Jaime de Althaus
Para Lampadia

Aunque son cosas distintas, la denunciada compra de votos mediante obras públicas que provocó la renuncia del Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia de la República, ha puesto bajo los reflectores de la luz pública una supuesta práctica de algunos congresistas para conseguir la inclusión de obras patrocinadas por ellos en el presupuesto de inversión pública.

La variante más corrupta sería la que aparece graficada en el audio del funcionario Fredy Aragón, cuya secuencia es la siguiente: el congresista le ofrece al alcalde incluir un proyecto grande de la municipalidad en el presupuesto de la república a cambio de un 5% del monto de la obra, para lo cual el congresista cuenta con los servicios de este funcionario quien le ofrece conseguirle la programación de la obra en el MEF. Esta sería toda una cadena, una industria de la corrupción.

Se sabe asimismo que hay congresistas que tienen empresas de construcción o tienen amigos constructores que formulan proyectos para la municipalidad o para el gobierno regional y que luego ellos gestionan ante los ministerios o logran que se incluyan en la ley de presupuesto.

También puede ocurrir que el congresista visite a los ministros para presionar por la inclusión de las obras de sus alcaldes, sin que haya corrupción de por medio.

Las municipalidades ejecutan algo más del 40% de la obra pública. El presupuesto que manejan es, entonces cuantioso. Y si agregamos los gobiernos regionales, llegamos a un 65% de la inversión pública. ¿Qué porcentaje de ese total se manejará de esta manera corrupta? No lo sabemos. ¿En qué porcentaje intervienen los congresistas apoyando a sus alcaldes? Tampoco lo sabemos. Pero la ex ministra Claudia Cooper calculaba que cuando menos el 80% de los congresistas gestionan proyectos ante los ministerios. Es una parte más importante de su actividad como congresistas.

Ahora bien, la labor de gestión ante los ministerios debe diferenciarse de la asignación directa que hacen los congresistas en la Comisión de Presupuesto del Congreso. En ambos casos, sin embargo, hay que precisar que los proyectos deben cumplir con ciertos requisitos para que puedan ser presupuestados.  

Como sabemos, el 30 de agosto el Ejecutivo envía al Congreso el anteproyecto de ley de presupuesto que contiene un anexo con los proyectos de inversión a ser ejecutados el año que viene. Allí se incluyen los proyectos enviados por los ministerios y los gobiernos regionales y locales que hayan pasado los filtros. El primero de ellos es que sea priorizado, para lo cual el criterio principal, desde el modelo diseñado por Thorne, es que cierre brechas. Además, los proyectos no deben estar fraccionados, ni sobredimensionados, ni deben duplicarse, y debe cumplir con las normas técnicas sectoriales. En el último presupuesto, por ejemplo, fueron rechazados el 59% de los proyectos remitidos, porque no cumplían estas reglas.     

Entonces, cuando los congresistas van a abogar por ciertos proyectos, el ministro tiene que decirles que esos proyectos serán considerados si es que cumplen con los requisitos señalados.

Ahora bien, de todos modos, en el anteproyecto de presupuesto que se envía al Congreso queda un pequeño margen de libre asignación, de aproximadamente 800 millones de soles según nos informa Cesar Liendo, ex viceministro de Economía, respecto del cual los congresistas asignan proyectos. Pero ese monto es apenas alrededor del 2.5% del monto total de la inversión pública, que está alrededor de los 32,000 millones de soles, aunque pueda representar un 6 o 7% del monto municipal.

Según la viceministra de Hacienda, Rossana Polastri, ese monto no es tampoco una bolsa, no lo es por definición. “Lo que ponen los sectores en su presupuesto es una partida para financiar estudios de pre inversión. Cuando el legislativo propone incluir proyectos, estos entran contra esa partida. Sustituyen la asignación que habíamos puesto para pre inversión”. 

En realidad, entonces, esos mismos proyectos que los congresistas incluyen directamente en el presupuesto, tienen que pasar también los filtros señalados. Este año ha ocurrido, por ejemplo, que solo el 15% del monto asignado por los congresistas cumplía los requisitos. Se ha dado 15 días más para ver si se puede subsanar las deficiencias, pero de no hacerlo el monto en cuestión queda sin asignarse o termina siendo redistribuido por medio de algún crédito suplementario que reasigna esos recursos a proyectos que no estaban en el presupuesto y que están listos para ejecutarse.

Medidas

Entonces, una medida para asegurar cuando menos la idoneidad de los proyectos escogidos en el Presupuesto, debería ser reforzar los criterios de priorización y selección. Para ello, el MEF ha elaborado un proyecto de ley de priorización de proyectos de inversión pública, que ya envió al Congreso. Liendo nos explica que hoy existen procedimientos y requisitos técnicos para seleccionar un proyecto de inversión pública, pero son solo directivas de ministerios. La idea es darles rango de ley para que tengan un mayor blindaje legal.

Otra posible medida sería establecer estándares para las obras referidas a inversiones recurrentes, fijando diseños, metrados, costos unitarios y márgenes de supervisión, para las diversas zonas del país. Este esquema puede usarse con facilidad para la construcción de escuelas, postas médicas, hospitales, caminos, etc.

Lo otro es consolidar de una vez el Plan Nacional de Infraestructura, a fin de que haya menos espacio para la asignación arbitraria o política de proyectos. Lo que tenemos ahora es la llamada Programación Multianual de Inversiones, que tiene un alcance de tres años. En este momento hay una versión preliminar del Plan Nacional de Infraestructura que está siendo validado con los sectores.

Pero según la ministra Cooper, la mayor parte de la corrupción no está en la programación sino en la ejecución de la obra, desde la confección de las bases, que con frecuencia se orientan a beneficiar determinado postor. Una idea era que la OSCE pudiera designar funcionarios que elaboren esas bases, lo que demandaría un presupuesto apreciable. Por supuesto, el hecho de que los jefes de las oficinas de control interno de las municipalidades y gobiernos regionales vayan a ser pagados desde este año por la propia Contraloría, ayudará a mejorar el control.

Diversas formas de participación de la sociedad civil en alianza con la Contraloría deberían ayudar. Es algo que el nuevo gobierno podría impulsar. Lampadia

En el siguiente informe sobre la seguridad ciudadana (parte 2), se muestra el desarrollo de los llamados comités distritales de seguridad ciudadana. Estos son equipos de trabajo que debieran monitorear la seguridad de los distritos y coordinar acciones para contrarrestar la delincuencia.

Casi todos los distritos han formado los comités, sin embargo, por la frecuencia de sus reuniones, podemos concluir que muchos de ellos han cumplido con el formalismo, más que haber incorporado este organismo a la vivencia de los distritos.

El mejor ejemplo de consecuencia y responsabilidad, es el caso de Miraflores, que, por supuesto, muestra ya resultados muy favorables. Es importante que los vecinos presiones a los alcaldes más flojos para aprovechar una efectiva contribución de estos comités a una de las mayores preocupaciones ciudadanas.

Este artículo es parte de nuestra biblioteca virtual: Estado del Siglo XXI, que recomendamos revisar como un espacio donde compilamos los distintos aspectos de las imperiosas reformas del Estado.

Hemos visto en el informe anterior que, como resultado de una política de palo y zanahoria que obliga e incentiva a la vez a los gobiernos locales a formar los Comités de Seguridad Ciudadana y formular los planes de seguridad respectivos, el 2015 un 86.64% de las municipalidades distritales y sus Comités Distritales de Seguridad Ciudadana (CODISEC), presididos por el alcalde e integrados por el o los comisarios del distrito, el jefe del serenazgo y otras autoridades, formularon sus planes de seguridad ciudadana. También advertimos que nos queda una duda acerca de si esos planes se aplican realmente o son, en alguna proporción, meramente declarativos, dada la disminución de los patrullajes en los barrios registrada por el INEI. Pero de todos modos sí sería posible afirmar que, dados los instrumentos punitivos e incentivadores aplicados, los CODISEC se están empezando a institucionalizar, aunque en diversa medida.

Esto es importante porque no cabe duda que la seguridad ciudadana mejorará si los alcaldes asumen el liderazgo en este tema e integran esfuerzos y recursos con la Policía. Esto es algo que debe consolidarse. Para eso se necesita que los CODISEC se reúnan con una frecuencia suficiente y regular, examinen la situación con mapas del delito actualizados y tomen decisiones.

¿Una reunión mensual es suficiente? Quizá no. En Lima, por ejemplo, el CODISEC de Miraflores, de lejos el mejor, se reúne religiosamente una vez por semana durante una hora, pero la mayor parte tiene reuniones más o menos mensuales. “Entre enero y agosto del 2015, el CODISEC de Miraflores se reunió en 32 ocasiones; el de Santa María del Mar, en 25; el de Puente Piedra, en 15; y el de Punta Hermosa, en 13. Por el contrario, el de Chorrillos solo tuvo 3 reuniones; el de La Punta, 5; y el de La Victoria, 6. La gran mayoría de comités se reunieron entre 7 y 10 ocasiones en el período descrito”[i]. Lo podemos ver en el siguiente cuadro:

El caso de Miraflores

El caso más destacado es, precisamente, el de Miraflores, donde el factor decisivo ha sido el liderazgo de los alcaldes desde la época de Alberto Andrade quien, ante el repliegue de la policía dedicada a combatir a Sendero Luminoso en los 80, fue el segundo alcalde, luego del de San Isidro, en organizar en 1990 el Serenazgo en su distrito. El papel decisivo de la municipalidad en la seguridad ciudadana en Miraflores se ha consolidado con el alcalde Jorge Muñoz, elegido por primera vez el 2010 y reelegido el 2014.

Muñoz reúne todos los viernes de 8 a 9 de la mañana al CODISEC. Al 24 de marzo del 2016 llevaba ya 248 reuniones celebradas. Asisten los dos comisarios del distrito, el jefe de la DIVINCRI (que atiende a tres distritos: Miraflores, San Isidro y Lince), el responsable de Tránsito, el jefe del Escuadrón de Emergencia Sur 1 (patrulleros inteligentes, abarca varios distritos), la Capitán de la Comisaría de la Mujer y el Niño, que es multi-distrital, los jefes de las tres áreas de serenazgo, representantes de los vecinos organizados y de empresas y la sociedad civil, los dos fiscales de las fiscalías que la municipalidad atrajo al distrito construyéndoles sus instalaciones, el director hospital Casimiro Ulloa, la gobernadora y la jueza de paz.

Son reuniones de una hora en las que se escucha los reportes de incidencias de las dos comisarías, de la DIVINCRI, de las tres áreas de serenazgo, y de las fiscalías, que se cruzan con las estadísticas integradas y geolocalizadas del serenazgo y la policía, para decidir en qué áreas intensificar el patrullaje integrado o realizar operativos conjuntos u otras acciones. La Central de Serenazgo de la municipalidad integra las estadísticas de ocurrencias de la Policía, el Serenazgo y las fiscalías en un mapa del delito artesanal donde se identifican las zonas calientes y a partir de allí se decide qué intervenciones efectuar, en coordinación con distintas entidades.

Para ese fin, el distrito ha sido dividido en tres áreas y cada área en varios sectores. Son, en total, 39 sectores. En cada sector el Serenazgo tiene como mínimo una camioneta y/o auto, una moto y personal a pie. “Las estadísticas integradas que manejamos con la PNP nos sirven para precisar las zonas ‘calientes’, donde reforzamos con mayor número de vehículos y personal de Serenazgo y tenemos presencia de la policía”, nos explica Augusto Vega, gerente de seguridad ciudadana.  

Como consecuencia, en 2015 se realizaron más de 540 operativos conjuntos entre el Serenazgo y la PNP. Hay un módulo integrado PBP-Serenazgo en la Central Alerta Miraflores (en la Central de Serenazgo) y existe, por supuesto, patrullaje integrado. Hasta hace pocos meses la municipalidad pagaba 15 policías en sus días de franco, para que se integren a los vehículos del Serenazgo. Con la abolición del 24 X 24 la municipalidad recibe 10 policías de manera gratuita para el patrullaje integrado. La PNP les ha asignado, además, 15 halcones (policías en motocicletas).

Pero el Serenazgo tiene bastante más vehículos que las comisarías del distrito. Estas poseen unas unidades, pero por lo general ya vetustas y que la municipalidad debe reparar. El Serenazgo, en cambio, no solo despliega 850 serenos en las calles, sino que dispone de 161 vehículos (autos, camionetas, motos, Segway, ambulancias, coasters y bicicletas), 500 radios Tetra y 50 patrullas con mini cámaras HD.

La municipalidad ha creado una aplicación para celular, “Miraflores”, por medio de la cual cualquiera puede llamar al número 313-3773 de “Alerta Miraflores”, ubicada en la Central de Serenazgo y desde donde se irradia al  105 de la Policía. “Alerta Miraflores” toma la llamada, la procesa, la atiende, y queda registrada. Funciona desde la época de Fernando Andrade y es muy usada por los vecinos, quienes llaman a la menor sospecha. Tiene más de un millón de casos acumulados.

Además, la municipalidad tiene cuentas en redes sociales para las denuncias o quejas, que son bidireccionales. Por ejemplo @miraflore24h, en twitter, que tiene más de 65 mil seguidores y que ha servido, por ejemplo, para tender ‘planes cerco’ inmediatos cuando un tuit ha avisado del robo de un vehículo. En dichos ‘planes cerco’ se activa incluso el Serenazgo sin Fronteras, que funciona muy bien, según el alcalde Muñoz, gracias a que los serenazgos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, Surquillo, Barranco y otros distritos están interconectados entre sí y con la Policía gracias al sistema Tetra que todos han adquirido.

Fuera de esto, la Central de Serenazgo tiene 12 mil POS de establecimientos comerciales o restaurantes integrados, que poseen una tecla de alarma silenciosa que avisa a la Central ante cualquier evento. Ha firmado, además, convenios con compañías de taxi (440 taxis afiliados) y con los delivery de tres empresas a fin de que reporten cualquier hecho delictivo o sospechoso. Y ha instalado 256 cámaras de vigilancia en puntos estratégicos. Fuera de esto, ha censado y capacitado a 950 vigilantes privados.

Los resultados no se han hecho esperar. En el siguiente cuadro vemos como el total de delitos ha descendido en un 55% entre el 2012 y el 2015. Todos se refieren a distintos tipos de robos. Lo que han caído de manera notoria son los robos a transeúntes en la vía pública, a las viviendas y a transeúntes dentro de locales comerciales. 

El cumplimiento de las metas contenidas en el plan de seguridad ciudadana le ha permitido a la municipalidad recibir el 2015 S/. 65,176 adicionales transferidos por el programa de incentivos municipales del Ministerio de Economía y Finanzas.

Lo que el alcalde Muñoz ha conseguido es que los comisarios le reporten a él y al CODISEC, algo que no era fácil dada la cultura secretista y autodependiente de la Policía, que siente que solo debe subordinarse a su propio comando. Este logro ha llegado al punto en que ahora los comisarios por lo general le piden al alcalde que le solicite al ministro que los mantenga en su puesto de Comisario en Miraflores, cargo que por lo general rota anualmente, un tiempo sin duda absurdamente corto.  

Para conseguir la colaboración leal de los comisarios fue estratégico poner como jefe de Serenazgo no a un ex oficial de las fuerzas armadas sino de la Policía, el coronel ® Juan Briceño, ya fallecido, de mucho ascendiente. Esto fue clave, entre otras cosas, porque hablaba el mismo lenguaje que los policías. Y lo propio ocurre con su sucesor, el coronel PNP ® Augusto Vega García.

Pero el elemento determinante para conseguir la colaboración eficaz de todos los integrantes del Comité, incluyendo principalmente a los Comisarios, ha sido un sistema bien organizado de respuesta y coordinación basado en un cuerpo de serenazgo bien equipado y dotado, en la conexión inmediata de los vecinos y los establecimientos con la central de alerta –mediante una aplicación, redes sociales y POS en las tiendas-, y en la rigurosa frecuencia  semanal de las reuniones del CODISEC que puede tomar decisiones gracias a las estadísticas integradas y georeferenciadas que elabora el Serenazgo con los insumos de la policía. Es eso lo que le ha dado fuerza y autoridad a la municipalidad.

El alcalde es en la práctica el jefe de la seguridad en Miraflores.

Entrevistas

Muñoz, Jorge, Alcalde de Miraflores, 24-3-2016

Vega García, Augusto, Gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Miraflores, 29-3-2016

Bibliografía

Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad (CIPC): Informe experiencias exitosas en prevención de la criminalidad en América Latina. Una perspectiva territorial de las políticas públicas de seguridad ciudadana en América Latina, Diciembre 2015.

Estadísticas Integradas, Comité de Seguridad Ciudadana Miraflores, enero 2016

IDL, Seguridad Ciudadana, Informe Anual 2015

 

 

Las autoridades de nuestro país suelen medir con diferente vara a las empresas (e instituciones) estatales y privadas. Un ejemplo de ello ocurrió hace unos días, nada menos que con la Municipalidad de San Isidro luego de que se produjera una fuga de gas. El alcalde  Manuel Velarde anunció que denunciará penalmente a la empresa Cálidda por exposición al peligro de más de 3 mil vecinos al producirse una fuga de gas la noche del martes 14 de abril en la cuadra tres de la avenida Las Flores. La razón de esta determinación se debería a que la mencionada empresa habría demorado casi seis horas en controlar el siniestro, lo que obligó a que se evacuaran a un gran número de residentes del lugar, al corte de la energía eléctrica y un embotellamiento del tráfico en hora punta.

Velarde señaló que exigirá que la empresa Cálidda pague una reparación civil a los vecinos afectados y que para ello iniciará un proceso legal que obligue a la empresa a hacerse responsable por no haber reparado la fuga de manera inmediata. “Vamos a iniciar un proceso de empadronamiento para que los vecinos puedan recibir una compensación económica por los gastos innecesarios que ocasionó la fuga.El evento pudo haberse evitado en media hora pero la empresa puso en la balanza sus intereses versus los del distrito y eso no puede ser admitido”, señaló a RPP.

La actitud de Velarde sería válida si es que efectivamente la responsabilidad de la fuga fuera de Cálidda y la actitud de la empresa reflejara las imputaciones del “valiente” alcalde, pero el incidente se debió a que un contratista de Sedapal que hacía trabajos en la zona rompió las tuberías de gas. No solo eso, los operarios huyeron dejando la maquinaria obstruyendo el lugar, lo que dificultó enormemente las tareas de refacción. A pesar, de ello, el alcalde no culpa a Sedapal (el contratante) por lo ocurrido, sino a la empresa de gas.

La autoridad edil solo declaró que se ha multado a la empresa contratista de Sedapal con una UIT (3,800 soles) porque, al romper la pista para realizar trabajos de reparación impactó en el ducto de gas natural produciendo la fuga.

Lo increíble es que las obras se efectuaron sin que se le pidiera a Cálidda los planos de sus tuberías y, obviamente, sin que se tomaran las precauciones del caso. Una negligencia gravísima que pudo haber producido un percance mayor o, como ha ocurrido en otros siniestros parecidos, dejar sin luz a varias cuadras al cortar la electricidad “involuntariamente”.

¿Por qué no se responsabiliza públicamente a Sedapal? Aunque, aparentemente, la Municipalidad estaría ahora analizando denunciar a esta empresa, en los medios de prensa solo se ha señalado a Cálidda, una compañía privada, como la responsable del incidente, supuestamente por demorarse en controlar la emisión de gas y no seguir los protocolos establecidos.

Lo cierto es que las demoras se debieron a que los operarios de Sedapal huyeron el lugar y no se podía retirar la maquinaria, como se señaló líneas arriba, y que dentro de los protocolos de este tipo de incidentes no se contempla cortar el servicio eléctrico ni evacuar a los vecinos. Estas medidas se tomaron por indicaciones expresas del alcalde cuando la unidad especializada de los bomberos y la empresa del gas ya estaban en la zona controlando el tema. Se debe recordar que el gas natural es un elemento seguro pues se disipa rápidamente en el aire al ser más liviano.

Aún así, sin tomar en cuenta todos estos considerandos, la Alcaldía prefirió responsabilizar a una empresa privada antes que a una estatal. ¿Por qué? Porque al Estado le cuesta, no puede o no le interesa fiscalizar al Estado. Difícilmente el Municipio (Estado) podrá sacarle un Sol a Sedapal (Empresa del Estado), pero si puede exprimir a una empresa privada. En este caso además, haciéndose el muy riguroso (¿para lucimiento personal?). El Estado prefiere siempre demonizar y culpar al privado.

En otras palabras, el Estado no controla al Estado. Por esa simple razón es que ninguna empresa debiera ser propiedad del Estado. De lo contrario, los ciudadanos, que son el fin último de cualquier empresa (como) consumidores, estarán desguarnecidos o engañados.

Esto acaba de suceder en el distrito más culto del país, no decimos rico, porque Echarate lo supera largamente en ingresos. En San Isidro se espera el mejor nivel posible de la acción del Estado, el mejor ejemplo, y también, el mejor entendimiento por parte de los ciudadanos y medios. Aprovechemos este incidente para volver a discutir sobre el rol del Estado y del sector privado en nuestra sociedad. Lampadia