Fernando Rospigliosi
CONTROVERSIAS
Para Lampadia
La estrategia de Dina Boluarte para mantenerse en el poder hasta el 2026, consiste en parcelar el Consejo de Ministros, entregando un lote a cada uno de los que considera que le pueden proporcionar el soporte necesario para satisfacer su ambición.
Ahora le ha entregado el Ministerio de Salud (Minsa) a un militante y ex congresista del partido de César Acuña (APP), y amigo de Pedro Castillo y su mafia chotana, César Vásquez.
Este individuo trabajaba en el actual Parlamento con Edhit Julón, congresista de APP y ex esposa del prófugo dueño de la casa de Sarratea, Alejandro Sánchez, con quien también mantenía estrecha amistad. (Edhit es hija del ex alcalde de Tacabamba y Chota, Jeiner Julón, sentenciado a diez años de cárcel. En una investigación que comprende a 18 empresas de la familia también se incluye a la congresista).
También Vásquez tiene cercana relación con Nenil Medina, ex alcalde de Anguía hoy en prisión preventiva. Y con Auner Vásquez, otro prominente miembro de la mafia chotana que asaltó el Gobierno.
En suma, el nuevo ministro de Salud tiene muchos cuestionamientos y pocas capacidades para un cargo que, para muchos peruanos, implica una cuestión de vida o muerte, como se comprobó en la pandemia del Covid o recientemente con la crisis del dengue.
Pero eso es lo que menos le interesa a Dina Boluarte. Lo que realmente le importa es -como acaba de reiterar públicamente- permanecer el Gobierno hasta 2026. Eso, por supuesto, no sería censurable si hiciera un mínimo esfuerzo para cumplir con su deber, por lo menos tratando de desarrollar una gestión razonable. Pero ni siquiera lo intenta.
En verdad, no debería sorprender a nadie. A pesar que algunos nuevos “dinistas” no quieren recordarlo, ella está cortada por la misma tijera que su compañero de plancha Pedro Castillo y el jefe del partido que los instaló, Vladimir Cerrón.
También de sus antiguos socios parece haber heredado otras inclinaciones. Se siguen denunciando manejos oscuros con los dineros del Estado -aunque en verdad no con la misma intensidad que en el putrefacto régimen de su antecesor-, como el pago de 41 millones de soles a una empresucha que vendió las inútiles pruebas rápidas (al parecer sobrevaluadas) al gobierno del Lagarto.
En este escabroso negociado -denunciado por la Contraloría-, se ha involucrado al PCM Alberto Otárola que, según “El Comercio”, habría presionado para que se abone el íntegro de la factura a esa dudosa empresa, a pesar que se debía descontar más de 4 millones por incumplir el contrato.
Otárola ha negado todo y, a través de oficiosos voceros, atribuye la denuncia al hermano de Dina, el muy poderoso Nicanor Boluarte, con quien está enfrentado en una disputa que no tiene nada de ideológica. Solo se trata de la arrebatiña de los cargos públicos y el disfrute del poder.
Así las cosas, las opciones son lóbregas:
Permanecer tres largos años con un gobierno solo algo menos malo que el anterior, mientras la economía se deteriora, la inversión privada cae, el desempleo y la informalidad aumentan, y la delincuencia avanza incontrolable.
O adelantar elecciones con la altísima probabilidad de caer en algo igual o peor de lo que hay desde 2021.
Como es obvio, solo con soluciones radicales se puede romper este círculo vicioso. Lampadia
