Diego Macera
El Comercio, 16 de noviembre del 2025
“El divorcio, la cuerda separada, estaría en buena parte del resto del aparato público, en lo que no tenía que ver con economía”.
Todos hemos escuchado –probablemente más de una vez– la historia de las cuerdas separadas en la sociedad peruana. Es una fábula que tiene mucha aceptación popular, y es especialmente difundida y celebrada entre los extranjeros que intentan entender este país. El adagio se desarrolla más o menos así: en el Perú, los vaivenes políticos no afectan la economía; pueden sucederse siete presidentes en igual número de años, cerrarse el Congreso e intentarse un golpe de Estado en el camino, pero tres soles y medio seguirán comprando un dólar al final del día.
Este aparente divorcio es, visto con cuidado, pura pantalla. La política y la economía se encuentran y mezclan –furtivamente o no– en cada esquina. Y si bien el PBI del Perú está creciendo a tasas adecuadas este año, la verdad es que debería crecer mucho más dados los precios de las exportaciones por el cielo, y la estabilidad macroeconómica interna. En términos futboleros, es como darse por bien servido con que a nuestro equipo le vaya bien en la Liga 1 cuando en realidad tenemos un plantel y condiciones –al menos en esta temporada– para estar peleando las últimas etapas de la Copa Libertadores, y todo por mala gestión interna.
Hay una variante de este falso divorcio –de la economía, por un lado, y la política, por otro– que podría ser un poco más útil para entender lo que ha pasado, esta vez con un protagonista algo modificado. Quizá más que escudriñar la relación economía-política, valdría la pena analizar los avances paralelos de la capacidad económica del Perú, por un lado, y del Estado Peruano –con énfasis en la capacidad de este último de proveer los bienes y servicios públicos–, por otro.
Desde las reformas de los noventa, el Perú cultivó un ambiente propicio para que prosperen sectores que venían rezagados de las últimas dos décadas. Se redujo considerablemente el papel del Estado empresario, se liberaron precios y se flexibilizó el mercado laboral, se dieron garantías a los inversionistas, se abrió el comercio exterior, se equilibró la macroeconomía, etc. Los empresarios respondieron acorde.
No solo eso, sino que las instituciones públicas responsables de la regulación y gestión económica ganaron solvencia, independencia y peso propio. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) fueron los actores centrales de esta recuperación, pero no los únicos. Algunas organizaciones nuevas, y otras fortalecidas o reconvertidas, como la Sunat, el Indecopi, los reguladores como Ositrán, Osiptel y Osinerg (ahora Osinergmin), y la SBS, se llevaron –y formaron– una buena tajada del talento y capital humano de alto nivel del Estado. Con sus idas, venidas, y algunos deterioros a lo largo de las décadas, estas instituciones todavía se cuentan entre las más eficientes del aparato público.
Este combo le dio una excelente velocidad a la economía peruana, al menos hasta cerca del 2016. Luego de no crecer nada entre 1979 y 1992, el PBI peruano se expandió al 4,3% en promedio por año entre 1993 y el 2024, por encima de Chile (3,8%), Bolivia (3,7%), Colombia (3,3%) y del resto de Sudamérica. La clase media, según los umbrales del Banco Mundial, pasó de 19% en el 2004 a 40% antes de la pandemia, y en el mismo período dos de cada cinco peruanos dejaron de ser pobres. Se podría decir con cierta confianza, entonces, que el sistema de libre mercado y el sector privado, apoyado en instituciones públicas sólidas en la esfera económica, hicieron bien su trabajo con lo que había a disposición. Por ahí no viene tanto el problema.
El divorcio, la cuerda separada, estaría en buena parte del resto del aparato público, en lo que no tenía que ver con economía. Fuera de algunas excepciones, como la cancillería, a la mayoría de instituciones públicas no económicas le costó atraer, entrenar y retener a una masa crítica de gente de primer nivel para que hicieran carrera ahí, con injerencia política de yapa. Y si para algunos ministerios esto es especialmente evidente, lo es todavía mucho más a nivel de gobiernos regionales y municipalidades.
¿Cómo estaría hoy, por ejemplo, la educación del país si el ministerio a cargo hubiera tenido la capacidad técnica y potencia que tiene el MEF? ¿Puede creer alguien que la pandemia hubiera sido así de devastadora si un BCR de la salud hubiera estado a cargo del sector los últimos 30 años? Y el país sería otro si los municipios pudieran atraer el tipo de personas que entra hoy a trabajar a la SBS o al Indecopi. Los ejemplos siguen.
Dos aclaraciones. La primera es que no pretende decir esto que no hay buenos funcionarios fuera de la esfera económica. Para nada. Se pueden encontrar en casi cualquier oficina del Estado. Merecen reconocimiento y respeto. Lo que sí quiere decir es que, fuera del ámbito económico y de algunas excepciones, las instituciones públicas en general no han logrado estructuras internas que las hagan efectivas y eficientes. Y eso limita su atractivo para que varios de los jóvenes más talentosos quieran trabajar ahí.
La segunda aclaración es que esto tampoco significa que las mismas personas o sistemas que están hoy en el MEF o BCR deberían estar también en el Ministerio de Justicia o en la Municipalidad de Oyón. Claramente son competencias distintas. Pero sí debería llamarnos la atención por qué hemos podido desarrollar algunas instituciones bien, otras a medias, y otras casi nada.
¿Podría ser esta la historia de las cuerdas separadas que estábamos buscando? ¿Una en la que, simplificando, la economía va por un lado y los servicios públicos por otro? La tesis es tentadora, y probablemente más cercana a la realidad en cierta medida, pero tampoco funciona si con ella queremos decir que una dimensión no afecta la otra. A nadie con dos dedos de frente se le ocurriría sugerir que la economía, así como el resto de la sociedad, puede permanecer inmune ante el desastre de la salud pública, una educación que a duras penas educa y el avance de la criminalidad, solo para citar algunas áreas evidentes de mejora. La economía avanza, pero con anclas por todos lados.
No es necesariamente un tema de presupuesto. El presupuesto público pasó de cerca de S/50.000 millones en el 2005 a unos S/250.000 millones este año. Es decir, se multiplicó por cinco. Incorporando el efecto de la inflación, se triplicó. ¿Cuánta más o mejor salud, educación, justicia o infraestructura hemos comprado con tres veces más recursos por año? ¿Se han multiplicado por tres? No sería justo decir que no se ha avanzado nada, pero sin duda hay deudas sociales pendientes gigantes que no se justifican para lo que se gasta. Hoy, a diferencia de hace 10 años, el empleado público promedio ya gana más que el empleado privado promedio.
Este nuevo enfoque de cuerdas separadas, pues, solo sería válido si con eso queremos decir que el sistema económico ha podido desarrollarse más rápido –gracias a mejor regulación y aporte privado– que la calidad de los servicios públicos, pero no son independientes tampoco. La buena noticia es que la solidez de la infraestructura económica nacional –aún con todos sus propios espacios de mejora– hace posible pensar que, en primer lugar, sí se puede financiar progresivamente las demandas de otros sectores, y que, en segundo lugar, el Estado Peruano sí es capaz de crear servicios de alta calidad y sostenerlos en el tiempo. Más que cuerdas separadas, mejor acostumbrarnos a analizar lo que ha funcionado en una cuerda para que la otra pueda imitarla. Al final del día, el éxito de las dos es necesariamente uno solo. Y su fracaso, igual.
