Eduardo Ferreyros
Correo, 27 de setiembre del 2024
Luego de 20 años de trabajo y mucho esfuerzo, Juan, con todos sus ahorros, se compró un departamento para alquilarlo y así obtener una renta fija mensual, optimizar su capital y generar ingresos para pagar puntualmente sus obligaciones.
Grande fue su sorpresa cuando al poco tiempo de adquirir el inmueble, lo perdió. ¿la razón? el anterior propietario se dedicaba a actividades ilícitas que Juan ignoraba y tras aplicársele la ley de extinción de dominio, Juan, sin tener conocimiento de los antecedentes, perdió la inversión que tanto esfuerzo le costó. Así de absurdo.
Y es que la extinción de dominio establece que el propietario de un determinado inmueble pierde la propiedad si el bien proviene o fue utilizado en actividades ilícitas, sin necesidad que se hayan comprobado y procede contra el tercero o último propietario, como el caso de Juan, aunque no haya tenido participación alguna ni conocimiento en el supuesto delito.
Ello que parece inverosímil, también está ocurriendo en el ámbito empresarial. Hace poco, un empresario del sector transportes perdió un bus nuevo porque un pasajero llevaba consigo un producto no permitido. Las autoridades, además de retener la mercadería ilegal del pasajero, le decomisaron el bus a su dueño.
Según los expertos, esta ley necesita con urgencia ajustes legislativos y mejores prácticas en su aplicación para no afectar otros derechos.
Así como cualquier persona, las empresas; ya sean de transportes, minería, pesca, agricultura, etc., están expuestas a que su propiedad pase injustificadamente a manos del Estado. Tal como está la legislación de extinción de dominio actualmente, en la práctica se trata de una expropiación disfrazada.
