Diego Macera
El Comercio, 1 de febrero del 2026
“El Estado, sabemos, tiene enormes brechas en su capacidad de respuesta a la minería ilegal. ¿Puede el sector privado formal, en conjunto, hacer frente a este escenario?“, escribe Diego Macera, director del IPE.
Hagamos un experimento mental. De acuerdo con cifras del Instituto Peruano de Economía (IPE), el año pasado las exportaciones de oro ilegal habrían sido cerca de US$12.000 millones (monto parecido al de toda la agroexportación nacional).
Partiendo de ahí, digamos ahora -solo por seguir el juego- que todos los agentes de la cadena de producción y comercialización tienen plena capacidad de coordinación y trabajan en equipo. Así, ellos se juntan una vez al mes en las solemnes sesiones de la “Asociación de Productores Informales de Oro”, conocida como APIO. El presidente de APIO, en la última reunión, dijo que iba a solicitar a todos los miembros contribuir con solo el 2% de su facturación anual. Era, mencionó, una inversión en la sostenibilidad del negocio. Además, con todos los costos tributarios, regulatorios y laborales que se ahorran en su día a día comparados con los productores formales, ese porcentaje era mínimo.
Luego de idas y vueltas, el gremio efectivamente logró reunir el 2% de la facturación anual, equivalente a unos US$240 millones. El objetivo, lógicamente, es ganar las buenas voluntades de diferentes actores de la sociedad relevantes para su actividad. ¿Qué se puede comprar en esa cantidad gigante de dinero, que además tendrá recurrencia anual? Para caminar a paso seguro, se contrató a una consultora que les realizó el siguiente plan.
La primera idea fue copar los gobiernos regionales, específicamente las gerencias de minas, responsables de supervisar y fiscalizar la minería artesanal. Cada gerente regional en esta labor gana cerca de S/10.000 mensuales, y el subgerente S/7.200. Otros cinco funcionarios clave pero de menor jerarquía reciben unos S/5.000 cada uno por mes en promedio. Así, S/45.000 al mes deberían bastar para duplicar los ingresos de estos funcionarios. Multiplíquese por 10 gobiernos regionales clave y llegamos a poco más de US$1,5 millones anuales. Quedan US$238,5 millones por usar.
Como segunda idea se sugirió adquirir medios de comunicación regionales y nacionales. Después de todo, APIO tiene claro que la prensa es una aliada indispensable aquí. ¡Y qué mejor que ser el dueño de los medios! Una estación de TV regional con mediana audiencia puede costar cerca de US$200.000. Una radio local, la mitad. El precio del canal de TV de alcance nacional que sugirió la consultora depende muchísimo de su situación financiera, pero un valor generoso para algunos canales actuales sería US$15 millones. El documento para APIO termina aterrizando en la compra de 10 canales de TV regional, 10 radios regionales, y dos canales de TV nacionales. La cuenta viene por US$33,5 millones. Quedan US$205 millones.
La tercera idea fue participar en política, aprovechando sobre todo que este es un año con elecciones nacionales y también, en octubre, subnacionales. Una campaña presidencial moderna, según estiman los entendidos, podría costar cerca de S/100 millones (a la ONPE se le declara una fracción de eso). Campañas para el diputados y senadores varían mucho (senador de distrito único nacional, por ejemplo, será bastante más caro), pero S/200.000 en promedio por candidato cubriría la gran mayoría del gasto en pintas, pequeños mítines, viajes locales, redes sociales, etc. Dada la amenaza de la extinción de Reinfo y otros riesgos regulatorios, es indispensable ser generosos aquí, dice la consultora.
Así, recomienda al menos cubrir tres campañas presidenciales completas, 65 campañas a diputados (la mitad del número total de diputados a elegir) y 30 campañas a senadores (también la mitad). Contando asesores de campaña bien compensados, la factura por las elecciones nacionales viene por US$100 millones. Evidentemente, los límites que se aplican al financiamiento privado -formal, bancarizado- no importan aquí. Hay que aprovechar ese espacio libre, dice APIO. Para las elecciones subnacionales, calculan que con 60 campañas de alcaldes y 10 de gobierno regional les basta. Eso les cuesta otros US$20 millones. Total invertido en campañas en el 2026: US$120 millones. Quedan US$85 millones de la bolsa inicial, y hasta aquí ya posiblemente aseguraron su futuro por los siguientes años.
El plan de APIO tiene una siguiente parte, que es la infiltración en el sistema de justicia y cualquier amenaza de fiscalización. Se trata de asegurar algunas buenas voluntades de fiscales, altos mandos de policía, y jueces relevantes, además de fiscalizadores tributarios, ambientales o del Ministerio de Energía y Minas (Minem). Calculan que en todo este entramado hay unas 500 personas importantes a tener de su lado. Con US$5.000 mensuales para cada uno en promedio, suficiente. Ahí se fueron US$30 millones anuales. Quedan US$55 millones.
Finalmente, se necesita infiltración también en los espacios más formales de la sociedad. Se requiere darle un barniz más legítimo a todo esto, entre cuartos de paredes con revestimiento de nogal. Para eso se pueden contratar o hacer donaciones a buenos estudios de abogados de la capital, consultoras conocidas, encuestadoras, asociaciones empresariales, ONG, entre otras. Cerca de US$20 millones bastan y sobran para este último punto. Les quedan US$35 millones para devolver a sus asociados (o quizá para comprar dos canales de TV nacional adicionales, si prefieren). Y eso es asumiendo que solo hacen el ejercicio un año. ¿Qué podrían comprar con los otros US$240 millones frescos al año que viene?
Por supuesto, como decíamos al inicio, todo esto es pura ficción. APIO no existe. No hay un plan para que la minería ilegal ponga el 2% de sus ingresos en comprar todo lo anterior. Pero el ejercicio mental ayuda a dimensionar las cantidades enormes de dinero en juego, y lo que se podrían lograr con un frente coordinado de minería ilegal usando una pequeñísima fracción de sus recursos. Lo que asusta es que, si bien esto es inventado, no hay en realidad un motivo de fondo por el que no pueda ser real. De hecho, sería lo lógico a intentar. Todos, legales e ilegales, queremos la sostenibilidad de nuestro negocio.
El Estado, sabemos, tiene enormes brechas en su capacidad de respuesta a la minería ilegal. ¿Puede el sector privado formal, en conjunto, hacer frente a este escenario? Recursos tiene -y si quisiera, en serio, incluso más que los US$240 millones de los que hablábamos-, aunque tiene también más limitaciones. Varias partes del plan anterior son ilegales. Su capacidad de coordinación es pobre, aunque algunos no lo crean. Pero el tema de fondo es que muchos formales no ven que esta sea su pelea. Ellos ya pagan impuestos, y el principio del Estado de derecho los protege con esos recursos. Entonces nos quedamos de brazos cruzados esperando que el problema desaparezca solo. Alguien más resolverá. Vaya plan. A lo mejor los consultores de APIO podrían ayudarlos también.
