Fausto Salinas Lovón
Desde Cusco
Exclusivo para Lampadia

El Perú se halla paralizado por la corrupción. El eje de la política peruana gira en torno a la supuesta “lucha contra la corrupción” emprendida por unos fiscales, algunos jueces, un gobierno que ha tomado esa bandera como su leitmotiv, una prensa que sentencia sin juicio y un sector de la opinión pública que grita pidiendo sangre y prisión con la misma asertividad que gritaban pidiendo la crucifixión de Jesús.

En este relato maniqueo construido en los últimos años en nuestro país, donde sólo hay dos opciones, los que no sintonizan con la música anticorrupción, somos tildados desde fujiapristas hasta traidores.

Cabe entonces preguntarse. ¿El problema de la corrupción en el Perú se agota sancionando a todos los políticos que desde el 2001 a la fecha han recibido dinero de las constructoras brasileras? ¿Se acabará enjuiciando a todos los candidatos que financiaron sus campañas con ese dinero? ¿Se arreglará destituyendo al fiscal Chavarry y sustituyéndolo por otro fiscal afín al ruido anti corrupción? ¿Se resolverá cerrando el Congreso o adelantando las elecciones?

El relato maniqueo, hace creer que si.

Aquí solo algunas evidencias de que el problema es más amplio, más antiguo y más serio de lo que este relato nos quiere hacer creer.

• Según los cálculos de Alfonso Quiroz en la Historia de la corrupción en el Perú, entre 1820 y el 2000, la corrupción ha costado entre el 30 % y 40 % del presupuesto nacional y cerca de 3 % del PBI. Según estimados más recientes de ESAN, la corrupción consume entre el 0.5 % y 1% de PBI y 5% del presupuesto nacional. Aunque ambos estimados difieren, nos muestran que el problema es por un lado más antiguo de lo que se dice, abarca toda nuestra historia republicana y los diferentes niveles de gobierno y  es más relevante en términos económicos de lo que muestra el ruido anticorrupción actual.
• El Perú ocupa el puesto 105 de 180 en el Índice de percepción de la corrupción  elaborado por transparencia internacional el 2018. El escándalo de los magistrados corruptos lo hizo descender 9 puestos de la ubicación 96 de año anterior, pero ni por casualidad teníamos la posición de Dinamarca, Nueva Zelanda o Finlandia en ese ranking. Estamos muy mal ubicados en ese ranking hace muchos años.
• Los primeros aliados en las bravatas presidenciales anti corrupción son los Gobernadores Regionales, pero la cantidad de gobernadores regionales presos, procesados o fugados por actos de corrupción supera la veintena. Aquí algunos nombres. Viñas en Tumbes, Oscorima en Ayacucho, Álvarez y Ríos en Ancash,  Moreno en el Callao, Aduviri en Puno,  Gonzales, Acurio y Licona en el Cusco, Meléndez en Pasco, Aguirre en Madre de Dios, Santos en Cajamarca, entre otros. Lo curioso es que todos ellos pertenecen a movimientos regionales independientes, a sectores de izquierda o al nacionalismo, antes que al Apra o al fujimorismo.
• Los otros aliados del presidente en su cruzada anti corrupción son los alcaldes. Sin embargo, sólo en diciembre del 2018, habían 14 de ellos detenidos por actos de corrupción. En el 2019 se agregó a la lista la señora Villarán.
• La prensa. El ruido anti corrupción que esta amplifica nos hace perder de vista la cantidad de millones de dólares que han pasado de la corrupción a la publicidad electoral en diarios y televisión. La supuesta  lucha contra la corrupción sólo busca que veamos el origen de los fondos pero no el uso y destino de los mismos.
• El ruido anti corrupción en el sistema judicial cambio todo para que nada cambie. En lugar de haberse pedido la destitución de los magistrados involucrados por el Congreso y haberlos reemplazado por ciudadanos más honorables, se pateó el tablero, se hizo show y se creó una Junta Nacional de Justicia que no ha cambiado nada. La Corte Suprema sigue igual, la OCMA no puede cesar a ningún juez porque el CNM ya no existe y la Junta no funciona. Los jueces siguen haciendo detenciones famosas que salen en la tv y liberaciones sospechosas que quedan ocultas por el ruido de las primeras.

Como se puede ver, el play list musical anti corrupción esconde una corrupción mucho mayor y a mayor nivel. Focaliza la atención en una parte del problema y libera de atención y escrutinio público otros aspectos iguales o más relevantes de la actividad gubernamental.

La verdadera lucha anti corrupción no puede ser un ruido estridente que opaque o silencie el ruido de la otra corrupción. Mucho menos puede ser una bandera política de supervivencia. Debe ser una cruzada nacional, amplia, permanente, sin estridencias y que revise desde el presupuesto presidencial para publicidad hasta el costo de los alimentos escolares en la municipalidad de Ancahuasi, pasando por los gastos de representación de los congresistas y sus nexos con intereses privados o las obras regionales y los gastos en consultorías de los ministerios. Dirigir la lucha contra la corrupción sólo a los enemigos políticos puede tener resultados electorales y cosechar aplauso pasajero, pero no resolverá esta grave lacra de nuestra vida nacional.

No dejemos que el ruido anti corrupción esconda más corrupción. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Los escándalos de corrupción vinculados a la nefasta penetración económica y política brasilera amenazan con deslegitimar por completo la clase política, derribar el establishment y eventualmente vacar al propio presidente de la República, peligro que aún no ha cesado del todo. Es el momento de dar un giro de tuerca en las políticas y las acciones anti corrupción para mostrar que el sistema en su conjunto es capaz de reaccionar para que estas cosas no vuelvan a suceder y establecer mecanismos que permitan prevenir, disuadir y restar espacio para la corrupción en general en el país.  

ISO Antisoborno en las empresas privadas

En esa línea, Julio Luque, presidente de IPAE, recogió la propuesta de Oscar Espinoza Bedoya en el último CADE, y anunció una iniciativa que podría terminar siendo histórica: que uno de los cinco compromisos de esa institución, sobre el que se rendirá cuentas en el próximo CADE, será “conseguir que el mayor número posible de empresas en el Perú se comprometan con un Programa de Tolerancia Cero a la Corrupción”. Esto podría incluir que las empresas adopten el ISO Antisoborno (37001) que, dicho sea de paso, podría ser establecido como condición para contratar con el Estado.

Se ha formado un comité integrado por Oscar Espinoza, Ricardo Briceño y el propio Julio Luque. Dicho comité ha contratado una consultoría para que identifique los procesos anti soborno que las empresas que se comprometan deban implementar. Esto es lo que hace la diferencia y hace pensar que esta vez sí vamos en serio, porque de esa manera la adhesión o inscripción de las empresas no será solo declarativa, sino que se podrá “auditar” su comportamiento. La inscripción de las empresas se hará posiblemente a partir de marzo, cuando se tenga todos los procesos definidos.   

Un movimiento claro de las empresas grandes, medianas y pequeñas en esa dirección, sin duda ayudaría a cambiar la tendencia y crear un clima de integridad en el país que no tiene precedentes.

Sistemas de integridad y de denuncias en las entidades públicas

Ahora, para que ese impulso que viene del sector privado pueda tener máximo impacto en la creación de un ambiente nacional de honestidad, se requiere un decidido movimiento en la misma dirección de parte del sector público. Lo primero sería el establecimiento de la función de integridad en las entidades estatales. Es algo que se está trabajando en la propuesta del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021 que elabora la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN).[1] La idea es que en cada entidad pública haya una oficina o una persona que se encargue de monitorear todo lo relativo a transparencia, conflicto de intereses, política de regalos y atenciones, control interno, análisis de riesgos de corrupción, régimen disciplinario y sanciones.

Esto supone, además, como parte de dicha política de integridad, que cada entidad pública implemente un efectivo sistema de denuncias. Para ello se dio el Decreto Legislativo N° 1327, reglamentado incluso mediante el Decreto Supremo N° 010-2017-JUS, que establece procedimientos y mecanismos para facilitar e incentivar las denuncias realizadas de buena fe de actos de corrupción y sancionar las denuncias realizadas de mala fe, y define medidas de protección a denunciantes. El Ministerio de Justicia no ha terminado de dar los pasos necesarios para hacer lo que le corresponde como rector de este sistema. Este sistema, bien implementado, debería servir de base operativa para lanzar una campaña nacional de denuncias en todos los ámbitos.

[1] Esta propuesta se presentó en un taller en la GIZ a representantes de varias bancadas del Congreso. Para hacerla,toma como base en “Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú. Reforzar la integridad del sector público para un crecimiento incluyente” (2017), y el “Informe de la Comisión Presidencial de Integridad. Detener la corrupción, la gran batalla de este tiempo”, que presentó una propuesta de 100 acciones contra la corrupción en el Perú.

Obra pública

También se requeriría reformar la obra pública, haciéndola más predecible y transparente. La mencionada propuesta del Plan Nacional de Integridad contiene un conjunto amplio de medidas para prevenir la corrupción en la obra pública, tales como fortalecer con el más alto nivel profesional la Central de Compras Públicas (Perú Compras), aprobar un Plan Nacional de Infraestructura que transparente, y haga predecibles las decisiones públicas en los próximos veinte años, políticas de transparencia, entre otras. 

El congresista Javier Velásquez Quesquén ha propuesto la excelente idea de reducir el espacio para que municipalidades hagan obras por administración directa, donde hay mucha corrupción. Y sería bueno estandarizar las obras menores.

Recientemente el ministro de Transportes, Bruno Giuffra, ha anunciado la contratación internacional de un PMO (Project Manager Office) para estandarizar los procesos de licitación y contratación en Provías, sede de los presuntos arreglos denunciados al llamado “club de la construcción”, y para supervisar de manera permanente dichos procesos. También ha presentado al MEF una nueva estructura de personal y remuneraciones, en aplicación de la ley de servicio civil.

Desde las tripas del ‘Ogro Filantrópico’, el Gobernador de la Región Ica, Fernando Cillóniz sigue desnudando al monstruo de la corrupción enquistado en el Estado. Cillóniz no solo está dedicado a conducir ejemplarmente los destinos de la región que está a su cargo, también está desarrollado un difícil acuerdo birregional con Huancavelica para aprovechar el potencial de desarrollo de ambas regiones y, mostrándonos a todos los peruanos como se han prostituido los espacios del Estado con ‘instituciones’ como el tarjetazo, el clientelismo y la impunidad.

Ver en Lampadia sus dos columnas anteriores:

• Mi confesión sincera
• Faltas graves

En esta ocasión, Cillóniz describe el desperdicio de los escasos recursos del Estado en obras innecesarias, faraónicas e inconclusas, que malogran la capacidad del Estado de ofrecer buenos servicios y de mantener la confianza de los ciudadanos.

Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Ica, 3 de marzo de 2017
Para Lampadia

El Producto Bruto Interno (PBI) de un país crece en la medida que aumenta la inversión en infraestructura. Eso lo sabe cualquiera. A más carreteras, más PBI. A más ferrovías, más PBI. A más irrigaciones y gasoductos… más PBI. 

Pero no todo PBI es bueno. Por ejemplo, las inversiones de la pandilla brasilera en proyectos como la Carretera Interoceánica, la Línea 2 del Metro, y el Gasoducto Sur Peruano – por solo mencionar unos cuantos – aumentaron el PBI de nuestro país. Y – aunque parezca mentira – las adendas que inflaron los costos de dichos proyectos también; ¡incluidas las coimas y sobornos!

Pues bien, en el ámbito iqueño, la situación es parecida. Las gestiones anteriores – tanto regionales como locales – aumentaron el PBI de Ica a través de inversiones sobrevaloradas, mal hechas, pésimamente priorizadas, y encima la gente se pregunta: ¿cuánta cutra habrá corrido por ahí? ¿Quién responde por los proyectos fallidos como el Mercado de Pueblo Nuevo en Chincha que está inoperativo, una Defensa Ribereña inexistente en Pisco, el enorme pedestal del Inca Pachacútec en el distrito del mismo nombre en Ica, los puentes inacabados de Palpa, la grotesca Plaza de Armas y Palacio Municipal de Marcona en Nasca, y varios esperpentos más?

Pero ahí no acaba la cosa. Cuando asumimos la gestión en el 2015, encontramos cerca de 40 obras inconclusas y abandonadas, entre las cuales había proyectos de agua y desagüe, puentes y caminos, centros de salud y escuelas, proyectos de seguridad ciudadana, entre otros. ¡Más de 200 millones de soles – que para Ica es un mundo de plata – que no sirven para nada! Repito; todos proyectos inconclusos, abandonados, y – lo que es peor – judicializados, dado que las obras estaban “garantizadas” por Cartas Fianzas… falsas. ¡Una estafa!

Seamos sinceros. El PBI de nuestro país – y en particular, de la Región Ica – está inflado (1) por sobrevaloración de los costos de algunos proyectos de infraestructura, (2) por el pago de coimas y sobornos, (3) por las inversiones en obras inútiles, y (4) por obras inconclusas y abandonadas. Insisto, no todo crecimiento del PBI es bueno. También puede haber PBI del malo, y ¡vaya que tenemos bastante PBI malo en nuestro país!

¿Qué hacer frente a tanta podredumbre? Pues corregir – de raíz – la causa de todo este desmadre, el cual ha sido generado por gente corrupta. ¡No al clientelismo político, porque ahí está la raíz de la corrupción en el país! ¡Sanción a los funcionarios y empresarios que hayan cometido actos de corrupción!

Mi diario vivir en el Gobierno Regional es muy aleccionador. Cuando detectamos un acto de corrupción – cosa que sucede con frecuencia – el mayor problema está en el mal entendido “espíritu de cuerpo” al interior de la institución. Resulta que para que haya sanción a algún funcionario corrupto, tienen que estar alineados (1) la Secretaría Técnica – que es órgano investigador y sancionador de los malos funcionarios – (2) la Jefatura de Recursos Humanos, y (3) la Jefatura inmediata superior del funcionario en cuestión. Si uno de los tres estamentos administrativos flaquea – cosa que también sucede con frecuencia – no hay sanción. Aunque eso de flaquear es un decir. Lo que hay es connivencia. O sea; corrupción a todo nivel.

No obstante, cuando la trilogía… Secretaría Técnica – Recursos Humanos – Jefatura Administrativa funciona como corresponde, la sanción se aplica de acuerdo a ley, la disciplina laboral se establece con normalidad, y – lo que es mejor – el servicio público mejora. Muchos iqueños pueden dar fe de ello.

Conclusión: Sólo con gente honesta saldremos de este desmadre moral. Gente competente, tenemos. Hasta los choros son competentes… el problema es que son choros. No hay que cambiar ninguna Constitución, ni ninguna ley o política pública. ¡Sigamos con las inversiones privadas en infraestructura! No creemos más instituciones anti corrupción. Lo único que hay que cambiar es la moral de nuestra gente. Lampadia

Según el análisis de Jaime de Althaus, que presentamos líneas abajo, sobre los decretos legislativos dirigidos a facilitar la lucha contra la corrupción policial, se puede decir que el gobierno ‘ha puesto toda la carne en el asador’. Sin embargo, como sabemos en el Perú, del ‘dicho al hecho hay mucho trecho’.

Por lo tanto, toda la atención de la ciudadanía tiene que estar puesta en la implantación de las normas. Para que ellas sean efectivas, hay que insistir en las recomendaciones de Althaus:

• Una sólida campaña de comunicación para que el ciudadano esté claramente advertido sobre las penalidades
• Un acuerdo político con las fuerzas más importantes, para convertir estas normas en políticas de Estado 
• Compromiso público de la Fiscalía y el Poder Judicial con las nuevas normas, de modo que la opinión pública pueda vigilar su ejecución
• Simplificación de normas y procesos que propician la coima

Esperemos que el propulsor de estas normas, Carlos Basombrío, Ministro del Interior, no solo haya recogido las mejores prácticas de otros procesos anti corrupción policial, sino que haya preparado a las instituciones que dirige, el ministerio y la Policía Nacional, para empezar la ejecución de la mejor manera.

Nos preocupa, que en cuanto a la difusión de las normas, el ministro se haya limitado a declarar que el ciudadano está obligado a conocer las leyes. ¿Broma? O error que hace temer un enfoque teórico, poco realista, que generará mil complicaciones que pueden debilitar el resultado. Ojo, que la responsabilidad del ministro no termina con la dación de las normas. Lampadia

Fuente:  rpp.pe 

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El gobierno ha decidido apostar fuerte en la lucha contra la corrupción en la Policía. Los decretos legislativos aprobados dibujan un conjunto de medidas, algunas de ellas drásticas, que requerirán del apoyo político, judicial y ciudadano para consolidarse y producir el cambio rápido y profundo que buscan. Porque sin duda afectan de raíz el modus operandi mismo de muchos policías.

Comencemos por la medida que ha empezado a ser puesta en práctica estos días: pena privativa de la libertad de entre 6 y 10 años para el policía “que solicita, directa o indirectamente, donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones derivadas de la función policial o a consecuencia de haber faltado a ellas”; y de entre 5 y 10 años para el “que acepta o recibe donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para sí o para otro, para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones derivadas de la función policial…”. Además, “El miembro de la Policía Nacional que condiciona su conducta funcional a la entrega o promesa de donativo o cualquier otra ventaja o beneficio, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de doce años e inhabilitación conforme a los incisos 1, 2 y 8 artículo 36 del Código Penal” (Decreto Legislativo 1351).

No solo eso. El que ofrece o da la coima también será reprimido con pena privativa de la libertad de entre 4 y 8 años de cárcel. Para ello, se ha anunciado que los policías llevarán “camaritas” en sus uniformes, a fin de registrar los ofrecimientos de sobornos.

Son medidas sumamente drásticas que sin duda pueden llevar a minimizar la coima no solo en las infracciones de tránsito sino en otras actuaciones policiales. Pero deberían ser antecedidas de una campaña de medios que informe claramente acerca de las nuevas reglas de juego, pbustamante@lampadia.com para evitar que muchos terminen en la cárcel simplemente por desconocimiento de la nueva ley.

Y, además, deberían venir acompañadas de una reducción de las multas y sanciones asociadas a diversas infracciones, que son tan absurdamente altas para amplios sectores de un país como el nuestro, y que parecen diseñadas justamente para provocar la coima. Y eliminar ciertos trámites o requisitos. Así como ahora no es necesario revalidar cada dos años la licencia para lunas polarizadas y ésta es para el vehículo y no para el conductor, suprimiendo así un foco de corrupción, hace falta eliminar también las revalidaciones de brevetes, que es otro tinglado montado para imponer cobros y armar corruptelas.  Asimismo sería necesario suprimir el requisito de las revisiones técnicas, que son otro núcleo de corrupción incluso para pasarlas, y no previenen nada. Y sería necesario graduar las sanciones sobre consumo de alcohol, que son sumamente drásticas tanto para el que realmente conduce en estado de ebriedad como para el que apenas ha tomado dos o tres cervezas pequeñas.

De otro lado, se necesitaría desarrollar paralelamente una política efectiva de personal que brinde mejores servicios de salud, educación y vivienda a los agentes policiales, como una manera efectiva de complementar sus ingresos. De hecho, el ministro ha anunciado que estos días se inicia la construcción de un hospital de 300 millones de soles, muy moderno y con equipamiento. Habría que conocer si su administración se concesionará, para asegurar un buen servicio.

Quizá en parte para contribuir al equilibrio financiero de los policías, aunque sobre todo debido a demandas reales de seguridad, el gobierno ha dado el decreto legislativo 1267 que establece que “La Policía Nacional del Perú, a través del personal policial que se encuentre de vacaciones, permiso o franco y de manera voluntaria, podrá prestar servicios policiales extraordinarios en entidades del Sector Público y/o del Sector Privado, en situaciones que puedan comprometer y/o afectar el orden público y la seguridad ciudadana”. Esto siempre mediante convenio con la entidad solicitante, sea una municipalidad, la asociación de bancos, una empresa minera o un concierto, por ejemplo. Y como resultado de ese servicio extraordinario, el policía recibirá una remuneración adicional, pero pagada por la institución policial. De ninguna manera los policías podrán brindar servicios a particulares de manera individual, lo que también es una manera de prevenir que policías trabajen para mafias de distinto tipo.

Ahora bien, las medidas dadas para erradicar la corrupción de la Policía van más allá. El decreto legislativo 1291 establece una serie de instrumentos. Uno de ellos es la “prueba de integridad”: consiste “en plantear situaciones similares a las que un efectivo policial o servidor civil podrá enfrentar como parte de las actividades propias de su función”, para “determinar si el personal policial en actividad o servidor civil del Sector Interior tiene una conducta íntegra, proba, honrada, incorruptible e insobornable en sus acciones cotidianas, de manera libre y espontánea”. La prueba la realiza un “comisionado de integridad”, que es una suerte de agente encubierto. Así se podrá detectar si un policía acepta una coima que se le ofrece, por ejemplo, aunque en estos casos el comisionado tendrá que actuar junto con un fiscal según explica Leonardo Caparrós, asesor del gabinete ministerial. Lo normal será que se haga para evaluar la medida en que el policía atiende bien a un ciudadano que acude por alguna razón.

Pero eso no es todo. También se aplicará al personal la “prueba de control y confianza”, mediante la utilización del polígrafo u otros medios tecnológicos. Tiene por finalidad “evaluar el comportamiento laboral del personal del Sector Interior, el cual debe ser profesional, ético y moral…”. En este caso, sin embargo, “el sometimiento a la Prueba de Control y Confianza es voluntario y deberá contar con la autorización expresa del personal seleccionado para pasar la misma”. Según Caparrós, en el área de Inspectoría, por ejemplo, la aplicación del polígrafo es parte del procedimiento para postular, aunque no se puede obligar a nadie a pasar la prueba. Rehusarse a pasarla, sin embargo, sería visto como un indicativo no favorable. 

Otra medida preventiva establecida en el decreto legislativo 1291 es la obligación de todos, oficiales y suboficiales, de presentar declaración jurada de ingresos, bienes y rentas, y se le encarga a la Oficina General de Integridad Institucional verificar la información contenida en dichas declaraciones.

Pero aún hay más: el decreto legislativo 1242 establece que “La Inspectoría General, la Dirección Ejecutiva de Personal y la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú, coordinadamente revisan y evalúan en forma anual las referencias disciplinarias del personal, con el fin de determinar su idoneidad para desempeñarse en los diferentes cargos, informado de manera sustentada al alto mando sobre su resultado y efectuando propuestas que permitan una adecuada asignación del personal. Una copia de este informe deberá ser remitida a la Inspectoría General del Ministerio del Interior, que ahora es la Oficina General de Integridad Institucional.

Es probable que es ese informe, que de alguna manera condensa el resultado de la aplicación de todos los instrumentos anteriores, más el de las evaluaciones de desempeño –cuyo reglamento, sin embargo, no ha sido aprobado aún-, arroje regularmente un listado de personas no idóneas para desempeñar la función policial –sea por razones éticas o profesionales- que deberán ser retiradas de la Institución. Para ese fin el decreto legislativo 1242 regula la llamada “renovación de cuadros de manera excepcional”, que se podrá producir no solo cuando se designa a un nuevo Director General, sino en cualquier momento y una vez al año, precisándose que dicha renovación de cuadros no constituye sanción administrativa.

Esta última precisión es importante porque implica que las resoluciones de pase al retiro por tal renovación  excepcional de cuadros, no tienen que ser fundamentadas en el sentido de acopiar pruebas de la comisión de delitos o faltas. De hecho, el personal que pase al retiro por este expediente, lo hará percibiendo la pensión y otros beneficios.

Es importante que haya acuerdo político en torno a estas medidas y que ese acuerdo incluya una convicción al respecto de parte del Poder Judicial. El Ministro Basombrío ha hablado de este tema con el Presidente del Poder Judicial, pero la prueba de fuego la tendremos dentro de poco, si es que algunos de los 790 oficiales que fueron pasados al retiro en noviembre por razones de reestructuración de la pirámide policial, acuden al Poder Judicial para conseguir su reposición. Hasta el momento de escribir esta nota, el Ministerio sólo había recibido una notificación de un oficial que había demandado en Arequipa, pero habría grupos que se estarían organizando para esos efectos. Según el Ministerio, tal reclamo judicial carece de fundamento legal, de modo que no debe prosperar, aunque nunca se sabe con los jueces “creativos”. Ya se ha presentado una acusación constitucional contra el Ministro en el Congreso. Esto no va a ser fácil.

Ahora bien, todo este conjunto de instrumentos depende, para su ejercicio eficiente, de que haya una inspectoría policial y un sistema disciplinario íntegros y que cumplan bien su función. Para conseguir ese resultado, se ha añadido una especialidad a las ya señaladas en la Ley de la Policía Nacional (Orden y Seguridad, Investigación Criminal e Inteligencia): la “Especialidad de Control Administrativo Disciplinario”, dentro de la carrera policial. Se establece que el personal policial que accede a esta especialidad permanecerá en ésta hasta el término de su carrera, recibirá una bonificación especial, gozará de vacantes exclusivas en los procesos de ascenso, capacitación permanente en el país y en extranjero y no podrá pasar al retiro por causal de renovación de cuadros. Es este personal el que integra la Inspectoría General de la PNP. La idea es que pase por el polígrafo a la hora de postular, tal como se ha dicho.

A su vez, la Inspectoría General del Ministerio del Interior –no de la PNP- ha sido reemplazada, de una parte, por la Oficina General de Integridad Institucional, que descansa en la Oficina de Asuntos Internos para las investigaciones sobre las infracciones graves o muy graves cometidas por el personal policial, sobre todo por los oficiales generales. Y, de otra, por el Tribunal Policial, que depende directamente del Ministro. La idea es que quien hace las investigaciones no debe ser quien juzgue y sancione. Antes ambas funciones dependían de la Inspectoría General.

Por su parte, la Oficina General de Integridad Institucional tiene no solo la función de investigar hechos cometidos, sino de prevenir, manejando los instrumentos de control y confianza como los polígrafos y los otros instrumentos que hemos reseñado líneas arriba. Con lo que el círculo se cierra.

Hubo, por último, un intento de reforma adicional que debía redundar no sólo en menores opciones de corrupción para los policías sino en una mejor gestión institucional: la disposición según la cual la Secretaría Ejecutiva de la PNP, encargada de los temas administrativos, estará a cargo de un general o de un profesional civil altamente calificado. La redacción original de decreto legislativo 1267 agregaba a continuación: “Los órganos de la Secretaría Ejecutiva están a cargo de personal civil altamente calificado y/o especializado en los sistemas administrativos”. La reacción de generales en retiro fue tal que se tuvo que modificar ese párrafo de la siguiente manera: “Los órganos de la Secretaría Ejecutiva están a cargo de personal policial o civil altamente calificado y/o especializado en los sistemas administrativos”. Un retroceso que habla a las claras de la presión de los oficiales por manejar los recursos, una tarea extrínseca a la función policial que debería estar, efectivamente, en manos de civiles especializados. Lampadia

Con la dación del paquete de decretos emitidos sobre la base del otorgamiento de facultades, el gobierno ya tiene su plataforma básica de gobernabilidad. Ahora los ciudadanos, analistas y políticos tendremos que abocarnos a analizar cada uno de ellos y colaborar en lo que se pueda para que despegue la acción de gobierno.

Pero una pregunta que todos, incluido el gobierno, debemos hacernos es ¿Eppur si muove? ¿Será esto suficiente para impulsar la inversión pública y privada, que nos permitan recuperar una base sólida de crecimiento de la economía que se proyecte hacia la meta del bicentenario, por encima del 5% del PBI?

Cinco porciento del PBI es el nivel mínimo de crecimiento que necesitamos para emprender el acelerado cierre de las brechas sociales y económicas en educación, salud, infraestructuras y tecnología que nos distancian del bienestar general. Con mayores dificultades hoy, en un entorno externo negativo para el comercio internacional, base del espacio  de transferencia de riqueza desde el resto del mundo al Perú. Además, un crecimiento satisfactorio es indispensable para lograr un ambiente interno suficientemente tranquilo, que nos ayude a emprender las reformas institucionales sin las cuales, no es posible aspirar al desarrollo integral, así como, la difícil lucha contra la corrupción.

En Lampadia hemos explicado in extenso la potencia de nuestras  capacidades productivas, ver: El enorme Potencial Productivo del Perú. Dichas capacidades y potenciales nos permiten aumentar sustancialmente el nivel de inversión, generar empleo adecuado, reducir significativamente la pobreza y la desigualdad y generar los recursos fiscales necesarios para afrontar las brechas indicadas líneas arriba.

Como es de conocimiento general, hasta ahora, en lo que va del nuevo gobierno, no hemos podido dinamizar la inversión. Para hacerlo falta superar dos aspectos fundamentales:

• La toma de conciencia de la población y los medios, de la necesidad de invertir y crecer. Algo que solo puede desenvolverse mediante un programa claro de comunicación que cree un ecosistema propicio a la inversión. Este programa solo puede ser desarrollado desde el gobierno, que debe llamarnos a ‘una gesta nacional por la inversión y el crecimiento’.
• Diseñar y ejecutar una estrategia efectiva para superar el nivel de conflictividad social y política que nos aqueja. Conflictividad que afecta a las inversiones mineras y energéticas, al turismo, y en general a muchas iniciativas de inversión, así como a las operaciones vigentes en distintos sectores de la economía.

Como se dijo en el último CADE, es: ¡Ahora o nunca!

No podemos perder otros cinco años en nuestro proceso de desarrollo. Ver en Lampadia: La política traiciona el sentir popular. (Este artículo, publicado el 26 de diciembre pasado, fue visto por 255,000 personas, fue compartido 502 veces y comentado 564 veces, mayormente en sentido favorable).

En Lampadia estamos convencidos que los peruanos sabemos distinguir entre las contiendas políticas de corto plazo y los intereses nacionales de largo plazo. Todos, incluida nuestra población rural, como lo ha mostrado Richard Webb, hemos sido testigos del gran cambio que se produjo en el Perú, desde el regreso de la inversión privada a liderar el crecimiento desde la promulgación de la Constitución de 1993. (Ver nuestra nota de ayer, que recoge la apreciación al respecto de la BBC). Es evidente que nuestra nueva clase media emergente, nuestros emprendedores y nuestros agricultores no pueden estar de acuerdo en que la conflictividad (política) social siga paralizando las inversiones y  el crecimiento del país.

Como ha explicado Carlos Gálvez, el presidente de la SNMPE, si las cosas siguen como van, el impulso de la minería en el crecimiento económico, irá disminuyendo hasta prácticamente desaparecer hacia el 2018, dejándonos ante la posibilidad de que colapse el crecimiento a niveles de 2 o 3% anual.

Por ejemplo, a pesar de las ofertas concretas del gobierno para superar las dificultadas generadas alrededor del proyecto de Las Bambas, y del compromiso de los anti mineros de levantar sus ilegales acciones, las zanjas que cortan de acceso vial al proyecto se siguen manteniendo con absoluta impunidad.

Esta situación debe ser superada cuanto antes. Ya sabemos como: toma de conciencia y comunicación, como hemos explicado líneas arriba. Para cualquier gobierno es muy incómodo tener que afrontar este tipo de situaciones, pero si se ha pedido el mandato popular para gobernar, no queda otra alternativa que más que ‘gobernar’. Lampadia