Por Fernando Cáceres Freyre
El Comercio, 19 de noviembre de 2019
Lava Jato generó en el 2017 un cambio en las reglas de juego del financiamiento político. Hoy está prohibido que las personas jurídicas sin fines de lucro nacionales realicen aportes a partidos políticos y/o candidatos.
Esto implica, por ejemplo, que ya no pueden realizarse iniciativas como la impulsada por la ONG Reflexión Democrática, que se implementó en el 2006 y el 2011 para apoyar con capacitación y espacios publicitarios a candidatos al Congreso. Los cuales eran elegidos con base en criterios objetivos por un jurado de prestigio, no revelándose la identidad de los donantes a los candidatos.
Sin embargo, en el caso de personas jurídicas sin fines de lucro extranjeras, la nueva norma insólitamente sí ha permitido los aportes. ¿Está el JNE en condiciones de auditar a los donantes de las asociaciones/fundaciones extranjeras que aporten a la campaña 2020 y en adelante? ¿Puede garantizar el JNE que esos donantes carecen de intereses económicos por lo que pase en el entorno político peruano? Asumir que no hay intereses económicos detrás, solo por estar domiciliados fuera y constituidos como “sin fines de lucro” es muy ingenuo.
Luego, la disparidad de trato entre el empresariado nacional y extranjero es inexplicable. Todos sabemos que las personas jurídicas sin fines de lucro no producen riqueza. La plata que administran viene de donaciones de empresas, o de donaciones de gobiernos que se financian con la riqueza generada por las empresas.
De hecho, me parece legítimo que un empresario de cualquier tamaño quiera aportar al desarrollo del entorno político nacional –o incluso mundial, como Soros– en el cual se desarrolla y vive su familia, siempre que se haga de manera transparente y sin cobrar favores. Esta es la clave de qué es aceptable.
Para eso, el mejor camino es crear un fondo constituido por donaciones voluntarias y deducibles de impuestos, supervisado por la ONPE, desde donde un porcentaje se reparta por igual entre los candidatos (igualdad política) y otro con base en la performance en las elecciones anteriores (meritocracia). Una idea que en su momento impulsó la ONPE, a propuesta de algunas empresas, pero que nunca se debatió. ¿Algún candidato al Congreso 2020 que la pueda retomar?
Y es que los propios partidos– temerosos de la reacción de la ciudadanía– han preferido no transparentar aportes. De hecho, recuerdo que durante CADE 2015, un representante gremial empresarial comentó que algunas empresas habían propuesto a algunos partidos realizar donaciones transparentadas para la campaña 2016, y que la respuesta había sido un rotundo no.
Las reglas aprobadas por el último Congreso para el financiamiento de partidos y candidatos no proveen de un marco adecuado para financiar con recursos privados el desarrollo de la política. Es momento de repensarlas.
