Natale Amprimo
El Comercio, 12 de noviembre del 2025
“¿Queremos un Tribunal Constitucional que defienda derechos o se haga de la vista gorda frente a las arbitrariedades?”.
Con motivo del asilo que el Gobierno de México otorgó a la expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez Chino (respecto de lo cual no he visto marchantes frente a la embajada), he leído críticas al Tribunal Constitucional (TC) que considero carentes de sustento. En muchos casos parecen una suerte de coletazo como consecuencia del freno que el TC ha puesto al arbitrario sistema fiscal-judicial que llegó a convertirse en una máquina trituradora de principios y valores, potenciada además si de por medio había algún interés o actor político en juego. Otras opiniones quizás no respondan a esa motivación, pero sí a otra también deleznable: el fin justifica los medios y, en consecuencia, poco importa si el pedido de prisión preventiva está mal sustentado o si la prisión continúa aún vencido el plazo judicialmente otorgado. He escuchado a algunos bramar: “¡No importa lo que diga la ley! ¡Cómo se les ocurre liberar a la que participó en el golpe de Estado con Castillo!”.
Expresiones como esas evidencian la poca institucionalidad que tenemos en nuestro país. Parece que no importan los principios, lo importante es a quién se beneficia o perjudica. El principio de igualdad es una quimera; en el Perú, histórico y de siempre, carecemos de instituciones porque nuestras raíces se han basado en “el gobierno del poderoso sin ley”; o donde “la ley se acata, pero no se cumple”; o con el tan común “para mis amigos todo y para mis enemigos la ley”.
Hemos acostumbrado al Ministerio Público a la concesión de prisiones preventivas sin mayor sustento. Se ha generado una suerte de conciencia social de que dicha medida es regular y no excepcional. Es más, diría que muchas de esas prisiones preventivas fueron sustentadas de manera penosa, pero han sido celebradas por algunos como en las épocas del Coliseo Romano.
¿Qué debe hacer un tribunal de justicia si verifica que alguien está detenido más allá del plazo ordenado? ¿Si comprueba que el requerimiento de prolongación de prisión preventiva se presenta a horas de que venzan los 18 meses y no se cumplen las previsiones que la ley contempla? ¿Acaso la demora en el procesamiento penal o la indebida y mal sustentada tramitación de una prolongación de prisión preventiva son culpa del TC? ¿Queremos un TC que defienda derechos o se haga de la vista gorda frente a las arbitrariedades? ¿O es que se pretende institucionalizar la triquiñuela, como cuando los áulicos de Martín Vizcarra hablaban de la “cuestión de (des) confianza”?
El Estado de derecho se basa en principios y valores. Para el constitucionalismo, el individuo es exclusivamente ciudadano; es decir, titular de derechos y deberes. En consecuencia, nadie está por encima o por debajo de nadie. Todos estamos en pie de igualdad. Quien no entienda eso no comprende la diferencia entre vivir en un Estado constitucional de derecho y en un régimen autocrático.
Un TC tiene que hacer cumplir lo que dispone la Constitución, sin importar a quién tiene enfrente. ¿O es que se cree que la venda en los ojos que tiene la mujer que representa la justicia es solo finta? Esa venda, para quien no lo sepa, significa la imparcialidad y la objetividad que un magistrado debe tener para aplicar las normas y hacer justicia. La venda representa, pues, un juzgamiento igual para todos.
