María Cecilia Villegas
Perú21, 9 de diciembre de 2017
Lava Jato, la megainvestigación por corrupción que involucra a tres gobiernos democráticos sucesivos y a buena parte de la clase política y empresarial peruana, sigue ya un curso imparable. El impacto que ello tiene en los ciudadanos y en la confianza de estos en el Estado es importante. Al punto que la mayoría de peruanos cree que los últimos cinco presidentes, desde Fujimori hasta Kuczynski, han recibido coimas de Odebrecht.
Uno de los más graves problemas que enfrentamos es la debilidad del Estado de derecho, esto es, las normas que nos rigen y las instituciones que obligan a los ciudadanos a cumplirlas. La principal razón de ser del Estado de derecho es la predictibilidad. Existe un ordenamiento jurídico que define qué se puede y qué no se puede hacer y los ciudadanos deben saber cuál es la consecuencia de sus actos sin que dicha consecuencia sea “negociable”. El respeto a la ley, los contratos, la protección de los derechos de propiedad y las garantías constitucionales dan seguridad jurídica. Y ello tiene un impacto en la confianza de los ciudadanos en el Estado y en la gobernabilidad. Nada de esto tenemos hoy.
Es en este contexto que surge un héroe, un ídolo de masas, cuya cara ha sido estampada en polos al más puro estilo de los famosos miembros de la Liga de la Justicia: Richard Concepción Carhuancho, “el implacable”. El rey de la prisión preventiva.
De acuerdo con el TC, la prisión preventiva tiene como finalidad asegurar el éxito del proceso, no es una medida punitiva ni significa tampoco la culpabilidad del imputado. Por ello, debe ser aplicada en situaciones excepcionales. Cuando, por ejemplo, la libertad del procesado implica un riesgo procesal. Y, sin embargo, tenemos que en el Peru el 41% de los reos en cárcel no tiene sentencia. Tenemos una población penal de 85,396, donde 35,594 se encuentran en proceso. En la mayoría de los casos, son personas de escasos recursos cuyas historias rara vez llegan a ser conocidas y que dependen del sistema de defensa pública. ¿Podemos confiar en una justicia así?
Hemos convertido al juez Concepción Carhuancho en un ídolo, celebramos que abuse de la prisión preventiva y él cuenta divertido que el récord no es suyo. Es de alguien más. Celebramos además que ordene el allanamiento de los locales de Fuerza Popular. “Uf, ¡si son fujimoristas pues!”. Estamos así violentando nuestras débiles instituciones y nuestro Estado de derecho.
