Por: Camila Bozzo
Perú21, 10 de setiembre de 2021
Puede parecer incongruente que este Congreso interpele, y luego censure, al ministro de Trabajo apenas unos días después de haberle otorgado la confianza con un amplio margen al gabinete que lo alberga (un grave error de cálculo político); sin embargo, es un imperativo moral y cívico que lo haga. Además, mucha agua ha pasado bajo el puente desde el voto de investidura y los nuevos destapes sobre Maraví hacen insostenible su presencia en el gabinete.
Investigaciones serias de distintos medios confirman que Maraví tiene vínculos insoslayables con Sendero Luminoso. No solo fue simpatizante sino que formó parte de las filas de la sanguinaria organización terrorista; dos senderistas lo han reconocido y han declarado que perpetró actos terroristas en Ayacucho a inicios de los 80, y uno de ellos ha afirmado que incluso era mando y tenía bajo su responsabilidad la “zona norte” en el organigrama de Sendero Luminoso. Su probada participación en actividades del Conare-Sute, la facción radical del magisterio que tiene una estrecha cercanía con el Movadef, indica que se sigue identificando con las ideas radicales que los simpatizantes de Sendero Luminoso profesan.
Ante la pasmosa inacción del presidente (tenía la mesa servida cuando Maraví hizo pública la carta en la que ponía a disposición su cargo), el Congreso debe actuar tenazmente y debe demostrar sin ambages que no tolerará la inmersión senderista en Palacio. Hoy más que nunca todas las bancadas de la oposición deben alcanzar unidad para expectorar a Maraví del gabinete y, si el presidente no enmienda y aparta a Bellido (investigado por apología al terrorismo y manifiesto simpatizante de Sendero Luminoso), el siguiente paso debería ser su censura. El Congreso debe ejercer con firmeza su función de contrapeso ante este gobierno de claros afanes antidemocráticos.
Ayer el Pleno ya dio cuenta de la moción de interpelación contra Maraví, esperemos que la votación para admitirla el próximo jueves supere por lejos a la votación con la que el Congreso decidió avalar al gabinete Bellido.
