Informe publicado en alianza IPE – El Comercio
Durante CADE 2019, el presidente del directorio de Petro-Perú, Carlos Paredes Lanatta, expuso sobre la situación actual del Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT). En su ponencia, dio a conocer que se requiere financiar US$1.000 millones para su culminación. Dada la magnitud del proyecto, resulta relevante analizar las alternativas de financiamiento disponibles y su dinámica corporativa a mediano plazo.
—Una cruda historia—
El PMRT es el proyecto de inversión pública más grande en la historia del país con una inversión total de US$4.700 millones. Esta iniciativa, que en realidad consiste en la construcción de una nueva refinería, permitirá la producción de combustible con menor contenido de azufre, acorde a las exigencias del mercado energético internacional. Además, la capacidad de procesamiento se incrementará de 65.000 a 95.000 barriles diarios y se implementará una tecnología que permitirá procesar de manera más eficiente los crudos pesados provenientes de la selva.
Al iniciar la construcción del proyecto, en el 2014, se estimó una inversión de US$3.919 millones. Además, se tenía previsto que iniciara operaciones en el 2017. No obstante, el proyecto ha enfrentado cambios significativos en su presupuesto, además de extensiones en el plazo de entrega. Así, su costo se ha incrementado en casi US$800 millones y se prevé que la nueva refinería empiece a operar en el 2021.
Desde que Petro-Perú anunció el PMRT, diversos especialistas del sector advirtieron sobre la posible pérdida que este proyecto representaría para el Estado. Ello ha sido reconocido por la propia empresa petrolera que, considerando el monto final de inversión, estima que las pérdidas generadas –en términos del valor presente del proyecto– ascenderían a poco más de US$1.600 millones. En otras palabras, desde un punto de vista económico, el proyecto nunca debió haberse iniciado. Fue un costoso error.
Sin embargo, dado que a comienzos del año ya se habían ejecutado más de US$2.650 millones en obras (avance de 67%) –lo que configura un costo hundido– y considerando las contingencias de la paralización, continuar con el proyecto podía ser –llegado ya este punto– una decisión razonable. Para ello, según Petro-Perú, era necesaria una inversión adicional de US$2.046 millones, de los cuales US$1.000 millones aún requieren financiamiento.
—Financiamiento pendiente—
Existen dos alternativas principales: el endeudamiento podría ser asumido a través del Tesoro, o directamente por Petro-Perú. Aunque ambos son sector público, y la deuda de Petro-Perú es considerada cuasi soberana, la primera opción de financiamiento sería menos cara. Esto debido a que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) puede acceder a una tasa de interés más favorable (1,5% menos por año, según el presidente de Petro-Perú), lo que significaría un ahorro para el Estado.
Ello mejoraría el balance financiero de Petro-Perú. La expectativa de quienes impulsan un financiamiento a través del MEF es que, con cuentas más saneadas, se viabilice la entrada de capitales privados minoritarios a la empresa. Algunos bancos de inversión, de hecho, habrían mostrado interés en esta posibilidad, condicional a que ocurra una capitalización por parte del Estado.
Más allá del financiamiento, el punto central de la entrada de privados sería mejorar la transparencia en la rendición de cuentas y minimizar la injerencia política en las decisiones empresariales. Un ejemplo de ello es Ecopetrol, petrolera colombiana con el 11,5% de participación privada, que en el 2018 registró una rentabilidad de 22%, superando ampliamente el 6,9% alcanzado por Petro-Perú.
Desde el punto de vista de las finanzas corporativas, la alternativa de financiamiento a través del MEF guarda solidez. Sin embargo, hay temas de preocupación que trascienden largamente el análisis financiero.
Desde que se inició el PMRT –en el 2014– hasta la fecha, se ha registrado una alta rotación en los puestos directivos: nueve gerentes generales y 12 presidentes de directorio. Es decir, los presidentes del directorio han tenido una duración promedio de seis meses en el cargo. De este modo, es difícil asegurar la continuidad de las políticas de la empresa en cuanto a mejoras internas, transparencia o interés en la inclusión de capital privado. En una economía justa y competitiva, además, cualquier empresa debería ser capaz de conseguir su propio financiamiento en condiciones adecuadas, o pagar las consecuencias de ello.
Asimismo, dados los constantes incrementos en el presupuesto del PMRT, no se descarta que se soliciten mayores recursos al fisco posteriormente. Estos recursos públicos directos se sacarían de la misma bolsa de donde proviene el dinero para financiar inversiones públicas en salud, seguridad o educación, de modo que evaluar su uso alternativo no es menor. Por último, cabe cuestionarse si, pese al esfuerzo por fortalecer el patrimonio, la entrada de capital privado en una empresa como Petro-Perú resulta una alternativa realista.
