Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

Un estudio del MIT, que reseñamos líneas abajo, muestra como muchas campañas anticorrupción, especialmente cuando se hacen visibles mediante castigos públicos, tienen un importante impacto en la imagen de los líderes que las desarrollan.

Evidentemente, esta técnica de manipulación social no es nueva ni desconocida a lo largo del planeta. Muchas veces es aprovechada por gobiernos autoritarios y corruptos.

En el caso del Perú, hemos visto como Vizcarra, asesorado por su consultor argentino, desarrolló una campaña anticorrupción muy visible, con persecuciones judiciales y mediáticas, dirigidas en muchos casos, a sus enemigos políticos, más que a funcionarios corruptos.

Con esta campaña, Vizcarra, uno de los políticos más corruptos de nuestra historia reciente, enlistó como socios a gran parte de los medios de comunicación y endulzó a la población, logrando una popularidad largamente mayor a la de sus merecimientos.

En los gobiernos sub-nacionales, gran parte de la popularidad de los sistemas de justicia paralela, como la que se arrogan los ronderos, se basa precisamente en la visibilidad de los castigos a los supuestos funcionarios públicos, que sin el debido proceso son hasta flagelados y apaleados.

Pero ahí no termina la justicia paralela de los ronderos. También se aplica a los ciudadanos comunes, ya sea por la denuncia de una supuesta víctima por una disputa familiar, una acreencia o por cualquier otro supuesto delito, o simplemente, por venganzas o abusos.

Además del afán justiciero, los castigos que ejecutan los ronderos o las amenazas de castigos, se dan muchas veces como parte de acciones de manipulación políticas.

Los modelos de justicia paralela han sido promovidos, muchas veces, desde las cúpulas de nuestro sistema judicial, como hicieron Duberlí Rodríguez, en su rol de Presidente de la Corte Suprema de Justicia y Pablo Sánchez, como Fiscal de la Nación.

Hoy tenemos que ponernos al frente y rechazar el desarrollo de las fuerzas urbanas paralelas de los ronderos, según nos ha amenazado el gobierno de Castillo-Cerrón.

La seguridad ciudadana es responsabilidad fundamental de la Policía Nacional, y la justicia tiene que seguir procesos claramente estipulados, que solo deben descansar en el Sistema de Justicia tradicional. Siendo esta, la única manera de cautelar los derechos de todos los ciudadanos y agentes económicos.

¡No a las rondas urbanas! Y revisemos las rondas rurales.

Cómo mantienen el apoyo los líderes autoritarios

Un estudio encuentra que las campañas públicas anticorrupción refuerzan a los líderes, incluso cuando tales medidas carecen de resultados tangibles.

Los gestos públicos anticorrupción son una forma eficaz para que los gobiernos autoritarios mantengan el apoyo público, según un estudio en coautoría de la politóloga del MIT Lily Tsai.

Peter Dizikes
MIT News
5 de agosto de 2021

Imagen: Christine Daniloff, MIT, imágenes de stock

¿Cómo mantienen su popularidad los regímenes autoritarios? Un estudio novedoso en China dirigido por académicos del MIT muestra que los castigos anticorrupción impuestos por las autoridades gubernamentales reciben un apoyo significativo entre los ciudadanos, quienes creen que tales acciones demuestran tanto competencia como liderazgo moralmente recto.

Los hallazgos ayudan a explicar cómo perduran los gobiernos autoritarios, no solo basados ​​en la dominación y el miedo, sino como regímenes que generan un apoyo público positivo a lo largo del tiempo.

“Lo que encontramos es que el castigo de los funcionarios corruptos no solo aumenta la percepción entre los ciudadanos de que existe un gobierno capaz y competente, sino que también aumenta la creencia de que las autoridades gubernamentales tienen compromisos morales que preocupan a los ciudadanos”, dice Lily Tsai, una Politólogo del MIT y coautor de un artículo recientemente publicado que detalla los hallazgos del estudio.

En el caso de China, estas acciones anticorrupción tienden a consistir en castigos públicos a funcionarios locales de menor nivel que han violado la ley. No está claro que tales medidas realmente reduzcan la corrupción en general, pero las personas todavía están influenciadas por gestos públicos que involucran medidas enérgicas contra las malas prácticas.

“Indica que hay alguien con autoridad que está dispuesto a crear orden y estabilidad para el público”, señala Tsai.

El periódico, “¿Qué hace que la lucha contra la corrupción sea popular? Evidencia a nivel individual de China”, se ha publicado de forma anticipada en línea en el Journal of Politics. Los autores son Tsai, que es el profesor Ford de Ciencias Políticas y presidente de la facultad del MIT; y Minh D. Trinh y Shiyao Liu, candidatos a doctorado en ciencias políticas en el MIT.

¿Soporte a prueba de recesión?

El estudio consiste en un sofisticado experimento de opinión pública realizado en China utilizando un “análisis conjunto”, un método que identifica cuánta influencia relativa tienen diferentes factores en las opiniones de las personas.

Los investigadores básicamente llevaron a cabo tres iteraciones de una detallada encuesta de opinión pública. A casi 2,400 participantes en total, tanto en entornos rurales como urbanos, se les presentaron perfiles hipotéticos de pares de líderes gubernamentales y se les pidió que evaluaran su desempeño en función de una serie de supuestos atributos y logros, incluidas sus actividades anticorrupción. En estos escenarios, los atributos y actividades exactos de los líderes hipotéticos variaron aleatoriamente, lo que permitió a los investigadores distinguir la importancia de las medidas anticorrupción en la mente de los ciudadanos.

En igualdad de condiciones, en estos escenarios hipotéticos, los participantes de la encuesta prefirieron a los funcionarios que realizan esfuerzos anticorrupción de alto perfil, hasta un 25 por ciento más a menudo que otros funcionarios. Los encuestados dieron más importancia a la administración económica proporcionada por los funcionarios del gobierno, pero calificaron las actividades anticorrupción como de igual importancia que la provisión de asistencia social y la administración justa de las elecciones.

Más significativamente, dice Tsai, el experimento encuentra que el interés público en los gestos anticorrupción existe independientemente de cualquier otra cosa en el currículum de un funcionario del gobierno.

“Independientemente del desempeño de los funcionarios en el desarrollo económico, o en la prestación de asistencia social o en la implementación de elecciones, el castigo anticorrupción puede ser una táctica muy útil para las autoridades que buscan reforzar su apoyo público”, observa Tsai.

De hecho, agrega Tsai, los resultados tienen una implicación algo ominosa en ese sentido: “Estos hallazgos podrían indicar que el castigo anticorrupción es una forma útil de respaldar el apoyo público a prueba de recesión”.

Hacer visible el castigo

Los autores también introdujeron varias modificaciones a la estructura del análisis conjunto para saber por qué la gente apoya las medidas anticorrupción visibles. Su estudio encuentra dos razones distintas detrás de este apoyo. En primer lugar, esas medidas señalan que los funcionarios que actúan tienen la capacidad de emprender acciones decisivas. En segundo lugar, las acciones anticorrupción también indican que los valores de los funcionarios están alineados con los de los ciudadanos comunes, incluso cuando los mismos funcionarios, digamos, no administran las elecciones locales lo suficientemente bien como para dar a los votantes una voz fuerte en la selección de líderes.

“Al menos en el contexto chino, tanto en las poblaciones urbanas como en las rurales de China, los ciudadanos ven a los funcionarios que castigan a otros funcionarios de menor nivel por corrupción como algo más moral”, dice Tsai. “Ellos [piensan que los funcionarios anticorrupción] tienen las “‘intenciones correctas’”.

Además, agrega Tsai, los gestos anticorrupción parecen efectivos incluso en lugar de evidencia de que la corrupción podría reducirse en consecuencia. Al menos en términos políticos, lo que importa es organizar una campaña anticorrupción de alto perfil, más que sofocar la corrupción.

“A los gobernantes les interesa invertir en castigos anticorrupción, incluso si ese castigo no disminuye la corrupción”, dice Tsai. “La gente no tiene datos sobre cuánta corrupción hay en el gobierno. Lo que pueden ver con mayor claridad son los incidentes de castigo por corrupción”.

En términos históricos, agrega Tsai, los resultados se ajustan a “una larga tradición en China donde los gobernantes se posicionan como aliados de la gente común”, a pesar de restringir las libertades individuales de muchas maneras. Dicho esto, Tsai cree que los resultados describen una dinámica política que podría encontrarse en muchos estados-nación, en muchas variedades: la gente respaldará a los líderes que apoyan los castigos públicos simbólicos, transmitiendo un mensaje de que el orden social tradicional permanecerá intacto.

“La gente a menudo está dispuesta a sacrificar mucho por una sensación de certeza”, dice Tsai. Lampadia

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

¡El Perú no está dividido en dos! Ya lo dijimos cuando todos afirmaban que el país estaba irremediablemente polarizado. Ver en Lampadia: El Perú no está partido en dos – La polarización fue coyuntural.

Lamentablemente, fuimos a votar en medio de una crisis múltiple: Sanitaria, económica, social e institucional. Todas creadas por el desastroso gobierno de Vizcarra y sus compinches. Entonces desconfiábamos de nuestros líderes, estábamos frustrados y sin esperanza en el futuro. La votación reflejaba ese momento, pero no la división de los peruanos y menos, el rechazo de nuestra economía social de mercado.

Así se comprobó con la encuesta de Datum, una semana después de la segunda vuelta, y así se comprueba ahora, con las tres encuestas publicadas en los últimos días.

Primero veamos cuales son las prioridades de los peruanos hoy día:

Algo muy importante es que el 72% del ‘Pueblo’ dice que la economía debe seguir un programa de libre mercado. Y solo el 4% opina que se debe seguir el programa presentado por Perú Libre para las elecciones.

Ver encuesta de Datum en el siguiente enlace: https://bit.ly/3x5ln6K

Por su lado la encuesta del IEP, el centro de estudios de izquierda y su aliado La República, publican información que coincide con la de Datum. El IEP indica que solo el 23% quiere que cambie totalmente el modelo económico.

Lo que se comprueba en todas las regiones, sexo, edad, NSE, ideología y voto de la segunda vuelta.

En cuanto al cambio de Constitución, igualmente, la gran mayoría de los peruanos, el 76%, está en contra de un cambio total de la Constitución. Solo el 23% estaría de acuerdo con semejante propuesta.

Lo que también se comprueba en todas las regiones, sexo, edad, NSE, ideología y voto de la segunda vuelta.

Ver encuesta del IEP en el siguiente enlace: https://bit.ly/3x7S4QG

Por su lado Ipsos indica que solo el 32% considera que la Constitución debe ser cambiada totalmente. Curiosamente, Ipsos muestra un porcentaje mayor que el propio IEP. Esperamos que Ipsos no esté siendo víctima del ‘Síndrome de Estocolmo´.

En cuanto a las prioridades señaladas por el ‘Pueblo’, Ipsos coincide con Datum en señalar los temas económicos y sociales, antes del tema del cambio constitucional. Registra que solo un 11% considera importante el cambio de Constitución.

Queda pues comprobado que la gran mayoría del ‘Pueblo’ no quiere un cambio de Constitución. Por lo tanto, Castillo está obligado a recoger esta opinión y a eliminar de su agenda su empobrecedora propuesta. De lo contrario estaría impulsando una agenda política impopular.

Por otro lado, no dejemos de aquilatar el origen de la turbación popular que afectó el normal desarrollo de las elecciones, que felizmente, no llegó a torcer la estructura del pensamiento de la población.

Las múltiples crisis que nos llevaron a la aparente polarización, fue creada por la gran incapacidad del gobierno de Vizcarra y sus secuaces. Veamos.

• La crisis sanitaria fue creada por un pésimo manejo de la pandemia

1. Se insistió en rechazar el uso de las pruebas moleculares
2. Se rechazó la ayuda del sector privado, de las iglesias y de la FFAA
3. Se rechazó la donación del software para el seguimiento del virus
4. Se rechazaron donaciones de plantas de oxígeno, pruebas y otras
5. No se compraron las vacunas

• La crisis económica y social se generó agravando y prolongando los impactos de la pandemia, entre otras torpezas, ordenando cuarentenas equivocadas y caprichosas. Por ejemplo, se cerró el sector minero, cosa que no hizo ningún país.
  Esta crisis afecto severamente a miles de empresa peruanas, especialmente a las más pequeñas, habiendo quebrado muchas de ellas, especialmente en el sector del turismo y la gastronomía.
  Además, por su puesto, y tal vez lo más grave, se perdieron millones de empleos que hasta ahora no se recuperan completamente.
  La recuperación del empleo es hoy día el eslabón más débil de nuestra economía.
   

• Por su lado, la crisis política parece haber sido provocada adrede por Vizcarra y sus asesores, entre los que pareciera se encontraba el G2 cubano, que lo acompañaron en una estrategia de copamiento de todas las instituciones del Estado.

Felizmente, los peruanos tenemos las cosas claras, y estaremos vigilantes de que el presidente Castillo no pretenda imponer una agenda política que contradice el sentir del ‘Pueblo’. Lampadia

Project Syndicate
30 de junio, 2021
NOURIEL ROUBINI

Mientras el mundo disfruta una importante recuperación del crecimiento, después de la pandemia, y tanto los altos precios de los commodities y la liquidez internacional, generan un espacio muy positivo para economías como la peruana, el acertado doctor ‘Doom’, Nouriel Roubini, nos advierte que los altos niveles de deuda pública y privada de los países más grandes, y el aumento de la inflación; traerían nubes grises en el panorama económico global.

Roubini nos habla de una inminente crisis estanflacionaria de alta inflación con recesión, que sería especialmente severa en los países emergentes que no podrían licuar sus deudas denominadas en dólares.

Hasta antes de la pandemia, el Perú era una de las economías mejor preparadas para enfrentar shocks internacionales como el avizorado por Roubini.

Pero después del pésimo manejo de la pandemia por el gobierno de Vizcarra, y de la consecuente multi-crisis sanitaria, económica, social y política, que nos hizo aterrizar en un proceso electoral muy polarizado y hasta furioso, nos enfrentamos ahora a la posibilidad de tener un gobierno que con su empecinamiento de convocar a una constituyente, y su lejanía de las políticas públicas que generan crecimiento y bienestar, colapsaría el nivel de inversión privada y debilitaría severamente nuestros indicadores fiscales y macroeconómicos.

Como hemos explicado en Lampadia, cambiar de Constitución sin salir de la crisis de la pandemia es un sabotaje al país, especialmente a los pobres, que necesitan se active la economía, se genere empleo y mejoren los ingresos. Cambio de Constitución – Un inmenso daño al Perú.

Ir por la convocatoria a una constituyente muestra, sin lugar a dudas, que la agenda de Perú Libre y Castillo, no es una agenda de gobierno, sino una agenda política para hacerse del poder absoluto.

Ver en Lampadia: “El 28 de julio pediremos al Congreso que agende instalación de la Asamblea Constituyente”).

Los temores de Roubini se convierten pues, en angustiantes para el Perú. Veamos:

En abril advertí que las políticas monetarias y fiscales extremadamente laxas de hoy, combinadas con una cantidad de shocks de oferta negativos, podrían resultar en una estanflación al estilo de los años 1970 (alta inflación de la mano de una recesión). Por cierto, el riesgo hoy es aún mayor que entonces.

Después de todo, los ratios de deuda en las economías avanzadas y en la mayoría de los mercados emergentes eran mucho más bajos en los años 1970, razón por la cual, históricamente, la estanflación no ha estado asociada con las crisis de deuda. En todo caso, una inflación inesperada en los años 1970 aniquiló el valor real de las deudas nominales a tasas fijas, reduciendo así las cargas de deuda pública de muchas economías avanzadas.

Por el contrario, durante la crisis financiera de 2007-08, los altos ratios de deuda (pública y privada) provocaron una crisis de deuda severa –cuando estallaron las burbujas inmobiliarias- pero la recesión consiguiente condujo a una baja inflación, si no directamente a una deflación. Debido a la crisis crediticia, hubo un shock macro para la demanda agregada, mientras que los riesgos hoy están en el lado de la oferta.

Quedamos, así, con lo peor tanto de los años 1970 estanflacionarios como del período 2007-10. Los ratios de deuda son mucho más altos que en los años 1970 y una combinación de políticas económicas laxas y de shocks de oferta negativos amenaza con alimentar la inflación más que la deflación, montando el escenario para la madre de las crisis de deuda estanflacionarias en los próximos años.

Por ahora, las políticas monetarias y fiscales laxas seguirán alimentando burbujas de activos y de crédito, provocando un descarrilamiento en cámara lenta. Las señales de advertencia ya son evidentes en los altos ratios de precios-ganancias de hoy, en las bajas primas de riesgo de las acciones, en los activos inmobiliarios y tecnológicos inflados y en la exuberancia irracional en torno de las empresas de adquisición de propósito especial (SPAC por su sigla en inglés), del sector de las criptomonedas, de la deuda corporativa de alto rendimiento, de las obligaciones crediticias garantizadas, del capital privado, de las acciones meme y de negociaciones diarias minoristas descontroladas. En algún punto, este auge culminará en un momento Minsky (una pérdida repentina de confianza) y políticas monetarias más ajustadas provocarán una caída y un colapso.

Pero, mientras tanto, las mismas políticas laxas que están alimentando las burbujas de activos seguirán accionando la inflación de los precios al consumidor, creando las condiciones para una estanflación cuando lleguen los próximos shocks de oferta negativos. Esos shocks podrían surgir de un renovado proteccionismo, de una población que envejece en las economías avanzadas y emergentes, de restricciones inmigratorias en las economías avanzadas, de la relocalización de la manufactura en regiones de altos costos o de la balcanización de las cadenas de suministro globales.

En términos más generales, el desacople sino-norteamericano amenaza con fragmentar a la economía global en un momento en que el cambio climático y la pandemia del COVID-19 están empujando a los gobiernos nacionales hacia una autonomía más profunda. Si a esto le sumamos el impacto en la producción de los ciberataques cada vez más frecuentes a infraestructura crítica y la violenta reacción social y política contra la desigualdad, la receta para la disrupción macroeconómica está completa.

Para colmo de males, los bancos centrales efectivamente han perdido su independencia, porque no les han dado muchas opciones más que la de monetizar gigantescos déficits fiscales para evitar una crisis de deuda. Ahora que tanto la deuda pública como la privada se han disparado, están en una trampa de deuda. En tanto la inflación aumente en los próximos años, los bancos centrales enfrentarán un dilema. Si empiezan a eliminar gradualmente las políticas poco convencionales y a aumentar las tasas oficiales para combatir la inflación, correrán el riesgo de desatar una gigantesca crisis de deuda y una recesión severa. Pero si mantienen una política monetaria laxa, correrán el riesgo de una inflación de dos dígitos –y de una profunda estanflación cuando aparezca el próximo shock de oferta negativo.

Pero aún en el segundo escenario, los responsables de las políticas no podrían prevenir una crisis de deuda. Si bien la deuda gubernamental nominal a tasa fija en las economías avanzadas puede ser eliminada parcialmente por una inflación inesperada (como sucedió en los años 1970), no sucederá lo mismo con las deudas de mercados emergentes denominadas en moneda extranjera. Muchos de estos gobiernos necesitarían caer en un impago y reestructurar sus deudas.

Al mismo tiempo, las deudas privadas en las economías avanzadas se tornarían insostenibles (como sucedió después de la crisis financiera global) y sus spreads en relación a bonos gubernamentales más seguros se dispararían, desatando una reacción en cadena de impagos. Las corporaciones sumamente apalancadas y sus acreedores imprudentes en la banca en la sombra serían los primeros en caer, seguidos luego por los hogares endeudados y los bancos que los financiaron.

Sin duda, los costos reales de endeudamiento en el largo plazo pueden, en un principio, caer si la inflación aumenta inesperadamente y los bancos centrales siguen detrás de la curva. Pero, con el tiempo, estos costos subirán impulsados por tres factores.

• Primero, las mayores deudas públicas y privadas ampliarán los spreads de la tasa de interés soberana y privada.
• Segundo, la creciente inflación y la mayor incertidumbre harán subir las primas de riesgo por inflación.
• Y, tercero, un creciente índice de miseria –la suma de la inflación y la tasa de desempleo- finalmente exigirá un “Momento Volcker”.

Cuando el ex presidente de la Fed Paul Volcker subió las tasas para enfrentar la inflación en 1980-82, el resultado fue una seria recesión doble en Estados Unidos y una crisis de deuda y una década perdida para América Latina. Pero ahora que los ratios de deuda globales son casi tres veces más altos que a comienzos de los años 1970, cualquier política antiinflacionaria conduciría a una depresión, más que a una recesión severa. 

En estas circunstancias, los bancos centrales se verán perjudicados si lo hacen y perjudicados si no lo hacen, y muchos gobiernos serán casi insolventes y por lo tanto incapaces de rescatar a los bancos, las corporaciones y los hogares. El ciclo de fatalidad de los soberanos y los bancos en la eurozona después de la crisis financiera global se repetirá a nivel mundial, succionando a los hogares, las corporaciones y la banca en la sombra también.

Tal como están las cosas, este descarrilamiento en cámara lenta parece inevitable. El reciente giro de la Fed de una postura ultra-prudente a una postura básicamente prudente no cambia nada. La Fed ha estado en una trampa de deuda al menos desde diciembre de 2018, cuando una crisis del mercado bursátil y de crédito la obligó a revertir su endurecimiento de las políticas un año antes de que atacara el COVID-19. Ahora que la inflación está en aumento y que hay shocks estanflacionarios a la vista, hoy está más atrapada aún.

También lo están el Banco Central Europeo, el Banco de Japón y el Banco de Inglaterra. La estanflación de los años 1970 pronto se topará con las crisis de deuda del período posterior a 2008. El interrogante no es si esto sucederá, sino cuándo. Lampadia

Nouriel Roubini, Chairman of Roubini Macro Associates, is a former senior economist for international affairs in the White House’s Council of Economic Advisers during the Clinton Administration. He has worked for the International Monetary Fund, the US Federal Reserve, and the World Bank, and was Professor of Economics at New York University’s Stern School of Business.

EDITORIAL DE LAMPADIA
Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

Urgidos como estamos por superar la pandemia, recuperar la economía y el empleo, y de reorganizar los servicios públicos de salud y educación, la idea de organizar una asamblea constituyente para diseñar una nueva Carta Magna, es una de las peores ideas que se pueden plantear.

El capricho de Perú Libre con Castillo-Cerrón, es tan absurdo y contraproducente, que llega a parecer un sabotaje.

En lugar de seguir llenando el vaso de nuestro desarrollo, corrigiendo lo necesario, se estaría rompiendo el vaso, tirando por la borda, todo lo avanzado. Una irresponsabilidad garrafal.

Como lo confirman todos los peruanos en todos los estudios de opinión pública, las incuestionables prioridades del próximo gobierno son atender la pandemia, impulsar la economía, y mejorar la salud y la educación. Veamos, por ejemplo, lo que dice el último estudio de Datum:

Pues resulta que, así como las crisis derivadas del mal manejo de la pandemia en lo sanitario, económico, social y político, han ayudado a que el lenguaje de protesta cale en el sentimiento de los peruanos, haciendo viables propuestas electorales contestatarias que en otras circunstancias habrían fracasado, las mismas crisis reducen sustancialmente los grados de libertad del próximo gobierno para conducir programas que no respondan a las prioridades y urgencias de la población.

En otras palabras, el próximo gobierno está obligado a dedicar todos sus esfuerzos para superar la pandemia, recuperar la economía y mejorar importantemente los servicios públicos de salud y educación. Para ello, les guste o no a las izquierdas, se debe recuperar necesariamente un buen nivel de inversión privada, que responde por el 80% del total y genera empleo sostenible y formal.

No comprometerse con esta tarea, no solo sería una tremenda irresponsabilidad, sería una traición al gran objetivo nacional de reducir la pobreza.

Más allá de las preferencias políticas de los partidarios de agendas radicales, ir a un proceso constituyente, impediría recuperar la economía por dos o tres años, lapso durante el cual, sin reglas de juego conocidas, se paralizarían las inversiones de todos los peruanos, desde el agente económico más pequeño hasta el más grande.

Además, por supuesto, todo el país se des focalizaría de las tareas urgentes que hemos enumerado, se privilegiarían los temas políticos y se agudizarían las diferencias políticas, malogrando la agenda de gobierno y las agendas de la sociedad civil.

Después de diez años malos en crecimiento y reducción de la pobreza, con ese grave error de gobierno, perderíamos cinco años claves para recuperarnos de los impactos de la pandemia y enrumbar al Perú hacia el desarrollo integral, económico, social e institucional.

Ninguna agenda política debe distraernos del gran objetivo nacional de disminuir la pobreza. Y si el eventual gobierno de Castillo toma ese camino, debemos aprestarnos a resistirlo con valentía y tenacidad. Lampadia

Iván Arenas
Para Lampadia

Según una encuesta pasada, el 65% de peruanos se considera y reconoce en el arco conservador y semi conservador. Si a ello le añadimos otra encuesta en la que se revela que cuatro – Keiko, López Aliaga y Hernando de Soto, entre ellos- de los seis primeros candidatos representan de algún u otro modo las ideas conservadoras no queda sino reafirmar que el Perú popular se ve representado por estas ideas.

No obstante, si el Perú es un país de mayorías conservadoras ¿por qué la izquierda, con sus analistas, sus académicos y sus ONGs se las arreglan para colocar estratégicamente temas en la agenda política al margen de las verdaderas demandas de amplios sectores de la sociedad? ¿Por qué la izquierda, por ejemplo, intenta colocar en la agenda pública la legalización de la marihuana recreativa cuando el empleo cae estrepitosamente? 

Ahora, si vale decir, que si bien la izquierda es un reducto delgadito en las mesocracias, su capacidad de influencia en la política nacional tiene que ver más con la capacidad de desarrollar estrategias mediáticas y con la extraordinaria utilización de dinero público o extranjero financiando campañas en redes sociales, sin embargo esa discusión es harina de otro costal.

Pero como indicaba arriba, la orfandad ideológica en toda la izquierda la ha llevado a ser solo una pequeña porción que se arraiga sobre todo en las clases medias y altas, no obstante que en el Perú popular es un desierto.

Así como el mainstreem académico zurdo no sabe cómo procesar que la economía de mercado ha logrado un país menos desigual, con menos pobreza y con mercados populares, este mismo sector se resiste también a reconocer que en ese Perú conservador y plebeyo existen instituciones poderosas y arraigadas que va a contra pelo de los juicios ideológicos marxistas. Donde el académico zurdo vio y ve socialismo y auto gestión, hay en realidad capitalismo popular.

De allí que es entonces imposible explicar este Perú real sin la familia, sin la red vigorosa de mercados populares, sin la propiedad privada o sin el principio del orden, instituciones que están – como diría un marxista de viejo cuño- en la realidad concreta. Quizá, además y entonces es imposible entender este nuevo país sin el sector privado plebeyo que avanza a pesar de la pandemia o de las dificultades que impone el Estado.

No reconocer que hay un Perú real pero conservador le ha llevado al establishment académico zurdo a calificar a ese inmenso espacio como “virtuales iletrados”, “cachueleros” o “limeños pre modernos”.

En medida que se acercan las elecciones presidenciales se podrá ver con mayor nitidez este programa conservador y que explica de alguna manera también la vigencia de Keiko a pesar de la anti propaganda y los auges de De Soto y López Aliaga, candidatos que representan la defensa de la familia, el mercado y el principio orden, que no son sino instituciones populares que la academia zurda se resiste a ver. Lampadia

Fausto Salinas Lovón
Desde Cusco
Exclusivo para Lampadia

A inicios de junio, el escenario político se agitó al conocerse que 4 embajadores (Canadá, Australia, Francia y Colombia) enviaron una carta al presidente del Congreso expresando su preocupación frente a esta Ley 31018. Los autores de la ley se “rasgaron las vestiduras” por esta “injerencia” de los embajadores extranjeros. El Presidente del Congreso Manuel Merino comprometió al entonces canciller Meza – Cuadra para hacer “respetar la soberanía nacional”. El Vicepresidente del Congreso Luis Valdez de APP calificó de injerencista la carta y defendió el proyecto. En los medios, sólo para citar un caso de quienes defendieron esta ley, el periodista Lucar afirmaba “eso está pasando en todas partes del mundo por la emergencia, en los Estados Unidos el señor Donald Trump ha embargado cargamentos de medicinas que iban a otros países porque consideraban que era vital para la salud de los norteamericanos y punto, se acabaron los convenios, las reglas, los contratos, lo que primó es el interés de la sociedad (norteamericana) en una pandemia”.

“Queda el TC para corregir este problema. Ya existen pronunciamientos notables que vienen desde la STC 008-2003-AI por ejemplo sobre esta materia, donde se delimitaron los contornos del régimen económico garantizando la propiedad, las libertades de contratación, empresa e industria. Bastaría que el TC mantenga la línea jurisprudencial y expulse la Ley 31018 o por lo menos module sus alcances confiscatorios”. “En el populismo compiten todos, unos quieren ser mas populistas que otros. Ojalá que el TC no se sume a esta peligrosa corriente”. Había afirmado en entrevista de Expreso del 09 de junio de 2020, reproducida por Lampadia.

Conocer esta semana que en el TC aprobó por UNANIMIDAD la ponencia del Magistrado Ferrero Costa que pone freno al afán populista del Congreso declarando inconstitucional esta Ley y que ubica al TC en un rol garantista y contramayoritario frente a la carrera populista de los poderes públicos permite creer que hay luz en medio del túnel en el cual está el país.

El proyecto convertido en Sentencia esta semana plantea, entre otras, las siguientes cuestiones relevantes en el momento constitucional actual:

• Que las sesiones virtuales del Congreso de la República (nunca antes vistas y recién sometidas a juicio de constitucionalidad) serán conformes a la Constitución, siempre y cuando se interpreten los artículos 27-A y 51-A, del Reglamento del Congreso en el sentido de que se garantice: a) el carácter público de los debates virtuales y b) la participación libre, deliberación y voto públicos de cada congresista.
• Que la Constitución consagra un modelo de Economía Social de Mercado en el cual la participación del Estado es subsidiaria a la actividad empresarial, existe la libre iniciativa privada, el derecho a contratar y que el rol del Estado en la promoción de la infraestructura y los servicios públicos se efectúa tanto de manera directa como a través del sector privado.
• Que las APPs (Asociaciones Público Privadas) son el instrumento para lograr la cooperación de las entidades privadas en el cumplimiento de fines públicos como la infraestructura.
• Que los contratos ley conforme a la jurisprudencia del Tribunal desde el año 2003 gozan de inmutabilidad y que la ley no los puede modificar.
• Que la Ley 31018 viola la libertad de contratar y los contratos leyes previstos en el artículo 62 de la Constitución.
• Que la ley en realidad lo que hace es otorgar un beneficio económico al sector transporte que no ha suspendido sus actividades durante la emergencia.
• Que la ley no se justifica por la pandemia ya que el sistema de peajes tiene excepciones de pago ya previstas.

Tres aspectos a destacar en esta decisión:

• La UNANIMIDAD. Supera las predicciones existentes frente a esta acción y otras en curso. Da una buena señal de que a pesar de las posiciones ideológicas o los enfoques políticos de algunos miembros del TC, respecto del modelo económico a preservar hay consenso.
• El carácter CONTRAMAYORITARIO de la decisión. Ubica al TC en un rol garantista y en la orilla contraria del “sentir popular”, en el cual lamentablemente se ubicó por mayoría en otras decisiones como la del cierre del Congreso.
• El sistema constitucional interno puede corregir las imperfecciones y desajustes originados por leyes inconstitucionales. El TC le ahorra al país debates en tribunales extranjeros, arbitrajes internacionales y mejora la imagen de nuestro país en el respeto a la ley y los contratos.

No se puede ocultar entonces qué en medio de las circunstancias nacionales, el TC enciende una luz de respeto a la Constitución, la ley y los contratos frente al “supuesto pedido de las masas” que el Congreso dice representar y que, en rigor, como ha quedado demostrado en este caso, sólo es el interés específico de algún grupo o sector. Esta luz será más valiosa y podrá ser un faro, si la defensa de la Constitución, sus valores e instituciones se mantiene de forma sostenida frente a las nuevas amenazas que vienen desde el Congreso y la agenda populista de cara a las elecciones del 2021. Lampadia

Editorial de Lampadia

“No me van a doblegar, continuamos en el rumbo que hemos trazado el 28 de julio. No nos van a doblegar, hagan lo que quieran, hagan lo que puedan, pero no podrán contra el pueblo del Perú que se ha decidido a combatir la corrupción”.

Presidente Martín Vizcarra, en el 89 aniversario de la reincorporación de Tacna al Perú. 

Lamentablemente, el presidente Vizcarra ha terminado sucumbiendo a ‘liderar’ la agenda política de aquellos que, hace pocos meses, lo querían fuera del camino de la Presidencia.

Después de haber resistido la agenda anti democrática de Mercedes Aráoz, Juan Sheput y Carlos Bruce, dentro del equipo de gobierno; y de las izquierdas oficiales del Frente Amplio y Nuevo Perú, así como de las oficiosas de Acción Popular del congresista Lezcano; planteando en su discurso de investidura como Presidente Constitucional de la República: “Lo que ha sucedido debe marcar el punto final de una política de odio y confrontación, que no ha hecho otra cosa que perjudicar al país”; el presidente ha sido doblegado y ha accedido a tomar la bandera de la confrontación.

Esto se inicia en su discurso del 28 de julio pasado, en el que además de plantear una profunda reforma del Sistema Judicial, propone una rápida reforma política, confundiendo prioridades y urgencias.

La reforma judicial, como hemos dicho varias veces en Lampadia, es importante y urgente. Tenemos por delante, la mejor oportunidad de hacer una reforma integral, puesto que se cuenta con el apoyo general de la población y la debilidad del lobby interno del Poder Judicial. Esta reforma no puede esperar y habría que ver la forma de ir adelante por un plazo máximo de un año.

Para la reforma política, muy importante, tenemos más tiempo, pues se requiere que esté afinada para las elecciones generales del 2021. Plantear ambas reformas en paralelo, distrae la atención sobre la judicial, máxime, si su bandera principal es la no reelección de los congresistas. Algo muy popular en las actuales circunstancias, que no debiera ser el foco principal de la agenda política del país, y que, además, es inconveniente e innecesario. No podemos renunciar a la formación de una verdadera clase política.

Volviendo a la agenda anti democrática, los planteamientos del presidente, y la forma de presentarlos al Congreso, con un aire de imposición, y fomentando un ambiente confrontacional, es evidente que el presidente cambió su filosofía de gobierno desde la ‘no-confrontación’ a la ‘confrontación’.

Esta agenda incluye el forzar al Congreso la aprobación apurada de los distintos referéndums, y trae como cola, la posibilidad de ir más allá, a la disolución del Congreso mediante una eventual cuestión de confianza, la ampliación de las preguntas de los referéndums, e inclusive la posibilidad de instalar una Asamblea Constituyente.

Todo esto configura una agenda anti democrática, pues rompe la normativa constitucional, y destruye la agenda de desarrollo del país, en momentos en que la pobreza y la anemia infantil empeoran. Así como en momentos, en los que las condiciones de la economía internacional, nos permitirían dar un salto en inversiones que traigan crecimiento y mejora de los indicadores sociales.    

Este desarrollo es muy malo para el país. No aguantamos más confrontación. El presidente debe justamente dejarse de doblegar por los otros, los que buscan la confrontación; y debe retomar lo que su instinto y su naturaleza le aconsejaron en un inicio, cuando nos regaló una agenda de convergencia. Lampadia

La reducción de la desigualdad está en el centro de la agenda de la política económica actual en todos los países. Instituciones multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) han aceptado que la alta desigualdad conduce a inestabilidad macroeconómica y reduce el crecimiento y que una menor desigualdad ayuda a que estesea sostenible en el largo plazo.

Pero no hay una solución mágica. La reducción de la desigualdad requiere un duro y largo trabajo de construcción de instituciones sólidas y transparentes para mejorar las políticas de impuestos y gastos, la eficiencia de la redistribución, garantizando una mayor equidad. Además se necesita un Estado que diseñe políticas fiscales eficaces y proteja los intereses de los que luchan por proporcionar estabilidad económica y seguridad para sus familias, tanto en los países desarrollados como en el mundo emergente.

Según Nora Lustig, economista de la Universidad de Tulane y una de las primeras en documentar la reducción de las brechas de ingresos de la región en América Latina, hay dos factores principales que han logrado un gran impacto. Estos se analizan en su informe ‘Commitment to Equity’ (Comprometidos por la Igualdad) que todavía está en construcción mientras que analiza distintos aspectos en diferentes países (Brasil, Chile, Colombia, Indonesia, México, Perú y Sudáfrica). Ver en Lampadia: Comprometidos con la Desigualdad, por Nora Lustig.

En primer lugar, el aumento en la educación secundaria ha incrementado la oferta de trabajadores alfabetizados, razonablemente bien educados, y los años de crecimiento constante han elevado la demanda relativa de los menos calificados en el mercado laboral formal. En segundo lugar, los gobiernos de toda América Latina han reforzado la reducción de las diferencias salariales con el gasto social dirigido a las personas con ingresos más bajos. Estos incluyen pensiones más generosas y esquemas de transferencias condicionales de efectivo que ofrecen un pago a las familias más pobres a cambio de cumplir con condiciones específicas, tales como asegurarse de que sus hijos vayan a la escuela.

El cambio más notable ha sido en la educación. La inversión pública en la educación ha dado lugar a una expansión de la educación terciaria que redujo la desigualdad salarial en países como Brasil. Al mismo tiempo, al pasar de los subsidios generales a las transferencias de efectivo, se mejoró la focalización y aumentó la eficiencia de las políticas redistributivas.

Según Lustig, anteriormente los gobiernos latinoamericanos invertían gran parte de sus recursos en educación en las universidades. Las escuelas primarias y secundarias del Estado tenían bajos fondos y una calidad mediocre. Ese sesgo a favor de la educación terciaria benefició a los ricos, que habían asistido a las escuelas primarias y secundarias privadas. Pero desde principios de 1990, el gasto en educación se ha vuelto mucho más progresivo, con una enorme expansión en la educación secundaria pública entre los pobres. Según Karla Breceda, Jamele Rigolini y Jaime Saavedra, tres economistas del Banco Mundial, los gobiernos de América Latina, en promedio, gastan una mayor proporción de su PBI en educación para el 20% de niños más pobre.

Además, Lustig  presentó pruebas de que casi la mitad de los 78 países incluidos en el informe ‘Commitment to Equity’ han demostrado una disminución en la desigualdad, principalmente motivado por la actuación estelar de América Latina en los últimos 15 años.

De hecho, los datos muestran que hoy los países en desarrollo están gastando mucho más en la redistribución de los recursos fiscales que lo hecho por los países desarrollados cuando estaban en el mismo nivel de ingresos. El mensaje es que los políticos tienen las herramientas para reducir la desigualdad, si tuvieran la voluntad de hacerlo.

En el caso específico del Perú, el informe muestra un cuadro (reproducido líneas abajo) que contiene la incidencia de pobreza de acuerdo a las distintas líneas de pobreza internacionales de US$2.50 y US$4.00 por día y por persona, así como las estimaciones de pobreza extrema y moderada con líneas de pobreza nacionales para el ámbito rural y urbano. Estas estimaciones son comparadas al utilizar los conceptos de ingreso de mercado, disponible y post-fiscal (ver definición de los conceptos más abajo).

Hay tres principales resultados que vale la pena destacar. En primer lugar, sin importar la línea de pobreza y el ámbito geográfico, los niveles de pobreza disminuyen si se toman en cuenta las transferencias e impuestos directos (diferencia entre ingreso de mercado y disponible); en segundo lugar, estos niveles aumentan si se toman en cuenta impuestos al consumo y subsidios indirectos representados por la diferencia entre ingreso disponible y el ingreso post-fiscal para zonas urbanas; finalmente, la magnitud del impacto de transferencias directas y los impuestos al consumo es reducida. Existen diferencias notables en los niveles de pobreza de acuerdo al ámbito, por ejemplo, el porcentaje de la población con un ingreso disponible menor a US$2.50 PPP es de 3.8 por ciento para la población urbana y de 33.5 para la rural.Para un ingreso menor a US$4.00 PPP el resultado es de 11.7 y 58.4 por ciento respectivamente.

En el caso de la desigualdad, al utilizar el coeficiente de Gini (ver el cuadro inferior), los niveles de desigualdad son mayores en localidades urbanas si se toma en cuenta cualquiera de las  definiciones de ingresos indicadas. Sin embargo, la brecha de desigualdad entre un grupo población y el otro aumenta conforme se van tomando en cuenta impuestos directos, transferencias (ingreso de mercado a disponible), impuestos y subsidios indirectos (ingreso post-fiscal).

Como se ha observado, las diferencias en la incidencia de la pobreza extrema rural y urbana y la distribución de la población pobre muestran que el sector rural está en gran desventaja. Si bien las brechas en las incidencias de la pobreza con las cuatro líneas utilizadas se reducen por el efecto de la política fiscal, según Lustig, esto se debe en parte “a que la pobreza post-fiscal en zonas urbanas termina siendo más alta que la pobreza pre-fiscal”. 

El principal problema, entonces, es que “la política fiscal tiene un sesgo anti-pobres urbanos que se debiera corregir mediante la expansión de los programas de transferencias a zonas urbanas. Asimismo, el grado de reducción de la pobreza rural es bajo debido a que las transferencias, aun teniendo el sesgo pro-rural, son pequeñas y no cubren a toda la población en pobreza extrema en zonas rurales.”

En Lampadia asumimos que esta interpretación es resultado de una visión muy generalizada de Nora Lustig, ya que su análisis abarca a otros países del mundo, en los cuales la pobreza extrema urbana puede ser alta. Específicamente en el Perú, esto no es aplicable ya que la pobreza extrema urbana es casi nula y, más bien, ha habido una migración hacia la nueva clase media. Por su lado el BID, en su estudio La Clase Media en el Perú: Cuantificación y Evolución Reciente, destaca que, entre el 2005 y el 2011, la clase media aumento de 51% a 72%, debido a que “el crecimiento económico ha sido pro pobre, permitiendo salir de la pobreza a millones de peruanos, y ha sido pro clase media, permitiendo al mismo tiempo una expansión y consolidación de los estratos intermedios”. No olvidemos que “seis de cada diez peruanos pertenecen a la clase media”. Ver en Lampadia: El BID lo confirma: la clase media crece como espuma.

Deberíamos tomar en consideración este análisis a la hora de tomar medidas de política fiscal en el país. Hemos sido muy exitosos en la reducción de la pobreza y la desigualdad en los últimos años, esforcémonos en continuar con esta senda de desarrollo y aprovechemos los consejos que se nos están brindando. Lampadia