Por: Jaime de Althaus
El Comercio, 25 de Marzo del 2023
“En lugar de proponer una fórmula que incluya a todos, el proyecto de Sigrid Bazán pretende destruir lo único que funciona”.
En la izquierda hay un deleite por la destrucción. Por tumbarse lo que funciona bien, lo que produce, lo que genera riqueza (sin la que no hay redistribución). Para ponerlo todo en manos del Estado; es decir, de los políticos (de izquierda), hasta terminar de arruinar los países.
Lo último ha sido el proyecto de ley de reforma del sistema de pensiones –preparado por la Comisión de Trabajo, presidida por la inefable Sigrid Bazán–, dirigido, por supuesto, a estatizar el manejo de los ahorros previsionales de los peruanos que tienen sus cuentas individuales en el sistema privado de pensiones. El mismo camino de Bolivia, donde la gestora pública, que se apropió de los fondos privados, destina cada vez más el ahorro previsional de los bolivianos a financiar un enorme déficit fiscal, generado también por una política de nacionalización del gas que terminó en pérdida de reservas físicas y ausencia de inversiones. Bolivia dilapidó así sus recursos, y ahora echa mano de los ahorros de los ciudadanos para cubrir el hueco generado.
En el Perú tuvimos la experiencia del seguro social, que manejaba lo que ahora es Essalud y las pensiones. Los gobiernos de los 70 y los 80, deficitarios, terminaron apropiándose de todos los fondos generados por los aportantes para sus pensiones, desfalcándolo. Por eso las pensiones que paga la ONP ahora son financiadas principalmente con nuestros impuestos. ¿Vamos a repetir la historia?
Y por eso en los 90 creamos el sistema privado de pensiones, basado en cuentas de capitalización individuales que se agregan en fondos que se invierten para generar rentabilidad. Y eso ha funcionado muy bien. El monto que acumula quien se jubila está conformado en su mayor parte por la rentabilidad que han generado sus aportes. Si los aportes son como 1, lo ganado por rentabilidad puede sumar 6 o 7. Por supuesto, al ser fondos privados e intangibles, el Estado no se los puede robar para solventar sus gastos. Al mismo tiempo, las pensiones dejan de ser una carga fiscal, ya que el Estado no tiene que pagarlas y puede dedicarse a sus propios fines. Es decir, suprimimos de cuajo el problema que se presenta ahora en Francia, por ejemplo, donde el Estado ya no puede pagar las pensiones y por eso tiene que aumentar la edad de jubilación, lo que muestra que ni siquiera en un país rico el sistema de reparto –donde los aportes de cada trabajador se disuelven en un fondo común– es sostenible.
El problema del sistema privado de pensiones en el Perú, igual que el público (ONP), es que llega a muy pocos, porque solo alcanza a los formales, a los que están en planilla. Entonces, en lugar de proponer una fórmula que incluya a todos, el proyecto de Sigrid Bazán pretende destruir lo único que funciona. Tan bien funciona que el sistema ya ha sido saqueado seis veces (retiros) y vuelve a crecer, aunque cada vez con menos fuerza. Pero no solo se quiere estatizar el manejo de los fondos, sino que ahora las cuentas previsionales personales serán “nocionales”, lo que quiere decir que no serán reales, sino un cálculo teórico refundido en un fondo común camino al sistema de reparto. Un robo.
En la Asociación por Más y Mejores Pensiones estamos proponiendo un sistema que incluya a todos, permitiendo que todos los peruanos a partir de los 18 años puedan abonar a sus cuentas previsionales cinco puntos porcentuales de los 18 del IGV que pagan cuando compran algo, lo que de paso llevará a la formalización de la economía, porque todos demandarán comprobante de pago para recuperar el 5% de sus consumos. Un sistema universal que asegura la vejez a todos sin comprometer las finanzas estatales y apuntando a resolver el problema estructural de la informalidad.
