Camilo Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

Introducción

El proyecto cuprífero las Bambas es el proyecto minero de mayor envergadura actualmente operativo en el país y representó una inversión de 10,000 millones de dólares, tiene una vida útil de 18 años y representa una producción de 453,000 toneladas de cobre al año. El yacimiento se encuentra ubicado en el distrito de Challhuahuacho en la provincia de Cotabambas en la región Apurímac.

Este proyecto ha estado asociado a conflictos sociales que han tenido ciertos picos el año 2012 y entre el 2015 y 2017. Período en el que se produjo el fallecimiento de cuatro personas en diversos enfrentamientos entre manifestantes y la policía.

En la actualidad el foco de los reclamos se encuentra asociado a (1) las posibles afectaciones sobre las comunidades en la ruta del traslado de mineral, (2) los compromisos asumidos por parte de la empresa y del Estado, y (3) las relaciones con la comunidad de Fuerabamba, la cual fue reubicada tras un acuerdo de compensación, debido a que se encontraba sobre el área del yacimiento.

Recientemente la conflictividad en la zona se reactivó al darse bloqueos en las carreteras utilizadas para trasladar el mineral al puerto de Matarani. Estas se iniciaron el 22 de agosto y terminaron el 3 de septiembre con el despeje de estos caminos.Sin embargo, los sentimientos de agravios, las expectativas y las demandas sociales no han sido resueltos, y es muy probable que estos se reactiven.El Estado había estado intentando manejar la conflictividad a través de la implantación de múltiples Estados de Emergencia (de enero de 2018 a mayo del 2018) y que habían logrado mantener el flujo de transporte en la vía en disputa. Sin embargo, ese mecanismo está perdiendo su efectividad original.

 La reasignación de actores.

La actual conflictividad se da en un contexto en el cual el activismo anti-minero se encuentra reasignando sus activos desde el norte peruano hacia el sur. En esta región se encuentra hoy el grueso de la inversión minera. El llamado Corredor Minero, involucra a las regiones de Cusco, Apurímac y Arequipa, y acumula el mayor volumen de inversiones mineras recientes. Por ello, quienes tienen una hostilidad ideológica a la gran inversión minera, ven en esta región una oportunidad para golpear lo que ellos denominan un ejemplo del modelo de “extractivismo depredador”. El sur, dentro de su concepción ideológica y política, es donde pueden y deben concentrar fuerzas y propiciar los conflictos sociales[1]. En especial el foco de esta predisposición de fuerzas es el “Corredor Minero del Sur” donde se encuentran los proyectos de Espinar, Tía María y Las Bambas.

Esta reasignación del activismo anti-minero tiene diversas expresiones. ONGs y activistas individuales que se dedicaban a la región norte, como principal centro de operaciones, han pasado a realizar actividades anti-mineras en la zona sur del país.  La producción de contenidos audiovisuales destinados a visibilizar supuestas afectaciones ha cambiado de foco.  Es especialmente llamativo el caso de campaña “La vida no vale un cobre”[2] en la cual se plantea una narrativa hostil a la extracción de cobre y se caracteriza a las actividades mineras como contaminadoras del medio ambiente y de la población, enemigas de la agricultura y violadoras de los DDHH. Esos grupos han generado videos en los cuales diversos pobladores denuncian afectaciones teniendo, en la inmensa mayoría de los casos, su testimonio como única ‘prueba’.

El accionar de los anti-mineros y su avance.

Se puede identificar que, desde el último pico de conflictividad en 2016, cuando se dio el fallecimiento del comunero Quintino Cereceda, se han dado avances del activismo anti-minero en tres frentes principales. Estos avances implican que, en el momento en el que estalle nuevamente un evento conflictivo, las condiciones para avanzar sus objetivos ideológicos de lucha contra el “extractivismo”, serán mejores que en el pasado. Los aspectos en los que se puede considerar que el activismo anti-minero ha avanzado son los siguientes:

1. Construcción de Discurso: Un discurso anti-minero es efectivo en la medida que cumpla con atributos tales como:

• credibilidad ante la opinión pública
• que despierte sentimientos que incentiven la movilización local y
• que socave la legitimidad de la minería en general y de un proyecto o empresa en particular.

En los últimos días los anti-mineros han dispuesto de espacio mediático, gracias a la cobertura del bloqueo de la carretera, en la cual han podido desplegar su narrativa con un nivel mínimo de oposición por parte de sectores pro-mineros. Ellos ahora señalan nuevas afectaciones, respaldados por estudios realizados por ellos mismos (por ejemplo en el documento de 16 páginas presentado como “libro” por Cooperacción).

A los reclamos sobre polvo y acusaciones de ‘mercenarización’ de la PNP por parte de la minera, se está agregando la contaminación de fuentes de agua en Challhuahuacho, incumplimiento de compromisos, polvos emitidos por la chancadora, falta de títulos de propiedad de los pobladores de Fuerabamba y un largo etcétera. La desproporcional diversidad de voceros y versiones[3] de afectación facilita una caracterización de Las Bambas conveniente a los objetivos de los anti-mineros.

Estos voceros (dirigentes de frente de defensa, periodistas locales, congresistas y concejeros regionales) repiten un discurso en gran medida facilitado por la ONG anti-minera Cooperacción, la cual en meses previos[4] al actual bloqueo de carreteras, articuló una narrativa coherente.

2. Formación de cuadros: ONGs como Aprodeh, Cooperacción y Bartolomé de las Casas han estado brindando cursos para líderes locales, como presidentes de frentes de defensa, académicos y periodistas locales, etc. Estos cursos son en la práctica seminarios de adoctrinamiento de ideología pos-extractivista, siendo los textos del uruguayo anti-extractivista Eduardo Gudynas un material de lectura obligatoria.

En dichos cursos los profesores realizan diversas dinámicas de consolidación ideológica con los estudiantes. También se les dota a los participantes de un discurso anti-minero bastante atractivo, que influencian el accionar público futuro de los alumnos.

Estos cursos tienden a recibir nombres que esconden la clara orientación ideológica anti-minera frente a la opinión pública en general y a algunos de los donantes. Un ejemplo de esto es el caso del diplomado “Derechos Humanos, Ambiente y Desarrollo Alternativo en Contextos Extractivos en Apurímac” organizado por Aprodeh que tuvo entre los profesores a conocidos pos-extractivistas como Raphael Hoetmer, Fabiola Yeckting y Ana Leyva Valera.

3. Articulación de actores: Un movimiento social efectivo requiere de articulación entre activistas locales, nacionales e internacionales, medios de comunicación, intelectuales y líderes de opinión. En los últimos tres años el grado de articulación de los actores hostiles a las bambas se ha incrementado notablemente. El numero de activistas con acceso a medios, de los productos culturales asociados al conflicto y de los eventos que sirven para consolidar redes se ha elevado.

Implicancias

Este accionar anti-minero contra Las Bambas, de ser exitoso, puede tener un conjunto de implicancias en distintos ámbitos.

1. Para el proyecto: La erosión de la legitimidad de Las Bambas puede no implicar el cierre inmediato del proyecto, pero sí implica mayores costos asociados a una mayor conflictividad presente y futura. Esta baja legitimidad implicara mayores perturbaciones a las operaciones, necesidad de mayores compensaciones en caso de futuras expansiones, gastos mayores en Relaciones Comunitarias, inestabilidad en los acuerdos con las comunidades y costos legales derivados de los “Litigios Estratégicos” a desplegarse en el futuro. En un mediano plazo, ese proceso de erosión genera una imagen negativa del proyecto en el país y expande el número de actores con opiniones hostiles en los medios de comunicación, en las universidades y en las instituciones públicas y civiles. Ese ambiente hostil produce una especie de cerco social, mediático e institucional que afecta a la empresa en cualquier situación conflictivo.
2. Para el sector minero: Los episodios de alta conflictividad son vistos por los pos- extractivistas, con razón, como disparadores de dinámicas políticas en las que se puede llevar al sector minero a enfrentar un marco regulatorio más hostil. Los casos de Bagua, Conga y Tambogrande propiciaron incrementos en un tipo de regulación que dificulta la actividad minera en el país. En esa lógica, el conflicto en Las Bambas puede servir para generar precedentes, narrativas e instrumentos que pueden ser nocivas para el sector en múltiples áreas. Un ejemplo de tal precedente puede ser el criterio de que la ruta de transporte del mineral es parte de la zona de afectación de un proyecto minero. Otro ejemplo es la necesidad de nuevos EIA para cualquier tipo de modificación en un proyecto, anulando a la herramienta actual del Informe Técnico Sustentatorio (ITS). Un tercer ejemplo es la masificación del uso de la consulta previa a través de la aplicación del criterio de auto-identificación como suficiente para considerar una población como pueblo indígena y adicionalmente inviabilizar toda coordinación entre las fuerzas del orden y las empresas mineras.
3. Para la población del entorno: La conflictividad permanente facilita a los pos-extractivistas la construcción de una hegemonía ideológica y política en el entorno de la empresa. Esto puede tener un efecto distorsionador poderoso sobre el sistema político local. El caso de Cajamarca es ilustrativo. Producto de 20 años de conflicto existe un bolsón electoral anti-minero que permite obtener triunfos políticos a movimientos radicales con bajísima capacidad de gestión. Estos triunfos se viabilizan al tener como base de su propuesta de valor frente al electorado la “defensa de la población”, contra un sector minero caracterizado como nocivo. Esta hegemonía anti-minera facilita el persistente mal uso de los ingentes recursos provenientes del canon a ser asignados a las autoridades locales en el entorno de Las Bambas.

Conclusiones.

La reasignación o reubicación del activismo anti-minero hacia el sur peruano y el especial el “Corredor Minero del Sur” implica un conjunto de riesgos para Las Bambas y el sector minero en general. Los avances principales se están dando en la capacidad de los anti-mineros para incidir sobre los movimientos sociales locales y la opinión pública relacionada al proyecto. Estos avances pueden no traducirse de inmediato en una mayor capacidad de movilización, pues el Estado de Emergencia la evita. Sin embargo, lo observado en el sur es un proceso sistemático de creación de condiciones negativas para la actividad minera y de construcción de capacidades políticas e institucionales para pasar de la fase actual, de secuencia de eventos discontinuos, a una nueva fase, con una dinámica de conflictividad durante prolongados periodos.

Considerando que en el sur se concentra la mayor cantidad de inversiones mineras del país, esa labor de promoción de la conflictividad pueda afectar la calidad del ambiente de negocios que enfrenta el sector minero, frenar el desarrollo del país y bloquear la posibilidad de la población local para apalancarse en la minería para su desarrollo. Lampadia

(Artículo 2 de una serie de 3)
Camilo Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

La legitimidad de toda actividad económica se juega a lo largo del tiempo, en una lucha que se da todos los días del año y durante muchos años. Esta depende de las opiniones que se van construyendo por líderes de opinión, sociedad civil, medios de comunicación, y público en general. Los pos-extractivistas (grupos contrarios a la actividad minera y al crecimiento productivo en general) y sus aliados están en una lucha de largo plazo para inviabilizar o restringir la mayor parte de la inversión minera en grandes proyectos.

Muchas empresas confiadas en su poder económico y en sus contactos con el Estado y con las elites políticas, creen que estos activistas no serán capaces de afectar sus actividades. El efecto individual de las diversas iniciativas de las organizaciones anti-mineras en el corto plazo puede ser débil pero su dedicación y esfuerzo sostenido terminan teniendo un gran efecto en el largo plazo.

El efecto acumulado del activismo anti-minero termina afectándoles, ya sea por la paralización directa de proyectos mineros o por el incremento del riesgo social que enfrentan sus proyectos. Ese riesgo implica que dichos proyectos se posterguen por muchos años y que requieran de mayores tasas de rentabilidad para tener acceso para financiamiento. El resultado de esas postergaciones o paralizaciones es el freno al desarrollo del país.

Hemos identificado tres iniciativas que los anti-mineros están desplegando en estos momentos. Todas buscan erosionar la legitimidad del sector minero. Esas iniciativas son:

• “La vida no vale un cobre”
• “Criminalización de Defensores”
• “Devoluciones Mineras”

Cada una de estas iniciativas se articula alrededor de una herramienta central (estudio o documental), para posteriormente generar derivados comunicacionales que llegan a los líderes de opinión, canalizando sus ideas a la prensa, para terminar impactando sobre la opinión pública y sobre los políticos.

Con esas campañas los grupos hostiles a la minería van creando paulatinamente una opinión negativa respecto al sector minero en el periodismo, en el Estado, en la juventud y en la población en general. Esta opinión negativa termina afectando a la industria de diversas maneras: predispone a periodistas en contra la industria, fomenta que políticos hagan leyes hostiles y promueve que funcionarios públicos hagan regulaciones adversas a la minería. Esas campañas, además, sirven de estrategias para la captación de fondos y para capturar cuadros entre la juventud peruana.

En un artículo anterior hablamos de la campaña “La Vida no Vale un Cobre”. La segunda iniciativa identificada consiste en la campaña “Criminalización de Defensores” que tiene por efecto, de ser exitosa, generar condiciones de un mayor nivel de impunidad a los activistas anti-mineros frente a potenciales acciones violentas o de uso de fondos públicos.

“Criminalización de Defensores”:

Parte del accionar de los anti-mineros consiste en la realización de acciones ilegales, muchas veces violentas, como bloqueo de carreteras, uso de fondos públicos para financiar sus actividades, intimidación física de la población, destrucción de propiedad privada, usurpación de terrenos y detenciones arbitrarias. Los casos en los que se ha manifestado esta clase de acciones han sido numerosos.[1]

Las acciones ilegales descritas son útiles a los anti-mineros en múltiples aspectos. Les permiten obtener recursos, generar ocasiones de violencia que favorecen su victimización, generar imágenes de caos que derivan en costos políticos que doblegan la voluntad política del gobierno central y hacer uso de la fuerza para consolidar su hegemonía política local. Si los anti-mineros tuvieran que enfrentar el imperio de la ley, en el grado que se da en otras latitudes, su capacidad para ejercer presión política y obtener recursos se vería severamente disminuida. Por ello, la impunidad para sus actos ilegales es sumamente importante.

Por supuesto, los anti-mineros no lo ven así. Ellos se imaginan enfrentando un orden legal injusto y un aparato represivo del Estado, que se encuentra al servicio de las empresas mineras y contrarios a los derechos de la población. Por ello, las medidas del Estado contra dirigentes anti-mineros responsables de acciones violentas e ilegales son consideradas por ellos y sus aliados como la “criminalización de la protesta social”.

En el caso de esta campaña, el producto que aglomera sus argumentos discursivos es el documento: “Una receta para criminalizar: personas defensoras del ambiente, el territorio y la tierra en Perú y Paraguay”[2]

La propuesta principal del texto, de acuerdo a la sumilla de presentación, es:

“Las personas defensoras de derechos humanos que ejercen su trabajo en relación con el acceso a la tierra y los derechos al territorio y al medio ambiente en Perú y Paraguay realizan sus actividades en contextos hostiles. En ambos países, los individuos y las comunidades que luchan por proteger el agua y acceder a la tierra son estigmatizados y su labor es desacreditada a través de declaraciones públicas y rumores. Sus comunidades son desalojadas a la fuerza de donde viven o enfrentan el riesgo de ser desalojadas sin las debidas garantías. Finalmente, las personas defensoras enfrentan procesos penales injustos e infundados. Son procesadas y juzgadas sin pruebas por delitos relacionados únicamente con su trabajo de defensa de los derechos humanos. Estos son los ingredientes de la receta para socavar su trabajo e impedirles seguir con la defensa de los derechos humanos.”

Es de resaltar que entre los supuestos abusos sufren estos defensores se encuentran la “estigmatización” que parecería ser la expresión pública de opiniones que entren en severa contradicción con la imagen que el activismo anti-minero plantea dar de estos personajes.

Un ejemplo de lo que se considera como estigmatización es el siguiente fragmento del texto de Amnistía.

A entender de Amnistía, caracterizar a Máxima Acuña de ser una ocupante ilegal, cuando ocupa terrenos que en Registros Públicos están a nombre de Minera Yanacocha, se trata de un acto de agresión a un defensor de los derechos humanos. Esta definición de “estigmatización” se encuentra muy extendida entre algunas organizaciones de derechos humanos para quienes ciertos personajes y actores sociales tienen un valor totémico, son intrínsecamente incapaces de acciones inmorales mas allá de las pruebas, y sus actos deben ser vistos más allá de la ley.

En su segmento de Recomendaciones se hacen un conjunto de peticiones a las autoridades para bridar un status especial a las personas consideradas por ellos y algunas organizaciones ideologizadas, como defensores ambientales. Bajo ese status especial, muchas de sus acciones ilegales en el marco legal de los países, como bloquear una carretera, paralizar actividades económicas de terceros y generar millonarias pérdidas a empresas mineras, serian considerados como parte del ejercicio legítimo de las funciones sociales de un defensor ambiental. Con ese status especial, esas personas son puestas por encima de las otras personas, de las leyes y de las instituciones del país.

Las personas consideradas como “defensores criminalizados” en esta campaña consisten en personajes difusores de la narrativa antiminera ya sea como activistas antimineros o como iconos funcionales para sus fines comunicacionales. Entre los “defensores” cuyos casos son visibilizados se encuentran Oscar Mollohuanca quien fuera protagonista principal de la conflictividad social antiminera en Espinar Cuzco, Cesar Estrada activista antiminero acusado por extorsión y secuestro, y Máxima Acuña, cuyo ícono es funcional a una estrategia de desprestigio generalizado del sector minero.

Esta campaña no se remite únicamente a un documento de Amnistía Internacional. El libro de Rocío Silva Santisteban, “Mujeres y Conflictos Eco-territoriales en América Latina”[3], ha sido presentado en múltiples ciudades del país con cobertura mediática de grupos hostiles a la minería, el libro hace hincapié en la victimización de las “defensoras” frente a supuestos abusos impulsados por empresas mineras, obviamente Máxima Acuña es una protagonista en el texto.

También la organización APRODEH toma acciones en su reporte ““La situación de los derechos humanos en el Perú. Balance y perspectivas desde el mecanismo del examen periódico universal 2017”[4] En dicho reporte se hace mención de la existencia de un proceso de persecución judicial contra los defensores de derechos humanos entre los cuales se encuentran activistas anti-mineros como Milton Sánchez, quien dirige la organización anti-minera Plataforma Interinstitucional Celendina en Cajamarca.

El Instituto de Defensa Legal también realiza acciones alineadas con esta campaña, en su programa radial “No hay Derecho” que es transmitido en las mañanas de lunes a viernes tanto en Lima como en múltiples ciudades del interior. En cada pausa de dicho programa se transmiten spots donde líderes anti-mineros tipificados como “criminalizados” denuncian que sufren persecución e instan a los oyentes a unirse a una campaña en su defensa.

En numerosas audiencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha llevado a activistas anti-mineros para que brinden sus versiones ante los magistrados de dicha corte.

Mientras los anti-mineros despliegan múltiples campañas, el Estado Peruano no es capaz de contar una historia alternativa que logre justificar su accionar como defensa de la ley y de los pilares de un orden social democrático.

La presentación de documentos no es el único resultado de esta campaña, con ella se entra en contacto con líderes de opinión, funcionarios del Estado, Congresistas e instancias internacionales (Como la Corte Interamericana de Derechos Humanos), ejerciendo influencias en personas con roles críticos en todos esos niveles.

Esto tiene un conjunto de consecuencias potenciales y reales. Presiona a los jueces a dar fallos favorables a los anti-mineros, fomenta una cobertura hostil de la prensa hacia el sector minero y propicia cambios institucionales o regulatorios que dificultan el imperio de la ley en zonas mineras. El objetivo legal definitivo consiste en que se brinde a los “defensores ambientales” un estatus legal especial en el que el grado de impunidad para potenciales actos delictivos se eleve ostensiblemente.

Mientras esta iniciativa se despliega con múltiples líneas de incidencia simultanea el sector minero no realiza acciones efectivas destinadas a justificar legal y éticamente su accionar ni a visibilizar el alto grado de impunidad del accionar violento de muchos antimineros. Una vez más, el sector y sus organizaciones, da muestras su incapacidad para percibir la importancia del la “superioridad moral” en el conflicto político prolongado en el que, a pesar de no quererlo, se encuentra involucrado. Lampadia