No se observa en el libro ningún reconocimiento de los impactos positivos de la minería en el desarrollo de las economías locales, ello a pesar de la abundante evidencia sobre el tema[2], ni en la calidad de vida de las poblaciones, ni siquiera alguna acción intencional de las empresas mineras orientadas hacia objetivos sociales positivos. Si algún hecho no negativo es detectado, el mismo es presentado como una estrategia de manipulación o como el resultado de un conflicto, es decir, como resultado de una exitosa presión del movimiento social y en contra de la voluntad de la empresa.

Los autores dicen defender la convivencia pacífica con la minería, pero lo que presentan es una narrativa hostil a las empresas mineras, seleccionando la información y los testimonios en forma sesgada, de manera a atribuir las causas de todos los problemas y conflictos sociales al “modelo de desarrollo de libre mercado” (p. 10) y a la cultura de relaciones sociales de las empresas mineras.

Curiosamente, el 5 de febrero pasado, el autor del libro comentado, César Flores, escribió un artículo en cooperaccion.org.pe: ¿Con qué rigurosidad técnica se analiza la conflictividad social minera en el Perú?, en el que critica la publicación de Lampadia: “Cómo se organizan los conflictos mineros”, afirmando: “Al respecto, consideramos que el documento publicado por Lampadia trasgrede estándares mínimos de rigurosidad analítica en el campo de las ciencias sociales al no incluir evidencia directa que sustente sus numerosas hipótesis y aseveraciones”.

Seguramente Flores se refiere a que, a diferencia de su libro, Lampadia no presenta interpretaciones parcializadas de casos específicos de conflictos, y más bien contribuye al análisis de los conflictos con un aporte conceptual. En el artículo dijimos:

En este texto pretendemos describir una visión que sea capaz de recoger la complejidad inherente a los conflictos sociales, pueda describir de manera precisa el rol de los antimineros en los mismos, y al mismo tiempo recoja la importancia del sistema de creencias locales frente al sector extractivo. Para ello haremos uso del concepto de SPIN (Acrónimo en inglés para redes integradas, segmentadas y poli-céntricas) aplicado por L.P. Gerlach a movimientos sociales ambientalistas en EEUU. (The structure of social movements: Environmental activism and its opponents. Networks and netwars: The future of terror, crime, and militancy, 289-310 – 2001).

El concepto del SPIN ayuda a entender el desarrollo de los conflictos anti-mineros, que, al no presentar evidencias de comandos centrales, generan dudas sobre su origen, diseño y despliegue; diluyendo, para los medios y la opinión pública, la percepción de las relaciones causa-efecto de los mismos.

Así es pues como los anti-mineros, y especialmente los disfuerzos editorials de Cooperacción van dejando sus nada rigurosos comentarios. Veamos otro ejemplo: recordemos su programa de formación de líderes comunitarios:

http://www.lampadia.com/analisis/mineria/manual-de-formacion-de-lideres-anti-mineros/

Algo alarmante de esta publicación, como anotamos en su momento, es que haya sido auspiciada por la Unión Europea y la Cooperación de España.

El marco interpretativo del libro de Flores

Según los autores, la existencia de la minería moderna y el modo de relacionamiento de las empresas mineras son las causas principales de los conflictos. En la narrativa presentada, ninguno de los actores de los conflictos, ni siquiera los promotores de la conflictividad, tiene motivaciones ideológicas o políticas, o intereses de busca de rentas. Para ellos, los conflictos nacen a causa de las amenazas que la minería moderna y la forma de hacer minería de las grandes mineras representan para el ambiente y para los derechos de la población local.

“La razón de esta conflictividad fue la sostenida expansión de las inversiones en estos rubros [minería y petróleo] desde la década de 1990” (p. 11)

“la imposición de un modo de hacer minería y relacionarse con su entorno puede mantener o acentuar el nivel de conflictividad experimentado en los últimos años” (p. 8).

Tipifican los conflictos en dos grandes categorías: de rechazo y de convivencia. Los conflictos calificados como “de rechazo” se ejemplifican en las acciones que paralizaron los proyectos Conga y Tía María. Ellos son conflictos agudos y con alta carga de violencia. Los conflictos eufemísticamente llamados “de convivencia” son en realidad conflictos de desgaste, con frecuentes episodios agudos, pero no tan masivos como los conflictos “de rechazo”. Los tres casos tratados en el libro corresponden a conflictos de desgaste.

CooperAccion apoya ambos tipos de conflictos, pero opera diferente en cada caso. Si falla en promover un conflicto “de rechazo”, pasará a promover uno de desgaste, aunque siempre tendrá como primera opción inviabilizar la existencia misma de los grandes proyectos mineros.

La actuación de CooperAccion no está incluida como parte de los hechos narrados en el libro, pero CooperAccion tiene una oficina en la zona, realiza una intensa actividad de formación de activistas y de difusión de materiales. Por la narrativa del libro se puede percibir que su apoyo a los conflictos es presentado y justificado como defensa de los derechos colectivos de las poblaciones: económicos, sociales, ambientales, culturales.

Para los conflictos de desgaste el libro plantea maximizar la capacidad de presión de los actores locales y dar protagonismo a las posturas extremas.

Para orientar la construcción de una institucionalidad local que dé sustento de la conflictividad, los autores han dedicado 41 páginas a una larga lista de recomendaciones bajo tres categorías también eufemísticas: (1) favorecer el diálogo, (2) favorecer el desarrollo, y (3) favorecer el funcionamiento de la mesa. En esas recomendaciones los autores describen el tipo de marco institucional que buscan promover.

La mayor parte de las 32 recomendaciones repiten lecciones ya conocidas de procesos de negociación y de planificación local: participación tripartita (estado, empresas y sociedad civil), planificar el proceso, combinar corto y largo plazos, informar a la población, aplicar criterios de priorización de proyectos, capacitar a los participantes, montar mecanismos de monitoreo de la ejecución, etc. Muchas de estas recomendaciones forman parte del paquete estándar de generación de condiciones para el dialogo.

Sin embargo, a esas lecciones ellos introducen elementos que apuntan a incrementar la capacidad de presión de los grupos conflictivos y a escalar la conflictividad. Por ejemplo:

1. En su concepto de sociedad civil incluyen a los Frentes de Defensa, y otros tipos de organizaciones creadas por los grupos conflictivos para ampliar y legitimar su representación social y hablar a nombre de la población local (p. 37), sin haber sido elegidos, poniéndolos con un peso equivalente al de los representantes de sectores sociales, como las comunidades, comités de regantes, etc.
2. Entienden el concepto de preparación de los participantes como una especie de adoctrinamiento en base a su narrativa hostil a la minería y a la economía de mercado y de entrenamiento en el uso de herramientas para la promoción del conflicto.[3]
3. Presentar a las empresas mineras y el gobierno nacional como los únicos actores con responsabilidades en el proceso, y obligados a financiar la implementación de todos los temas traídos a la mesa (p. 186).
4. Restringir la libertad de expresión de las empresas ante la población local para neutralizar los instrumentos de incidencia de las empresas sobre las comunidades y sus dirigentes y facilitar que los grupos conflictivos puedan propagar temores y rumores sin que nadie aclare a la población (p. 187). Para los autores la incidencia hacia la población por parte de las empresas mineras es manipulación, mientras que aquella realizada por los anti-mineros es empoderamiento a la población local. Así, su labor de adoctrinamiento se presenta como si fuera empoderamiento ciudadano.
5. Dar a la conflictividad y a la presión social sobre las empresas mineras un carácter permanente, y estructurar una institucionalidad legitimada para realizar frecuentes campañas de movilización social en contra de las empresas (p. 192).
6. Con el concepto de territorialidad ampliada buscan Incluir en forma creciente e ilimitada a organizaciones de otras zonas que no son áreas de influencia de la mina. Esos grupos externos son muchas veces los más inclinados a la conflictividad, para forzar a las empresas a incluirlos en los beneficios de la minería (p. 195, 198, 126) a pesar de no tener ninguna relación real con la actividad minera.

El marco institucional que CooperAccion promueve tiene por objetivo dinamizar y dar permanencia a la conflictividad, y asumir un papel protagónico en esos procesos.

En términos de estrategia general, se ha podido observar que, en los procesos de negociación, CooperAccion busca ampliar los grupos interesados en la conflictividad, canalizar sus exigencias en los espacios de negociación, incluyendo las propuestas extremas, y reclamar que los acuerdos sean de consenso. De esta manera buscan mover las decisiones hacia los planteamientos de los grupos más beligerantes.

Los conflictos en que se involucra CooperAccion buscan siempre desencadenar procesos que les permita renegociar dos elementos centrales: los EIA y los Convenio Marco. Es en torno a esos dos elementos que CooperAccion busca maximizar la renta disputada con los conflictos y con las negociaciones que les siguen.

Es común que CooperAccion inicie sus campañas de promoción de conflictos escribiendo un libro sobre el tema, como el que comentamos. Las entrevistas en los medios y las presentaciones múltiples del libro a diversas instituciones y actores son utilizadas para difundir su versión de los hechos y lograr apoyo para los conflictos que están promoviendo.

​Usos del texto

El análisis de la lógica general de la narrativa del libro y de sus mensajes centrales sugiere que el texto fue escrito para ser un instrumento orientado hacia cinco objetivos:

1. Posicionar a CooperAccion y OXFAM ante líderes de opinión, medios de comunicación, organismos de cooperación y el Estado peruano como organizaciones defensoras de la convivencia pacífica entre las empresas mineras y las sociedades locales, camuflando sus concepciones hostiles a la minería moderna[4] [5] y su práctica diaria de promoción de conflictos sociales.
2. Colocar a CooperAccion como una referencia, con apariencia académica, en base a tres casos de conflicto social para su uso por periodistas, diseñadores de política y académicos interesados en el tema, entregando referencias parcializadas de los hechos y cargada de ideología.
3. Descalificar éticamente a las empresas mineras, como organizaciones sin sentido de los valores sociales ni ambientales, y que buscan aprovecharse al máximo de los desequilibrios de poder en su relacionamiento con la población local.
4. Utilizar el estudio como insumo para la elaboración de materiales de adoctrinamiento de nuevos activistas dedicados a la promoción de la conflictividad en la minería, y de voceros a ser utilizados por los medios de comunicación.
5. Promover un marco institucional para la gestión de la conflictividad que favorezca la permanencia de los conflictos, la unificación de las demandas, el incremento de la presión sobre las Empresas Mineras, la legitimación social de posiciones extremas, y su propia capacidad de influencia sobre la evolución y el desenlace de dichos conflictos.