Hace una década la pesquería de la anchoveta no era sostenible. Las empresas y armadores dedicados a su captura tenían el incentivo de capturar lo más que podían una vez que el ministerio establecía la cuota a nivel nacional, debido simplemente a que, si no lo intentaban, otros capturarían la anchoveta. Toda la cuota del país se capturaba en solo 28 días. La industria se sobredimensionó tanto en flota como en plantas industriales. Los altos costos fijos hacían inviable a la industria.
La implementación de la reforma de cuotas individuales en el 2008-2009 ha permitido recuperar la sostenibilidad del sector. Al asignar una cuota por embarcación se eliminó el incentivo de maximizar la captura. Ahora la cuota del país se captura en 82 días. El número de embarcaciones se redujo en 37%. La población de anchoveta se ha mantenido relativamente estable entre 8 y 12 millones de TM. Ya tenemos todos los instrumentos de política y de regulación para asegurar la sostenibilidad de este recurso.
Si bien la reforma fue positiva para el ecosistema y la industria, una serie de eventos afectaron su rentabilidad: el clima, la pesca ilegal y una regulación inadecuada en el Gobierno anterior, que redujeron la captura entre los años 2009 y 2016.
Por ello, luego de diez años, la industria no está en equilibrio. Los márgenes netos han sido negativos desde el 2013. Recién el año pasado el sector pudo recuperarse y mostró buenos resultados llegando incluso a dinamizar el PBI. Pero aún es un desempeño muy volátil. Falta terminar de ajustar la capacidad del sector y definir una política clara sobre la cuota global de largo plazo para su sostenibilidad económica.
En ese contexto, el Gobierno ha propuesto aumentar los derechos de pesca entre un 8% y 400% dependiendo del volumen de la cuota global de pesca.
El método que emplea la propuesta pretende en buena cuenta regular la rentabilidad máxima en la actividad de extracción de las embarcaciones. El supuesto exceso de la rentabilidad calculada por el Gobierno es lo que se tendría que pagar por derecho de pesca. Los costos empleados en el cálculo están subestimados y no son representativos de la industria. En el país, solo en el segmento de distribución del sector eléctrico se regula la tasa de retorno, sector que es claramente muy distinto al pesquero. En el primero se busca evitar un precio monopólico. Pero en el sector pesquero, en cambio, se debe buscar la mayor competitividad y valor agregado posible asegurando la sostenibilidad mediante el empleo de las cuotas y vedas.
Los aportes fiscales al sector por TM de anchoveta se han más que duplicado en la última década. De aplicarse los nuevos derechos, el país perdería competitividad en un producto de exportación que competimos con Chile, donde los aportes fiscales son menores.
La propuesta hace recordar al primer Gobierno del presidente García cuando se pretendía fijar los precios de los bienes de la economía asumiendo un mark up como retorno sobre costos arbitrarios de producción.
En realidad, si bien la ley de aprovechamiento de recursos naturales establece que estos son patrimonio de la Nación; también es clara en definir que los frutos y productos de los recursos naturales son del dominio de los titulares de los derechos concedidos sobre ellos.
Una solución es sistematizar la recolección de la información de los precios de la anchoveta que se venden a las plantas industriales y calcular sus precios promedio; y contemplar que las cuotas de pesca sean derechos transferibles. Los derechos de pesca se podrían fijar entonces sobre estos precios. Más instituciones de mercado y menos regulación.
En todo caso, los criterios, y la metodología, para establecer la retribución económica de la anchoveta deberían ser establecidos por ley especial del sector.
(*) Apoyo Consultoría es asesor económico y financiero de la Sociedad Nacional de Pesquería.
