María Cecilia Villegas
Diario Correo, 10 de setiembre de 2016
En un artículo reciente, The Economist se refiere a la “política post-verdad” y sus consecuencias. Esta es el uso sistemático de slogans o ideas fuerza que manipulan y tergiversan la realidad para deslegitimar a un rival o a una posición política contraria.
En la “política post-verdad” el debate se convierte en emocional, se recurre al uso de frases comunes, que carecen de sustento y que lo que buscan es desacreditar a un oponente, sin entrar al debate de fondo y a la discusión de políticas públicas basadas en evidencia.
Estos slogans darían la impresión de ser ciertos, pero no están basados en hechos concretos. En muchos casos, la evidencia demuestra que son falsos y sin embargo siguen siendo repetidos, al punto en que en el imaginario nacional se convierten en verdades incuestionables.
Las redes sociales han sido instrumentales para afianzar el uso de la “política post-verdad”.Donald Trump y sus aseveraciones sobre que Obama es el fundador de ISIS y los Clinton son unos asesinos, son un ejemplo. La emotiva campaña que llevó al BREXIT a ganar utilizó lugares comunes (temor a la inmigración, costos de mantenerse en UE) y pasó por alto un análisis de sus efectos reales.
Hoy, muchos de los que votaron a favor, y hoy enfrentados a la realidad, se sienten engañados.En el Perú, la “política post-verdad” es usada frecuentemente contra el fujimorismo. “Las 300,000 esterilizaciones forzadas”, pese a que el programa proveía de todos los métodos anticonceptivos disponibles en el país, exigía un consentimiento firmado para las AQV y a que el año que más esterilizaciones hubo, estas representaron el 13% del total de los métodos proveídos.
O “los seis mil millones de dólares de la privatización que Fujimori desapareció”, aunque la evidencia demuestra que la mayor parte de este dinero sirvió para financiar el presupuesto público. Y, sin embargo, son aceptadas como verdades.
Cuando se habla de la corrupción endémica que existe en el Perú, se regresa siempre a los noventas. Ello pese a que el índice de corrupción del Banco Mundial, Governance Matters, Control of Corruption Perú 1996-2014 encontró que el gobierno de Humala ha sido el más corrupto de los últimos veinte años.
El uso de la “política post-verdad” evita entrar en el debate de fondo sobre lo que ocurre y de cuáles son las políticas que deberían implementarse para corregir. La verdad y la evidencia dejan de importar, se debilita la confianza en las instituciones y el costo lo asume la sociedad.
