Por: Alfonso Garcés, socio de Guzmán Napuri & Segura Abogados
Gestión, 9 de mayo del 2022
“Sería una buena práctica que los directivos sean elegidos por mérito y no solo basados en la confianza”.
La idoneidad de los funcionarios públicos parece no ser una característica muy preciada en los últimos meses. Hemos sido testigos de designaciones de personas que no cumplían con un perfil técnico adecuado, agudizando la ya existente crisis de institucionalidad que afronta nuestro país. Así, por ejemplo, hemos tenido un ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC) cuya mayor experiencia fue ser director de escuela, y estar vinculado a transportistas informales (a los que luego se les diera beneficios).
¿Por qué es importante estar preparado? Sigamos con el MTC. Es la entidad con el presupuesto de inversión más grande del país. En el 2021 fue cerca de diez mil millones de soles. Sin la preparación adecuada solo se puede aspirar a tener unaejecuciónde84%, dándonos el lujo de dejar de gastar más de 1,500 millones de soles como si fuéramos Suiza o Finlandia. Sin duda, un mal nombramiento afecta el interés público.
Esa situación, como se sabe, forzó al Parlamento a que en el primer trimestre del año se establezcan requisitos para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de los funcionarios y directivos públicos antes mencionados, en un contexto en el que resultó indispensable y urgente para evitar que se siga perforando la institucionalidad con dichas designaciones y tratar de potenciar perfiles más idóneos. Eso explica en parte el deficiente desempeño de la ejecución de la inversión pública. Educación dejó de gastar más de 7 mil millones de soles, por ejemplo.
Y es que la idoneidad debe ser vista en sus 3 dimensiones: técnica, legal y moral. En el plano técnico, encontramos la experiencia para la función a desarrollar. La legal, en cumplir con los requisitos (que solían cambiar para que calcen con sus perfiles), y la moral, vinculado a los conflictos de interés y a un uso honesto de los recursos públicos.
En ese orden de ideas, la iniciativa parlamentaria se encuentra más cerca de la orilla de la meritocracia. Por eso, ha fijado un plazo de adecuación, el mismo que a la fecha se encuentra vencido. Y es entonces que la Contraloría General de la República debe velar por el cumplimiento de la ley en el ejercicio de las funciones de los servidores y funcionarios públicos, e iniciar el respectivo procedimiento administrativo sancionador contra los que, sin cumplir con los requisitos legales, siguen permaneciendo ilegalmente en el cargo.
Finalmente, cabe señalar que sería una buena práctica que los directivos sean elegidos por mérito, y no solo basados en la confianza. No está mal elegir a personas de confianza, siempre que estos sean competentes. Si bien los requisitos técnicos especificados en la ley no aseguran que se cuente con el mejor funcionario, sí mitiga el riesgo de que se siga destruyendo los intentos por fortalecer y dar sostenibilidad a las políticas públicas en favor de los ciudadanos.
