Por Marcos Ibazeta Marino
Expreso, 19 de abril de 2018
Ha culminado en Lima la reunión de presidentes en la llamada “Cumbre de las Américas”, cuyo tema central, al menos en agenda, era cómo enfrentar el problema de la corrupción.
Resulta evidente que una reunión de tal naturaleza no podía establecer planes y programas específicos para combatir ese flagelo que es una de las principales causas de la pobreza material pero, lamentablemente, de una enorme pobreza moral.
Lo que sí podíamos esperar de todos los países allí representados era un acuerdo pasible de convertirse en un Tratado, para garantizar una interacción entre los Estados para facilitar los controles y la persecución de los corruptos, porque es obvio que este delito no respeta fronteras, tanto así que los peruanos estamos dependiendo de la justicia brasileña para reprimir a los que se sometieron a la grosera corrupción desatada por Odebrecht y demás empresas de ese país, cuya dependencia nos genera muchos problemas porque los plazos se vencen y los investigados apelan a los tecnicismos de siempre que hasta el Tribunal Constitucional está entrando en esta danza que apunta hacia la impunidad.
Teníamos la esperanza de escuchar de nuestros políticos y gobernantes, un discurso sobre líneas de acción concretas a partir de un mecanismo común de prevención y sanción, constituido por el sistema de controles.
No olvidemos que el Derecho quiere garantizar a través de reglas jurídicas la paz social con orden y seguridad, pero un conjunto de reglas por sí mismo no garantiza nada si no cuenta con un aparato de control que las haga efectivas.
Por razones de espacio no tocaremos el tema de controles sociales, éticos y funcionales que deben emanar de los mismos sujetos que conforman un grupo social a partir de sus principios morales y espirituales. Tampoco alcanzaría este espacio para desarrollar lo relativo a los controles previos, concurrentes y posteriores que garanticen la seguridad ciudadana.
Solo podemos exigir que los controles administrativos, económicos y financieros en el manejo de la cosa pública, en el gasto y disposición de dinero del Estado, sí funcionen con eficacia y efectividad.
Algo se ha avanzado con la reforma de la Contraloría en cuanto a sustraer del ámbito de dependencia de sus controladores de los órganos de gobierno de los entes controlados, pero no es suficiente. Si el Estado no actúa en esto como un todo integral e integrado, viviremos más de lo mismo.
