Fernando Cáceres Freyre
El Comercio, 9 de setiembre del 2024
“La gran cuestión es si el desarrollo de la pesca industrial afecta o no la preservación de la anchoveta y otras especies”.
Hace meses veo reportajes periodísticos que afirman que las empresas pesqueras industriales están buscando comenzar a pescar donde no deben hacerlo, en particular en áreas naturales protegidas, como es el caso de la Reserva de Paracas, creada en 1975. Tanto había escuchado este relato que ya lo empezaba a dar por cierto.
Sin embargo, la pesca industrial en áreas naturales protegidas –como Paracas, la Dorsal de Nasca y el Mar Tropical de Grau– no se desarrolla “a 100 metros de la costa”, sino a partir de los ocho kilómetros de la costa (cinco millas) y desde hace 56 años. Lo que hay dentro de las cinco millas es pesca artesanal y de menor escala.
No se trata de que las pesqueras industriales hayan empezado a pescar anchoveta al lado de los flamencos o lobos de mar, ni dentro de la bahía, sino de que desde hace décadas pescan anchoveta a partir del kilómetro ocho de la costa en estas zonas, siguiendo las cuotas, vedas y temporadas autorizadas por las autoridades.
Es cierto que hay una disputa legal por una directiva emitida por Sernanp en el 2021. De un lado, se afirma que esta directiva es ilegal porque va contra la ley y el reglamento de las áreas naturales protegidas que prevén se respeten las concesiones preestablecidas. Del otro, se afirma que en el reglamento del 2001 se estableció que no se puede realizar pesca industrial en estas zonas, por lo que Sernanp no habría creado una regulación nueva.
Sobre el tema legal, solo diré que, efectivamente, existen concesiones y que, si se quisiera cambiar este ‘statu quo’, tendría que hacerse mediante una norma con rango de ley. Y eso es justamente lo que propone el congresista Roberto Kamiche, que ha presentado un proyecto de ley para cambiar la ley de áreas naturales protegidas.
Pero no nos quedemos en la batalla legal. La gran cuestión es si el desarrollo de la pesca industrial –en esas áreas ubicadas después del kilómetro ocho de la costa– afecta la preservación de la anchoveta y otras especies.
Según datos del Imarpe, del 2010 al 2024 el promedio de biomasa de anchoveta es de 9,2 millones de toneladas. A manera referencial, en la primera temporada de pesca del 2024 (hay dos al año), la cantidad de anchoveta autorizada a pescar fue de 2,4 millones de toneladas.
Si vemos el Índice de Performance Ambiental (Yale), veremos que nuestro país no aparece bien en diversos aspectos medidos (83/180), pero sí en lo que atañe a la pesca (26/180). En particular, en lo que a la sostenibilidad de la biomasa se refiere, es importante destacar el puesto 13/180 países, una posición a la que accedemos, entre otras razones, gracias al estado de la población de nuestra anchoveta.
Asimismo, según la FAO (2024), el porcentaje de poblaciones explotadas a niveles insostenibles ha aumentado del 10% en 1974 al 37,7% en el 2021. En particular, en el Pacífico Sudeste (área 87), solo el 33,3% de las poblaciones pescaba a niveles sostenibles en el 2021. Pero la población de anchoveta sí se considera dentro del nivel biológicamente sostenible, “probablemente por una ordenación de la pesca eficaz y condiciones ambientales favorables”.
Por la data revisada de Yale y la FAO, me parece falso plantear la cuestión en términos parecidos al tristemente famoso “agua sí, mina no”. Si pescar a ocho kilómetros de la costa en cualquiera de las áreas naturales protegidas existentes no es incompatible con la preservación de la biomasa de anchoveta, no veo razón para impedir que la pesca industrial continúe. Más aún con el impacto positivo que tiene en el empleo, la economía nacional y la seguridad alimentaria global.
