Por: Germán Lora
El Comercio, 12 de agosto del 2023
Germán Lora reflexiona sobre la recientemente aprobada ley que incentiva la contratación formal de jóvenes y las tareas pendientes del Ministerio de Trabajo y las empresas.
Finalmente, y luego de varios intentos, el mes pasado nuestro Congreso aprobó una ley para el incentivo a la contratación formal de jóvenes. Recordemos que, a finales del 2014, el Congreso promulgó la Ley de Régimen Laboral Juvenil, más conocida como la ‘ley pulpín’, la cual creó un régimen especial para jóvenes de entre 18 y 24 años con el objetivo de formalizar el empleo juvenil. Esta ley fue objeto de mucha polémica y diversas críticas, pues recortaba derechos a los jóvenes, lo que no fue bien recibido por una gran parte de la población, a pesar de que lo que se buscaba era solucionar el problema de la informalidad laboral de los jóvenes y el desempleo de este colectivo. La ley tuvo una vigencia de 41 días. Al parecer, a algunos les gusta más no tener ningún beneficio laboral que progresivamente ir generando los mismos, pero ese es otro tema.
Con esa experiencia, a inicios del gobierno del presidente Kuczynski, se presentó el proyecto de ley 1104-2017, que buscaba fomentar la contratación formal de jóvenes, manteniendo los beneficios laborales del régimen general, pero otorgando un incentivo en el pago del aporte a Essalud, que lo asumiría el Estado y no la entidad empleadora. El proyecto no vio la luz, pues los detractores utilizaron los mismos argumentos que para la ‘ley pulpín’, pese a que se trataban de dos propuestas distintas.
El 12 de julio del presente año, se publicó la Ley del Joven Empresario, que establece beneficios para aquellos jóvenes que hayan constituido sus propias empresas, pero también establece incentivos tributarios (deducir de sus impuestos un adicional equivalente al 50% del salario que pague al nuevo trabajador) para que las empresas contraten a jóvenes entre 18 y 29 años. Los incentivos solamente serán para el 2024 y el 2025, siempre que se contrate a jóvenes que están fuera de planilla por períodos superiores a 12 meses, con ingresos básicos inferiores a S/1.700. Además, la entidad empleadora deberá demostrar que ha incrementado el número de trabajadores en su planilla a una fecha que el reglamento determine.
Las críticas a esta ley son que resulta discriminatorio que se den incentivos solo para los jóvenes, pero sería bueno que se revisen las estadísticas sobre el mercado laboral de los jóvenes y del creciente número de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Por otro lado, los de siempre cuestionan el porqué esta medida se da a las medianas y grandes empresas, señalando que solo debería ser para las mypes. A ellos, les preguntaríamos dónde preferirían que trabajaran sus hijos o familiares, en una gran empresa o en el restaurante de la esquina de su casa. Asimismo, está demostrado que las empresas que más contratan formalmente son las medianas o grandes.
Quedan dos tareas. Primero, que el Ministerio de Trabajo elabore, a la brevedad, un reglamento que no ponga trabas al objetivo de la norma. Segundo, que las empresas apliquen esta norma, para el beneficio de los jóvenes peruanos.
