Fernando Rospigliosi
Expreso, 29 de setiembre del 2025
Actualmente 1,323 policías y militares están involucrados en las investigaciones de la fiscalía por los sucesos de 2022 y 2023, donde turbas violentas, azuzadas por terroristas y financiadas por economías ilegales, trataron de reponer en el gobierno al golpista Pedro Castillo, para imponer una dictadura como la de Venezuela o Cuba.
De no haber sido por la PNP y las FFAA, hoy estaríamos sufriendo un régimen despótico y corrupto, con miles huyendo del país, la economía arruinada y el futuro destruido probablemente por décadas. No es especulación, porque eso es exactamente lo que dijo que haría el delincuente que ocupaba Palacio, el 7 de diciembre de 2022.
Ellos intentaron, en una escala mucho mayor, repetir su triunfante experiencia de noviembre de 2020, cuando movilizando a unos cientos de violentos, y asesinando a dos delincuentes juveniles, con el respaldo casi unánime de los medios de comunicación y de los grandes grupos empresariales, pudieron derrocar a Manuel Merino y Ántero Flores Aráoz e instalar en el Gobierno a Francisco Sagasti -y en el Congreso a Mirtha Vásquez-, abriendo así el camino para que Castillo y su banda se hicieran del poder.
Como ha ocurrido otras veces en la historia reciente, pocos agradecen a las fuerzas del orden el haber salvado al país y a 37 millones de peruanos de caer bajo el yugo del socialismo del siglo XXI. No solo no agradecen, sino muchas veces dejan avanzar, con exquisitos y rebuscados argumentos jurídicos, la implacable persecución orquestada por la mafia caviar, entronizada en el sistema judicial.
Así, desde un cómodo escritorio, pontifican sobre la imposibilidad de detener esa injusta persecución, con una ley de amnistía.
Algunos, por ejemplo, dicen que hay que ir caso por caso, cuando la prevaricadora fiscalía hace todo lo contrario, acusa en bulto.
En la PNP hay, hasta el momento, 348 imputados en 83 carpetas fiscales y 926 convocados como testigos. Como todos saben en las fuerzas del orden, el ser llamado como testigo, es el primer paso para luego pasar a la categoría de investigado, y después acusado. En el Ejército hay 49 imputados en 3 carpetas fiscales.
Aquellos que se oponen a una amnistía, no ofrecen ninguna alternativa. Es decir, todos esos policías y militares verán sus carreras arruinadas, con el inenarrable sufrimiento de ellos y sus familias. Durante años serán maltratados en procesos interminables. Muchos se arruinarán pagando abogados. Si por casualidad algunos consiguen que sus procesos sean archivados, sus casos serán reabiertos una y otra vez (como El Frontón). Y otros irán a prisión.
Mientras tanto, desde su gabinete, algunos expertos -y muchos ignorantes-, seguirán argumentando que policías militares hagan lo imposible: demostrar su inocencia (así de absurda es la “justicia” peruana) ante fiscales y jueces caviarizados, prejuiciosos y prevaricadores.
No hay otra posibilidad que una ley de amnistía para ellos. ¿O alguien tiene una propuesta viable distinta? Escuchamos.
En cuanto al sistema judicial, se necesita no solo una reforma, se requieren soluciones radicales.
