Ismael Benavides
Gestión, 16 de julio del 2025
El desarrollo de la agricultura en los últimos 25 años ha sido un éxito. Necesitamos darle un segundo impulso.
Los peruanos nos sentimos orgullosos cuando encontramos el logo del Perú en paltas en Carrefour en Francia, o en uvas en Publix en Florida o quinua en Whole Foods en San Francisco, o restaurantes peruanos en el mundo que ofrecen platos con nuestros productos agrícolas. No es casualidad. Son años de esfuerzo de quienes asumieron el reto y desarrollaron una actividad que hoy agrupa a más de 5 mil empresas de todo tamaño que exportan más de 230 productos agrícolas, desde uvas, paltas y arándanos, hasta maca, quinua y camu camu. En el 2024, facturaron más de US$ 12 mil millones, dando empleo a más de 2 millones de personas.
Sin embargo, no estamos solos en el mercado. Colombia está incursionando agresivamente en palta y experimentando en variedades de arándanos y uvas. México hace lo propio. Marruecos y Egipto están sembrando arándanos, cítricos y uvas. Los chinos han empezado a producir maca, y así sucesivamente en diversos otros países del mundo. Hoy la nueva biotecnología permite el desarrollo de variedades que se adaptan a distintos climas lo que disminuye la ventaja a nuestro tradicional «invernadero natural». Muchos de estos países están más cerca de los mercados que el Perú, como México y Colombia a los Estados Unidos, Marruecos, Egipto y Turquía a Europa, y Australia y Sudáfrica a China.
En estos países los costos operativos son más bajos que en Perú y tenemos una desventaja adicional que son los altos fletes de exportación, y también de importación de equipos, fertilizantes e insumos por nuestra distancia a los mercados. En este escenario el Perú tiene el reto de ser más competitivo. La agroexportación moderna solo cubre 250 mil hectáreas, ni el 10% del área bajo riego en el país.
Hoy el gran reto que tenemos es mantener y mejorar nuestra competitividad y expandir el área agrícola productiva para incorporar a los miles de pequeños y medianos agricultores a las cadenas productivas de la agroexportación y volver a tener cultivos tradicionales como el algodón, con las nuevas variedades desarrolladas por la biotecnología, para sustentar a nuestra industria de confecciones.
La agricultura necesita estabilidad legal en el largo plazo, pues las inversiones son de largo aliento. A diferencia de la minería que se asegura del yacimiento después de un largo periodo de exploraciones, y después invierte en el proyecto, en la agricultura se invierte primero y la producción viene en el tiempo que puede ser hasta cinco o siete años.
El Congreso aprobó en junio, en primera votación, la nueva ley agraria que fue trabajada con una amplia participación de expertos, gremios, asociaciones de agricultores, juntas de regantes, exministros de Agricultura e incluso sindicatos como el Fentagri, y otros diversos actores del sector. Es una ley integral que apoya primordialmente a la pequeña agricultura, pero también a la agricultura moderna de agroexportación que es la locomotora del sector, reponiéndole los beneficios tributarios de la ley de promoción agraria del año 2000 que tan exitosamente promovió el crecimiento de la agroexportación hasta el año 2020. Esa ley fue derogada por el sesgo ideológico de la izquierda peruana que controlaba el Congreso a través de Mirtha Vásquez, y el Ejecutivo presidido por Francisco Franc Sagasti. El efecto fue la inmediata paralización de la inversión en nuevas áreas agrícolas modernas e incluso el abandono de 30,000 hectáreas, manteniéndose solo la inversión en recambio de variedades especialmente de uvas y arándanos y mejoras tecnológicas en campos existentes, que, junto con el café y el cacao, explican en gran parte del crecimiento en dólares de las agroexportaciones.
A pesar de mejores rendimientos y precios, la rentabilidad del sector no ha mejorado. La sobrerregulación en aspectos ambientales y laborales, la tramitología, los costos de seguridad, la infraestructura inadecuada y la falta de apoyo efectivo del Estado en investigación y sanidad han llevado a una elevación de los costos operativos haciendo que varios cultivos empiecen a ser marginales o tiendan a desaparecer como el espárrago, producto pionero de la agroexportación. El banano, los mangos y los cítricos pueden correr la misma suerte. El arancel de Donald Trump en Estados Unidos impone un reto adicional a nuestros productos agrícolas.
Como todo proyecto que genera inversión y desarrollo, la nueva ley agraria ha generado controversia, especialmente por el lado de la izquierda anti-empresa y anti-desarrollo que usa los tradicionales argumentos ideológicos sobre los beneficios, que según ellos, reciben unos pocos, o que la incorporación de pequeños agricultores a la cadena productiva de exportación es prácticamente esclavizarlos. Algunos economistas de salón, incluyendo funcionarios del MEF, han elaborado cifras sin sustento. Otros que desconocen la realidad del mundo agrario, han esbozado diversos argumentos, desde que la actividad agrícola es una actividad «madura» y no necesita incentivos, o que dar beneficios tributarios es mercantilismo, cuando sabemos que la agricultura está en permanente evolución, y que el Estado tiene perfecto derecho de otorgar beneficios temporales para actividades productivas que desea promover.
Tampoco faltan congresistas ideologizados que vuelven con la monserga de la «segunda reforma agraria» que ahuyenta la inversión. El desarrollo de la agricultura en los últimos 25 años ha sido un éxito. Necesitamos darle un segundo impulso, mediante la nueva ley agraria, para continuar creciendo, creando empleo formal y reduciendo pobreza en el campo que aún se mantiene en 40%. La agricultura peruana necesita ser competitiva para ampliar áreas productivas generando empleo y prosperidad en las regiones, y divisas para el país. Por ello se necesita aprobar la nueva ley agraria en una segunda votación en el Congreso, y se espera que los congresistas de todas las bancadas que apoyan el desarrollo del Perú asuman el compromiso y tengan la visión de aprobarla para beneficio del país.
