Gabriel Daly
El Comercio, 5 de enero del 2026
“El problema de fondo es que esa estrategia no genera el desarrollo masivo y sostenido que sí impulsa el empleo formal en el sector privado”.
La inseguridad se ha convertido en la principal preocupación de los peruanos. Asaltos, extorsiones y crimen organizado ya forman parte de la vida cotidiana, y la agenda electoral gira alrededor de este problema. Los candidatos lo saben y responden con un repertorio previsible: control de fronteras, más cárceles, inteligencia policial y tecnología. El problema no es el énfasis, sino la idea de que con eso basta. El riesgo es que la urgencia por la inseguridad vuelva a ocultar los problemas estructurales que el país posterga, en especial la generación de trabajo formal.
Endurecer el discurso no es suficiente. El país necesita un paquete inmediato de medidas de seguridad: inteligencia para desarticular redes de extorsión, coordinación operativa con el Ministerio Público y control penitenciario para impedir que las cárceles sigan funcionando como centros de mando. Sin embargo, el gran déficit del debate es la superficialidad. Se repiten promesas ambiciosas, pero rara vez se explica cómo se harán. Sin cronogramas ni estimaciones presupuestales, la seguridad corre el riesgo de convertirse en otro eslogan electoral, y no en una política pública con resultados verificables.
Hay un hecho incómodo: no existe política de seguridad que pueda sostenerse en un país donde siete de cada diez trabajadores siguen siendo informales. Ese dato cambia el enfoque. La informalidad no solo precariza ingresos; también dificulta el seguimiento del dinero y facilita el avance del delito. En mercados sin contratos, sin planillas y con débiles mecanismos de control, la extorsión encuentra terreno fértil y la amenaza se normaliza.
El debate, además, expone una disyuntiva de principio. Mientras algunos candidatos evitan el tema, otros insisten en una estrategia de empleo centrada en el sector público –más contrataciones o mayor rol empresarial– y relegan la inversión privada a un papel secundario. El punto no es ideológico: es reconocer el límite de pretender que el Estado reemplace al principal generador de empleo formal.
En los últimos años, la política ya ha avanzado en esa dirección. Desde el 2023 se han aprobado normas que encarecen de forma permanente la planilla en el sector público, sin que el Ejecutivo las observe. El costo fiscal no es menor: solo diez leyes de este tipo, según estimaciones oficiales, representan cerca de S/1.500 millones. No es un gasto puntual, sino compromisos recurrentes que presionarán el presupuesto durante los próximos años.
Esto tiene consecuencias. El problema de fondo es que esa estrategia no genera el desarrollo masivo y sostenido que sí impulsa el empleo formal en el sector privado. El trabajo registrado eleva la productividad mediante la acumulación de capital humano, la capacitación, la adopción tecnológica y el escalamiento empresarial. Además, asegura derechos básicos –salud, pensiones, seguros– y estabiliza los ingresos. Sin formalidad laboral no hay base tributaria ni aportes previsionales suficientes; lo demás es consecuencia: un Estado débil, servicios precarios y crisis que regresan.
¿Qué deberían proponer, entonces, los candidatos? Primero, una reforma laboral que reduzca los costos de formalización sin vaciar de contenido los derechos: reglas más simples, menor litigiosidad y una hoja de ruta para que cualquier empresa pueda incorporarse a la formalidad, operar en ella y crecer. Segundo, incentivos focalizados para la contratación formal de jóvenes, mujeres y quienes nunca han accedido a un empleo formal. Tercero, simplificación regulatoria y tributaria para que formalizarse y crecer sea predecible, con menos trámites y menores costos de cumplimiento. Cuarto, inversión en infraestructura y talento que eleve la productividad. Y quinto, estabilidad jurídica que devuelva la confianza a la inversión privada, sin la cual no existe empleo formal. La seguridad es urgente, sí, pero sin formalidad no habrá seguridad duradera. Persistir en un discurso centrado casi exclusivamente en cárceles y estados de emergencia puede ser electoralmente rentable, pero es políticamente irresponsable. La criminalidad no se reduce solo con castigo: se previene cuando el trabajo registrado deja de ser una excepción y vuelve a ser la norma. La verdadera política de seguridad no se agota en el despliegue policial: empieza, silenciosa y persistentemente, en el mercado laboral.
