Gran parte del problema de la tramitología en el Perú nace de la discrecionalidad de las entidades públicas para implementar sus requerimientos administrativos. Existen 1,833 gobiernos locales (195 son municipalidades provinciales y el resto, distritales). Cada municipalidad tiene un TUPA particular, que, en muchos casos, establece trámites engorrosos y costos arbitrarios y elevados para la provisión de servicios públicos y licencias. Las barreras burocráticas impuestas por estas entidades han sido un enorme impedimento, por ejemplo, para la expansión de las redes de provisión de gas y telecomunicaciones. Sin restringir el autogobierno de las municipalidades provinciales y distritales, el gobierno haría bien en promover la estandarización de ciertos procesos administrativos y facilitar un marco legal más ordenado, simple y predecible para los ciudadanos e inversionistas en el país.
