Por: Marcel Ramirez
Gestión, 23 de Noviembre del 2022
La actividad minera explica un 12% de la producción nacional y en algunas regiones explica casi el 100% de su actividad productiva.
Un sector público eficiente, justo y competente es uno de los factores más importantes para asegurar que los recursos públicos, obtenidos de la actividad privada vía la tributación, sean convertidos efectiva y equitativamente en mayor bienestar para las personas. Así, el sector público, a través de la regulación y fiscalización de las actividades privadas, busca propiciar un círculo virtuoso de mayor producción, inversión, mejora del empleo, reducción de la pobreza y un camino progresivo hacia la prosperidad.
La especialización de cada actividad productiva exige que el sector público esté conformado por profesionales de gran capacidad académica y con experiencia profesional práctica en las diferentes industrias. Si nos fijamos en la actividad minera, esta condición toma un matiz muy especial, pues dicha actividad, por sus diversos impactos sobre la actividad productiva y la vida de los peruanos, se encuentra en el ámbito y competencia de una diversidad de entidades públicas.
Podemos empezar por el Ministerio de Energía y Minas, que tiene a su cargo las políticas de alcance nacional en materia del desarrollo sostenible de las actividades minero-energéticas. Esto nos lleva a pensar de inmediato en el Ministerio del Ambiente, entidad que tiene a su cargo las políticas medioambientales que tendrán un impacto también sobre la actividad minera, especialmente en lo que respecta a exigencias para evitar que contamine los espacios naturales y a las personas en sus zonas de influencia.
Un sector extremadamente importante es el de economía y finanzas, que tiene al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como rector de la política tributaria del país y responsable que el sistema tributario sea compatible con objetivos de desarrollo productivo sostenible, manteniendo su competitividad y promoviendo su formalización. El MEF es también responsable del diseño de diversos mecanismos de distribución de recursos públicos como el canon, el cual corresponde al 50% del Impuesto a la Renta pagado por las empresas mineras y que se destina a la ejecución de proyectos de inversión pública en las regiones, municipios y universidades públicas dentro del ámbito de influencia de los proyectos mineros.
A todo esto, le tendríamos que sumar el resto del aparato público, que aunque no tiene una decisión directa sobre el sector minero, la calidad de sus decisiones, a cargo de sus funcionarios, tendrá repercusión sobre el entorno en el que las empresas mineras tomarán sus decisiones de inversión de mediano y largo plazo.
La actividad minera explica un 12% de la producción nacional y en algunas regiones explica casi el 100% de su actividad productiva (por ejemplo, Las Bambas, uno de los más grandes proyectos mineros de cobre en el mundo, aporta 1% del PBI total nacional y el 78% del PBI de Apurímac), por eso es fundamental asegurar que los responsables del diseño de políticas públicas, así como de la toma de decisiones, resulten de procesos competitivos de selección, en donde la carrera pública se base en el mérito y se promueva la incorporación y mantenimiento de los mejores profesionales.
El futuro de los peruanos depende casi directamente de esa relación, y está en manos de nuestras autoridades fortalecer la institucionalidad del servicio civil en el Perú.
