Iván Alonso
El Comercio, 20 de marzo del 2026
“Podemos abandonar toda esperanza de que Petro-Perú deje de ser una carga para el fisco; por lo menos, hasta que termine el gobierno de Perú Libre”.
La renuncia de la ahora expresidente del Consejo de Ministros Denisse Miralles deja en el limbo la reorganización de Petro-Perú, que ella había promovido a su paso por el MEF con el famoso decreto de urgencia de fin de año. Nunca quiso llamarla “privatización”, aunque haya invocado la ley que autorizó las privatizaciones de fines del siglo pasado y aunque le haya asignado a Proinversión un presupuesto de S/144 millones para gastos relacionados con la reorganización que solo se justifica por las comisiones que habría que pagar a los bancos de inversión para buscar compradores para la empresa, entera o por partes. Les guste o no al Gobierno y al Congreso, la privatización –mayoritaria, si no total– es la única manera de cortar de raíz el financiamiento público de las pérdidas de Petro-Perú.
Hasta ahora la empresa o quienes tienen el control real sobre ella están ganando la partida. No se conoce el plan de reorganización que Proinversión debería haber entregado unas semanas después de la publicación del decreto de urgencia. Se ha hablado de una reducción de personal, pero no se sabe cuánta gente saldría ni qué impacto tendría en los resultados de la empresa. Las pérdidas se han reducido el año pasado con respecto al anterior, pero siguen siendo más de US$100 millones. Ha llegado al punto de no poder pagarles a sus proveedores, algunos de los cuales han amenazado públicamente con cortarle el suministro de petróleo para la refinería.
Coincidentemente con la salida de la señora Miralles, el Gobierno ha anunciado un nuevo rescate financiero de S/500 millones. Un préstamo “momentáneo”, según el ministro de energía Ángelo Alfaro; pero momentáneos han sido también todos los préstamos anteriores que le ha dado, solo que esos “momentos” se han ido prolongando. Ya son casi US$3.000 millones –más o menos, lo que ganan 400.000 peruanos juntos en un año– entre lo que Petro-Perú le debe al Gobierno y lo que le debía, pero ya no le debe porque el Gobierno ha capitalizado (o sea, perdonado) algunas deudas.
Podemos abandonar toda esperanza de que Petro-Perú deje de ser una carga para el fisco; por lo menos, hasta que termine el gobierno de Perú Libre, que ha privilegiado los intereses de dos grupos de presión. Uno es el sindicato de los maestros; el otro, el de los trabajadores de la empresa. Libres son de gastar y pasarnos la cuenta a los contribuyentes. Petro-Perú ciertamente no se va a privatizar, y si se reorganiza, como dicen, no será más que una reorganización simbólica.
