Por: Fernando Rospigliosi
Expreso, 22 de Agosto del 2022
Es frecuente escuchar ahora que Pedro Castillo está acorralado, tanto por las investigaciones de la fiscalía como por las denuncias de la prensa independiente, todas las cuales demuestran, de manera concluyente, que una gavilla de delincuentes se ha instalado en el gobierno y está saqueando las arcas públicas impunemente.
En un sentido, eso es cierto, porque las evidencias del latrocinio son terminantes, Castillo y sus secuaces están sitiados.
Pero para que la figura del acorralamiento corresponda a la realidad, en el Perú tendría que existir el Estado de derecho y la democracia. Y eso no sucede, a pesar de que algunos se esfuercen en creer que el espejismo que están viendo corresponde a la realidad.
Desde el primer día las varias bandas de malhechores que se apoderaron del gobierno ilegítimamente, han venido tomando decisiones insólitas, que jamás se habían visto en el Perú.
No solo se nombraron en los más altos cargos a sujetos sin la más mínima capacidad para ejercerlos, sino algunos procesados o denunciados por su vinculación con Sendero Luminoso, y a individuos que inmediatamente empezaron a llenar la débil administración pública con gentuza de la peor calaña.
Vendieron ascensos en la PNP con toda desfachatez, a pesar de que eso fue denunciado en su momento. Echaron abusivamente a dos comandantes generales de los institutos armados porque se negaron a permitir lo mismo en sus organizaciones.
Los familiares del actual premier realizan millonarios negocios con el Estado a pesar de estar explícitamente prohibido por la ley.
Y no pasa nada.
Promueven desde el Gobierno la violencia, amenazan a las instituciones que no controlan completamente como el Congreso y la Fiscalía, insultan a la prensa independiente y ahora ilegalmente, como ha explicado el abogado Carlos Caro, liberan al asesino de policías Antauro Humala.
Y no pasa nada.
La razón está a la vista de todos, los mecanismos legales de la democracia ya no funcionan. Para casos como este existe la posibilidad de vacancia presidencial en la Constitución, pero el Congreso, que debería utilizar ese dispositivo, está atascado porque ha sido invadido por bandas de malhechores que se hacen llamar “partidos”.
Esto no empezó ahora. El Lagarto dio un golpe de Estado y clausuró ilegalmente el Congreso en contubernio con la mafia caviar y los medios de comunicación que lo respaldaban. En el gobierno de Francisco Sagasti se pasó a retiro ilegalmente a 18 generales para poner a un lambiscón de la mafia caviar al frente de la policía.
Y no pasó nada.
Lo que ahora tenemos es una democracia fallida que no puede regenerarse a sí misma.
En síntesis, es el Perú el que está acorralado por los herederos de Sendero Luminoso y el MRTA, por bandas de trúhanes que han ocupado el gobierno, el Congreso y las instituciones, y que ahora preparan el zarpazo final promoviendo violentos disturbios que les den un pretexto para instaurar una dictadura chavista.
Esto solo puede ser detenido con soluciones radicales.
