiones mineras recientes. Por ello, quienes tienen una hostilidad ideológica a la gran inversión minera, ven en esta región una oportunidad para golpear lo que ellos denominan un ejemplo del modelo de “extractivismo depredador”. El sur, dentro de su concepción ideológica y política, es donde pueden y deben concentrar fuerzas y propiciar los conflictos sociales[1]. En especial el foco de esta predisposición de fuerzas es el “Corredor Minero del Sur” donde se encuentran los proyectos de Espinar, Tía María y Las Bambas.

Esta reasignación del activismo anti-minero tiene diversas expresiones. ONGs y activistas individuales que se dedicaban a la región norte, como principal centro de operaciones, han pasado a realizar actividades anti-mineras en la zona sur del país.  La producción de contenidos audiovisuales destinados a visibilizar supuestas afectaciones ha cambiado de foco.  Es especialmente llamativo el caso de campaña “La vida no vale un cobre”[2] en la cual se plantea una narrativa hostil a la extracción de cobre y se caracteriza a las actividades mineras como contaminadoras del medio ambiente y de la población, enemigas de la agricultura y violadoras de los DDHH. Esos grupos han generado videos en los cuales diversos pobladores denuncian afectaciones teniendo, en la inmensa mayoría de los casos, su testimonio como única ‘prueba’.

El accionar de los anti-mineros y su avance.

Se puede identificar que, desde el último pico de conflictividad en 2016, cuando se dio el fallecimiento del comunero Quintino Cereceda, se han dado avances del activismo anti-minero en tres frentes principales. Estos avances implican que, en el momento en el que estalle nuevamente un evento conflictivo, las condiciones para avanzar sus objetivos ideológicos de lucha contra el “extractivismo”, serán mejores que en el pasado. Los aspectos en los que se puede considerar que el activismo anti-minero ha avanzado son los siguientes:

1. Construcción de Discurso: Un discurso anti-minero es efectivo en la medida que cumpla con atributos tales como:

• credibilidad ante la opinión pública
• que despierte sentimientos que incentiven la movilización local y
• que socave la legitimidad de la minería en general y de un proyecto o empresa en particular.

En los últimos días los anti-mineros han dispuesto de espacio mediático, gracias a la cobertura del bloqueo de la carretera, en la cual han podido desplegar su narrativa con un nivel mínimo de oposición por parte de sectores pro-mineros. Ellos ahora señalan nuevas afectaciones, respaldados por estudios realizados por ellos mismos (por ejemplo en el documento de 16 páginas presentado como “libro” por Cooperacción).

A los reclamos sobre polvo y acusaciones de ‘mercenarización’ de la PNP por parte de la minera, se está agregando la contaminación de fuentes de agua en Challhuahuacho, incumplimiento de compromisos, polvos emitidos por la chancadora, falta de títulos de propiedad de los pobladores de Fuerabamba y un largo etcétera. La desproporcional diversidad de voceros y versiones[3] de afectación facilita una caracterización de Las Bambas conveniente a los objetivos de los anti-mineros.

Estos voceros (dirigentes de frente de defensa, periodistas locales, congresistas y concejeros regionales) repiten un discurso en gran medida facilitado por la ONG anti-minera Cooperacción, la cual en meses previos[4] al actual bloqueo de carreteras, articuló una narrativa coherente.

2. Formación de cuadros: ONGs como Aprodeh, Cooperacción y Bartolomé de las Casas han estado brindando cursos para líderes locales, como presidentes de frentes de defensa, académicos y periodistas locales, etc. Estos cursos son en la práctica seminarios de adoctrinamiento de ideología pos-extractivista, siendo los textos del uruguayo anti-extractivista Eduardo Gudynas un material de lectura obligatoria.

En dichos cursos los profesores realizan diversas dinámicas de consolidación ideológica con los estudiantes. También se les dota a los participantes de un discurso anti-minero bastante atractivo, que influencian el accionar público futuro de los alumnos.

Estos cursos tienden a recibir nombres que esconden la clara orientación ideológica anti-minera frente a la opinión pública en general y a algunos de los donantes. Un ejemplo de esto es el caso del diplomado “Derechos Humanos, Ambiente y Desarrollo Alternativo en Contextos Extractivos en Apurímac” organizado por Aprodeh que tuvo entre los profesores a conocidos pos-extractivistas como Raphael Hoetmer, Fabiola Yeckting y Ana Leyva Valera.

3. Articulación de actores: Un movimiento social efectivo requiere de articulación entre activistas locales, nacionales e internacionales, medios de comunicación, intelectuales y líderes de opinión. En los últimos tres años el grado de articulación de los actores hostiles a las bambas se ha incrementado notablemente. El numero de activistas con acceso a medios, de los productos culturales asociados al conflicto y de los eventos que sirven para consolidar redes se ha elevado.

Implicancias

Este accionar anti-minero contra Las Bambas, de ser exitoso, puede tener un conjunto de implicancias en distintos ámbitos.

1. Para el proyecto: La erosión de la legitimidad de Las Bambas puede no implicar el cierre inmediato del proyecto, pero sí implica mayores costos asociados a una mayor conflictividad presente y futura. Esta baja legitimidad implicara mayores perturbaciones a las operaciones, necesidad de mayores compensaciones en caso de futuras expansiones, gastos mayores en Relaciones Comunitarias, inestabilidad en los acuerdos con las comunidades y costos legales derivados de los “Litigios Estratégicos” a desplegarse en el futuro. En un mediano plazo, ese proceso de erosión genera una imagen negativa del proyecto en el país y expande el número de actores con opiniones hostiles en los medios de comunicación, en las universidades y en las instituciones públicas y civiles. Ese ambiente hostil produce una especie de cerco social, mediático e institucional que afecta a la empresa en cualquier situación conflictivo.
2. Para el sector minero: Los episodios de alta conflictividad son vistos por los pos- extractivistas, con razón, como disparadores de dinámicas políticas en las que se puede llevar al sector minero a enfrentar un marco regulatorio más hostil. Los casos de Bagua, Conga y Tambogrande propiciaron incrementos en un tipo de regulación que dificulta la actividad minera en el país. En esa lógica, el conflicto en Las Bambas puede servir para generar precedentes, narrativas e instrumentos que pueden ser nocivas para el sector en múltiples áreas. Un ejemplo de tal precedente puede ser el criterio de que la ruta de transporte del mineral es parte de la zona de afectación de un proyecto minero. Otro ejemplo es la necesidad de nuevos EIA para cualquier tipo de modificación en un proyecto, anulando a la herramienta actual del Informe Técnico Sustentatorio (ITS). Un tercer ejemplo es la masificación del uso de la consulta previa a través de la aplicación del criterio de auto-identificación como suficiente para considerar una población como pueblo indígena y adicionalmente inviabilizar toda coordinación entre las fuerzas del orden y las empresas mineras.
3. Para la población del entorno: La conflictividad permanente facilita a los pos-extractivistas la construcción de una hegemonía ideológica y política en el entorno de la empresa. Esto puede tener un efecto distorsionador poderoso sobre el sistema político local. El caso de Cajamarca es ilustrativo. Producto de 20 años de conflicto existe un bolsón electoral anti-minero que permite obtener triunfos políticos a movimientos radicales con bajísima capacidad de gestión. Estos triunfos se viabilizan al tener como base de su propuesta de valor frente al electorado la “defensa de la población”, contra un sector minero caracterizado como nocivo. Esta hegemonía anti-minera facilita el persistente mal uso de los ingentes recursos provenientes del canon a ser asignados a las autoridades locales en el entorno de Las Bambas.

Conclusiones.

La reasignación o reubicación del activismo anti-minero hacia el sur peruano y el especial el “Corredor Minero del Sur” implica un conjunto de riesgos para Las Bambas y el sector minero en general. Los avances principales se están dando en la capacidad de los anti-mineros para incidir sobre los movimientos sociales locales y la opinión pública relacionada al proyecto. Estos avances pueden no traducirse de inmediato en una mayor capacidad de movilización, pues el Estado de Emergencia la evita. Sin embargo, lo observado en el sur es un proceso sistemático de creación de condiciones negativas para la actividad minera y de construcción de capacidades políticas e institucionales para pasar de la fase actual, de secuencia de eventos discontinuos, a una nueva fase, con una dinámica de conflictividad durante prolongados periodos.

Considerando que en el sur se concentra la mayor cantidad de inversiones mineras del país, esa labor de promoción de la conflictividad pueda afectar la calidad del ambiente de negocios que enfrenta el sector minero, frenar el desarrollo del país y bloquear la posibilidad de la población local para apalancarse en la minería para su desarrollo. Lampadia

Traducido, comentado y glosado por Lampadia

“Equilibrando las preocupaciones económicas y sociales en el sector minero de Perú”

Publicado por Stratfor Global Intelligence el 25 de mayo 2015

Enfrentamiento entre los manifestantes que se oponen al proyecto minero y la policía peruana 

de Arequipa el 14 de mayo (Fuente: STR / AFP / Getty Images)

Resumen

El generalizado sentimiento anti-minero y la creciente oposición a los próximos proyectos han estresado el tan importante sector minero del Perú. [Es entendible que nuestra coyuntura sea vista así en el exterior. Allá se hace muy difícil persivir el balance entre los manifestantes y las mayorías silenciosas]. Las manifestaciones, algunas de las cuales se han vuelto violentas, no muestran signos de disipación, y se planean más protestas en varias zonas mineras el 27 y 28 mayo. Aunque las manifestaciones aún no afectan el relativamente fuerte crecimiento económico del país, podrían socavar el atractivo del país para los inversores a largo plazo.

Análisis

Las altas tierras andinas y los trópicos amazónicos, consideradas las dos regiones periféricas de Perú en comparación con el núcleo demográfico y político del país en Lima, contienen una gran riqueza de minerales y recursos naturales. La economía de Perú se basa principalmente en inversiones y el desarrollo de las actividades mineras y de hidrocarburos en estas regiones, que producen alrededor de dos tercios de las exportaciones del país. 

Actualmente, el Perú está disfrutando de un período de estabilidad económica y relativa prosperidad. Al inicio de esta década, la tasa de crecimiento promedio de Perú era de 7.25 %, en gran parte impulsado por las industrias mineras extractivas, como el cobre. Entre 2000 y 2012, la inversión en la minería peruana aumentó de alrededor de US$ 300 millones a US$ 8,600 millones, lo que representa casi el 50 % de todos los proyectos de inversión privada [externa] en el país. [La inversión total llega al 28% del PBI, unos US$ 55 mil millones]. La minería contribuye casi el 15 % del PBI de Perú, genera entre 10 % y 16 % de los ingresos fiscales del país [29.2% del impuesta a la renta de tercera categoría y el 40.2% del impuesto a la renta corporativo] y ofrece más de 200,000 puestos de trabajo [directos] por año.

Las políticas de libre mercado y de facilidad a los negocios del gobierno peruano de los últimos 25 años también han ayudado a expandir la economía. El Perú ha firmado más de una docena de acuerdos bilaterales de libre comercio con las principales economías como Estados Unidos, la Unión Europea y China. (…) todavía se espera que Perú crezca más que otros países de la región.

Potente Oposición

Sin embargo, entre la caída de precios de metales y la desaceleración de la demanda china, ha habido una disminución en las inversiones mineras y de hidrocarburos del Perú el año pasado. La inversión total en el Perú se ha reducido en un 6 % desde el 2013, llegando a un total de solamente US$ 5,560 millones en el año 2014. Posteriormente, las exportaciones de minerales han reducido su valor en más de US$ 4 mil millones en los últimos dos años.

Pero el sentimiento anti-minero es de gran alcance en el Perú, y la oposición local en contra de los proyectos extractivos y el malestar social de los grupos que se oponen a la actividad minera en el país están amenazando la inversión. Además, amplias coaliciones de izquierda han protestado sobre el daño ambiental y la participación extranjera en la minería durante mucho tiempo. [Estas ‘protestas’ se han concentrado en las empresas grandes y no lo hacen contra la minería ilegal de oro que está devastando inmensas áreas en la región selvática de Madre de Dios y otras. Recientemente se ha hecho público que estas organizaciones proponer implantar el pos-extractivismo, que significa dosifica la producción nacional al mínimo para la supervivencia, en minería, petróleo, gas, madera, pesca, agricultura de exportación y hasta industrias exportadoras. Como dijo Mark Twain: “Es más fácil engañar a la gente, que convencerlos que han sido engañados”].

A pesar que las protestas contra la minería no son algo nuevo en el Perú, en los últimos meses los enfrentamientos se han vuelto más violentos entre los manifestantes y la policía.

[Los] grupos de protesta más organizados y la intensificación de las demostraciones han dificultado el uso de la diplomacia. El 23 de mayo, el gobierno declaró estado de emergencia en las zonas mineras del sur.

Mirando hacia el futuro

El malestar social dirigido al sector de la minería en el Perú se intensificará durante el resto del año. Cada vez líderes locales radicales más poderosos y partidos de izquierda más organizados se enfrentarán al fuerte impulso dirigido por el gobierno para seguir adelante con los proyectos extractivos, especialmente porque las elecciones presidenciales de abril 2016 se acercan. Debido a los objetivos políticos y económicos contradictorios del gobierno, las negociaciones de los proyectos mineros se alargaran indefinidamente, mientras que Lima es presionada a hacer más concesiones a los gobiernos locales. Dichas concesiones se contradicen con los esfuerzos del gobierno central de reforzar el control sobre la distribución y el gasto de los fondos federales de los gobiernos locales.

Una de las prioridades del gobierno será encontrar una solución inmediata al conflicto proyecto minero Tía María de Southern Copper. El 16 de mayo, la empresa minera declaró una pausa de 60 días para permitir que todas las partes compartan quejas y preocupaciones, proyectos de soluciones, y asignar la responsabilidad de la ejecución del acuerdo. 

En general, las protestas aún no han herido de manera significativa al sector de la minería y, en realidad, la producción de minerales ha mejorado un 5.3 % interanualmente en el primer trimestre de 2015. Sin embargo, las manifestaciones podrían obstaculizar el crecimiento económico a largo plazo, teniendo en cuenta la alta dependencia del Perú sobre la inversión extranjera, lo que podría caer si la confianza del inversor disminuye. Será fundamental calmar esta inquietud y demostrar una capacidad de controlar a los gobiernos locales para poder retener la confianza de los inversores y mantener las tasas relativamente altas de crecimiento que ha venido logrando el Perú.

Durante la última década, el Perú ha sido reconocido como una de las economías de mayor crecimiento en América Latina, con una tasa de crecimiento promedio anual superior al 6%. Sin embargo, nuestra economía se ha desacelerado en el último año. Hace pocas semanas, Alonso Segura, Ministro de Economía y Finanzas, calificó al 2014 de “mediocre”, y afirmó que creceremos alrededor de 3.5%, un estimado que se ha tenido que ir reduciendo a lo largo del año.

En un reciente reporte de Bank of America, se recomienda comprar bonos soberanos colombianos por encima de los peruanos, garantizando que Colombia sería la nueva estrella de la región, y tendría mayores fortalezas. Esto se debe principalmente a las medidas de este país para promover la inversión privada (lo mismo que el Perú hizo desde la década del 90 y especialmente en el nuevo siglo), crear un ambiente de confianza, y eliminar trabas burocráticas para avanzar en infraestructuras. (Ver en Lampadia (L): Mientras Colombia crece, el Perú decrece y le echa la culpa al cobre, a China y a los malos vientos…)

El principal componente del crecimiento de la economía es la inversión privada. En los últimos años Colombia ha comenzado a promoverla inversión minera, en el 2013 representó el 17.4% de la inversión extranjera directa (IED). Los colombianos buscan aprovechar sus recursos naturales para captar dinero y mejorar su competitividad.

En cambio en el Perú ha sucedido todo lo contrario. En los últimos años se ha fomentado una serie de mitos anti mineros (que contamina, que se gasta el agua, que exporta piedras, que no se puede hacer minería en las cabeceras de cuenca, etc.). Además, de facto y paulatinamente, se instaló un ambiente anti inversión privada mediante todo tipo de trabas burocráticas, permisos ambientales, culturales, que además del empoderamiento de las autoridades regionales y municipales con capacidades discrecionales absolutas (con el dinero del canon en sus manos, pensaron que no necesitaban al sector privado yactuaron como si los ciudadanos individuales y las empresas fueran sus enemigos). Todo esto, la parálisis de la inversión minera y sus efectos multiplicadores, terminaron desacelerando a una de las economías más dinámicas del mundo, nuestro Perú.

En las últimas elecciones regionales se eligió a un buen número de candidatos anti-mineros. Buenaventura recibirá un impacto negativoen el valor de sus acciones como producto de la elección de un candidato que se opone al proyecto Conga (como lo indica hoy Moody’s). Otros candidatos en distintos departamentos del país, como en Ancash, Puno, Apurímac, Junín y Madre de Dios, también son anti-inversión y podrían presentar grandes obstáculos en el futuro.

El Perú es un reconocido productor mundial de cobre, oro, plata y zinc. La minería genera normalmente el 60% de los ingresos por exportación,con solo el 15% del PBI. Para poder retomar nuestra competitividad y reanudar el alto crecimiento que nos consagró como ‘La estrella de América Latina’, se tienen que tomar medidas de inmediato.

El principal obstáculo es la desaceleración de la inversión privada causada por el deterioro de la confianza, las expectativas y el clima de inversión.

Para esto se debe facilitar el impulso de grandes proyectos, atrayendo a los inversionistas para desarrollar su potencial. Se tienen que eliminar o acortar el número de normas y permisos que enfrenta la actividad minera y los proyectos de infraestructuras. Por ejemplo en minería se requiere superar los siguientes trámites: Enexploración (6), explotación (84), ambiente (47), agua (10), tributos (9) y cierre de minas (13), llegando a un total de 180 normas que hoy regulan la minería en 130 instancias distintas. Hemos pasado de 1 (una) norma en los 90’s a 180. (Ver en L: El Perú renuncia al desarrollo y al bienestar general.) Parece un complot. Tenemos que facilitar la inversión y reactivar la minería, como un acto de consecuencia mental y compromiso con la obligación de reducir la pobreza. En las palabras del gran reformador Neranda Modi, Primer Ministro de la India, lo que se necesita es: “No red tape, only red carpet for investors”. (Ver en L: La visión de país y reformas que el Perú necesita).

El Perú tiene alrededor de US$ 60 mil millones en proyectos de inversión minera, incluyendo los US$ 1.7 MM en la mina de cobre Constancia, que deberá comenzar su producción a finales de este año. También tenemos el proyecto de cobre de Las Bambas y la expansión de Cerro Verde. Chinalco ya está poniendo en marcha la producción de Toromocho.Tía María debería empezar su mayor inversión en los próximos meses. Todos estos proyectos tienen un riesgo alto de retraso o cancelación si no se toman medidas oportunas y efectivas.

El gobierno dice tener previsto tomar medidas adicionales para garantizar que la economía se expanda en un 6% al año en promedio. Esperemos que estas medidas incluyan la viabilización de por lo menos siete proyectos productivos y de infraestructuras, públicos y privados, para poder reactivar rápidamente la economía del país. (Ver en L: 7 equipos que aseguren el desarrollo de 7 proyectos).

No hay más tiempo que perder. Necesitamos acción, ¡AHORA!  Lampadia