Alonso Rey Bustamante
Perú21, 20 de marzo del 2026
«Nos hemos acostumbrado a que el Estado administre proyectos fallidos como si fuera parte del paisaje».
En el Perú hemos logrado algo difícil de explicar en cualquier país serio: pagar durante años por una infraestructura que no funciona. El Gasoducto Sur Peruano, paralizado desde 2017 tras el caso Odebrecht, sigue costándole dinero al país sin haber transportado un solo metro cúbico de gas.
Desde entonces, el Estado asumió la posesión de los activos —tubos, equipos, ingeniería— y el Ministerio de Energía (Minem) encargó a Osinergmin su custodia y mantenimiento, a pesar de no ser sus funciones. En la práctica, llevamos casi una década cuidando un proyecto detenido, valorizado en más de US$1,600 millones, que permanece en el limbo mientras se resuelven disputas internacionales y el Estado NO hace nada por resolverlo, específicamente el Minem.
El problema no es solo que el proyecto esté paralizado, que eso es muy grave, sino que lo que existe debemos mantenerlo y cuesta mucho. En promedio, se han destinado unos US$47 millones anuales para pagar a la empresa encargada de su administración. Hasta 2021, eso se financió con la garantía cobrada por daños y perjuicios. Pero desde 2022, el costo entró de lleno al presupuesto público: ese año se destinaron S/172 millones; en 2023 se autorizó una transferencia de casi S/56 millones; y en 2025, S/40.5 millones. Es decir, desde 2017 venimos pagando todos los peruanos incapacidades e ineficiencias del Minem por más de US$369 millones. Imagínense cuántos colegios se hubieran construido o mejorado con ese dinero.
Lo más preocupante es que hemos normalizado este absurdo. Nos hemos acostumbrado a que el Estado administre proyectos fallidos como si fuera parte del paisaje. Se cuidan activos, se transfieren recursos, se firman contratos de mantenimiento, pero nadie resuelve el problema de fondo: qué hacer con el gasoducto. No hay decisión, no hay urgencia, no hay responsables. Donde termina la razón empieza el Perú.
El Gasoducto Sur Peruano se ha convertido en el símbolo perfecto de dos males que el Perú conoce demasiado bien: la ineficiencia del Estado y la herencia podrida de los últimos gobiernos de izquierda, lleno de incapaces, prontuariados y corruptos, como es la izquierda en la realidad. Un proyecto que nació para integrar y abastecer al sur terminó capturado por el caso Odebrecht, enterrado en arbitrajes y convertido en un monumento al despilfarro. El Perú no puede seguir siendo un país que gasta millones en cuidar fierros mientras posterga la infraestructura que necesita para crecer.
