Por: María Cecilia Villegas
Perú21, 24 de noviembre de 2018
En el Perú estamos acostumbrados a que los escándalos político-mediáticos duren muy poco. Pronto surge un segundo escándalo que lo supera. El primero es rápidamente olvidado por la magnitud del segundo. Y como los peruanos se informan sobre la base de titulares, sin molestarse en entrar al detalle de las noticias, sin exigir más información, pocas veces reparamos en los casos que motivaron nuestra indignación unas semanas atrás.
¿Se acuerda de Zoraida Caso, la niña de 8 años que vivía en Ranrapata y que murió en un extraño operativo en el Vraem? Sus hermanos fueron traídos en un avión militar y entregados en el Grupo 8 a la entonces primera dama, quien esperaba junto a las cámaras y su ministra Ana Jara. Nos contaron el cuento de que se trataba de pioneritos. Y así fueron arranchados de los brazos de su madre, que no entendía lo que sucedía. Seis años después, no tenemos idea de lo que sucedió. Ni siquiera lo recordamos. Nadie dio explicaciones. Simplemente se olvidó, en una sociedad ávida del siguiente escándalo. Donde no existen ciudadanos, solo grandes consumidores de titulares.
¿Se acuerda de La Pampa, la capital de la minería ilegal en Madre de Dios? En La Pampa, la falta de Estado facilita el tráfico de personas, la esclavitud y la prostitución infantil. Ahí donde las violaciones sexuales, las peleas, las muertes y la destrucción son cosa de todos los días. Solo entre enero y junio de 2018, 1,700 hectáreas de bosques se convirtieron en lagunas de fango marrón cubiertas de residuos químicos. ¿Se acuerda de las imágenes de carpas de plástico azul que esconden detrás de bares en condiciones infrahumanas a mujeres y niños forzados a la prostitución? Lo vio alguna vez en televisión. ¿Y de los niños que son explotados en los campos del carbón en Pucallpa? Y sí, nos escandalizamos mientras vemos el reportaje o leemos el diario. Un par de comentarios y al día siguiente lo olvidamos. No asumimos la responsabilidad de exigirle al Estado que rinda cuentas y cumpla con sus obligaciones. Y es que no tenemos el menor interés por lo que sucede en el país. Culpamos al Congreso de todos nuestros males, cuando en realidad la responsabilidad de la gestión pública es del Ejecutivo.
Entonces, la pregunta sería ¿qué está haciendo el gobierno del presidente Vizcarra para atender a las poblaciones vulnerables? ¿Qué hay de la lucha contra la minería ilegal? ¿La protección de los niños del carbón y aquellos explotados sexualmente en campamentos mineros? Porque si el presidente tiene 65% de aprobación, esta debe responder a una buena gestión, digo yo.
