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Lima-Perú, 18/07/2019 a las 08:07am. por Fausto Salinas Lovón

La responsabilidad de los fiscales y del gobierno

Los millones que quedaron fuera del Acuerdo con ODEBRECHT

Fausto Salinas Lovón
Cusco
Exclusivo para Lampadia

La semana pasada, antes de que los fiscales ordenaran nuevos allanamientos que fueron muy bien cubiertos por la prensa nacional, el tema central de debate era el costo para el país de la aventura moralizadora de los fiscales Vela y Pérez, quienes dejaron fuera del Acuerdo de Beneficios y Colaboración Eficaz con ODEBRECHT a decenas de obras en las cuales existía evidencia de corrupción que ha quedado reconocida por los mismos autores.

El periodista Plinio Esquinarilla Bellido del Diario Expreso, estimó en el programa radial Democracia y Poder de Radio Universal que los fiscales habían dejado escapar cerca de 20 proyectos que ya estuvieron en el radar del fiscal Hamilton Castro y que los 4 proyectos sobre los cuales versaba el acuerdo no eran ninguna novedad. “Los fiscales hicieron esto para apoyar a ODEBRECHT frente a los apremios financieros de esta empresa”.  Las sobrevaluaciones de obras ejecutadas por esta empresa que los fiscales han dejado pasar se estiman según este hombre de prensa “entre 15,000 y 17,000 millones de dólares en 76 obras”, mientras que “los sobornos a autoridades llegaban a 150 millones de dólares“ y “los aportes a los partidos llegan a 15 millones de dólares”. “¿Donde se han ido los fiscales? estrictamente a los aportes y en particular contra Keiko y Alan, han desnaturalizado el problema”.

Para Mirko Lauer, un periodista de distinta orilla, “los triunfos de nuestros fiscales nos están costando igual o más de lo que se llevó ODEBRECHT”.  Y, “los fiscales han preguntado sobre aquello que Odebrecht ha querido que les pregunten”. En opinión de este columnista del Diario La República, “tal vez para salvar el acuerdo, habría que sacrificar a los fiscales”.

En reacción a lo anterior, el Ministerio Público lanzó la mayor cortina de humo de la temporada pidiendo que se allanen casas, estudios de abogados y la tantas veces judicializada residencia de los Humala Heredia por un caso sobre el cual, en lugar de hacer tanta alharaca, no lo hubieran excluido del Acuerdo.

Pero, ¿de quien fue la responsabilidad de no incluir en el Acuerdo a más de 20 obras en las cuales ya había noticia de corrupción?   ¿De quien es la responsabilidad de haber acotado la responsabilidad de ODEBRECHT a 4 casos y haber dejado de ver miles de millones en sobrevaluaciones?

Para entender que la responsabilidad es de los fiscales, es pertinente leer un fragmento de la resolución judicial aprobatoria del Acuerdo, en el cual la Juez María de los Angeles Alvarez Camacho, encargada del caso hace suya la tesis doctrinaria del Vocal Supremo César San Martín y afirma lo siguiente: ”…no corresponde al Juez suplantar al fiscal respecto al contenido del acuerdo o si sus clausulas pueden ser o no mejores desde el interés público o la justicia material”. Esta afirmación deja muy en claro que la responsabilidad sobre el contenido y alcance de los acuerdos de este tipo y de este en particular es del Ministerio Público y no del Poder Judicial, sin embargo, también evidencia la responsabilidad del Poder Ejecutivo, dado que todo esto no es otra cosa que la aplicación del artículo 34.2 del Decreto Supremo 007-17-JUS, que es el Reglamento de la Ley que regula la Colaboración Eficaz, aprobado por el Ejecutivo.

Dicho de otro modo, en el Acuerdo firmado con ODEBRECHT hay co-responsabilidad entre los fiscales que lo celebraron y el Poder Ejecutivo que acotó o limitó el ámbito de control de los jueces, para que sean los fiscales los que negocien en forma autónoma sin que los jueces puedan revisar el contenido del acuerdo en función del interés público o la justicia material. Ergo, si al hacerlo los fiscales omiten ver obras, coimas y sobrevaluaciones, la responsabilidad es del Ministerio Público y del Poder Ejecutivo que limito el rol de los jueces en esta materia.

¿Entiende usted ahora porque el Ministerio Público lanza cortinas de humo en auxilio de sus alfiles más preciados?

¿Entiende usted ahora porque se van a seguir allanando oficinas, casas y estudios de abogados para seguir haciendo todo el ruido necesario que impida escuchar la desagradable cacofonía de este vergonzoso Acuerdo?

¿Comprende usted ahora porque hasta el encargado de Palacio de Gobierno ha salido a sostener el Acuerdo sugiriendo que no se entregue el saldo de la venta de Chaglla?

¿Comprende ahora porque se cerrará si es necesario el Congreso antes de remover del cargo a estos fiscales y dejar en evidencia todo esto?

La co-responsabilidad de los fiscales y del ejecutivo debe dar lugar a una inmediata investigación en el Congreso, con todas las consecuencias posibles, incluida la vancancia si es el caso. Sin embargo, como es probable que antes de que ello suceda se cierre el Congreso con los aplausos de las redes sociales, el auspicio mediático de diarios, canales y encuestadoras y a partir de hoy con el apoyo de los opositores a Tía María a quienes el presidente ha contentado a pesar de su pobre desempeño económico,  lo más probable es que una investigación de este tipo, si por lo menos se inicia, solo quede para la historia como la verdadera razón por la cual se romperá la institucionalidad constitucional en el Perú, como quedaron en el congreso los informes del diputado Vargas Haya sobre la corrupción de la cúpula militar y de su comandante general Juan Velasco Alvarado en 1968, informes y pruebas que luego fueron saqueados del palacio legislativo para hacernos creer que el 03 de octubre fue una gesta revolucionaria, cuando solamente fue, como puede volver a suceder este 28 de julio, un latrocinio más en nuestra historia republicana. Lampadia

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