A raíz de la compra de EPENSA por parte del Grupo El Comercio, se han alzado algunas voces que pretenden generar un debate más amplio sobre los efectos y los alcances de la concentración empresarial en distintos sectores de la economía. En el Perú, como en muchos otros países, se optó por una la legislación que no sanciona la posición de dominio en los mercados, pero sí sanciona el abuso de las posiciones de dominio. Por ello, la ley faculta al Indecopi a supervisar el “control de conductas” en todos los sectores de la economía y así garantizar que ninguna empresa realice prácticas que limiten la competencia.

El reciente Proyecto de Ley de “Promoción de la libre competencia y la eficiencia en los mercados para la protección de los consumidores”, promovido por el congresista nacionalista Jaime Delgado, pretende extender el alcance de la política de competencia bajo el enfoque de “control de estructuras” a todos los mercados nacionales, cambiando lo esencial de nuestra estructura legislativa. Bajo esta modalidad, sería requisito que cualquier fusión o adquisición que “califique como acto de concentración” (según algún burócrata) se someta a un proceso de evaluación previa para su  autorización. Es decir, el proyecto de ley propone un radical cambio de enfoque en la aplicación de la política de competencia, pasando de la actual evaluación ex post de conductas, a una evaluación ex ante de las estructuras. Esto implica otorgar un poder discrecional a un burócrata para decidir sobre la vida de las empresas, grave riesgo, habida cuenta de nuestra debilidad institucional, corriendo el riesgo de convertirse en otra Norma-Contra-Propósito.

En la actualidad, solo existe una legislación de este tipo de para el sector eléctrico, donde se realizan controles de las fusiones horizontales y verticales debido a que la actividad de distribución es regulada, por tratarse de monopolios naturales.  Sin embargo, extender este tipo de intervención a todos los sectores de la economía incluyendo “mercados contestables”, es decir, mercados donde no existen barreras de acceso, no tiene sentido. Y es que siendo la economía peruana pequeña y abierta, y teniendo un déficit crónico de inversión, la mejor forma de fomentar la competencia es a través de la eliminación de las trabas burocráticas y las barreras de acceso, así como la promoción de un buen clima de inversión para facilitar la entrada y creación de nuevas empresas.

En esta opinión coincide Alfredo Bullard, socio del estudio Bullard, Falla, Ezcurra, quien nos explicó que a inicios de los 90’s el Perú no aplicó el control de fusiones de forma consciente, por ser un mecanismo insostenible en una economía pequeña y abierta como la nuestra. “Si bien una participación de mercado de 30% o 40% puede ser algo común en el Perú, igual se trata de empresas que son pequeñas a escala internacional”, afirmó el destacado abogado. Coincidió con Lampadia en que el control ex ante de estructuras otorga mucha discrecionalidad y poder a un burócrata, lo cual remarcó, es aún más pernicioso considerando que Indecopi no cuenta con candados institucionales. Además, según Bullard, una iniciativa de este tipo eleva innecesariamente (y considerablemente) los costos de transacción en las operaciones de reestructuración empresarial aún cuando las fusiones no sean denegadas, y limita la posibilidad de que las empresas alcancen economías de escala. Asimismo, destacó que no existe evidencia empírica a nivel internacional, ya sea en la Unión Europea, Chile o Brasil, que demuestre que existan beneficios en la economía que justifiquen un control de estructuras, por lo cual la tendencia mundial será un paulatino cambio de paradigma hacia un control ex post de conductas, como lo viene haciendo el Perú.

José Antonio Payet, socio del estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez, Mur,confirma que un elemento fundamental a tomar en cuenta es la debilidad institucional del Perú. Según Payet, esta lamentable falencia de nuestro país hace que sea nocivo darle a un funcionario público poder discrecional para que decida la conveniencia de una operación de fusión empresarial, considerando que la decisión administrativa que tome puede luego judicializarse, y con ello haber aún más riesgos de corrupción. Además, la debilidad institucional en el Perú hace que organismos como el Indecopi sean pasibles de captura política, algo que ya se ha observado con la absurda y anti-técnica imposición de medidas antidumping a las importaciones chinas.

En el Perú ya se cuenta con una legislación y con organismos que defienden al consumidor en distintos sectores, como el Osiptel (telecomunicaciones) o la SBS (banca y sistema financiero). Por ello, tratar de extender los tentáculos del Indecopi o de otros “ogros burocráticos”hacia un control previo de estructuras corporativas,resulta muy pernicioso. Además,al considerar el proyecto de Ley que la adquisición de activos productivos de otra firma podría ser un “acto de concentración”, en la práctica una empresa no exitosa incrementaría sus costos de salida del mercado, perdiéndose la oportunidad de rescatar activos productivos que podrían ser rentables en otras manos. Justamente, la generación de estos costos hundidos en las inversiones medianas y pequeñas generaría desincentivosa una mayor competencia, que es lo que se busca fomentar. Lampadia

Abraham Lincoln, quizá el mejor presidente que haya tenido los Estados Unidos en uno de sus célebres discursos sentenció: “que el pueblo conozca los hechos y el país estará a salvo”. Una frase poderosa  que resalta la importancia de la libertad de prensa como sustento de la democracia y por ende del bienestar de una nación. En ella, también se destaca la necesidad de que los ciudadanos accedan a información veraz y oportuna como el único medio para que puedan tomar decisiones adecuadas sobre asuntos públicos y personales. 

Los periodistas y los medios son conscientes de esa responsabilidad. Por ello cuándo se les pregunta para quién trabajan suelen responder mayoritariamente que lo hacen para los ciudadanos. Este es un compromiso tácito. El periodista busca y necesita al lector, oyente o espectador, quien a su vez espera que se le informe con veracidad, sin que las noticias que recibe estén distorsionadas por algún interés particular.

En síntesis, tanto el periodista como el medio, más allá de sus espacios editoriales y opiniones, deben ser lo más rigurosos e independientes posibles para cumplir con el cometido de entregar información veraz, confiable y oportuna.

Este concepto, el de la independencia, aparece a fines del siglo XIX en los Estados Unidos. Nace, en parte, como reacción al sensacionalismo que propugnaban en ese momento los medios que manejaban William R. Hearst y Joseph Pulitzer.  Adolph Ochs fue quien esbozó y llevó este principio a la práctica, cuando en 1896 adquirió el New York Times.

En una nota que tituló “Declaración de la empresa”, Ochs señaló: “mi objetivo más sincero (…) [será] informar con imparcialidad sin favoritismos ni temores, pese a los partidos, sectas o intereses implicados”.

Tiempo después, en 1933, Eugene Meyer llevó este precepto mucho más lejos tras adquirir el Washington Post.

En los principios de este matutino se puede leer: “En su búsqueda de la verdad, este diario estará preparado para sacrificar su fortuna material si es que ello es necesario para el bien público”.

Citamos estos ejemplos, para mostrar cómo ha cambiado la concepción que los medios tienen de sí mismos y de su compromiso con la verdad y la independencia. De igual manera han ido, también, variando (habría que decir deteriorando), su relación con los ciudadanos.

La prensa, más allá de su naturaleza empresarial, debe asumir importantes compromisos con la sociedad. Estos pasan por evidenciar su línea editorial y ser conscientes del impacto que generan los contenidos del medio en la sociedad.

En el Perú se ha producido una concentración de medios escritos. Lo cierto es que hoy se producido una situación no deseable en la que El Comercio controla casi el 80% de la venta de los diarios del país, pero también es verdad que si La República hubiera tenido éxito en su iniciativa de hacerse de Epensa, habría concentrado la venta de periódicos en el interior del país en un 68%.

Esta situación debe llevar a efectuar un análisis fino. En primer lugar, habría que preguntarse sin con la adquisición de Epensa el pluralismo informativo se ve comprometido. En principio pareciera que no. Los medios escritos no compiten solo por la atención del público. Por el contrario, son competidores directos la radio, la televisión y cada vez más intensivamente los medios electrónicos, a tal punto que en otras partes del mundo, los diarios están perdiendo lectoría, al extremo de su desaparición.

Adicionalmente a este considerando, habría que señalar que El Comercio es una empresa que tiene accionariado difundido, lo que hace difícil que un solo accionista presione directamente a un periodista o incluso al director de uno de sus diarios.

Por otra parte, sus distintos medios son independientes entre sí y cuentan con una serie de herramientas como principios rectores, directorios diferenciados y otros, que aseguran que esta condición se mantenga. Por si esto fuera poco, la compra del grupo que edita Correo y Ojo, no va a generar que los antiguos dueños (los Agois) pierdan el control editorial de los periódicos que publican. Como se ha explicado suficientemente, una empresa que pertenece 100% a los Agois es y será la encargada de generar los contenidos de los matutinos. Por lo demás en Correo, los directores de cada Correo regional han mantenido una libertad ubérrima.

Estas condiciones aminoran el riesgo de que se afecte la libertad de expresión, dejando sobre la mesa un tema de carácter más comercial. Que un solo grupo concentre el 80% de la torta publicitaria puede ser un problema. Tal porcentaje conlleva el peligro de que se abuse de esta posición de dominio. Esto podría generar que algunos medios chicos se vean en desventaja para competir en igualdad de condiciones.

Nada justifica que el ejecutivo o el legislativo, pretendan crear nuevas regulaciones de los medios, sobre todo en consideración a la debilidad institucional en la que vive nuestro país. La libertad de prensa en el Perú ha probado ser una garantía para la defensa de los ciudadanos, de las libertades democráticas y el libre mercado, además de ser una cortapisa al autoritarismo, la corrupción y las malas políticas públicas. Lampadia