Richar díaz
27 de setiembre de 2017
Para Lampadia
1. La minería peruana enfrenta un gran desafío en un escenario difícil, diverso y complejo, en donde en muchas zonas rurales en que se desarrolla existe aún desigualdad social, inequidad económica, escasez de oportunidades, falta de infraestructura y servicios básicos; en general, necesidades básicas insatisfechas por un Estado ausente e ineficiente por años en la redistribución de la riqueza que la propia minería genera.
Esta situación ha venido siendo muy bien aprovechada y capitalizada por un extremismo anti sistema que libra una lucha ideológica profesional en varios escenarios y sectores como en la política, la economía, la industria, la docencia, por nombrar sólo a algunos. Se trata pues de un fenómeno sociológico a nivel nacional, al que la minería por ser la actividad más importante y de un alto grado de exposición, no escapa y es por hoy la más afectada.
Es evidente que esta grave situación pone en grave riesgo los casi USD 49,5MM de nuevas inversiones; de hecho, según información de la Defensoría del Pueblo, los proyectos de inversión en mayor riesgo por conflictividad social que impiden su viabilidad, representan casi el 30% de ese monto, es decir más del total de ingresos que por canon minero que recibieron todas las regiones y municipios en los últimos 5 años. En otras palabras, la lucha ideológica del extremismo anti sistema y anti minero está poniendo en jaque la supervivencia el crecimiento macroeconómico, la generación de riqueza y empleo, el cierre de las brechas sociales y la gobernabilidad democrática.
2. Es claro y tangible también que el sector minero ha evolucionado y se ha reinventado con estrategias más transparentes en su relacionamiento con el entorno social. Es indudable e innegable que las grandes inversiones sociales y sus resultados han cambiado la faz y realidad de muchos pueblos olvidados del Perú profundo y ha generado crecimiento sostenible de las urbes adyacentes. Sin embargo, todo ello resulta hoy absurdamente insuficiente, por cuanto los problemas se mantienen e incluso, se incrementan.
3. Estamos a poco más de un año de un nuevo proceso eleccionario y este será el mejor pretexto para arreciar con esta tendencia anti minera, a pesar que las encuestas puedan mostrar información sobre un apoyo del sector urbano a la minería.
¿Dónde está pues la llave para vencerese desafío?, ¿más de lo mismo o mejorar el desempeño de las mismas estrategias?, ¿incrementar presupuestos, hacer otras cosas diferentes?, ¿reinventar el nivel y tipo de relacionamiento?. Este Encuentro ha permitido ensayar nuestra propuesta:
La respuesta se centra en que el Gobierno Nacional asuma la responsabilidad de liderar, lo antes posible, la armonización entre los asuntos socio-políticos y la economía, para lo cual se plantean dos temas primordiales:
a. Definir una sola y única política de Estado, en todos los niveles de gobierno, para cumplir con el mandato nacional de promover la inversión privada como exclusiva vía para lograr la meta de cierre de la brecha social. Para ello, no puede haber un doble discurso ni ambigüedades de ningún tipo ni leyes populistas filtradas por el anti sistema y el anti minero. Bienvenida la convocatoria para cerrar juntos las brechas sociales, bienvenida la propuesta de remediación de pasivos ambientales por impuestos, pero jugando limpio, con la misma transparencia que se nos reclama y no con Leyes como la de Protección de las Cabeceras de Cuenca. Esto debe quedar claro y debe ser el punto de inflexión de este proceso.
b. Que el Gobierno asuma la responsabilidad de convocar y liderar una Mesa de Diálogo y Concertación Nacional que logre el compromiso de un “Plan de Gestión Social para Relanzamiento de la Minería”, sin tabús, ocultamientos ni temores, en donde todos los verdaderos actores locales, regionales y nacionales, cumpliendo cada uno el rol que les competa y corresponda, dialoguemos para ponernos de acuerdo y comprometernos en un marco de relacionamiento social moderno, transparente y armónico con el bienestar general de corto, mediano y largo plazo nacional,que garantice la viabilidad y ejecución de esos nuevos proyectos de inversión antes mencionados y en consecuencia el cierre de las brechas sociales aun existentes.
Esta iniciativa propenderá a establecer un relacionamiento construido en forma previa, pausada pero pronta y anterioral inicio a las inversiones, construyendo las alianzas necesarias para avalar y garantizar la ejecución de los proyectos.
Este nuevo modelo social integrado, consolidado e interiorizado en todos los niveles, instancias y actores delaNación: Gobiernos, Empresa, Universidades y población organizada y verdaderamente representativa, hará la diferencia. Y, a partir de ello, cada proyecto, cada inversión, cada empresa, podrá delinear y ejecutar su propio y particular manejo de los asuntos sociales con su área de influencia, sus Relaciones Comunitarias, la Responsabilidad Social, su posicionamiento local, la construcción de su propia imagen y reputación con los más altos estándares exigidos por las Normas de Desempeño del IFC del Banco Mundial, los Principios de Ecuador y, los Objetivos del Desarrollo Sostenible (Los 17 ODS / Agenda 2030). Esta característica nos brindará incluso como País, un mayor respaldo y credibilidad internacional.
4. Elevemos el debate. Necesitamos hacer algo diferente para revertir el avance de los operadores radicales de un discurso ideológico contrario al crecimiento y el desarrollo de la Nación, antes que sea demasiado tarde y gane terreno en esa gran masa de peruanos informales, no politizado, desafectado y no haya más punto de retorno para la gobernabilidad democrática.
El entorno social de alta complejidad como el nuestro, demanda iniciativas audaces, agresivas, innovadoras, mirando con decidido optimismo y claridad el bicentenario de nuestra independencia.
