Lic. Jesús Fernando De la Torre, MBA
Exgerente Corporativo de Finanzas de PETROPERU, experto en restructuración de pasivos y gestión de riesgos
Para Lampadia
El primer paso para solucionar un problema es aceptar que el problema existe e identificar su causas.
El segundo, es determinar si esa causa o causas son remediables y si el remedio ha de costar más que la enfermedad.
Estas simples reglas son la columna vertebral del arte o ciencia de reestructurar créditos problema y la asociada reingeniería de negocios en crisis.
Luego de sucesivas campañas de desinformación del 2022 a la fecha, son solo unos pocos (incluyendo las cofradías que al interior de la empresa lucran bajo la mesa a expensas de su empleador) quienes atribuyen los problemas financieros de la estatal a causas distintas a los sobrecostos del proyecto Nueva Refinería Talara por US$6,500mm, nacido como proyecto de modernización de la antigua refinería con un presupuesto de US$1,300mm
Si miramos las cifras del 2022 al 2025 saltan a la vista dos inequívocas conclusiones:
- Del 2022 al 2024 la estatal generó perdidas mayores a su patrimonio a diciembre 2021; es decir que la empresa fundada por el gobierno militar murió en esos tres años y la que existe hoy es una nueva entidad creada por el actual gobierno.
- Después de más de US$5,000mm o 1.5% del PBI en “rescates”, la petrolera estatal sigue reportando a junio 2025 un déficit de liquidez superior a los US$2,000mm y perdidas (inclusive a nivel de margen bruto) equivalentes a $1.5mm diarios; por lo cual resulta técnica y moralmente inaceptable (y quizás hasta ilegal) la posibilidad de darle más rescates en base a nuevas versiones de anteriores “promesas”.
¿Qué hacer ahora que solo quedan nueve meses para el próximo gobierno?
Sobre la base que privatizar hoy es inviable (dado que a julio 2023, antes de las pérdidas a diciembre 2023 y 2024, la empresa fue valorizada en -US$1,500mm, por lo cual habría que pagarle hoy esa cantidad al comprador y entregarle las llaves) y que cerrar/liquidar hoy tampoco es viable (dado que, a riesgo de afectar la calificación de riesgo país, el MEF tendría que pagar de inmediato los US$4,000mm que PETROPERU adeuda a acreedores internacionales; esto en virtud de la garantía implícita MEF hecha explícita por Pérez-Reyes vía carta a los consuetudinarios auditores externos a pedido de estos), lo que responsable y técnicamente tocaría hacer de aquí a julio 2026 sería lo siguiente:
- Enviar carta al MINEM cancelando el contrato de operación del oleoducto (ONP) y devolviéndole la custodia y gestión del activo; esto en línea con el contrato original.
- Incrementar en 18% los precios de lista SIN IGV para ventas en la amazonia.
- Trasladar a Talara el domicilio legal de la empresa y entregar a PROINVERSION el edificio en San Isidro para su venta o alquiler; esto al tiempo de habilitar la casa en El Olivar (ex Petro-Tech) para la plana mayor y poner en “remoto” a todo el resto del personal de Oficina Principal (OFP) mientras se acondicionan las oficinas en el edificio que dejo construido al interior de la refinería el contratista TR a cargo del proyecto. Es probable que este cambio genere el retiro voluntario del al menos 30% del personal de OFP sin necesidad de incentivos que resultan impagables dada la crisis de caja.
- Dejar sin efecto la carta a PERUPETRO en la que la estatal pidió ser garante de la fugitiva ALTAMESA en el Lote 192 (así como el pedido para calificar a otra empresa que la reemplace en base a una propuesta indicativa de financiamiento “erróneamente” caracterizada como compromiso vinculante) y demandar en Canadá a ALTAMESA y en NY al banco de inversión que la recomendó (como tercero civilmente responsable).
- Suspender la demanda contra MAPFRE por los siniestros COVID y negociar con ellos (vía el ajustador designado) el pago del siniestro; esto al tiempo de negociar con el bróker global responsable de la póliza y con los auditores externos (como ruta alterna a una demanda a ambos) el pago de una indemnización por los daños derivados de la defectuosa contratación de los reaseguros solicitados en el 2017 y cuyos vicios no fueron oportunamente revelados a la Alta Dirección de PETROPERU (como consta en los archivos en la empresa que aparentemente nadie revisó sino hasta octubre 2021).
- Publicar mensualmente los EE.FF. de la empresa, dentro de los 10 días siguientes al cierre de cada mes (como hace PETROBRAS consolidando cifras de diversos negocios en variados países) y dejar sin efecto el 2do año (2025) del contrato bianual suscrito con los consuetudinarios auditores externos 2017-2024 y preparar nuevas bases (sin la mentira de la obligatoriedad que sea una Big 4) para un nuevo concurso bianual.
- Dejar sin efecto los concursos “cortina de humo” para el examen forense del proyecto NRT y para la contratación de CTO; esto a fin de no dilatar los cambios aquí propuestos y hacer mejoras a las bases adecuándolas a los referidos cambios.
- Formalizar la conversión explícita hecha por Perez-Reyes, de la garantía del MEF sobre los US$4,000mm de deuda internacional de PETROPERU; esto a cambio de acciones tipo B que queden como garantía en el MEF y puedan ser vendidas a privados, así como sujeto al expreso consentimiento de los acreedores internacionales para rediseñar la empresa y restructurar sus deudas
- Crear una empresa holding (holdco) y dividir a PETROPERU en dos subsidiarias (subs): una con el RUC actual donde queden todos los empleados y contratos de servicio y otra donde vayan todos los activos fijos e inventarios; esto con la holdco y la nueva sub como garantes solidarios del préstamo sindicado y los bonistas.
- Al amparo de la ley 30130 y su reglamento, emitir y colocar de inmediato (vía programa de participación ciudadana) Acciones Ciudadanas o tipo C (nueva clase de acciones no transferibles a personas jurídicas ni extranjeros) equivalentes a entre 5% y 20% del capital social y con derecho a elegir un director (a fin de despolitizar la gestión).
Esto dejaría allanado el camino para que el gobierno 2026 pueda hacer los cambios que estime pertinente, incluyendo el arrendamiento o concesión de activos como la NRT (en caso continúen los fracasos para ponerla en operación a capacidad plena), y dejando en manos de los propios trabajadores el:
- generar utilidades para recomprar las prendadas acciones B o, en su defecto,
- ser materia de privatización vía venta de esas acciones.
Ojo que solo los ítems 8 y 9 requerirían soporte legislativo ad hoc. El resto es 100% corporativo.
Con US$1.5mm/día en pérdidas durante la primera mitad del 2025, pensar en resultados distintos haciendo más de lo mismo (a expensas del MEF) no tiene ningún sentido. Lampadia
