Jaime de Althaus
El Comercio, 8 de marzo del 2025
“La politización del sistema judicial podría permanecer si no hacemos algo ahora”.
Hemos repetido que la guerra entre el Ejecutivo y el Ministerio Público o el sistema judicial en general tiene que cesar porque mientras tanto es imposible alinear una estrategia conjunta y coordinada para luchar contra la criminalidad, que avanza aprovechando las luchas entre las instituciones encargadas de combatirla.
La presidente no puede convocar al Consejo de Estado ni el ministro de Justicia al Consejo para la Reforma del Sistema Judicial, porque la fiscal de la Nación no asistiría. Tampoco pueden hacerlo si la presidente está acosada por investigaciones fiscales algunas de ellas insustanciales, si la vivienda del ministro del Interior es allanada sin base legal suficiente y si el mismo ministro, por su parte, denuncia a la fiscal de la Nación ante la Junta Nacional de Justicia y ante el Congreso y la presidente acusa a la fiscalía de urdir un “golpe blando”. Y si la fiscalía se retira de la mesa para definir el protocolo de la ley sobre investigación preliminar.
Estas luchas intestinas tienen que terminar porque de lo contrario perderemos la guerra contra la criminalidad. La causa última de esta guerra es la politización o infiltración de la justicia que viene cuando menos desde el 2017. En su último capítulo, el Eficcop y la Diviac, eficientes unidades de la fiscalía y la policía terminaron instrumentalizadas para exacerbar denuncias y acusaciones contra Dina Boluarte y su hermano, por más que tuvieran algún fundamento, pasando por alto el espíritu del artículo 117 de la Constitución que establece que no se puede acusar al presidente durante su mandato. El allanamiento de la casa de la presidente fue un exceso. Al abogado Mateo Castañeda le tendieron una trampa para incriminarlo, de modo de golpear por esa vía a la presidente y provocar acaso su vacancia.
La presidente contraatacó por medio de su ministro, que absorbió la Diviac en otra unidad y pasó al retiro a su jefe el coronel Harvey Colchado, líder policial del grupo “caviar”. El ministro dedica así parte de su tiempo a estrategias de defensa suyas y de la presidente. En fin… es una lucha de poder que, repetimos, tiene que cesar. ¿Cómo?
La presidente va a salir de todos modos el 28 de julio del próximo año, si no antes. Es a partir de allí cuando debiera atender a las investigaciones en curso. Su ministro del Interior sí debería renunciar ahora. Pero al mismo tiempo la Corte Suprema y la Junta de Fiscales Supremos deberían ser reformadas y renovadas, para despolitizarlas en alguna medida y devolverles independencia. Humberto Abanto ha propuesto sincerar la realidad creando una Corte Suprema de 35 titulares, lo que supone que la JNJ convoque a concurso para 17 titulares adicionales, y lo mismo para tres fiscales supremos adicionales. Se requiere una modificación en las leyes orgánicas, y presupuesto. O adoptar la propuesta de Amprimo de renovar completamente esta Junta por medio de un Tribunal de Honor conformado por los expresidentes del Tribunal Constitucional.
Este Gobierno y su ministro del Interior tienen fecha de caducidad. Pero la politización del sistema judicial podría permanecer si no hacemos algo ahora. «Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.»
